Un juez federal limita las interacciones entre el Gobierno y las redes sociales
En una medida sin precedentes, el juez de distrito Terry Doughty, de Luisiana, ha impuesto una amplia medida cautelar que limita la capacidad del gobierno federal para comunicarse con las empresas de medios sociales sobre contenidos en línea. La sentencia, una posible violación de la Primera Enmienda, restringe a los funcionarios de la Casa Blanca y a diversas agencias federales la posibilidad de entablar relaciones con empresas de medios sociales para suprimir opiniones políticas y otros discursos normalmente inmunes a la censura gubernamental. Esta información fue publicada por Jacob Gershman en ‘The Wall Street Journal’.
Los fiscales generales republicanos lideran la demanda
La medida cautelar del juez tiene su origen en una demanda encabezada por los fiscales generales republicanos de Misuri y Luisiana. Según el informe de Gershman en ‘The Wall Street Journal’, la demanda alega que la administración Biden ha creado una amplia “empresa federal de censura” en sus esfuerzos por sofocar lo que percibe como desinformación generalizada que circula por las plataformas de medios sociales. Según la demanda, el gobierno ha presionado a las plataformas de medios sociales para que eliminen determinadas opiniones sobre las políticas sanitarias de Covid-19, los orígenes de la pandemia, la historia del portátil Hunter Biden, la seguridad de las elecciones y otras cuestiones polémicas.
Restricciones sin precedentes al escrutinio gubernamental del contenido de las redes sociales
El informe de Gershman indica que este caso es una de las batallas por la Primera Enmienda más importantes actualmente pendientes en los tribunales, que examina las limitaciones del gobierno a la hora de analizar el contenido de los medios sociales en Twitter, Facebook, YouTube y otras plataformas destacadas. Los expertos jurídicos implicados en el caso señalan que nunca antes un juez federal había establecido restricciones tan amplias a la comunicación del Gobierno federal con las plataformas en línea.
Escépticos juristas y posible apelación
A pesar de la sentencia, Gershman informó en ‘The Wall Street Journal’ de que algunos juristas siguen dudando de que el gobierno pueda ser considerado responsable de las decisiones de moderación de contenidos que en última instancia determinan las empresas privadas, o de que los tribunales puedan intervenir sin mermar la legítima expresión del gobierno en asuntos controvertidos de interés público. Se espera que el Departamento de Justicia recurra la orden judicial.
Avivando el debate sobre la censura en Internet
Es probable que la orden, emitida el Día de la Independencia, amplifique las críticas conservadoras sobre la censura en Internet y provoque un mayor debate sobre el papel del gobierno a la hora de animar a las plataformas a retirar contenidos que considere desinformativos, malintencionados o perjudiciales para la salud pública, según el informe de Jacob Gershman. En su fallo, el juez Doughty, designado por el expresidente Donald Trump, declaró: “Durante la pandemia de COVID-19, un período quizás mejor caracterizado por la duda y la incertidumbre generalizadas, el Gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar a un orwelliano “Ministerio de la Verdad”.
Missouri contra Biden: un caso de prueba para las demandas de censura por delegación.
Missouri v. Biden, como se conoce el caso, se une a una lista de las denominadas demandas de censura por poderes que impugnan la eliminación de contenidos y otras formas de supresión de publicaciones en las redes sociales por motivos relacionados con la Primera Enmienda. Los demandantes sostienen que la Casa Blanca y otros funcionarios del Gobierno han coaccionado a las empresas de medios sociales para que supriman las opiniones que no son del agrado de la Administración, incluidas las críticas a los mandatos de máscaras y las objeciones a la vacunación infantil con Covid-19, con amenazas veladas de nuevas responsabilidades normativas y de aplicación de la legislación antimonopolio, según informa Gershman.
Respuesta del Departamento de Justicia
En un escrito de casi 300 páginas, el Departamento de Justicia, que representa a los demandados gubernamentales, negó las acusaciones, afirmando que el Gobierno Federal tomó las medidas necesarias para proteger la salud pública, la seguridad y la seguridad frente a una pandemia mortal y los ataques extranjeros a la infraestructura electoral crítica. El Departamento advirtió de que la medida cautelar solicitada por los demandantes mermaría significativamente la capacidad del Gobierno Federal para contrarrestar las campañas extranjeras de influencia maligna, perseguir delitos, salvaguardar la seguridad nacional y proporcionar información precisa al público sobre asuntos críticos como la sanidad y la integridad de las elecciones.
La aclaración del juez
El juez Doughty subrayó que su orden no es una prohibición general de la comunicación del Gobierno con las redes sociales. Las agencias federales pueden informar a las plataformas sobre publicaciones que impliquen actividades delictivas, amenazas a la seguridad nacional o riesgos para la seguridad pública, o contenidos destinados a engañar a los votantes sobre los requisitos y procedimientos de votación. Además, aclaró, su orden no impide a las agencias federales “ejercer un discurso público permisible que promueva políticas gubernamentales o puntos de vista sobre asuntos de interés público”, según ‘The Wall Street Journal’ y su autor Jacob Gershman.
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