En 2014, tras anunciar la administración Obama y el gobierno cubano un acuerdo para restablecer los lazos diplomáticos, el mundo se volcó sobre La Habana. Desde los Rolling Stones hasta los inversores potenciales se apresuraron a asegurarse una participación en el futuro de la isla. Raúl Castro, el veterano ministro de Defensa, había asumido el poder de manos de su hermano mayor y enfermo, Fidel, unos años antes y había puesto en marcha reformas económicas moderadas: autorizó más pequeños negocios privados, relajó las normas para las inversiones extranjeras y redujo la plantilla estatal. Tanto la normalización de las relaciones con Estados Unidos como la actualización interna del modelo —o “actualización”, según el eufemismo preferido del Partido Comunista de Cuba— parecían destinadas a ayudar a llevar a la isla al siglo XXI.
Por desgracia, Cuba ha quedado dramáticamente por debajo de esas expectativas. En los últimos cinco años, más de un millón de personas —más de uno de cada diez cubanos— ha huido del país, en su mayoría rumbo a Estados Unidos. Hoy, bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel, la isla atraviesa su peor crisis económica desde el colapso de la Unión Soviética. El PIB ha caído un 11% desde 2020. La red eléctrica está colapsando. Las fuerzas de seguridad reprimen con dureza las protestas antigubernamentales. En octubre, el huracán Melissa arrasó el oriente de la isla, dañando o destruyendo unas 90.000 viviendas y 250.000 acres de tierras de cultivo. Ahora, un brote de dengue y otros virus transmitidos por mosquitos ha alcanzado proporciones epidémicas.
La tragedia que se está desplegando en Cuba es en parte resultado de impactos externos, como la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016. Tras llegar a la Casa Blanca, Trump restableció muchas de las sanciones que su predecesor había levantado. Entre 2019 y 2020, por ejemplo, restringió drásticamente los vuelos, las remesas y los viajes a la isla y, en 2021, volvió a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, principalmente por dar refugio a un puñado de fugitivos de la justicia estadounidense. El presidente Joe Biden solo alivió parcialmente esas restricciones, y en su segundo mandato Trump ha restablecido algunas de ellas. Mientras tanto, la pandemia de la COVID-19 destrozó la industria turística de la isla. Y, con la segunda administración Trump impulsando una campaña de presión cada vez más agresiva para sacar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro, la ya marcada reducción de la ayuda petrolera de Caracas a La Habana en los últimos años amenaza con agravarse, y Cuba corre el riesgo de perder a su socio económico y geopolítico más importante.
Pero la emergencia actual es también un desastre de fabricación propia del gobierno cubano. Pese a las reformas de Raúl, las autoridades no han querido romper de forma decisiva con el modelo anquilosado de planificación centralizada del país. Las ampliaciones adicionales del sector privado han sido titubeantes, y una mala política monetaria ha contribuido a una inflación severa. Del mismo modo, el gobierno se ha mostrado reacio a cualquier cambio significativo en el sistema de partido único de la isla. Como resultado, la economía sigue siendo frágil e incapaz de responder, y el entusiasmo que hubo en el pasado en Washington por una mayor apertura hacia La Habana ha sido sustituido por el escepticismo, la hostilidad o la desidia.
Es difícil ser optimista sobre el futuro de Cuba. Raúl, que tiene 94 años y sigue ejerciendo de éminence grise, morirá pronto, junto con los últimos miembros de la generación que forjó la Revolución cubana de 1959. Pero, para salir del atolladero actual, una nueva generación de dirigentes tendría que comprometerse de verdad, como mínimo, con una liberalización económica más profunda, por dolorosa que resulte a corto plazo. Para encaminar de pleno al país, además, tendrían que democratizarlo. Lamentablemente, tras una década de retoques de política, la dirigencia actual de Cuba ha dado pocas señales de estar dispuesta a afrontar de frente los desafíos de la isla o a ceder el control a quienes sí podrían hacerlo.
