La federalización unilateral de la Guardia Nacional por parte de la Casa Blanca refleja una estrategia de deportación masiva cada vez más agresiva, en medio de una oposición creciente que conlleva un alto riesgo de nuevos disturbios y enfrentamientos legales, además de incrementar la incertidumbre económica existente.
El 7 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva invocando de forma unilateral un estatuto federal para movilizar temporalmente a 2.000 miembros de la Guardia Nacional con el fin de proteger propiedades y agentes federales ante actos de violencia contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que está realizando operativos para detener a migrantes sin autorización en la zona de Los Ángeles.
La orden de Trump llegó tras dos días de protestas en el área metropolitana que comenzaron de forma pacífica pero se tornaron caóticas cuando los manifestantes se enfrentaron a agentes fuertemente armados de ICE y, posteriormente, a la Policía de Los Ángeles y otras agencias federales de apoyo, como el FBI.
Los agentes emplearon diversas medidas antidisturbios, incluyendo balas de goma, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos, mientras que los manifestantes quemaron objetos, lanzaron proyectiles y, en algunos casos, participaron en saqueos y daños a la propiedad.
Los enfrentamientos más graves en Los Ángeles ocurrieron en el centro de la ciudad y en las zonas del sur como Compton y Paramount, ambas con una alta población latina.
A medida que comenzaban a llegar los primeros cientos de efectivos de la Guardia Nacional, las protestas violentas continuaron en algunos puntos de la ciudad por tercer día consecutivo, el 8 de junio, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden, bloqueos parciales en la crucial autopista 101 y choques con miembros de la Guardia Nacional, que respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma.
- Las protestas parecen haber surgido de forma espontánea el 6 de junio, cuando los residentes salieron a las calles al ver a agentes de ICE realizando redadas. A medida que se difundía la noticia de los operativos, más personas se unieron a las protestas. Esa misma tarde, el líder de uno de los mayores sindicatos de trabajadores de California resultó herido al ser detenido durante una manifestación, en un incidente grabado en vídeo que probablemente movilizó a más miembros del sindicato y a simpatizantes. Hasta ahora, la decisión de Trump de movilizar unilateralmente a la Guardia Nacional también parece haber intensificado la indignación de los manifestantes, aunque también es evidente que algunos agitadores oportunistas han aprovechado el caos para saquear y causar destrozos.
- Normalmente, los gobernadores estatales controlan las tropas de la Guardia Nacional, pero algunas leyes federales permiten al presidente movilizarlas en situaciones de emergencia. Trump utilizó una disposición específica que autoriza al presidente a activar personal de la Guardia Nacional para funciones federales en tres circunstancias, una de las cuales es una rebelión real o amenazada contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos. En su orden ejecutiva, Trump citó esta disposición, alegando que las protestas amenazan al personal y las propiedades federales e impiden la aplicación de la ley federal —una referencia a los obstáculos que enfrenta la aplicación de las políticas migratorias.
- El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que la medida de Trump era “intencionadamente provocadora y solo servirá para escalar las tensiones”. El 8 de junio, Newsom solicitó formalmente al gobierno la revocación de la orden ejecutiva y prometió demandar a la administración Trump.
- El 7 de junio marcó la primera vez en 60 años que un presidente movilizaba a la Guardia Nacional sin que lo solicitara un gobernador estatal; la última ocasión fue en 1965, cuando el entonces presidente Lyndon B. Johnson activó las tropas de la Guardia Nacional para proteger a manifestantes por los derechos civiles en Alabama.
La federalización de las tropas de la Guardia Nacional intensifica la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración no autorizada, mientras que las protestas violentas en California reflejan una creciente oposición popular a esta política.
Desde su llegada al poder, Trump ha puesto en marcha una serie de medidas para cumplir sus repetidas promesas de campaña de aumentar las deportaciones de migrantes sin autorización legal en Estados Unidos.
En un primer momento, la Casa Blanca se centró en endurecer el control fronterizo, lo que acentuó la caída previa en el número de personas que intentaban cruzar la frontera sur desde México.
Más recientemente, se han intensificado los operativos para detener a migrantes no autorizados que ya se encuentran en el país. Trump y otros altos funcionarios han declarado reiteradamente que su prioridad es expulsar a personas con antecedentes penales, aunque estas representan una fracción relativamente pequeña de los migrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.
