La abogada Teresa Flores, directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE).
La reciente operación militar que extrajo al dictador Nicolás Maduro de Caracas y lo puso a disposición de tribunales estadounidenses ha puesto los ojos del mundo en Venezuela. Pero la atención de la abogada Teresa Flores ha estado en ese país por años, así como su interés en la defensa de la libertad religiosa.
Peruana, vive en Chiclayo, una ciudad casi desconocida internacionalmente, que en los últimos meses ha despertado interés como centro de “turismo religioso”. ¿La razón? El nuevo Papa de la Iglesia Católica, León XIV, pasó parte de su ministerio sudamericano allí, cuando aún era simplemente Robert Francis Prevost. En este lugar comió, visitó edificios, conoció vecinos. Las historias sobre el sucesor de Pedro se multiplican allí y, con ellas, el interés en temas de religiosidad.
Once años atrás, Flores entendió cómo su labor profesional como abogada compaginaba con la protección de este derecho, tras participar en el Blackstone Legal Fellowship, de Alliance Defending Freedom.
Luego trabajó en organizaciones conectadas con el tema, hasta incorporarse al Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE), que dirige desde 2020, y donde monitorea, documenta y analiza restricciones y violaciones en la región. Desgraciadamente, su trabajo parece aumentar en un contexto signado por regímenes socialistas, grupos guerrilleros y el auge del crimen organizado.
Primero, creo clave refrescar qué es la libertad religiosa y cómo se entiende, holísticamente, desde organizaciones como OLIRE.
El derecho a la libertad religiosa es más amplio de lo que comúnmente se entiende. Para muchos, este derecho se reduce a la posibilidad de atender al servicio religioso o culto; sin embargo, incluye muchas más libertades. Por ejemplo, que sea posible fundar escuelas o seminarios, expresar y difundir mediante publicaciones u otros medios las propias creencias oinculcarlas a los hijos.
No tener una visión clara del alcance de todas estas libertades imposibilita en la práctica reconocer cuándo este derecho está siendo limitado o no.
También es importante comprender que el derecho a la libertad religiosa no es el derecho de una religión, sino del ser humano, independientemente de la confesión que tenga, pues asiste al creyente y no creyente.
Es un derecho intrínseco al ser humano y en ese sentido a los Estados solo les corresponde reconocerlo en sus ordenamientos jurídicos. Las leyes no lo otorgan. En principio, lo deben reconocer, garantizar y promover.
Se trata de uno de los primeros derechos humanos reconocido como tal, antes que muchos otros derechos civiles, políticos, sociales. Y la manera en que un gobierno lo protege o lo restringe, suele ser un indicador muy claro del nivel de respeto que tiene hacia los derechos humanos en general.
Sabiendo que estos regímenes están hermanados en doctrinas políticas izquierdistas, ¿qué une y qué distingue las violaciones a la libertad religiosa en Cuba, Nicaragua y Venezuela?
Las similitudes, como le expliqué hace unos meses a la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), son varias.
Una es la instrumentalización de la religión con fines políticos. En los tres países, los gobiernos utilizan selectivamente el lenguaje, los líderes o las instituciones religiosas para legitimar sus políticas y reprimir la disidencia. Los actores religiosos solo son tolerados cuando se hacen eco de las narrativas oficiales o evitan las críticas.
También existen marcos legales y administrativos restrictivos. Las autoridades emplean sistemas de registro altamente discrecionales, controles burocráticos excesivos y disposiciones legales vagas para limitar la actividad religiosa. Esto otorga a los gobiernos un amplio poder para negar arbitrariamente el reconocimiento legal, obstruir reuniones religiosas o disolver organizaciones religiosas.
Otro elemento que unifica a los regímenes mencionados es la persecución de voces independientes y proféticas. Los líderes y las comunidades religiosas que brindan asistencia social, defienden los derechos humanos o denuncian la corrupción y los abusos son particularmente vulnerables a la vigilancia, el acoso y, en algunos casos, al exilio forzado o al encarcelamiento.
A la vez, prolifera la creación de estructuras religiosas alineadas con el Estado. Cada gobierno promueve o se apoya en organizaciones religiosas que actúan como brazos políticos del régimen.
En Cuba, el Consejo de Iglesias y la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos actúan como guardianes, facilitando el reconocimiento y la visibilidad únicamente a quienes están alineados con el gobierno. En Venezuela, el viceministerio de Asuntos Religiosos y Culto y el aparente acercamiento a ciertos grupos evangélicos reflejan un patrón similar de cooptación. En Nicaragua, la Federación de Iglesias Evangélicas, recientemente más visible, desempeña un papel comparable, agrupando a iglesias no opositoras y recibiendo beneficios especiales no otorgados a otras.