Demasiado poco, demasiado tarde
“O reformamos, o nos hundimos”, declaró Raúl en 2010, cuatro años después de asumir el poder. El sistema socialista de Cuba había sobrevivido al periodo inmediatamente posterior a la caída de la Unión Soviética, cuando la ayuda a la isla se desplomó y su PIB se redujo en un tercio. Pero solo se había recuperado parcialmente de aquella contracción. Para asentar la economía sobre bases más sólidas, Raúl ideó un plan sencillo: adelgazar un Estado sobredimensionado despidiendo a medio millón de trabajadores, mientras se ampliaba un pequeño sector privado de trabajadores “por cuenta propia” que gestionaban restaurantes, casas particulares y otros pequeños negocios. Las autoridades permitirían que los inversores extranjeros tuvieran participaciones mayoritarias en las empresas, y el Estado cedería tierras públicas ociosas a agricultores privados para reducir la dependencia de las importaciones para el 70% de los alimentos del país.
Los mejores economistas de Cuba señalaron pronto los defectos del plan. La lista de más de 200 actividades autorizadas para el trabajo por cuenta propia estaba regulada con un nivel de micromanipulación casi cómico. Cultivar una parcela de tierra pública y vender la mayor parte de la cosecha en un sistema de racionamiento con precios controlados, por ejemplo, no es lo mismo que ser propietario de la tierra y vender la producción en un mercado. Y las empresas estatales seguían gozando de una ventaja injusta, al poder contabilizar un peso cubano como equivalente a un dólar, sobrevalorando así artificialmente sus activos y abaratando el coste de sus importaciones. Los particulares, en cambio, solo podían vender pesos a los bancos estatales cubanos para obtener dólares a un tipo de 24 a uno. Aun así, muchos siguieron siendo optimistas. Visitar Cuba en aquellos años era percibir vientos de cambio: abrían pequeños negocios, llegaban en masa turistas de Canadá y Europa y se ampliaba un espacio de tolerancia para el periodismo independiente, el análisis académico y el debate cívico.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tomó nota. Incluso antes del avance en la normalización a finales de 2014, su administración autorizó a los estadounidenses a viajar en grupos organizados a la isla si su objetivo era “apoyar al pueblo cubano”. Miembros de la diáspora cubana visitaron a sus familias y llevaron millones de dólares en remesas, que sirvieron como capital inicial para pequeños negocios. Tras el restablecimiento formal de las relaciones, las aerolíneas establecieron vuelos comerciales directos entre ambos países. Hubo cruceros, visitas por libre y nuevas excepciones para inversiones extranjeras dentro del embargo de larga data sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba. En 2016, más de 580.000 titulares de pasaporte estadounidense y cubano (es decir, cubanoamericanos) embarcaron en vuelos con destino a la isla solo desde el Aeropuerto Internacional de Miami.
Sin embargo, pese a toda la euforia, pronto quedó claro que La Habana no estaba preparada para aprovechar el momento. Los inversores estadounidenses se encontraron con unas autoridades cubanas aferradas a proyectos preaprobados, lo que dio lugar a pocos acuerdos comerciales de verdadera relevancia. Los sectores más duros del gobierno cubano se irritaron ante la retórica esperanzada de Obama, denunciándola como un caballo de Troya que traería consigo cambios políticos indeseados. Las demandas de profundizar las reformas de mercado fueron desoídas, ya que los dirigentes del partido temían desencadenar fuerzas económicas que no podrían controlar.
De mal en peor
Como resultado de esta miopía de Cuba, tras las elecciones estadounidenses de 2016 hubo poco que impidiera a la administración Trump dar marcha atrás. Y, en efecto, seis meses después de iniciar su primer mandato, Trump declaró que estaba “cancelando” el “acuerdo unilateral con Cuba” de Obama. Los cruceros con grupos de turistas estadounidenses siguieron atracando en los puertos cubanos, pero la administración Trump prohibió a los estadounidenses hacer viajes por libre o alojarse en los numerosos hoteles propiedad de los militares en la isla. Poco después, los medios empezaron a informar de misteriosos incidentes de salud que afectaban a diplomáticos estadounidenses en Cuba, bautizados como “síndrome de La Habana”. En respuesta, Washington cerró el consulado de Estados Unidos y en la práctica paralizó la migración legal de cubanos hacia territorio estadounidense.
