En diciembre de 2025 se presentó en La Habana el proyecto editorial 25 para el 25, una iniciativa auspiciada por el gobierno de México y liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum en colaboración con el Fondo de Cultura Económica (FCE). Se trata de una campaña continental que contempla la distribución gratuita de 2,5 millones de libros en 14 países de América Latina y el Caribe con el objetivo de fortalecer el hábito de lectura entre jóvenes de 15 a 30 años.
El proyecto reúne una colección de 27 títulos de autores latinoamericanos contemporáneos, seleccionados por el FCE, entre los que se encuentran Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Piedad Bonnett, Roberto Fernández Retamar, Roque Dalton y Miguel Ángel Asturias, entre otros. Desde diversos géneros, la selección abarca temáticas históricas y sociales con un discurso en clave emancipador, un denominador común ya conocido en el pensamiento crítico del izquierdismo latinoamericano.
Presentación en el Capitolio Nacional de La Habana, por parte de autoridades cubanas y gestores del proyecto.
Fuente: muro de Facebook de Casa de las Américas (2025).
El Capitolio Nacional de La Habana fue uno de los escenarios inaugurales de una tirada de ejemplares cuya inversión mínima se estima en 1,4 millones de dólares. El lanzamiento del programa en la Isla contó con la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, el director de Casa de las Américas Abel Prieto y autoridades mexicanas. De forma simultánea, en otros países ocurrieron actos similares con la participación de mandatarios con afinidad ideológica; entre ellos, Gustavo Petro (Colombia) y Nicolás Maduro (Venezuela).
Actos de entrega de los libros por parte de autoridades de Cuba y Venezuela, respectivamente.
Fuente: El Universal (2025).
¿Qué dice la narrativa oficial del 25 para el 25 y cuán objetiva es?
Tanto las autoridades cubanas como mexicanas han enmarcado 25 para el 25 dentro de una diplomacia cultural de tinte antimperialista. En la presentación habanera, Miguel Díaz-Canel agradeció “la generosa iniciativa” de México, que permitirá a miles de jóvenes cubanos acceder gratis a “obras fundamentales de la literatura universal y latinoamericana”.
El proyecto, definido como “un puente de papel y tinta que une a las juventudes de Nuestra América”, se gestó durante más de dos años, forjando alianzas con gobiernos e instituciones culturales de distintos países que aseguraran la impresión local, la gestión de derechos y la logística de la distribución. En la planificación, también se contaba con actos oficiales en Colombia, Cuba, Venezuela, Chile y Ecuador, entre otros países, organizados por sus respectivos ministerios de cultura. De tal modo, la iniciativa logró aglutinar a la mayoría de los gobiernos de la región de tendencia centroizquierdista.
En consecuencia, la postura compartida ha tenido una fuerte carga política, diferenciando la cultura que engloba al proyecto, en contraposición a la de “potencias imperialistas como Estados Unidos”. Esta retórica no se circunscribe al ámbito simbólico, sino que ofrece una plataforma propicia para recursos diplomáticos de mayor peso. Por ejemplo, en el contexto bélico incrementado por tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la Embajada de Cuba en México difundió el lema “¡Menos bombas, más libros!” y condenó el embargo estadounidense a la Isla. En acto oficial en el Zócalo, el director del FCE Paco Ignacio Taibo II ya había declarado que el proyecto era la respuesta defensiva del continente en términos de soberanía: “Esta es la República de Juárez, la República de Bolívar y, si me apuran, la República del Che”.
Post de la Embajada de Cuba en México.
Fuente: X de @EmbaCuMex (2025).
A la hora de legitimar el proyecto, sus promotores insisten en el enfoque de los derechos culturales desde la premisa de que el acceso gratuito a la literatura y la promoción de la lectura constituyen un acto de justicia social y cultural. Se trata, según este discurso, de democratizar la cultura como base de una ciudadanía latinoamericana consciente y solidaria.
A pesar de la declaración de tal noble objetivo, el Observatorio de Derechos Culturales visibiliza varias lagunas en su puesta en escena:
En primer lugar, el uso de fondos públicos con fines geopolíticos en beneficio de regímenes aliados, ya que una de las principales críticas a la administración morenista proviene del uso de recursos públicos para ofrecer gratuidades a algunos gobiernos partícipes. Este esquema de inversión sucede en un contexto en el que varias de las administraciones implicadas han sido reconocidas internacionalmente como autócratas y criticadas algunas dependencias del gobierno federal mexicano por el uso de recursos públicos en programas similares.
Durante los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T), México ha canalizado apoyos significativos a regímenes afines, como Cuba, a sectores de salud, energía y cultura. Por ejemplo, ha pagado más de 2 000 millones de pesos para contratar y mantener a cientos de médicos cubanos sin métricas claras del impacto de ese programa hasta la fecha.[1] Igualmente, la petrolera estatal Pemex incrementó en 2025 los envíos de crudo y derivados a Cuba, exportando en el primer semestre 5 300 millones de pesos mexicanos en combustibles, pese a las propias necesidades energéticas de México. La donación de millones de libros a países clientelistas, como Cuba y Venezuela, se vuelve extensión de la agenda ideológica de la 4T, priorizando el apoyo a aliados políticos externos.
