La inmigración ha sido un elemento clave para el dinamismo económico y cultural de Estados Unidos desde su fundación. Esta cronología traza la evolución de la política migratoria del país tras la Segunda Guerra Mundial.
1952: Se mantiene el sistema de cuotas
Inmigrantes chinos son interrogados en Ellis Island.
A medida que se intensifica la Guerra Fría, el gobierno estadounidense consolida las leyes de inmigración y naturalización en una única política federal integral. La Ley McCarran-Walter pone fin a las políticas heredadas del siglo XIX diseñadas para excluir a los inmigrantes asiáticos.
No obstante, la legislación mantiene el sistema de cuotas basado en criterios étnicos que favorece a los europeos blancos, revisando los límites para admitir al 0,167% (un sexto del 1%) de cada grupo ya presente en Estados Unidos.
El presidente Harry Truman veta la ley, citando su carácter discriminatorio hacia los inmigrantes asiáticos y denunciando “el absurdo y la crueldad de mantener en este año de 1952 las limitaciones aislacionistas de nuestra ley de 1924”. El Congreso anula su veto y aprueba la ley.
1954: Eisenhower lanza la ‘Operación Wetback’
Tres inmigrantes mexicanos indocumentados detenidos.
El periodo posterior a la guerra provoca un aumento de la inmigración ilegal desde México hacia Estados Unidos. Se estima que unos tres millones de mexicanos indocumentados residen en el país, trabajando mayoritariamente en el sector agrícola por salarios muy inferiores a los de los trabajadores estadounidenses.
Ante una creciente presión pública, el Servicio de Inmigración y Naturalización, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower, lanza una operación a nivel nacional para expulsar a inmigrantes mexicanos indocumentados en el suroeste del país.
La redada, denominada oficialmente “Operación Wetback”, moviliza a 1075 agentes de la Patrulla Fronteriza, junto con las fuerzas de seguridad locales, para intervenir en barrios latinos de California, Arizona y Texas.
1956: Fracasa la revolución húngara
Refugiados leen noticias sobre los disturbios en Hungría al llegar en barco a Nueva York.
El fracaso de la revuelta húngara contra el control soviético desencadena un éxodo de refugiados.
La administración de Eisenhower invoca una disposición de la Ley de Inmigración McCarran-Walter que autoriza la admisión temporal de extranjeros en situaciones de emergencia.
Eisenhower utiliza el poder presidencial de “parole” —una facultad para actuar unilateralmente en emergencias— para permitir la entrada de unos 30.000 refugiados húngaros.
Para 1960, más de 200.000 inmigrantes húngaros habrán sido admitidos en el país.
El uso del “parole” por parte de Eisenhower sienta un precedente que será utilizado en décadas posteriores para conceder asilo a decenas de miles de refugiados de todo el mundo en Estados Unidos.
1959: Éxodo cubano
Un infante de marina estadounidense lleva a un refugiado cubano a tierra firme.
En enero de 1959, Fidel Castro y sus fuerzas guerrilleras derrocan al gobierno de Fulgencio Batista en Cuba e instauran un nuevo régimen comunista, lo que provoca un éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos en calidad de refugiados políticos.
La primera oleada incluye a simpatizantes del régimen de Batista, así como a miembros de la élite y la clase media cubanas, que en su mayoría se establecen en el condado de Miami-Dade, Florida.
Estados Unidos promulga finalmente la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que otorga la residencia permanente a los refugiados cubanos que hayan llegado al país después de 1959.
Entre 1959 y 1990, cerca de un millón de cubanos emigran a Estados Unidos.
1964: Fin del programa Bracero
Braceros recogen pimientos picantes en una granja de California.
Ante la creciente presión de activistas laborales y organizaciones de bienestar social, el gobierno estadounidense decide no renovar su programa de trabajadores invitados mexicanos tras veintidós años de vigencia.
El programa Bracero, establecido mediante un acuerdo bilateral en 1942 ante la previsión de una escasez de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial, ofrecía contratos a trabajadores mexicanos para emplearse en el sector agrícola estadounidense. Durante su funcionamiento, se firmaron unos 4,5 millones de contratos.