En La Habana, Managua y Caracas, la instrumentalización legal es una herramienta de represión. Las leyes que regulan las asociaciones, la financiación extranjera, la seguridad nacional o el “orden público” se aplican deliberadamente contra grupos y líderes religiosos. Esta instrumentalización legal no solo justifica acciones arbitrarias del Estado, sino que también crea un clima permanente de temor y autocensura entre las comunidades de fe.
Todas estas similitudes revelan una tendencia más amplia: la libertad religiosa se tolera solo cuando está subordinada al control político, mientras que la actividad religiosa independiente se percibe como una amenaza para la estabilidad del régimen.
¿Y las diferencias?
En Cuba, los patrones de violaciones a la libertad religiosa se han mantenido relativamente estables; la estructura sigue siendo sistemática y sostenida, con pocos cambios a lo largo del tiempo. La represión se dirige principalmente contra las minorías religiosas y las iglesias no registradas, y la arbitrariedad sigue siendo la norma, dependiendo del grado de disidencia o activismo percibido contra el gobierno.
Además, el Estado busca mantener a los grupos religiosos bajo control y continúa interfiriendo en la esfera familiar, con riesgos para los derechos de los padres, particularmente en lo relacionado con el adoctrinamiento de los niños en las escuelas, lo cual se alinea con las reformas constitucionales que otorgan legitimidad legal a la represión.
Si bien Cuba fue la creadora del modelo de represión religiosa, ahora sigue el ejemplo de Nicaragua al intentar formalizar dicha represión mediante reformas constitucionales.
En Nicaragua, el sistema legal que sustenta la represión es más severo y sólido. La represión ha cambiado de forma: de actos visibles como arrestos masivos, deportaciones o cierres generalizados de organizaciones, a una presión y hostilidad más sutiles pero sostenidas. El Estado busca asegurar la lealtad de las comunidades religiosas, especialmente las evangélicas, condicionando su estatus legal para que puedan seguir operando en el país.
Por otro lado, la presencia pública y la influencia de la Iglesia Católica se ven restringidas mediante el monitoreo, la vigilancia y el silenciamiento. Se observa una formalización de la represión a través de marcos legales manipulados, particularmente tras las recientes reformas constitucionales. Los intentos de Nicaragua por alinear a las iglesias evangélicas con sus intereses se asemejan al modelo venezolano.
En Venezuela, la principal diferencia radica en que la relación del gobierno con las comunidades religiosas varía según el contexto político. Por ejemplo, en julio de 2024 hubo un claro intento de manipular el voto cristiano, lo que generó una mayor presión sobre las iglesias para que demostraran lealtad al gobierno.
Este año, al haber pasado esa necesidad política, el gobierno ya no prioriza la cercanía con las iglesias e incluso se permite confrontarlas más abiertamente. Se han emitido declaraciones confrontativas contra la Iglesia Católica e incluso se han producido arrestos de pastores evangélicos, algo que no ocurrió el año anterior.
Un riesgo clave en Venezuela es el papel de los grupos criminales, particularmente a lo largo de las fronteras del país, donde ejercen presión y control sobre las comunidades religiosas, añadiendo una capa adicional de amenaza más allá de la acción estatal.
¿Podrías abundar un poco más en ese aspecto? Sabemos que la presencia de guerrillas en Colombia afecta a los países vecinos. Pero, ¿cómo impacta eso a los grupos de fe en territorio venezolano?
Por ejemplo, el colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha mantenido una presencia intermitente en diversas zonas mineras del estado Bolívar, Venezuela, desde al menos 2018.
Según Insight Crime, las operaciones del ELN en Venezuela lo han transformado, de facto, en un grupo guerrillero binacional, con presencia en al menos 40 municipios en ocho de los 24 estados venezolanos, operando a menudo con la aquiescencia y, en ocasiones, la colaboración de las fuerzas de seguridad chavistas.
Otros grupos armados locales, como las Fuerzas Bolivarianas para la Liberación (FBL), también han sido acusados de realizar operaciones conjuntas con la guerrilla del ELN.
La presencia del crimen organizado en estos territorios supone un grave riesgo para los líderes religiosos, que cuestionan el statu quo impuesto por estos grupos. Quienes se oponen o denuncian el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados o brindan ayuda humanitaria, que las organizaciones criminales buscan monopolizar para mantener el control territorial, corren un mayor riesgo.
De igual forma, los líderes religiosos también enfrentan amenazas cuando denuncian la corrupción o los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad. En general, los líderes de fe deben acatar las normas impuestas por los grupos guerrilleros para evitar represalias. Y algunas de estas normas incluyen solicitar permiso para transitar por ciertas carreteras; solicitar autorización para actividades como reuniones religiosas, visitas domiciliarias o labores de asistencia humanitaria; u operar bajo vigilancia constante, ya que los servicios religiosos y las homilías son monitoreados de forma rutinaria por miembros de estas agrupaciones criminales.