Esto ha provocado que los agentes de ICE aumenten las redadas no solo en lugares de trabajo, sino también en espacios como tribunales y, en menor medida, otras “zonas sensibles” que la anterior administración de Biden había protegido.
Estas operaciones han generado una creciente oposición popular, incluyendo un aumento de las protestas contra ICE, algunas de las cuales han derivado en episodios de violencia de baja intensidad, aunque ninguno tan grave como los disturbios actuales en el área de Los Ángeles.
Trump y otros altos funcionarios han reiterado su intención de adoptar una línea dura contra los manifestantes que alteren la vida cotidiana, especialmente aquellos que recurren a la violencia. La federalización unilateral de la Guardia Nacional confirma la disposición de Trump a aplicar medidas agresivas para imponer la ley y su agenda.
- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estimó que, a comienzos de 2022, había 11 millones de inmigrantes no autorizados en el país, cifra que ha seguido aumentando desde entonces. Un alto funcionario de ICE informó al Congreso que, a finales de julio de 2024, había aproximadamente 663.000 migrantes sin autorización con antecedentes penales que aún no habían sido detenidos.
- ICE ha incrementado su número de arrestos diarios. Datos de la agencia muestran que, durante los primeros 100 días del mandato de Trump, ICE detuvo a una media de 660 personas al día (más del doble que las 300 registradas durante el último año de la presidencia de Joe Biden); más recientemente, ICE ha informado de promedios diarios superiores a los 2.000 arrestos. Sin embargo, la agencia ha tenido dificultades para cumplir con las crecientes exigencias del gobierno de Trump debido a la falta de agentes, camas para detenidos y otros recursos. Según filtraciones a varios medios de comunicación, esta situación ha generado frustración en Trump y en otros altos funcionarios, lo que llevó al vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, a amenazar a mediados de mayo con despedir a los altos mandos de ICE si no incrementaban las detenciones a 3.000 personas por día —una meta que luego confirmó públicamente.
La Casa Blanca no muestra señales de querer retroceder en su ofensiva de deportación masiva, que se verá reforzada por un previsible aumento de financiación y apoyo a ICE. Todo indica que, durante este segundo mandato, Trump planea utilizar todos los medios a su alcance para llevar a cabo una eliminación agresiva y a gran escala de migrantes no autorizados en el país. Esto significa que, aunque la expulsión rápida de millones de personas sea poco realista, los esfuerzos federales probablemente seguirán intensificándose en alcance y agresividad, especialmente a medida que se agoten los perfiles más fáciles de identificar y deportar.
Una de las próximas medidas previsibles será la amenaza de cortar la financiación federal a las “ciudades santuario” que limitan su cooperación con ICE. Bajo presión para mostrar resultados y cumplir con los cupos, ICE también ampliará previsiblemente sus redadas dirigiéndose a otras “zonas sensibles”, como escuelas, hospitales, lugares de culto y manifestaciones públicas.
Los aumentos presupuestarios previstos para reforzar la ofensiva migratoria de la administración Trump contribuirán a estos esfuerzos: el proyecto actual de ley de reconciliación presupuestaria, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y está pendiente de votación en el Senado, incluye miles de millones de dólares en fondos nuevos.
Desde que comenzó el actual mandato presidencial, miles de agentes del FBI y de otras agencias federales han sido reasignados para colaborar en tareas de control migratorio. ICE también ha ampliado considerablemente su colaboración con agencias policiales estatales y locales. La incorporación continua de personal aumentará la capacidad de las autoridades federales para superar los obstáculos existentes.
- A principios de 2025, el Congreso incrementó el presupuesto anual de ICE hasta casi 10.000 millones de dólares. El proyecto de ley actual de reconciliación presupuestaria asignaría más de 150.000 millones de dólares a la política de control migratorio, incluyendo 45.000 millones para nuevos centros de detención de ICE, 14.000 millones para operaciones de deportación y miles de millones adicionales para contratar a miles de nuevos agentes en los próximos cinco años.
- Aunque algunas jurisdicciones santuario resistirán los esfuerzos del gobierno federal, este proporciona una financiación considerable a muchas localidades, lo que le otorga un importante poder de coerción.
A medida que las autoridades federales intensifican su ofensiva contra los migrantes no autorizados, aumenta significativamente el riesgo de nuevos enfrentamientos violentos, crece la posibilidad de un conflicto legal entre la Casa Blanca y el poder judicial federal, y se agrava la incertidumbre económica actual.