Aunque el programa estipulaba que los braceros tenían derecho a ciertas condiciones —incluidos salarios equivalentes a los de los trabajadores locales, alojamiento gratuito, comidas a precios accesibles y seguro—, muchos empleadores incumplieron estas normas. Se informa que numerosos trabajadores agrícolas recibían solo una fracción del salario de los trabajadores estadounidenses.
Lee G. Williams, último director del programa en el Departamento de Trabajo, describió el sistema como “esclavitud legalizada”. La finalización del programa Bracero provoca un aumento de la inmigración ilegal a través de la frontera.
1965: Superar el sistema de los años veinte
El presidente Lyndon B. Johnson firma la Ley de Inmigración de 1965 a los pies de la Estatua de la Libertad.
En pleno auge del movimiento por los derechos civiles, el gobierno abandona la legislación migratoria basada en el sistema de cuotas y en los estándares de los años veinte, que el presidente Lyndon B. Johnson calificó como “profundamente antiestadounidenses”.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 establece un sistema de preferencias que da prioridad a la reunificación familiar.
Johnson, al firmar la ley a los pies de la Estatua de la Libertad, declaró que la legislación “no es una ley revolucionaria y no afectará la vida de millones”. Sin embargo, la norma —mediante la preferencia familiar que permite a los ciudadanos naturalizados patrocinar a familiares para emigrar al país— marca el inicio de un cambio profundo en la composición demográfica de Estados Unidos.
1974: La enmienda Jackson-Vanik vincula comercio y emigración
Una familia judía soviética refugiada en Moldavia que recibirá una visa de inmigración a EE. UU. en 1979.
En respuesta a los crecientes llamamientos para asistir a los refugiados judíos de la Unión Soviética, el Congreso aprueba una enmienda a la Ley de Comercio de 1974 orientada a los derechos humanos.
La enmienda Jackson-Vanik exige que las economías no basadas en el mercado garanticen la libertad de emigración como condición para comerciar con Estados Unidos bajo el estatus de “nación más favorecida”.
La enmienda recibe un amplio respaldo en el Congreso y permite la emigración de más de 500.000 personas —entre ellas numerosos judíos, cristianos y católicos soviéticos— hacia Estados Unidos, hasta su derogación en 2012.
1975: Ley de Asistencia a Refugiados e Inmigrantes de Indochina
Más de siete mil refugiados en un barco de la Armada de Vietnam del Sur llegan al puerto de Vung Tau, en Vietnam del Sur.
El sudeste asiático se ve sacudido por la inestabilidad en la década de 1970: la guerra de Vietnam llega a su fin, los Jemeres Rojos toman el poder en Camboya y Laos cae bajo el control del Pathet Lao.
Tras la caída de Saigón a manos del Ejército Popular de Vietnam, la administración de Gerald Ford promulga la Ley de Asistencia a Refugiados e Inmigrantes de Indochina para ayudar a unos 130.000 refugiados del sudeste asiático.
La iniciativa recibe un amplio apoyo de activistas por los derechos civiles, grupos religiosos y sindicatos, y para comienzos de la década de 1980 se dispara la inmigración a Estados Unidos de los llamados “boat people” del sudeste asiático.
Este nuevo flujo, en gran parte autorizado mediante el poder presidencial de “parole”, lleva al gobierno a considerar una reforma integral del sistema nacional de admisión de refugiados.
1980: La política de refugiados de EE. UU. se alinea con los estándares internacionales
Una familia camboyana reasentada frente a su nuevo hogar en Pensilvania.
Ante el aumento masivo de refugiados del sudeste asiático, el Congreso elabora una ley para sistematizar la política de refugiados de Estados Unidos, que hasta entonces se había basado en el uso ad hoc del poder presidencial de “parole”.
El presidente Jimmy Carter firma la Ley de Refugiados de 1980, una enmienda a la ley migratoria de 1965 que eleva el tope anual de visados para refugiados de 17.500 a 50.000, excluyéndolos del límite general de inmigración, y crea formalmente la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
Además, la ley modifica la definición de “refugiado” para darle un alcance más universal y alinearla con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, una medida que responde a las críticas de larga data sobre la preferencia estadounidense por los refugiados procedentes de países comunistas.
