En un reciente artículo para la revista World Politics Review, Robert Looney, profesor de la Naval Postgraduate School, examinaba críticamente los intentos del gobierno cubano de hacer frente a sus profundos problemas económicos.
La decisión del presidente Miguel Díaz-Canel de sustituir al ministro de Economía del país en medio de retrasos en la aplicación de subidas de precios de servicios esenciales marca un período tumultuoso para la nación insular.
El gobierno culpó a un ciberataque de la interrupción de estos aumentos previstos en los precios del combustible, el transporte y otros servicios públicos, originalmente fijados para comenzar el 1 de febrero. Aunque el futuro inmediato de estas medidas de austeridad sigue siendo incierto, la gravedad de la crisis económica subyacente es innegable.
Los ajustes de precios, anunciados el pasado diciembre, forman parte de la revisión macroeconómica más importante de Cuba en décadas. Con el objetivo de reducir el gasto público, el plan propone eliminar gradualmente los subsidios generalizados, pasando en su lugar al apoyo financiero directo a las poblaciones vulnerables. Este cambio se considera una respuesta a las ineficiencias y la sangría financiera de la “economía de guerra” del país, que actualmente emplea un sistema de racionamiento para distribuir bienes esenciales a precios muy subvencionados.
Sin embargo, Looney argumenta que estas medidas, similares a un programa de austeridad, pueden exacerbar la ya elevada tasa de inflación, haciendo poco por estimular la estancada economía. Las previsiones del gobierno cubano no son prometedoras, ya que pronostican un descenso del PIB en los próximos años, sin ningún plan sustancial para revitalizar el crecimiento económico.
Las críticas también proceden del Partido Comunista de Cuba. A pesar de aprobar el plan, la vieja guardia ha expresado sus reservas, en particular sobre el ritmo y el alcance de la liberalización del mercado. Esta disensión interna pone de relieve la cuestión más amplia que nos ocupa: la inadecuación del propio modelo económico cubano. Looney señala que las reformas recientes han sido insuficientes y poco sistemáticas, y que las áreas críticas de la gobernanza siguen deteriorándose, como lo demuestra el empeoramiento de los resultados del país en los índices mundiales de negocios y corrupción.
Reflexionando sobre el contexto histórico más amplio, Looney analiza el impacto mediocre de las reformas de mercado iniciadas por el ex presidente Raúl Castro en 2010. Aunque estas reformas permitieron cierto grado de iniciativa privada, en particular en el sector turístico, no lograron estimular el crecimiento económico. Este período también coincidió con una disminución del apoyo de los aliados internacionales de Cuba, lo que agravó aún más la difícil situación económica del país.
Más recientemente, la economía cubana se ha enfrentado a una grave contracción, con importantes descensos en sectores clave como el turismo, la agricultura y la industria manufacturera. Este declive se atribuye a una combinación de factores, entre ellos las sanciones de EE.UU., la pandemia de COVID-19 y una fuerte dependencia de las importaciones debido a la insuficiente producción nacional.
Looney destaca la precaria situación de las relaciones exteriores de Cuba, en particular su dependencia de países como Venezuela, China y Rusia, que afrontan sus propios retos económicos. Esta dependencia limita la capacidad de Cuba para abordar eficazmente su crisis económica.
Looney postula que es poco probable que las medidas de austeridad, aunque se apliquen, remedien los problemas económicos de Cuba. Por el contrario, parecen estar más dirigidas a preservar la estabilidad macroeconómica y el poder del Partido Comunista, especialmente a la luz de las recientes protestas masivas y el aumento de la emigración.
Asimismo, sugiere que una vía alternativa para Cuba podría ser emular el modelo de desarrollo de Vietnam posterior a 1986, que combinó reformas de mercado con inversión extranjera para estimular el crecimiento económico. Sin embargo, la adopción de este modelo requeriría cambios significativos en el enfoque cubano de la gestión económica, como permitir una mayor participación de las fuerzas del mercado y desarrollar un sólido sistema fiscal y de redistribución.
En la encrucijada en la que se encuentra Cuba, la necesidad de reformas económicas sustanciales es evidente. Sin embargo, el camino a seguir está plagado de complejas disyuntivas entre crecimiento, igualdad e integración global. Sin un cambio significativo en la política gubernamental hacia el sector privado y mejoras en los marcos institucionales, Looney advierte que es probable que las condiciones de vida de los cubanos se deterioren aún más. La situación en Cuba sigue siendo un testimonio del difícil equilibrio entre preservar los compromisos ideológicos y abordar las apremiantes realidades económicas.
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