En 2019, la política estadounidense adoptó un cariz aún más punitivo. Ese año, Trump eliminó la licencia general para los viajes en grupo “pueblo a pueblo”, que aún alimentaban las visitas de estadounidenses a la isla, y fijó un tope de 1000 dólares trimestrales a las remesas de los cubanoamericanos. Su administración activó además el largo tiempo dormido Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas estadounidenses y extranjeras por “traficar” con bienes que el gobierno cubano confiscó a principios de los años sesenta, lo que tuvo el efecto inmediato de enfriar la inversión extranjera en la isla. A comienzos de 2020, la Casa Blanca prohibió los vuelos hacia y desde ciudades cubanas distintas de La Habana y bloqueó a la empresa estadounidense de servicios financieros Western Union cualquier acuerdo con una entidad financiera propiedad de los militares cubanos para el envío de remesas. Haciendo caso omiso de las consecuencias humanitarias, los responsables políticos presentaron estas medidas como parte de una campaña de “máxima presión” tanto sobre Cuba como sobre Venezuela. Esa misma campaña incluyó sanciones al transporte de petróleo venezolano, que restringieron aún más un suministro energético crucial para la isla.
Luego llegó la pandemia. El turismo desapareció y el PIB de Cuba se desplomó un 10%. Fue una prueba de fuego para el primer dirigente no perteneciente a la familia Castro, Díaz-Canel, a quien Raúl había designado como sucesor en 2018. Pero Díaz-Canel respondió al agravamiento de las dificultades económicas redoblando la apuesta por el control estatal de la economía, por ejemplo congelando durante más de un año la concesión de nuevas licencias para el trabajo por cuenta propia. A medida que menguaban los ingresos en divisas del Estado, su gobierno intentó captar más remesas lanzando tiendas estatales que vendían productos importados en una nueva moneda exclusivamente digital —la “Moneda Libremente Convertible” (MLC)— indexada al valor del dólar estadounidense. En realidad no era libremente convertible en absoluto. Los dólares depositados en las llamadas cuentas en MLC no podían recuperarse, lo que segmentó aún más los mercados de divisas en Cuba.
Díaz-Canel y su círculo más cercano terminaron dándose cuenta de que ese planteamiento no funcionaba. Y, en el verano de 2020, anunciaron una nueva estrategia para hacer frente a la emergencia económica creciente. En lugar de imponer una lista estrecha de actividades aprobadas para el sector privado, las autoridades adoptaron una lista de actividades prohibidas, permitiendo todas las demás. El gobierno también se comprometió a legalizar las pequeñas y medianas empresas privadas, y a ir más allá del esquema de “trabajo por cuenta propia”. Por último, las autoridades acordaron unificar las múltiples monedas y tipos de cambio de la isla. Los distintos tipos de cambio para ciudadanos particulares y empresas estatales habían ayudado a proteger al Estado del impacto inmediato de la crisis postsoviética, pero también introdujeron graves distorsiones en la contabilidad de las empresas públicas, empeorando con el tiempo la dependencia de las importaciones.
Sin embargo, la ejecución y la secuencia de estas reformas resultaron desastrosas. En vez de ampliar primero el sector privado, las autoridades pusieron en marcha por sí solo su plan de “ordenamiento monetario”, unificando los tipos de cambio en toda la economía en 24 pesos por dólar a comienzos de 2021. Para las empresas estatales acostumbradas a operar con una paridad de uno a uno, esta devaluación ejerció presión al alza sobre los precios de los productos importados. Un aumento simultáneo de los salarios estatales alimentó aún más la inflación, porque circulaban demasiados pesos persiguiendo muy pocos productos. La emisión de moneda para financiar déficits fiscales disparados agravó todavía más la situación. El Estado siguió además vendiendo productos importados en su moneda digital indexada al dólar, lo que socavó la lógica de la unificación cambiaria e incrementó la demanda de dólares, de los que el gobierno no disponía en cantidad suficiente. El mercado informal de divisas se disparó y, a finales de 2021, el valor del peso cubano había caído un 75%, cambiándose a 100 por dólar, aunque el tipo oficial seguía en 24 a uno.