1986: Ley de Reforma y Control de la Inmigración
El presidente Ronald Reagan firma la Ley de Reforma y Control de la Inmigración.
El Congreso aprueba la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés) para abordar la presencia estimada de entre tres y cinco millones de inmigrantes indocumentados en el país.
La legislación obliga oficialmente a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores y prohíbe la contratación consciente de inmigrantes sin papeles, aunque la aplicación de sanciones por parte del gobierno resulta laxa.
Además, la ley otorga estatus legal a ciertos trabajadores temporales y a inmigrantes no autorizados que hubieran llegado antes de 1982. No obstante, el legado más importante de la IRCA es su disposición para permitir que los inmigrantes indocumentados que hubieran llegado antes de 1982 solicitaran la residencia permanente antes de mayo de 1988, medida que finalmente legaliza a tres millones de personas, de las cuales 2,3 millones son mexicanas.
A pesar de la ley, la inmigración ilegal continúa en aumento tras su aprobación.
1990: Una apuesta por los inmigrantes altamente cualificados
Inmigrantes hacen fila ante una oficina del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).
Con el objetivo de fortalecer las vías de inmigración legal, el presidente George H. W. Bush firma la Ley de Inmigración de 1990, que amplía la legislación de 1965 para permitir un aumento en el número total de visados de inmigrantes. Aunque la reunificación familiar sigue siendo una categoría preferente, se otorga también prioridad a trabajadores altamente cualificados y con formación académica.
La ley crea cinco categorías de visados basados en el empleo (EB), así como el visado temporal H1B para extranjeros con estudios universitarios, y establece un límite al número de trabajadores no cualificados admitidos. También, introduce un sorteo de diversidad para asignar visados a solicitantes de países con baja representación migratoria.
Tras la aprobación de la ley, el número anual de visados de inmigración concedidos pasa de 500.000 a 700.000.
1994: Lanzamiento de la Operación Gatekeeper
Representación artística de ataúdes con el número de inmigrantes muertos cada año al intentar cruzar la frontera entre México y EE. UU.
La administración de Bill Clinton pone en marcha la Operación Gatekeeper para frenar la inmigración ilegal a través de la frontera entre San Diego y Tijuana, un punto habitual de cruces no autorizados desde México.
Clinton duplica el número de agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste y autoriza 50 millones de dólares para construir una valla de seguridad de 22 kilómetros, lo que desplaza los cruces ilegales hacia zonas desérticas y montañosas del este.
Poco después de su lanzamiento, el gobierno declara la operación un éxito, pero los críticos la denuncian como una “militarización” de la frontera, y organizaciones de derechos humanos la vinculan con la muerte de más de 5000 personas que intentaron cruzar los terrenos más peligrosos de California y Arizona durante los quince años siguientes.
1995: Política de “pies secos, pies mojados” para Cuba
Manifestantes cubanoamericanos protestan en Miami, Florida, por el destino de Elián González.
La desintegración de la Unión Soviética provoca la pérdida del apoyo económico soviético a Cuba, lo que conlleva un repunte en el número de cubanos que huyen hacia Estados Unidos a comienzos de los años noventa.
En 1994, Fidel Castro amenaza con permitir un éxodo masivo si Washington no toma medidas contra las salidas ilegales en balsas desde la isla.
Ambos países firman acuerdos migratorios en 1994 y 1995: la Guardia Costera de EE. UU. ya no admitirá a cubanos interceptados en el mar sin solicitudes de asilo creíbles, pero aquellos que logren pisar suelo estadounidense podrán optar a un camino hacia la ciudadanía.
La política queda reflejada en el caso de 1999 de Elián González, un niño de cinco años hallado en el mar tras la muerte de su madre y otros diez migrantes en el intento de cruzar. Sus familiares en Miami no obtienen la custodia, y el menor es finalmente devuelto a su padre en Cuba.
