El Partido Comunista se encuentra en una situación precaria a medida que la escasez de bienes y servicios esenciales aumenta el malestar público. En medio de la espiral de la crisis económica, los funcionarios intentan encontrar soluciones que mejoren las condiciones de vida antes de que el calor abrasador del verano exacerbe la demanda de energía y las protestas puedan hacer colapsar el país.
El domingo por la noche, Beatriz Johnson, dirigente del Partido Comunista en Santiago de Cuba, salió a los tejados para apaciguar a una multitud de manifestantes que clamaban por electricidad y alimentos. Sus esfuerzos parecieron momentáneamente fructíferos cuando camiones cargados de arroz, azúcar, leche y jabón llegaron a Santiago, la segunda ciudad más grande de Cuba, tras uno de los habituales apagones generalizados del país. “Le dijimos a Beatriz que si había más escasez, o cualquier otro problema, saldríamos a la calle de nuevo”, señaló Vismaika Amelo, residente de Santiago, que fue una de las destinatarias de los suministros de emergencia.
Este caso de protesta es particularmente notable, ya que se aparta de la estrategia habitual del gobierno de desplegar la policía antidisturbios para reprimir la disidencia. Sin embargo, con pocas opciones disponibles para mejorar significativamente la situación de vida de cara al verano, el gobierno se enfrenta a un reto de enormes proporciones. Cuba prohíbe tradicionalmente todas las concentraciones, salvo las aprobadas por el gobierno, pero en los últimos años los ciudadanos han desafiado cada vez más esta prohibición, expresando sus frustraciones mediante diversas formas de protesta.
Las últimas manifestaciones, que han afectado al menos a cinco ciudades, constituyen la primera oleada importante de protestas desde 2021, un año en el que se produjeron disturbios generalizados que condujeron a la detención de más de mil personas. Este periodo de aumento de la represión y declive económico ha llevado a más de medio millón de cubanos a emigrar a Estados Unidos.
“La situación económica es explosiva”, explicó Omar Everleny, economista cubano, señalando las crisis concurrentes en el suministro eléctrico y la disponibilidad de alimentos como retos insuperables a corto plazo. La infraestructura energética del país, que depende de tecnología anticuada y sufre una grave escasez de combustible, funciona a sólo un tercio de la capacidad necesaria. “Va a ser un verano largo, caluroso y difícil para Cuba este año”, predijo Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Texas.
La economía cubana, fuertemente dependiente de los subsidios soviéticos durante la Guerra Fría y posteriormente de los envíos de petróleo venezolano, se enfrenta ahora a su peor crisis desde 1991. La producción azucarera de la isla se ha desplomado hasta mínimos históricos, y la reciente escasez de harina ha puesto de relieve la gravedad de la crisis alimentaria, obligando al gobierno a solicitar ayuda internacional por primera vez.
La economía cubana se encuentra en una situación desesperada, agravada por las estrictas sanciones impuestas por Estados Unidos, la mala gestión económica y el devastador impacto de la pandemia del virus Covid-19 en el turismo. El intento fallido de reformar el sistema financiero hace tres años no hizo sino avivar la inflación, agravando aún más el caos económico.
En respuesta a estos desafíos, el gobierno ha intentado reformas, incluida la legalización de pequeñas empresas capaces de emplear hasta 100 personas. Se espera que estos negocios, vitales para los pocos cubanos con acceso a divisas, importen más de 1.000 millones de dólares en mercancías este año. Pavel Vidal, economista cubano, sugiere que “las crisis son buenos momentos para impulsar reformas”, indicando que las presiones económicas y sociales podrían allanar el camino para cambios más significativos.
El gobierno se encuentra en una coyuntura crítica, mientras intenta responder a las demandas de electricidad y alimentos de la población. La respuesta relativamente moderada a las recientes protestas, en comparación con la dura represión de hace tres años, refleja un enfoque prudente en la gestión de la disidencia. Sin embargo, aunque el presidente Manuel Díaz-Canel ha reconocido el descontento de la población y ha prometido abordar sus necesidades “en un clima de calma”, el gobierno sigue siendo objeto de un intenso escrutinio, tanto nacional como internacional.
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