Ocurrió en Caracas el 9 de junio de 2016, cuando me encontraba allí para cubrir una serie de violentas protestas que habían estallado en Venezuela.
Aquel día soleado, mientras nuestro equipo de CNN se dirigía hacia el edificio que alberga la Asamblea Nacional para realizar entrevistas, nos percatamos de que un grupo de hombres se dirigía en la misma dirección desde el lado opuesto de la calle.
“¡Deprisa!”, dijo Osmary Hernández, corresponsal de CNN en español en Caracas. “Creo que los colectivos están calle arriba”. Todos aceleramos el paso y respiramos aliviados cuando llegamos al edificio. Los colectivos son grupos armados que funcionan como una banda callejera, pero están estrechamente afiliados al gobierno socialista y suelen hacer su trabajo sucio.
Momentos después de entrar en el edificio, Julio Borges, diputado de la oposición y expresidente de la Asamblea, llegó en mal estado. Tenía la nariz ensangrentada y dijo que un grupo de legisladores de la oposición como él habían sido atacados por colectivos cuando se dirigían a la oficina de la autoridad electoral nacional. El mes anterior, el presidente Nicolás Maduro había declarado el “Estado de excepción constitucional”.
Incluso antes de ese tumultuoso período, había quedado meridianamente claro que el gobierno de Maduro tenía el control absoluto de los tres poderes del Estado, así como del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Y, como acabábamos de ver, también controlaba las calles de Caracas. Maduro, que ahora tiene 61 años, es un antiguo conductor de autobús que se convirtió en dirigente sindical del metro de Caracas y ascendió en el escalafón. Es el sucesor elegido a dedo del difunto hombre fuerte Hugo Chávez, que gobernó Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013.
Una nueva ola de violencia volvió a sacudir Venezuela en 2019. En enero de ese año, Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, se había autoproclamado presidente interino de Venezuela. Guaidó, que entonces tenía 35 años, argumentó que tenía el derecho constitucional a la presidencia como líder de la Asamblea porque Maduro, que había jurado el cargo solo unos días antes, era un presidente ilegítimo.
Tanto la oposición como los líderes de varios países de la región habían calificado de farsa las elecciones del año anterior. Guaidó convenció a 50 países de que tenía derecho a ser presidente, incluido Estados Unidos.
En junio de 2019, cuando regresé a Caracas, Guaidó ya había intentado un levantamiento militar que casi tuvo éxito el 30 de abril, seguido de semanas de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron decenas de muertos.
En los últimos meses, el mundo volvió a prestar mucha atención a Venezuela cuando el país se preparaba para celebrar nuevas elecciones presidenciales. ¿Permitiría Maduro a la oposición presentar un candidato de su elección? ¿Serían unas elecciones libres, justas y transparentes? ¿Se utilizarían de nuevo los colectivos para intimidar a los votantes, como se había hecho en elecciones anteriores?
La primera y la segunda pregunta encontraron respuesta en enero, cuando el tribunal supremo de Venezuela prohibió a la líder opositora María Corina Machado presentarse a las elecciones presidenciales (o a cualquier otro cargo electo) durante 15 años por supuestas irregularidades financieras. Machado había obtenido más del 90% de los votos en las primarias de la oposición del pasado octubre. Atrajo a grandes multitudes allá donde fue, a pesar de que el gobierno hizo todo lo posible por detenerla, incluso persiguiendo a quienes alquilaban equipos de sonido para su campaña.
La tercera pregunta se respondió en las últimas horas de las elecciones, el domingo, cuando los colectivos se presentaron en al menos un centro electoral de Caracas y empezaron a golpear a simpatizantes de la oposición a los que la dirección había pedido que vigilaran las urnas para evitar manipulaciones.
Los que seguimos Venezuela desde hace décadas ya hemos visto esta película: unas elecciones “farsa” para justificar la permanencia de Maduro en el poder. La democracia se ha ido debilitando gradualmente en Venezuela durante los últimos 25 años, desde que el carismático líder socialista Chávez subió al poder en 1999.