El resultado fue una crisis creciente de legitimidad política del Estado. Esto se hizo especialmente evidente cuando, en el verano de 2021, se acabó la suerte de Cuba frente a la COVID-19 y la variante delta del virus arrasó el país. Imágenes de hospitales colapsados y cadáveres circularon por Internet. Impulsados por el himno de protesta viral “Patria y Vida”, de populares artistas de hiphop y reguetón, y por la fuerza de las retransmisiones en directo, cubanos de más de 50 ciudades y pueblos salieron a la calle el 11 de julio de 2021 para exigir comida, medicinas y libertad. El gobierno respondió ese mismo día con una represión que devolvió a los manifestantes a sus casas o los envió a la cárcel. Finalmente, más de mil personas fueron detenidas y varios centenares fueron condenadas a largas penas por delitos como vandalismo, desórdenes públicos y sedición.
Un paso adelante, dos pasos atrás
Durante los primeros siete meses de su mandato, la administración Biden ignoró Cuba y mantuvo las sanciones de Trump. Pero las protestas y sus secuelas obligaron a Washington a prestar atención. Tres meses después de las manifestaciones, Cuba levantó sus últimas restricciones de viaje por la COVID para relanzar el turismo. Luego Nicaragua, estrecho aliado de La Habana, permitió la entrada sin visado de ciudadanos cubanos, ofreciendo una ruta más corta, aunque todavía peligrosa, hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Los vuelos a Managua pronto superaron los 2.000 dólares, pero eso no impidió que los cubanos huyeran a Estados Unidos. Cuba parecía estar exportando deliberadamente el descontento, provocando dolores de cabeza políticos a Washington. La administración Biden respondió restableciendo el procesamiento de remesas, reanudando los vuelos a ciudades de provincia cubanas (empleados en gran medida por la diáspora) y reabriendo vías legales de migración ya existentes, además de crear otras nuevas, todo ello en un intento de recuperar un mínimo de estabilidad económica y ralentizar el éxodo. Pero esos esfuerzos no tuvieron éxito. Para el otoño de 2024, más de 850.000 cubanos habían entrado en Estados Unidos, incluso a través de un nuevo programa de “permiso humanitario avanzado” creado por la administración Biden.
Al mismo tiempo, el gobierno cubano también estaba emprendiendo un nuevo intento de apuntalar la economía. A finales de 2021, las autoridades legalizaron por fin las empresas privadas de hasta 100 empleados. En tres años se aprobaron más de 10.000 de estas empresas. Y, por primera vez desde los primeros años de la Revolución cubana, se les permitió importar bienes del extranjero, aunque a través de intermediarios estatales. Empresarios que habían desarrollado contactos internacionales y con la diáspora durante el periodo de Obama abrieron tiendas de comestibles privadas. Otros importaron al por mayor desde México, Panamá o incluso Estados Unidos. Empresas de cadena de suministro como Supermarket23 ofrecieron a los cubanos en el exterior una plataforma en línea, similar a Amazon, para comprar productos a distribuidores locales, además de almacenes y logística sobre el terreno, facilitando la entrega puerta a puerta. Todo esto habría sido impensable antes. A finales de 2024, el sector privado representaba el 23% de la recaudación fiscal, el 31% de la fuerza laboral y más de la mitad de las ventas minoristas, superando a las empresas estatales.
Pero el sector afronta varios problemas. Uno es la ausencia de un mercado cambiario estable o de cualquier otra vía legal para sacar divisas al exterior. Esto ha obligado a las empresas privadas a recurrir al mercado informal de divisas, llevando el peso a nuevos mínimos: más de 400 pesos por dólar en la actualidad. Este tipo de cambio ha dejado muchos productos fuera del alcance de buena parte de la población que sigue dependiendo de pensiones o salarios estatales y apenas recibe remesas. Como resultado, aunque las nuevas empresas privadas han sido cruciales en los últimos años para proporcionar bienes básicos a las familias cubanas, se han convertido en el rostro visible del aumento de la desigualdad, un desafío político para un Estado que sigue definiéndose como socialista.