2001: Se presenta la Ley DREAM
Estudiantes indocumentados participan en una ceremonia de graduación para “Dreamers” en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Con el objetivo de abordar la situación de unos 2,1 millones de menores traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, el Congreso presenta la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM Act), una propuesta que ofrecería una vía hacia la ciudadanía a estos jóvenes si cumplen ciertos requisitos, como graduarse de una escuela secundaria estadounidense o servir dos años en las Fuerzas Armadas.
La ley pasa por varias revisiones y queda estancada en el Congreso durante la década siguiente, lo que lleva a varios Estados a aprobar sus propias versiones para conceder matrícula universitaria estatal a estos inmigrantes.
En 2012, el presidente Obama anuncia un programa de acción diferida que protege a este grupo de la deportación y promete incluir la DREAM Act en una futura reforma migratoria integral.
2001: Los atentados del 11-S y los cambios en inmigración
El secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, ayuda a una pasajera extranjera a tomar sus huellas en un control de seguridad aeroportuario.
En respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Congreso aprueba la Ley de Seguridad Nacional de 2002, que reorganiza las funciones migratorias del gobierno federal.
La ley disuelve el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y crea el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que asume todas las competencias en materia migratoria. El DHS divide los servicios migratorios: la aplicación de la ley queda a cargo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que los procesos de naturalización y visados pasan a otras dependencias.
La administración de George W. Bush convierte la seguridad fronteriza en prioridad, refuerza los controles en aeropuertos, facilita la detención y deportación de inmigrantes sospechosos de vínculos con el terrorismo e impone requisitos más estrictos para solicitar visados.
Además, se implementa un programa —suspendido en 2011— que exige a los hombres procedentes de países mayoritariamente musulmanes registrarse previamente y someterse a controles adicionales al viajar a Estados Unidos.
2008: Programa “Comunidades Seguras” en fase piloto
Manifestantes sostienen una pancarta durante una protesta por los derechos de los inmigrantes, contra redadas y deportaciones.
Al final de la presidencia de George W. Bush, su administración lanza un programa piloto para identificar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, permitiendo a las fuerzas de seguridad locales compartir datos con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El programa, denominado “Comunidades Seguras”, se implementa inicialmente en Boston y en seis condados de Carolina del Norte y Texas, con la intención de extenderlo a nivel nacional para 2013.
Tras la elección de Barack Obama en noviembre, su administración lo expande rápidamente: a finales de 2011, cerca de 1600 jurisdicciones están inscritas. “Comunidades Seguras” se vuelve cada vez más controvertido: sus críticos afirman que aplica un enfoque demasiado amplio, que lleva a la deportación de grandes cantidades de infractores menores y que socava la confianza en las comunidades locales. También, surgen tensiones entre autoridades locales y federales por los mensajes contradictorios del Departamento de Seguridad Nacional sobre si el programa es voluntario u obligatorio.
2010: Arizona activa la movilización estatal sobre inmigración
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, comparece ante la prensa tras una audiencia en la Corte Suprema por la ley SB1070.
Frustrada por lo que percibe como inacción federal ante la inmigración, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firma la ley SB1070, una normativa restrictiva que penaliza contratar, alojar o transportar a inmigrantes indocumentados.
La ley también autoriza a la policía a comprobar el estatus migratorio de cualquier persona durante controles rutinarios —una cláusula conocida como “muestre los papeles, por favor”—, lo que provoca temores de aumento del perfilamiento racial entre los defensores de derechos civiles.
La medida genera polémica en todo el país y al menos otros siete Estados intentan aprobar versiones similares.
El gobierno federal demanda al Estado de Arizona, alegando que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado federal. El caso llega hasta la Corte Suprema, que en 2012 emite un fallo mixto: mantiene la cláusula de verificación de estatus migratorio, pero anula varias de las disposiciones clave de la ley.
2012: Obama retrasa la deportación de jóvenes inmigrantes
Personas hacen fila frente a la oficina de CHIRLA en Los Ángeles el primer día del programa DACA.