Además, la presencia de estos grupos guerrilleros colombianos, en particular del ELN, ha propiciado el adoctrinamiento de niños y jóvenes, especialmente en zonas rurales indígenas y fronterizas del país. Incluso, los docentes y las autoridades escolares a menudo se ven obligados a distribuir panfletos que promueven la ideología política de estos grupos. Muchos lo hacen en contra de su voluntad, para evitar ser víctimas de represalias.
El Sandinismo liberó en el verano a líderes evangélicos conectados con el caso de Mountain Gateway. ¿Impactó a la libertad religiosa en Nicaragua ese episodio de 2018?
Por mucho tiempo las iglesias evangélicas se vieron en la necesidad de realizar sus actividades manteniendo un “perfil bajo”, lo que no puede interpretarse como apoyo absoluto al gobierno, sino más bien como resultado del temor por su integridad, el de sus familias y congregación.
No obstante, el arresto y posterior exilio de 10 miembros la Iglesia Mountain Gateway en 2024 probó que la actitud pasiva en política de algunos evangélicos no impide en la práctica que sufran las consecuencias de la represión en el país.
Aunque Mountain Gateway no era opositora ni había asumido una postura política explícita, su crecimiento y capacidad de convocatoria la volvieron visible e influyente en un contexto donde Daniel Ortega busca controlar cualquier actor social con capacidad de movilización.
Esta lógica se reforzó con los arrestos de sacerdotes y pastores, exilios forzados, despojo de nacionalidad, cierre de templos y organizaciones confesionales, confiscación de bienes y cancelación de personerías jurídicas.
La Constitución chavista consagra la libertad de culto en su artículo 59: “toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos, y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público”. Pero, en la práctica, ¿cómo es?
Como explicamos en nuestro más reciente reporte de país, en cuanto al marco legal, la Constitución de la República Bolivariana garantiza la libertad de religión y culto siempre que no atente contra la moral y el orden público. Garantiza la independencia de las iglesias y confesiones religiosas, y reconoce el derecho de los padres a elegir, según sus convicciones la educación religiosa de sus hijos.
Sin embargo, en Venezuela existen normas y resoluciones que en la práctica contradicen lo establecido en la Constitución y más bien limitan el derecho a la libertad religiosa en sus múltiples dimensiones.
El Código Penal chavista establece que el ministro de cualquier culto que, ejerciendo sus funciones, trate con desprecio público o vilipendio a las instituciones, las leyes de la república o los actos de la autoridad, puede ser detenido de uno a seis meses.
Además, la Ley contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia establece sanciones, multas y penas de hasta 20 años de prisión para quien promueva o cometa “crímenes de odio” con sus mensajes en medios o redes sociales; y se aplica arbitrariamente para censurar cualquier mensaje crítico del oficialismo.
En general, la afiliación religiosa en sí no es una fuente de discriminación; aunque la participación activa de grupos, líderes e individuos religiosos en iniciativas sociales y/o políticas puede ser causa de represalias.
Ha habido estrecha relación entre el ahora depuesto Nicolás Maduro y algunas facciones evangélicas, especialmente aquellas cuyos líderes simpatizan con el régimen. En la práctica, esto implica facilidades en términos de registro, al emitir permisos, autorizaciones, entrega de bienes y uso de servicios públicos.
Por ejemplo, recientemente, Maduro eximió a las iglesias evangélicas del pago de la protocolización de las Actas Constitutivas de las Asociaciones Civiles de carácter religioso sin ánimo de lucro.
La cercanía al régimen genera disposiciones como la aprobación del proyecto para crear la Primera Universidad Teológica Evangélica de Venezuela; la aprobación de un decreto que declara el 15 de enero como Día Nacional del Pastor, así como conmemoraciones anuales de este día o el lanzamiento del programa “Mi iglesia bien equipada”, que da apoyo estatal para restaurar iglesias, para programas sociales y espacios en radio y televisión.
A la vez, la Comisión de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) también mantuvo reuniones con enlaces municipales para promover el voto a favor de Maduro en el marco de las últimas elecciones presidenciales.
Todo lo citado puede traducirse como una forma de aceptación de estas denominaciones, pero también de control y manipulación para satisfacer intereses políticos.
Fuentes de OLIRE han enfatizado que actores conectados con el cuerpo de seguridad del gobierno y oficinas estatales a distintos niveles permiten y participan de las actividades de las iglesias, pero en la medida en que realicen acciones proselitistas a favor del PSUV.
Pero, ¿ha habido alguna resistencia?
