La polémica sobre la inmigración en Texas reaviva la lucha por la ley “muéstrame tus papeles” de Arizona

La ley SB 4 de Texas, que permite a los funcionarios del Estado arrestar y detener a las personas sospechosas de entrar ilegalmente en el país, vuelve a los tribunales el miércoles en el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans.

La ley está en suspenso después de que tres jueces la bloquearan mientras estudian si es constitucional. Ese mismo panel escuchará los argumentos del miércoles.

El fallo de la mayoría en la decisión de 2-1 del mes pasado se apoyó en gran medida en el caso del Tribunal Supremo de 2012 conocido como Arizona contra Estados Unidos, en el que el alto tribunal anuló varias disposiciones de una ley de Arizona, la SB 1070, destinada a disuadir la inmigración ilegal.

Expertos legales creen que el caso de Texas podría eventualmente dar al Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, la oportunidad de echar otro vistazo al control que desde hace tiempo ejerce el Gobierno federal sobre la política de inmigración.

“Este sería probablemente uno de los cambios más radicales que el Tribunal Supremo ha hecho en el campo de la inmigración”, dijo Andrew Schoenholtz, profesor de Derecho en Georgetown y experto en leyes de inmigración, refiriéndose a la posibilidad de que el alto tribunal anule su fallo de 2012. “Es tanto el cambio que pide Texas”.

Denise Gilman, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, coincidió en que el objetivo del Estado es que los magistrados reviertan la decisión de Arizona.

“Habría sido increíblemente difícil que el 5º Circuito permitiera que esta ley se mantuviera en pie en virtud de los precedentes existentes del Tribunal Supremo”, dijo. “El Tribunal Supremo es otra cuestión. El Tribunal Supremo puede anular su propio precedente, y eso es claramente lo que el Estado de Texas quiere que haga.”

La SB 4 fue bloqueada inicialmente por un juez federal a finales de febrero en un par de casos presentados por la administración Biden, dos grupos de defensa de los inmigrantes y el condado de El Paso. Texas apeló rápidamente esa decisión ante el 5º Circuito. Mientras tanto, el Tribunal Supremo había permitido al Estado aplicar la ley durante un breve periodo de tiempo el 19 de marzo, sólo para que el tribunal de apelaciones la volviera a suspender horas más tarde.

Ley “enséñame tus papeles”

La ley de Arizona es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando los Estados intentan tomar las riendas de la política de inmigración.

En 2010, la entonces gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, promulgó la Ley de Apoyo a Nuestras Fuerzas de Seguridad y Barrios Seguros, conocida como SB 1070.

Una de las principales disposiciones de la ley era la que permitía a la policía comprobar la situación migratoria de una persona durante un control de tráfico u otras acciones policiales si el agente tenía “sospechas razonables” de que la persona se encontraba ilegalmente en el país. Esa parte de la SB 1070 llevó a los críticos a bautizarla como la ley “enséñame los papeles”.

La SB 1070 también tipificaba como delito de Estado que los “inmigrantes no autorizados” no llevaran consigo los documentos de registro y otros documentos de identificación del gobierno; prohibía a las personas no autorizadas para trabajar en Estados Unidos solicitar, solicitar o realizar un trabajo; y autorizaba a la policía a detener a inmigrantes indocumentados sin orden judicial cuando existiera “causa probable” de que habían cometido un delito que los hacía deportables.

La ley no tardó en ser impugnada. El Tribunal Supremo confirmó la parte de la ley relativa al “muéstreme sus papeles” y anuló las otras tres partes.

Quizá lo más importante fue que el fallo de la mayoría, redactado por el juez Anthony Kennedy, reafirmó la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración. El bloque de cinco jueces afirmó que “el poder federal para determinar la política de inmigración está bien asentado” y que su “autoridad descansa, en parte, en el poder constitucional del Gobierno Nacional para ‘establecer una Regla Uniforme de Naturalización’“.

“El Gobierno Nacional tiene un poder significativo para regular la inmigración”, escribió Kennedy. “Arizona puede tener frustraciones comprensibles con los problemas causados por la inmigración ilegal mientras ese proceso continúa, pero el Estado no puede aplicar políticas que socaven la ley federal”.