Por orden del presidente Obama, el Departamento de Seguridad Nacional comienza a retrasar las deportaciones y a conceder permisos de trabajo (por dos años) a inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.
Se estima que más de un millón de “llegados en la infancia” son elegibles para este programa de acción diferida, conocido por sus siglas en inglés, DACA.
Para calificar, los solicitantes deben tener antecedentes penales limpios, haber residido en el país durante al menos cinco años y ser estudiantes, graduados de secundaria o veteranos militares.
El grupo beneficiario es similar al que contempla la propuesta de Ley DREAM. Gobernadores y legisladores republicanos critican duramente la medida, acusando a Obama de abusar de su autoridad para congraciarse con el electorado hispano.
2013: Renovado impulso a la reforma migratoria integral
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses ofrece una rueda de prensa sobre su plan de reforma migratoria en 2013.
La reelección de Barack Obama en 2012 —impulsada por un sólido respaldo del electorado hispano— genera un renovado impulso en el Congreso para abordar una reforma migratoria integral.
Los esfuerzos previos habían fracasado, como el intento en 2007 de un proyecto de compromiso entre los senadores John McCain (republicano por Arizona) y Ted Kennedy (demócrata por Massachusetts), que ni siquiera llegó a votarse.
A comienzos de 2013, un grupo bipartidista de ocho senadores presenta una propuesta legislativa para crear una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, agilizar los procesos de inmigración legal, reforzar la seguridad fronteriza y mejorar los mecanismos de control en el empleo.
El proyecto de ley, de gran alcance, logra la aprobación del Senado pero no avanza en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.
2014: Los programas de alivio a la deportación desencadenan una batalla legal
Inmigrantes y líderes comunitarios se manifiestan ante la Corte Suprema de EE. UU.
Más de una veintena de estados —la mayoría gobernados por republicanos— demandan a la administración Obama por no hacer cumplir las leyes migratorias del país, tras el anuncio presidencial de expandir el programa DACA y crear otro nuevo, conocido como DAPA, destinado a ofrecer protección a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.
La Casa Blanca argumenta que las medidas son similares a las adoptadas por administraciones anteriores y necesarias ante el bloqueo legislativo del Congreso. Se estima que alrededor de cuatro millones de personas podrían beneficiarse.
A comienzos de 2015, un juez federal suspende la aplicación de los programas hasta que el caso avance en los tribunales. Se espera que la Corte Suprema emita un fallo sobre el asunto en el verano de 2016.
2015: Estados Unidos responde a la crisis migratoria global
Migrantes llegan a la isla griega de Lesbos en 2015 tras cruzar el mar Egeo desde Turquía.
El secretario de Estado, John Kerry, anuncia planes para aumentar el número de refugiados admitidos en Estados Unidos anualmente, pasando de 70.000 a 100.000 para 2017.
La medida responde a los conflictos en Oriente Medio, África y Asia meridional, que han desatado la mayor crisis migratoria global desde la Segunda Guerra Mundial.
La Casa Blanca promete admitir al menos a 10.000 sirios que huyen de la guerra civil iniciada hace cuatro años y que ha desplazado a más de 11 millones de personas.
27 de enero de 2017: Trump impone restricciones migratorias
El presidente Donald J. Trump firma una orden ejecutiva con nuevas restricciones migratorias.
Una semana después de asumir el cargo, el presidente Donald J. Trump firma una orden ejecutiva sobre prevención del terrorismo que suspende el programa de admisión de refugiados durante 120 días, prohíbe indefinidamente la entrada de refugiados sirios y reduce el tope de admisiones a 50.000 personas.
La orden también prohíbe temporalmente la entrada al país de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen durante 90 días.
Miles de personas protestan contra el llamado “veto musulmán” en distintas ciudades, especialmente en aeropuertos, donde decenas de extranjeros son detenidos por agentes migratorios.
En febrero, un juez federal impone una orden de restricción a nivel nacional. La administración Trump revisa la orden ejecutiva en dos ocasiones, y en junio de 2017 la Corte Suprema permite la entrada en vigor parcial de su tercera versión.