Mientras los venezolanos y el mundo esperaban los resultados el domingo por la noche, la autoridad electoral del país retrasó su publicación, alegando que el sistema había sido blanco de piratas informáticos que operaban desde Macedonia del Norte, sin mostrar ninguna prueba. No era de extrañar en un país donde los tres poderes del Estado están en manos de leales al gobierno, cientos de líderes de la oposición han sido encarcelados y la verdadera democracia no ha existido en una generación.
“¿Hay algo diferente esta vez?” Esa es la pregunta que le hice a Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y actual profesor de Política Latinoamericana en la Universidad de Georgetown, que ha seguido la política venezolana durante décadas.
Shifter dijo que la victoria de Maduro fue un “fraude flagrante, masivo y atroz”, pero la oposición logró hacer algo que no había podido hacer antes: unirse detrás de un solo candidato y acudir masivamente a las urnas.
“La alternativa [a participar en las elecciones] era sacarse completamente del juego político, decir ‘nos negamos a participar en estas elecciones injustas e inequitativas’, pero eso habría dejado a la oposición en una posición más débil en términos prácticos y políticos”, como ocurrió en 2018, cuando la oposición decidió boicotear todo el proceso.
“Creo que la oposición aprendió que negarse a participar en las elecciones no ayudaba a su causa. Reconocieron que incluso cuando las elecciones no eran libres y justas, necesitaban derrotar a Maduro en sus términos, lo que han hecho”, dijo Shifter.
El CNE de Venezuela declaró ganador a Maduro el lunes diciendo que había ganado con el 51,2% de los votos, con el 80% de las papeletas escrutadas. Su principal rival, el candidato opositor Edmundo González, había obtenido el 44,2% de los votos, según el organismo.
Críticos como el expresidente boliviano Jorge Fernando “Tuto” Quiroga, que fue uno de los varios exjefes de Estado a los que su gobierno impidió volar a Venezuela cuando intentaban actuar como observadores, calificó al gobierno de Maduro de “régimen desesperado; una tiranía abierta, pura y dura que ha optado por robarse la presidencia escenificando una coronación fraudulenta”. En una entrevista con CNN, dijo que ni siquiera las matemáticas cuadraban cuando las autoridades electorales venezolanas declararon un ganador con el 80% de los votos escrutados.
“Cuando estás en primer grado, aprendes que 20 es más que siete”, dijo Quiroga. “La probabilidad de que [el candidato presidencial opositor] Edmundo [González] pudiera haber ganado era baja, pero aun aritméticamente posible” en ese momento, dijo, y agregó que antes de la elección había encuestas creíbles a boca de urna que mostraban que González llevaba una ventaja de hasta 40%.
Al igual que en 2016 y 2019, la violencia ha vuelto a Venezuela. Al menos 11 personas murieron durante las protestas en Venezuela el lunes, según la organización no gubernamental Foro Penal en las redes sociales. Las autoridades venezolanas dicen que más de 700 personas fueron detenidas en las protestas. El partido político opositor venezolano Voluntad Popular dijo el martes que su líder Freddy Superlano ha sido secuestrado.
A diferencia de las elecciones de 2018, dice Shifter, esta vez la oposición “sabe que ganó, y el régimen sabe que esta ganó”. La pregunta ahora es cuánto tiempo puede aguantar la coalición gobernante que incluye no solo a los socialistas, sino también a las Fuerzas Armadas, dijo Shifter.
Si esa coalición se “divide y debilita, las Fuerzas Armadas pueden decir ‘este barco se hunde y no queremos hundirnos con él’”, dijo Shifter.
* Artículo original: “Venezuelans have seen this movie before, but Maduro should beware. This time, the ending could be different”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
Estrategia para Venezuela: ¿más sangre?
“Se organizó un circo electoral a sabiendas de que la entidad que arbitra el proceso y toda la infraestructura, están bajo el control absoluto del régimen”.