Sí. El Consejo Evangélico de Venezuela (CEV) ha advertido que los grupos afines al régimen no son representativos de todo el pueblo cristiano evangélico. En más de una ocasión han expresado su oposición a las iniciativas del gobierno. Argumentan que el interés para favorecer a grupos religiosos afines a su agenda tiene un componente estrictamente político, rompe la separación Iglesia-Estado y de alguna forma busca avanzar el establecimiento de un tipo de religión o de grupos religiosos en la medida que le sean afines.
La Iglesia Católica, por su parte, tiene especialmente en las autoridades eclesiásticas una abierta crítica al PSUV y sus políticas antidemocráticas: denuncian la crisis social y económica, y las violaciones de derechos humanos en el país.
A nombre de OLIRE has hablado sobre ligeros cambios en la dinámica de violaciones a la libertad de religión o de creencias en Venezuela desde las elecciones de 2024.
Aunque no se observa un aumento significativo en comparación con años anteriores, sí se aprecian ligeros cambios en la dinámica.
Uno de ellos es la politización de las celebraciones religiosas. El gobierno de Maduro utilizó festividades como la Navidad con fines políticos, a pesar de las objeciones de los líderes católicos. Asimismo, la criminalización e intimidación del clero a través de arrestos o amenazas bajo cargos como “terrorismo” o una presunta asociación con grupos criminales, o por sermones críticos con el gobierno.
De otro lado, hay restricciones a la actividad religiosa pública. Varios líderes religiosos que solicitaban permisos para celebrar eventos en espacios públicos a veces debían aceptar la presencia de representantes del gobierno y, en caso de negarse, se les denegaban las autorizaciones y posteriormente eran sometidos a vigilancia.
Las amenazas y ataques de actores no estatales también incluyen a los grupos guerrilleros y bandas criminales que hemos mencionado, mediante la imposición de restricciones a las actividades religiosas, extorsionaron a las comunidades, vandalizaron propiedades de las iglesias y, en algunos casos, perpetraron ataques violentos contra pastores, incluso asesinatos.
En conjunto, estos incidentes demuestran que las violaciones en Venezuela son constantes y, tras las elecciones de 2024, están condicionadas por una combinación de presión estatal, instrumentalización política y amenazas de actores no estatales.
En el caso cubano, la Isla volvió en 2021 a la lista de los países donde más se persigue a cristianos de Open Doors. En los años siguientes se ha mantenido e, incluso, “avanzado” en el listado general hacia posiciones de mayor represión.
Las limitaciones en las actividades de líderes religiosos, percibidos o conocidos como opositores, se mantienen a diferentes niveles.
En algunos casos, regímenes dictatoriales usan organizaciones afines para aparentar que la libertad religiosa (o de otros tipos) se respeta. En esa jugarreta, el castrismo, por ejemplo, ha torcido lo que podría ser un sano ecumenismo de acción en un caldo de cultivo para debilitar la influencia social de organizaciones más militantes contra los valores del socialismo. ¿Ha ocurrido algo así en los gobiernos de Caracas y Managua?
En el caso de Venezuela sí se ha visto el ecumenismo utilizado como una estrategia política. Podemos mencionar la creación de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos del PSUV, una oficina creada para fortalecer el control sobre todos los grupos no católicos, ahora a cargo de Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdictador.
Parte de las estrategias promovidas por la oficina incluyen la instalación de Consejos Pastorales de Gobierno en todo el país, con el objetivo de integrar a los grupos cristianos en la gestión de los gobiernos regionales y locales. Estos consejos regionales apoyan las políticas gubernamentales sobre asuntos religiosos y están compuestos por delegados de algunas de las iglesias protestantes.
Hasta donde sabemos, no se ha creado ninguna oficina semejante en Nicaragua. Pero, en general, el gobierno sí ha intentado proyectar una imagen de apertura religiosa. Desde el año 2018 y con más fuerza en los siguientes años, el gobierno ha instaurado una especie de religiosidad oficial o Iglesia paralela. En más de una ocasión, ha patrocinado festividades y celebraciones religiosas en las que la Iglesia Católica no participa o ha expresado desacuerdo.
El régimen también ha ejercido presión directa sobre redes evangélicas para que firmen comunicados afirmando que en Nicaragua se respeta plenamente la libertad religiosa. El discurso oficial también presenta al gobierno como garante de la fe y, al mismo tiempo, a líderes religiosos como golpistas.
¿Qué recomiendas a la comunidad internacional para contribuir a la defensa de la libertad religiosa en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua?
Es importante contribuir a los esfuerzos de monitoreo y documentación de violaciones de derechos humanos, incluyendo un análisis centrado en la libertad religiosa.
También es vital continuar brindando espacios en diversas plataformas, regionales y universales para presentar la situación de estos países, a fin de no normalizar este contexto. El respaldo que estos foros brindan a las víctimas es a veces subestimado. El silencio, en cambio, fortalece los mecanismos de represión.
