En una continua ofensiva contra la sociedad civil, el gobierno nicaragüense, encabezado por el presidente Daniel Ortega, ha cerrado la Universidad de Administración, Comercio y Aduanas María Guerrero (Unacad) y otras nueve organizaciones sin fines de lucro. Esta última medida eleva el número total de ONG disueltas a más de 3.550 desde que estallaron las protestas populares en abril de 2018.
La decisión de revocar la personalidad jurídica de Unacad y las otras asociaciones fue tomada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel. Según un acuerdo ministerial publicado en el diario oficial La Gaceta de Nicaragua, los cierres se promulgaron bajo varios pretextos, entre ellos las solicitudes de disolución voluntaria de algunas de las organizaciones por limitaciones financieras.
Unacad, que funcionaba desde febrero de 2005, habría solicitado su propia disolución voluntaria, alegando como razones sus bajos ingresos y la imposibilidad de cumplir con su programa de inversiones. El Ministerio del Interior de Nicaragua declaró que la universidad se dirigió al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y al propio ministerio para cancelar voluntariamente su personalidad jurídica.
Las otras nueve ONG disueltas incluyen organizaciones de diversa índole: la Cámara Forestal de Nicaragua, la Iglesia Nuevo Remanente, la Asociación de Industriales Exportadores de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos y la Fundación Cristiana Renuévame, Señor. También se disolvieron la Asociación Nicaragüense Máter Purísima Año 2000, la Fundación Aguas Bravas Nicaragua, la Asociación Iglesias Sólo Jesucristo Salva Hechos 4:12 y la Cámara Local del Pacto Global en Nicaragua.
El Ministerio del Interior justificó la revocación de la personalidad jurídica de estas nueve ONG alegando el incumplimiento de las obligaciones que les imponen las leyes nicaragüenses, lo que supuestamente dificultó la supervisión y vigilancia por parte de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro.
En cuanto a la liquidación de bienes, el Ministerio del Interior explicó que la Fiscalía procederá de oficio a transferir al Estado de Nicaragua los bienes muebles e inmuebles propiedad de las organizaciones disueltas. Este procedimiento excluye a la Universidad, que había solicitado la disolución voluntaria.
La disolución masiva de ONG ha sido defendida por algunos miembros del partido sandinista de Ortega, como Filiberto Rodríguez, que aseguran que las organizaciones afectadas utilizaron fondos de donaciones para intentar derrocar a Daniel Ortega durante las protestas de 2018.
Estos cierres forman parte de lo que los sandinistas describen como un proceso de reorganización, señalando que no todas las 7.227 ONG registradas en Nicaragua en 2018 estaban operativas. Esta acción continúa en medio de una crisis política y social cada vez más profunda en Nicaragua que comenzó en abril de 2018 y se agravó con las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. En estos comicios, Ortega fue declarado reelegido para un quinto mandato —el cuarto consecutivo y el segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta—, con sus principales competidores encarcelados o en el exilio.
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