Y hasta esta privatización limitada ha sufrido reveses. En los dos últimos años, el gobierno impuso nuevas limitaciones a las operaciones bancarias, eliminó los incentivos fiscales para las empresas de reciente creación y restringió temporalmente las operaciones mayoristas. Ahora, los propietarios o socios de las compañías deben residir en Cuba la mayor parte del año, lo que limita la participación legal de la diáspora cubana, hasta ahora una de las principales fuentes de capital semilla, saber hacer y acceso a servicios financieros no sujetos a sanciones. Muchos observadores interpretan estas medidas como un intento del conglomerado empresarial de las fuerzas armadas, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), de recuperar cuota de mercado en la venta de productos importados con fuertes recargos, que dominaba antes de la pandemia. Las autoridades siguen insistiendo en que las empresas privadas deben ser “actores complementarios” en la economía, no sus motores, incluso cuando decenas de empresas estatales operan con pérdidas.
¿Declive terminal?
Los problemas en cascada que sufre Cuba son ya tan graves que ni siquiera un sector privado más dinámico bastaría para resolverlos. Un apagón eléctrico nacional en septiembre fue el quinto en un año. Renovar de arriba abajo una red eléctrica envejecida y dependiente del petróleo costaría miles de millones que el gobierno no tiene y que ningún país está dispuesto a prestarle. Los efectos sobre la productividad son devastadores. Las autoridades han reconocido recientemente que la producción en agricultura, ganadería y minería ha caído un 53% desde 2019. Y, sin embargo, en la última década, la mayor parte del presupuesto de inversión del Estado (un 38%) se ha destinado a hoteles e instalaciones turísticas —sector dominado también por GAESA— más que a cualquier otro rubro, a pesar de que el número de visitantes apenas alcanza la mitad del nivel previo a la pandemia. Los turistas de todo tipo optan hoy por destinos caribeños menos propensos a apagones. Los europeos, además, prefieren aquellos que no pongan en riesgo su habitual exención de visado de 90 días para viajar a Estados Unidos (un peligro que deriva de la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo).
La política monetaria sigue siendo otro punto doloroso. A mediados de diciembre, el banco central cubano lanzó un nuevo tipo de cambio flotante para el público en general y el sector privado, fijado en un dólar por 410 pesos cubanos, solo ligeramente por debajo del tipo informal, en un intento de devolver más transacciones al sistema financiero formal, socavar el mercado informal y recuperar reservas en dólares. Pero no está claro que el esquema vaya a funcionar, dado que la confianza popular en las instituciones bancarias se ha desplomado. Además, el sistema cambiario sigue siendo escalonado: ciertas empresas estatales, como las del sector turístico, continúan recibiendo un tipo preferencial de 120 pesos cubanos por dólar, mientras que las empresas públicas que prestan servicios esenciales a la población operan con un tipo de 24 pesos por dólar. Las autoridades han empezado a dolarizar directamente buena parte del comercio minorista estatal, resucitando una práctica de los años noventa. En otras palabras, las últimas maniobras consolidan aún más la segmentación existente de los mercados de divisas; no eliminan las distorsiones fundamentales que este arreglo introduce en la economía cubana.
Para solucionar —o escamotear— estos problemas, algunos funcionarios cubanos pueden estar confiando en una mejora de las relaciones internacionales. Es probable que se decepcionen. Esperar a que Washington cambie de rumbo es una pérdida de tiempo: una Cuba maltrecha, a diferencia de la Venezuela rica en petróleo, ofrece poco interés estratégico a unos Estados Unidos cada vez más transaccionales. Pero incluso Moscú y Pekín solo podrán ayudar de forma limitada. Funcionarios y delegaciones empresariales rusas han prometido a Cuba 1000 millones de dólares en inversión de aquí a 2030, y los chinos han empezado a construir varias decenas de parques solares. Pero La Habana no puede obtener demasiada asistencia de ninguno de los dos. Sigue sin estar claro con qué rapidez se materializarán estos compromisos, y tanto Moscú como Pekín han instado a Cuba a reducir las subvenciones a las empresas estatales deficitarias y a aliviar las restricciones a la inversión extranjera y al sector privado. Mientras tanto, Cuba continúa registrando enormes déficits comerciales con ambos países y pide sistemáticamente refinanciar sus deudas, que en el caso de China se estima que ascienden a varios billones de dólares. (Rusia condonó la mayor parte de la deuda cubana de la era soviética en 2014, pero se considera que la isla ha acumulado desde entonces cientos de millones en nuevas obligaciones). Los motivos geopolíticos y los vínculos en materia de seguridad hacen que Moscú y Pekín estén dispuestos a proporcionar ayuda periódica y a mantener a flote al gobierno cubano, pero ninguno de los dos parece dispuesto a financiar por completo un modelo económico que consideran fracasado.