26 de junio de 2018: El Tribunal Supremo avala el veto migratorio
Una maqueta del pasaporte de un viajero musulmán colocada frente a la Corte Suprema de EE. UU.
El alto tribunal aprueba por cinco votos contra cuatro la tercera versión del veto migratorio impuesto por la administración Trump, al considerar que entra dentro de las competencias presidenciales contempladas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La opinión mayoritaria sostiene que las declaraciones incendiarias previas de Trump sobre los musulmanes no invalidan la orden, que en su versión revisada afecta a viajeros de cinco países de mayoría musulmana, así como de Corea del Norte y Venezuela.
En su voto particular, la jueza Sonia Sotomayor afirma que “un observador razonable concluiría que la Proclamación fue motivada por animadversión hacia los musulmanes”.
Junio – julio de 2018: Las separaciones familiares provocan protestas
Una manifestante participa en una marcha de “Las familias deben estar unidas” en Nueva York, el 30 de junio de 2018.
Cientos de miles de personas protestan en todo el país contra la nueva política de “tolerancia cero” sobre cruces fronterizos ilegales, que separa a varios miles de niños migrantes —muchos de ellos solicitantes de asilo de Centroamérica— de sus padres o tutores.
Según la política anunciada en abril por el fiscal general Jeff Sessions, todos los inmigrantes indocumentados que ingresan al país son detenidos y procesados penalmente, mientras que los menores que los acompañan quedan retenidos en instalaciones aparte.
Ante la fuerte reacción pública, el presidente Trump firma en junio una orden ejecutiva para poner fin a las separaciones familiares, aunque funcionarios del Departamento de Justicia insisten en que la política de “tolerancia cero” sigue en vigor.
Las protestas por el trato a los migrantes en centros de detención continúan.
Julio de 2019: Trump limita aún más las solicitudes de asilo
Una migrante centroamericana observa desde una valla en un albergue para mujeres y niños en Tijuana, México.
Aumenta el número de migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos: las autoridades estadounidenses reportan casi 600.000 detenciones en la frontera suroeste en la primera mitad de 2019, casi la misma cifra que durante todo 2018.
El 15 de julio, la administración Trump impone una nueva norma que impide solicitar asilo en Estados Unidos a los migrantes que hayan pasado por un tercer país sin haber solicitado primero asilo en ese lugar.
Es la más reciente de una serie de medidas para restringir el derecho de asilo, entre ellas el endurecimiento de los criterios para calificar y la exigencia de presentar las solicitudes en puntos de entrada designados.
Como en ocasiones anteriores, las organizaciones de derechos civiles anuncian que impugnarán la medida en los tribunales.
Marzo de 2020: La pandemia de COVID-19 trae más restricciones
Trump visita un tramo del muro fronterizo junto al jefe de la Patrulla Fronteriza, Rodney Scott, en junio de 2020.
El 13 de marzo, Trump declara la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, lo que refuerza aún más su enfoque restrictivo en materia migratoria. Se prohíbe todo viaje no esencial y se autoriza a los agentes fronterizos a expulsar de inmediato a migrantes y solicitantes de asilo, sin los procedimientos legales habituales.
Otras medidas incluyen la suspensión del reasentamiento de refugiados, el cierre efectivo del sistema de asilo, la paralización de las audiencias en tribunales de inmigración y la suspensión de visados de trabajo y permisos de residencia.
En los meses siguientes, la administración busca consolidar estas restricciones, mientras el Departamento de Estado anuncia que reducirá las admisiones de refugiados a un máximo de 15.000 personas, el nivel más bajo en cuatro décadas.
Enero de 2021: Biden enfrenta un aumento de la migración
Solicitantes de asilo en EE. UU. piden ayuda al presidente Joe Biden desde su campamento junto al paso fronterizo de Tijuana, en febrero de 2021.
Joe Biden asume la presidencia el 20 de enero tras ser elegido con una plataforma que rechaza casi todas las políticas migratorias emblemáticas de Trump.