En el corto plazo, estas medidas, que alteran de manera más significativa la vida de las comunidades locales, probablemente catalizarán una oposición mayor y una alta probabilidad de enfrentamientos violentos entre residentes y fuerzas del orden, ya sea por las tácticas policiales agresivas, por las provocaciones de los manifestantes o por una combinación de ambas.
Los movimientos de protesta en curso en torno a otras causas —especialmente el activismo pro-palestino— aumentan la probabilidad de nuevos estallidos de violencia, en un contexto en que la Casa Blanca promete una línea dura y en que al menos un sector de los activistas más militantes busca demostrar su compromiso con la causa.
Mientras tanto, los esfuerzos de deportación masiva del gobierno de Trump, que se apoyan en una variedad de interpretaciones expansivas del poder ejecutivo, aumentan la posibilidad de que la Casa Blanca desacate a un tribunal federal, lo que podría desembocar en un enfrentamiento entre el poder judicial y el ejecutivo que termine en una crisis constitucional.
Incluso, si no se llega a ese extremo, las sentencias judiciales contrarias a la agenda migratoria de la Casa Blanca obligarán al gobierno a desviar atención hacia batallas legales, lo que añadirá más caos a un proceso de formulación de políticas ya desordenado.
Esto generará inseguridad jurídica y agravará la volatilidad empresarial existente, en especial para las empresas que dependen de mano de obra migrante, aunque también podría afectar a otras si se interrumpen sus cadenas de suministro o si incluso la migración legal se somete a un mayor escrutinio federal.
Por último, con el tiempo, la expulsión de millones de migrantes no autorizados elevará los precios al consumidor en Estados Unidos al aumentar los costes operativos para muchas empresas que dependen de esta mano de obra, como las de los sectores de la construcción, la agricultura y la hostelería.
Estos aumentos de precios se sumarán a las presiones ya existentes por los altos aranceles estadounidenses, las represalias comerciales de otros países y las tensiones entre la Casa Blanca y sus aliados tradicionales en el exterior.
- El 28 de abril, Trump firmó una orden ejecutiva en la que instruía al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional (DHS) a publicar en un plazo de 30 días una lista de “jurisdicciones santuario”, con la amenaza de retirar su financiación federal si seguían negándose a colaborar con las autoridades migratorias federales. El DHS publicó una lista con más de 500 localidades el 29 de mayo, pero la retiró tres días después tras críticas por su amplitud excesiva.
- Desde su llegada al poder, los jueces federales han fallado en numerosas ocasiones contra la Casa Blanca, incluyendo muchos casos relacionados con la inmigración. El más significativo fue la sentencia de un juez federal que dictaminó que la Casa Blanca había desobedecido su orden tras prohibir la deportación de casi 140 venezolanos a El Salvador en marzo, en aplicación controvertida de la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798.
- Una posible futura invocación por parte de Trump de la Ley de Insurrección de 1807 —que otorga al presidente un poder amplio y escasamente acotado para desplegar al ejército en territorio nacional para sofocar disturbios y asumir funciones tradicionales de orden público— despertaría un intenso escrutinio jurídico y podría precipitar una crisis constitucional sobre el alcance del poder ejecutivo. Durante su primer mandato, Trump amenazó con usar esta ley tras los disturbios generalizados por el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, pero finalmente no lo hizo, aunque ha vuelto a plantear la idea en varias ocasiones desde entonces.
- La administración Trump también continúa intensificando sus esfuerzos por restringir la migración legal, mediante la imposición de severas restricciones de viaje a ciudadanos de 19 países (12 de los cuales enfrentan una prohibición total), la revocación de visados, el endurecimiento de los requisitos para solicitantes y el refuerzo de los controles físicos en los pasos fronterizos. Estas medidas —junto con cambios en la política exterior estadounidense, como la imposición de aranceles generalizados y la retórica despectiva de Trump y otros altos funcionarios hacia múltiples países— ya están debilitando los flujos turísticos hacia Estados Unidos, como muestran las encuestas que reflejan una percepción cada vez más negativa del país entre ciudadanos extranjeros.
* Artículo original: “By Deploying the National Guard to LA, Trump Doubles Down on His Mass Deportation Efforts”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
“La guerra está en los genes de los rusos”, una conversación con Serguéi Karagánov
Serguéi Karagánov, director del Consejo de Política Exterior y de Defensa, suele ser presentado como el principal arquitecto de la política exterior rusa.