Un segundo punto incluye el cariz propagandístico y selectivo de la campaña. Si bien el proyecto presenta una orientación políticamente neutral en cuanto a contenidos, su ejecución y narrativa no la sustentan. Mientras el gobierno cubano celebra la entrega de libros de García Márquez y de Benedetti, sigue prohibiendo o marginando en silencio numerosas obras de autores críticos, tanto nacionales como extranjeros. Es decir, Cuba recibe libros gratuitos en nombre del pensamiento crítico, mientras mantiene controles férreos sobre la circulación de ideas y las lecturas accesibles al públicodentro del país. Por ejemplo, no se distribuyen obras de Carlos Manuel Álvarez, Rafael Vilches, Reinaldo Escobar o Ángel Santiesteban, entre otros escritores y ensayistas cubanos que, a pesar de haber sido publicados, han sido silenciados en los circuitos oficiales tras hacer públicas sus divergencias con la política gubernamental cubana.
Estas ausencias determinan que espacios como la Feria Internacional del Libro de La Habana ofrezcan menos diversidad y prioricen textos político-ideológicos. Títulos analíticos de militancia orgánica llenan cada vez más los anaqueles, sin rastros de obras que ofrezcan un juicio crítico plural en su contenido. De tal modo, festivales y programas se vuelven carpas políticas itinerantes de un mercado de subvenciones literarias, limitadas a un único discurso, resultado de un dirigismo cultural sesgado.
Desde el campo educativo, este avance muestra un ejemplo más claro y similar a los concilios de poder que nos ocupan. El Observatorio de Libertad Académica (OLA-Cuba) documentó este año el rediseño de los textos escolares de educación primaria cubanos para incrementar la carga doctrinal en este grupo estudiantil. Entre 2023 y 2024, el Ministerio de Educación de Cuba recibió, bajo el llamado “Tercer Perfeccionamiento” educativo, 15 millones de libros de texto por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; una iniciativa bilateral que destinó más de 22 millones de dólares para financiar la impresión y envío de literatura con alto contenido ideológico, lo cual OLA señaló como una “acción de vulneración a la libertad académica, con la agravante de la extraterritorialidad”.[2]
Esta ejecutoria, desde la cultura y la educación, busca sostener en las jóvenes generaciones del país una explícita formación doctrinal desde una visión histórica unilateral, con el predominio de figuras, símbolos y narrativas orgánicas con los postulados del campo cosmovisivo de “lo revolucionario cubano”. ¿Encontrarían los jóvenes cubanos referencias a autocracias de izquierda contemporáneas, más allá de los relatos sobre Trujillo, Somoza o Pinochet? En este sentido, 25 para el 25 recurre a la historia como liturgia, desviando la revisión de partidos socios de La Habana, artífices actuales de abusos de poder y que ningunean las voces disidentes de sus pueblos.
Como tercer punto, emergen la transparencia y la eficacia del programa. La iniciativa gubernamental también permite cuestionar la acción populista en sí. Las formas de distribución no contemplan estrategias eficaces para elevar los índices de lectura con programas de seguimiento más puntuales. En este sentido, la campaña se considera un golpe publicitario desde la proyección de un “latinoamericanismo humanista”.
Sin embargo, esta no es una acción inédita. En 2021, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo FCE gastó 2,30 millones de USD en la colección 21 para el 21. En esa ocasión, la impresión masiva de 21 títulos se enmarcó en la promoción “Hacia una República de Lectores” y fue financiada por el “Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado”, un organismo público creado en 2020, cuyo objetivo formal es administrar y enajenar bienes y recursos confiscados por el Estado.
Con 25 para el 25, la escala y la logística son aún mayores y más complejas, y dependerán en gran medida de las burocracias culturales de países con realidades muy distintas, como Cuba, sumida en una crisis estructural y multidimensional que impacta cada aspecto de la vida cotidiana. Sin redes de distribución robustas ni voluntades explícitas, muchos ejemplares podrían quedar relegados a depósitos oficiales o entregados histriónicamente a cuadros políticos seleccionados para la ocasión, sin mayores trascendencias. Tras el espectáculo y sin más que entregar donativos estratégicos y activos que otras naciones le aseguran gratis, el gobierno cubano desconoce por igual los derechos socioeconómicos de su pueblo al tiempo que destina efectivos a reprimir cualquier llamado de ayuda humanitaria, libertad cívica u otra reivindicación que manche su fachada.
Ceremonia de entrega con miembros del Buró Político cubano.
Fuente: muro de Facebook de Casa de las Américas (2025).