En sus primeras órdenes ejecutivas, Biden ordena detener la construcción del muro fronterizo, reactivar el programa de reasentamiento de refugiados y desmantelar numerosas restricciones al asilo impuestas durante el mandato anterior. Propone una reforma legislativa integral que incluya una vía hacia la ciudadanía para millones de residentes indocumentados, y promete 4000 millones de dólares en ayuda a países de Centroamérica para abordar las causas de raíz de la migración.
Aunque se mantienen las restricciones fronterizas vinculadas a la pandemia, las autoridades se enfrentan al mayor aumento de llegadas de migrantes a la frontera desde 2006.
El número de menores no acompañados obliga a la administración a reabrir algunos centros de detención y a movilizar a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) para ampliar la capacidad de acogida.
Agosto de 2021: Retirada liderada por EE. UU. de Afganistán
Refugiados afganos llegan al aeropuerto internacional Dulles, en Virginia, en agosto de 2021.
El colapso del gobierno afgano tras la retirada militar de Estados Unidos obliga a Washington a evacuar con urgencia a sus ciudadanos y al personal aliado antes del 31 de agosto.
En una de las operaciones aéreas más grandes de la historia, Estados Unidos y sus socios logran evacuar a más de 100.000 personas en apenas unas semanas.
Entre los evacuados se encuentran afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses y que, por tanto, son elegibles para una Visa Especial de Inmigrante (SIV), un programa creado en 2009 para reasentar en EE. UU. a aliados en situación de riesgo. Incluyendo a sus familiares, hasta 100.000 afganos podrían acogerse a este programa.
Las organizaciones no gubernamentales encargadas del reasentamiento —que sufrieron recortes presupuestarios durante la administración Trump— se ven desbordadas para hacer frente a la llegada masiva.
Marzo de 2022: Los ucranianos huyen de la guerra
Refugiados esperan un tren hacia Polonia en la estación ferroviaria de Leópolis, Ucrania, tras la invasión rusa.
La Casa Blanca anuncia que Estados Unidos aceptará hasta 100.000 refugiados ucranianos tras la invasión rusa. Polonia y otros países de Europa del Este acogen a la mayoría de los más de 3,5 millones de ucranianos que huyen en las primeras semanas del conflicto.
Altos funcionarios estadounidenses indican que muchos de estos refugiados serán admitidos bajo la figura de parole humanitario, que permite el ingreso temporal en situaciones de emergencia y que ya se aplicó con decenas de miles de afganos tras la retirada de EE. UU. en 2021.
El Departamento de Seguridad Nacional también concede el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 34.000 ucranianos adicionales.
Mayo de 2023: La Casa Blanca se prepara para el fin del Título 42
Un miembro de la Guardia Nacional de Texas instala una valla en la frontera entre EE. UU. y México ante la previsión de un aumento migratorio tras el fin del Título 42.
La Casa Blanca pone fin al Título 42, una controvertida medida de emergencia sanitaria adoptada por Trump en 2020 para denegar solicitudes de asilo alegando motivos relacionados con la pandemia.
Ante el temor de un repunte migratorio tras su expiración —la norma permitió más de 2,7 millones de expulsiones—, Biden presenta un nuevo plan restrictivo que autoriza al gobierno a rechazar solicitudes de asilo de quienes no las hayan tramitado previamente en un tercer país. Su administración también anuncia el despliegue de 1500 soldados en la frontera sur y la creación de centros de procesamiento de migrantes en varios países de América Latina.
Además, Washington informa de un acuerdo con Ciudad de México para devolver a México a migrantes y solicitantes de asilo no mexicanos que ingresen ilegalmente en Estados Unidos.
2024: El debate sobre la política fronteriza paraliza la ayuda exterior
El senador Mike Lee (republicano por Utah) habla sobre la reforma de seguridad fronteriza en una rueda de prensa con otros legisladores republicanos en el Capitolio.
Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) muestran que los agentes federales detuvieron a cerca de 2,5 millones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México durante el año fiscal 2023, un aumento de más del 35% con respecto a 2021.
La situación en la frontera ocupa el centro del debate en el Congreso sobre ayuda exterior y financiación federal.
