Cuarenta y dos fiscales generales han presentado demandas contra Meta, acusando al gigante tecnológico de integrar funciones adictivas dirigidas específicamente a niños y adolescentes en sus plataformas, en particular Facebook e Instagram. El anuncio se hizo hoy, martes, y el apoyo generalizado de fiscales generales de todo el espectro político implica un severo desafío legal al modelo de negocio de Meta.
Meta se enfrenta ahora a múltiples demandas que abarcan varios distritos. Un comunicado de prensa de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó de que 33 fiscales generales estatales han registrado una demanda federal contra Meta en el Distrito Norte de California. Otros 9 fiscales generales han emprendido acciones legales en sus respectivos estados. Entre los estados que han iniciado la demanda federal se encuentran Nueva York, California, Colorado, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Washington y Wisconsin.
Esta serie de demandas pone de manifiesto el énfasis bipartidista que las fuerzas del orden estatales han puesto en la protección de los menores frente a posibles amenazas en línea.
Este no es el primer encuentro que Meta ha tenido con una coalición de fiscales generales estatales. En 2020, 48 estados y territorios interpusieron una demanda contra Meta, alegando violaciones de las leyes antimonopolio. Esta demanda se sumó a otra presentada por la Comisión Federal de Comercio.
Los fiscales generales afirman que Meta diseñó intencionadamente sus plataformas para garantizar que los usuarios jóvenes pasaran más tiempo en ellas y volvieran con frecuencia. Esto se logró supuestamente mediante el diseño de algoritmos, notificaciones interminables y la función de “desplazamiento infinito”. Además, alegan que ciertas funciones, como los “me gusta” y los filtros de fotos, afectan negativamente al bienestar mental de los adolescentes al fomentar problemas como la dismorfia corporal.
Por otra parte, la demanda federal sostiene que Meta infringió la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos personales de usuarios menores de 13 años sin el consentimiento paterno.
Los estados pretenden poner coto a lo que consideran prácticas perjudiciales de Meta y también exigen sanciones e indemnizaciones.
Las pruebas sugieren que Meta era consciente de las posibles ramificaciones negativas de los diseños de su plataforma en los usuarios jóvenes. Como se afirma en el comunicado de prensa de la oficina de James, “los propios documentos de investigación interna de Meta muestran su conciencia de que sus productos perjudican a los usuarios jóvenes”. El comunicado subraya además que los estudios internos filtrados muestran que Meta es consciente de estos problemas desde hace tiempo.
Frances Haugen, una ex empleada de Facebook, saltó a los titulares en 2021 al sacar a la luz documentos internos de la empresa. Estos documentos, de los que informó The Wall Street Journal, incluían un estudio sobre los efectos de Instagram, que indicaba que exacerbaba la percepción negativa del cuerpo en el 32 % de las adolescentes.
El fiscal general del distrito de Columbia, Brian Schwalb, subrayó la importancia de la transparencia en las empresas tecnológicas y recalcó que Meta debería haber advertido sobre el carácter potencialmente adictivo de sus plataformas.
El portavoz de Meta, Andy Stone, respondió destacando el compromiso de la empresa de garantizar un entorno en línea seguro para los adolescentes. Stone expresó su decepción por la vía legal elegida y sugirió la colaboración con las empresas tecnológicas para establecer normas adecuadas a la edad.
A pesar de centrarse en Meta, muchas plataformas de medios sociales emplean estrategias similares de participación de los usuarios. Schwalb señaló que, mientras otras empresas tratan de retener la atención del usuario, Meta lo hace excesivamente bien, a menudo en detrimento de los usuarios jóvenes. Señaló el miedo inherente a perderse algo (FOMO) en los adolescentes como factor del éxito de Meta.
El presidente Joe Biden también ha dado prioridad a la seguridad y la salud mental de los niños en Internet, destacando su importancia durante el Estado de la Unión. Este esfuerzo colectivo de los fiscales generales de todos los partidos pone de manifiesto el interés común por abordar cuestiones de protección del consumidor de esta magnitud. Como declaró Schwalb, es una oportunidad para la unidad en la misión de garantizar unos Estados Unidos más seguros.
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