Paralelos en la región: cultura, propaganda y cooperación transnacional
La colaboración estrecha entre Cuba y México en 25 para el 25 refleja el acercamiento de las relaciones culturales y diplomáticas bajo la administración de la 4T. Desde entonces, México ha recuperado una política exterior más proactiva hacia la Isla, reeditando la tradición de amistad histórica. Prueba de ello ha sido la afirmación de Sheinbaum de que el apoyo al gobierno cubano es una “decisión soberana” de México basada en principios de “humanismo” y “hermandad latinoamericana”.[3]
Quizás en nombre de esa cercanía, se reedita una estrategia ideológico-cultural de larga data en la región, donde Cuba fue precursora. La propia Casa de las Américas, desde su fundación en 1959, ha sido emblemática como herramienta de diplomacia cultural mediante planes nacionales y continentales de literatura. Por ejemplo:
- Casa de las Américas (línea editorial de “lucha” continental con un mandato explícito a la intelectualidad “revolucionaria” latinoamericana”);
- Premio Casa de las Américas (construcción del canon latinoamericano como marca política en un circuito continental articulado desde La Habana);
- encuentros de redes militantes como la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (estructura transnacional de promoción, coalición y cabildeo político); y
- conmemoraciones a figuras políticas (Fidel Castro, Hugo Chávez) y actividades de corte cultural doctrinal, entre otros eventos.
Que esa misma institución celebre junto a México hoy un plan continental de libros sugiere una continuidad de aquella misión integracionista, ahora revitalizada por nuevos actores políticos. Mientras tanto, ya sea de forma activa o secundaria, ha contribuido a la restricción de la publicación y circulación de literatura “incómoda” dentro del circuito oficial, así como al castigo institucional por la opinión pública de los artistas cubanos, el borrado y control de la memoria cultural, y la criminalización de iniciativas artísticas independientes.
En este rigor, 25 para el 25 se inscribe en una tendencia histórica empleada por gobiernos autocráticos o populistas en América Latina para ganar influencia y legitimidad en los ámbitos doméstico e internacional. Se trata de un patrón en el que los autodenominados progresistas gobiernos de la región financian políticas públicas de alto impacto simbólico que contrastan con la tradicional asistencia limitada de otras naciones en materia cultural. De esta forma, aseguran la promoción de una agenda político-ideológica específica, una forma de poder blando que reivindica el patrimonio literario latinoamericano, aunque desde la competencia “irreconciliable”, contra la influencia cultural de Estados Unidos.
Semejante pensamiento crítico suele limitarse a cuestionar la hegemonía del sistema antagónico, pero no a la revisión, diversa y neutral, de otras gobernanzas que conviven con él, mucho menos las locales. De tal modo, el préstamo de un lenguaje emancipador, aparentemente reactualizado con las luchas contemporáneas, resulta dicotómico, desfasado, repetitivo, al condenar potencias desde sus instituciones procedentes de la Guerra Fría y cortejar otras en un mismo fervor colonial, como es el caso del discurso de Cuba y Venezuela hacia Rusia.
El ODC rechaza que los derechos culturales de los pueblos sean invocados con un supuesto propósito emancipador para, en la práctica, perseguir objetivos de legitimación política y de exportación o reforzamiento de narrativas ideológicas propias de regímenes autoritarios. La cooperación cultural entre los países analizados refleja la articulación de un bloque de liderazgo regional que se presenta como alternativa “antineoliberal” y contrapeso a los valores occidentales tradicionales; sin embargo, esa pretensión pierde sustento cuando la producción sociocultural y el debate público siguen sujetos a control, censura y sanción.
El ODC recuerda que fomentar el pensamiento crítico exige condiciones mínimas de pluralismo: aceptar el disenso, proteger el debate abierto y garantizar que la ciudadanía pueda cuestionar al poder sin temor a represalias. En países como Cuba y Venezuela, esas garantías continúan restringidas, lo que convierte la retórica de la “justicia cultural” en un recurso instrumental más que en una política de derechos.
Por último, el Observatorio sugiere retomar la premisa de que los derechos culturales no se agotan en el acceso —intermitente o condicionado— a determinados libros o autores. Incluyen, de forma inseparable, la libertad sostenida para crear, difundir y recibir información diversa, sin filtros ideológicos ni monopolios institucionales. Mientras estos gobiernos no aseguren plenamente esas libertades, sus iniciativas de diplomacia cultural arrastrarán un componente de doble estándar: promover la “cultura” hacia afuera, pero administrar y limitar la cultura hacia adentro.
Notas:
[1] “Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países”, en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/taibo-regala-25-mdp-en-libros-a-cuba-venezuela-colombia-y-otros-paises/.
[2] https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=613497918422622&rdid=uH67ksgZ7Gp4NDO3.
[3] “Claudia Sheinbaum ratifica el apoyo de México a Cuba”, en http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/12/22/claudia-sheinbaum-ratifica-el-apoyo-de-mexico-a-cuba/.