Legisladores republicanos se niegan a aprobar el paquete de emergencia de 105.000 millones de dólares propuesto por el presidente Biden —que incluye ayuda militar adicional para Israel y Ucrania— a menos que los demócratas acepten endurecer la política migratoria y de control fronterizo.
Entre las reformas exigidas se incluyen estándares más estrictos para las solicitudes de asilo, la reanudación de la construcción del muro fronterizo y el restablecimiento del programa “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en ese país mientras se resuelven sus casos en los tribunales de inmigración de EE. UU.
Biden declara estar dispuesto a aplicar “cambios masivos” en la política migratoria para desbloquear los fondos.
Mayo de 2024: Fracasa el proyecto bipartidista sobre la frontera
El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), en rueda de prensa tras el fracaso del proyecto de Ley de la Frontera de 2024.
El Senado rechaza el proyecto de Ley de la Frontera de 2024 por 43 votos a favor y 50 en contra, en lo que constituye el segundo intento fallido de aprobar una amplia ley bipartidista sobre inmigración.
La propuesta incluía cerca de 20.000 millones de dólares para mejorar la gestión fronteriza y la capacidad de procesamiento de migrantes, además de conceder al presidente la autoridad para cerrar la frontera si el número de cruces superaba ciertos umbrales.
Los senadores republicanos retiran su apoyo a la propuesta a petición del expresidente Donald Trump, quien considera que la inmigración es un tema clave de su campaña para las elecciones de 2024. Algunos demócratas, por su parte, consideran que la ley es demasiado restrictiva. Biden acusa a los republicanos de “anteponer la política partidista a la seguridad nacional del país”.
De haber sido aprobada, la legislación habría supuesto la reforma migratoria más ambiciosa en décadas.
Junio de 2024: Biden restringe aún más el acceso al asilo
Vista aérea del muro fronterizo entre EE. UU. y México en Jacumba Hot Springs, California.
Biden firma la Proclamación 10773, que autoriza limitar temporalmente la entrada de ciertos ciudadanos extranjeros en Estados Unidos en “circunstancias de emergencia fronteriza”, como cuando el promedio diario de cruces supera un umbral determinado.
La proclamación menciona niveles récord de detenciones en la frontera sur como justificación.
Organizaciones de derechos humanos critican duramente la norma provisional de aplicación inmediata que la acompaña.
Human Rights First sostiene que “niega el acceso equitativo al asilo y es incompatible con la legislación federal y los compromisos internacionales de EE. UU.”.
En septiembre, Biden modifica la Proclamación 10773 para mantener las restricciones de entrada hasta que el promedio diario de cruces en puntos no autorizados se mantenga por debajo de 1500 durante 28 días consecutivos, en lugar de siete.
Ese mismo mes, las detenciones por cruces ilegales caen a su nivel más bajo desde 2020.
20 de enero de 2025: Trump firma una oleada de órdenes ejecutivas sobre inmigración
El presidente Donald Trump muestra una orden ejecutiva durante su desfile inaugural en el Capital One Arena, en Washington D. C.
Pocas horas después de jurar como el 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump comienza a emitir una serie de órdenes ejecutivas para cumplir sus promesas de campaña en materia migratoria, dirigidas tanto contra la inmigración legal como la irregular.
Declara una emergencia nacional en la frontera con México y autoriza la intervención militar, alegando que la situación “constituye una invasión”. También, firma órdenes que revocan el derecho de ciudadanía por nacimiento —garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución—, suspenden temporalmente el programa de admisión de refugiados, ordenan restablecer el controvertido programa “Quédate en México” y designan a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.
Trump también busca restringir aún más el acceso al asilo, incluyendo el cierre del programa CBP One —una aplicación fronteriza creada durante el mandato de Biden para notificar la intención de solicitar asilo— y la eliminación del programa de “parole” para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
* Artículo original: “1952 – 2025: U.S. Postwar Immigration Policy”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
La verdadera historia de la libertad de expresión: de ideal supremo a arma política
Por Fara Dabhoiwala
La doctrina de 300 años está siendo puesta a prueba por los excesos de los oligarcas digitales.