Gilman dijo que la decisión del tribunal en Arizona es significativa porque la SB 4 de Texas contiene esencialmente los conceptos que el tribunal anuló en ese caso.

“La ley (de Arizona) que convertía en delito la condición de inmigrante fue anulada por el Tribunal Supremo por entrar en conflicto con la autoridad federal para regular la aplicación de las leyes de inmigración”, dijo. “Y eso es una parte realmente significativa de lo que establece la ley de Texas”.

Entre los tres jueces que disintieron en el caso de 2012, dos siguen en el tribunal: Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito. El juez Antonin Scalia falleció en 2016. (La jueza Elena Kagan se descalificó del caso de 2012).

Jessica Bulman-Pozen, profesora de la Facultad de Derecho de Columbia especializada en federalismo, dijo que los argumentos impulsados por Texas en defensa de la SB 4 se apegan más al disenso escrito por Scalia, que concluyó que la ley de Arizona fue promulgada en un esfuerzo por hacer cumplir la ley federal de inmigración “de manera más efectiva.”

“El tribunal no pensó que eso fuera correcto como cuestión descriptiva sobre lo que estaba sucediendo en Arizona, y creo que es aún más claramente incorrecto aquí con respecto a Texas”, dijo Bulman-Pozen, refiriéndose al rechazo de la mayoría al argumento de Arizona de que estaba tratando de hacer frente a la supuesta inacción de la administración Obama en materia de inmigración.

“La idea de que lo que (Texas) está haciendo es, de hecho, reivindicar algún tipo de sentencia del Congreso o ley del Congreso contra un ejecutivo que no está haciendo cumplir (esas leyes), no creo que sea una descripción justa de lo que está sucediendo aquí”, dijo.

Disidencia de Oldham

Existe un considerable margen de discrepancia entre el panel dividido del 5º Circuito que está sopesando la legalidad de la SB 4.

“Las autoridades del Tribunal Supremo y el detallado sistema legal que regula a quién se permite permanecer en Estados Unidos y los procedimientos de expulsión indican claramente que el Congreso ‘ocupa todo el campo’ de la entrada y reentrada ilegal de no ciudadanos, así como de la expulsión”, escribió la juez jefe Priscilla Richman en una decisión a la que se unió la juez de circuito Irma Carrillo Ramírez.

Sin embargo, el juez de circuito Andrew Oldham, ex secretario de Alito, escribió la semana pasada en un extenso voto particular que habría permitido que Texas aplicara la ley mientras continuaran los recursos judiciales.

Oldham se inclinó por una lectura más limitada de la decisión del Tribunal Supremo de 2012 en Arizona, diciendo que “ciertamente no sugiere que los Estados nunca puedan complementar ninguna ley federal de inmigración.”

Argumentó que la decisión de Arizona deja cierto margen para que partes de la SB 4 resistan el escrutinio, en particular la política que permite a los jueces de Texas ordenar la deportación de inmigrantes.

“El Tribunal de Arizona no sostuvo -como los demandantes parecen creer- que el Estado estaba excluido del ámbito de la expulsión debido a ‘algún interés federal’ como la política exterior o la seguridad nacional”, escribió Oldham, que también fue anteriormente asesor general del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien firmó la SB 4 en ley.

Los abogados de Texas han planteado esas mismas alegaciones.

“Arizona no consideró que las leyes estatales relativas a la entrada y la expulsión estuvieran prohibidas, y nada en Arizona impide a los Estados regular la entrada y la reentrada o emitir órdenes de retorno”, escribieron los abogados.

Otra cuestión es si esos argumentos tendrán alguna relevancia ante el más alto tribunal del país si el caso llega a sus manos.

“En la medida en que el tribunal revisara Arizona en este contexto, básicamente estaría convirtiendo a los Estados en autoridades en materia de entrada y expulsión en el ámbito de la inmigración. Y eso sería una desviación extrema de los precedentes en la historia de nuestra nación”, dijo Bulman-Pozen. “Sería bastante chocante”.