Las relaciones de La Habana con Caracas son aún más vulnerables. La administración Trump ha desplegado importantes recursos militares frente a la costa de Venezuela, ha lanzado polémicos ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico y al menos contra una instalación portuaria, y ha ordenado un bloqueo naval de los envíos de petróleo sancionados, incluidos los destinados a Cuba. Si el régimen de Maduro cae —algo que sigue siendo una gran incógnita—, Cuba perdería lo que queda de una relación de patronazgo de 25 años.
Cuba, por tanto, solo tiene una opción: liberalizar su economía. Esto implica permitir que las empresas privadas operen en más sectores, abrir el sector privado a la inversión extranjera y dejar que dichas firmas comercien sin intermediación estatal. También significa recortar los déficits fiscales y unificar de verdad los tipos de cambio para las empresas estatales y privadas en niveles que reflejen las condiciones económicas reales. Igual de importante es que el Estado aumente las garantías jurídicas y los incentivos fiscales para las empresas nacionales y extranjeras que creen capacidad productiva. Incluso bajo sanciones estadounidenses, estos pasos al menos darían a Cuba la oportunidad de empezar a reconstruir su economía y atraer una mayor inversión foránea.
Pero es dudoso que Cuba cuente con un liderazgo capaz de aplicar o inspirar el consenso en torno a un plan así. Muchos funcionarios parecen desconectados de la realidad. Durante el verano, la ministra de Trabajo negó que la indigencia y la mendicidad hubieran aumentado en la isla. (Tras una tormenta en las redes sociales, se vio obligada a dimitir en un ejemplo poco frecuente de rendición de cuentas pública). Los responsables de las políticas también siguen enviando señales contradictorias. A finales de noviembre, las autoridades presentaron nuevas normas para agilizar la inversión extranjera permitiendo pagar a los empleados cubanos sin recurrir a intermediarios estatales. Pero, al mismo tiempo, prohibieron a las empresas foráneas repatriar las ganancias depositadas en bancos cubanos. Del mismo modo, un nuevo marco gubernamental para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía” está lleno de objetivos de producción pero ofrece pocas ideas para transformar los incentivos productivos. Cuba parece encaminada, así, a un declive económico aún mayor, marcado por conglomerados militares que no rinden cuentas, empresas privadas constreñidas y una fuerza de trabajo vaciada de talento por la emigración.
No está claro si estos desafíos acabarán provocando el derrumbe del gobierno. Un cambio de régimen es improbable mientras no exista una oposición más unificada, y las principales figuras opositoras han sido en gran medida exiliadas o encarceladas. No hay divisiones abiertas entre el aparato de seguridad y el resto del Estado. Pero el empeoramiento de los problemas sociales —delincuencia, desigualdad, consumo de drogas y corrupción— podría acelerar las fisuras internas del propio régimen, la penetración del crimen transnacional o una intervención directa del exterior, precisamente aquello que los leales al sistema cubano llevan tanto tiempo tratando de evitar. Las protestas esporádicas y sin liderazgo se han vuelto endémicas.
Hoy, la isla parece hundirse, tal como Raúl advirtió que podría suceder hace 15 años. Lo hace porque él y otros aplazaron las reformas de verdad. El cambio llegará con un coste muy alto, debido a años de titubeos en la política económica y a la negativa del Estado a conceder a los cubanos una voz política real en la definición de su futuro. Pero el cambio es necesario. Cada día de retraso prolonga el sufrimiento de la población.
* Artículo original: “Cuba on the Brink”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
