En febrero de 2026, Cuba sostuvo un activo intercambio con la UNESCO. El día 18, la organización hizo un llamado a la cooperación internacional para sostener la continuidad de la educación en la Isla, advirtiendo que la crisis energética y económica comprometía el funcionamiento de los centros escolares. El 20 de febrero, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla fue recibido en París por su director general, Khaled El-Enany. Según agencias oficiales, en la visita se abordaron temas como el impacto del embargo estadounidense y el agradecimiento de las autoridades cubanas por el apoyo de la UNESCO, específicamente mediante la “identificación de recursos” y “movilización de fondos” en las ramas de educación, ciencia y cultura.
Rodríguez Parrilla y El-Enany en la sede parisina de la UNESCO. Fuente: CubaMinrex (2026).
Unos días antes, El-Enany —en ese cargo desde noviembre pasado— había recibido a María del Carmen Herrera, embajadora cubana ante la organización. Como colofón, una semana más tarde, en La Habana, la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO presentó el informe “Evaluación de necesidades post-desastre para el sector cultural en Cuba”, acompañado de una narrativa de resiliencia patrimonial, adaptación climática y gestión del riesgo.
Esta secuencia de acciones muestra la reactivación de un mecanismo lobista por parte del gobierno de Cuba, que conviene analizar con detenimiento. Más que cooperación técnica en materia cultural, se expone una gramática de urgencia que el Estado cubano ha usado históricamente como capital diplomático. Concretamente, y en ausencia de otros acuerdos, la dinámica del mes pasado sugiere la búsqueda de posibles canales facilitadores de recursos económicos y legitimación simbólica en un contexto nacional crítico.
Antecedentes inmediatos de la movilización de crisis como capital diplomático
En el contexto de la precarización de las condiciones socioculturales en Cuba, la respuesta de la UNESCO ha tenido presencia importante desde comienzos de año. En enero, la organización desplegó en el oriente del país una ruta de intervención educativa tras el impacto del huracán Melissa. Esto respondió a los datos preliminares del Ministerio de Educación (MINED) que indicaban que cerca de 39% de las escuelas impactadas habían sufrido daños y más de 1 000 seguían necesitando apoyo de la cooperación internacional. En consecuencia, se ejecutaron recorridos por Granma y Santiago de Cuba, ofreciendo apoyo psicosocial, formación docente, entrega de materiales y actividades culturales y artísticas orientadas a recomponer la vida escolar; una misión que alcanzaría 36 escuelas, unos 7 000 estudiantes y 300 docentes, según cálculos de la UNESCO.[1]
Presentación del informe en el Hotel Nacional. Fuente: muro de Facebook de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe (2026).
A mediados de febrero, el organismo realizó un llamado internacional para pedir financiamiento hacia metas más concretas: buscar que 50% de las escuelas del país acceda a energía sostenible; que la mitad cuente con huertos escolares y educación nutricional; que cerca de 80 000 docentes afectados reciban apoyos complementarios; y que unos 600 000 estudiantes tengan acceso a materiales y habilidades para la resiliencia. Ese mismo comunicado reconocía un déficit estimado de 26 000 docentes, más de 2 000 escuelas necesitadas de apoyo urgente y que la reorganización de horarios y modalidades de enseñanza debido a la escasez de combustible, afectando a más de un millón de estudiantes.[2]
Respecto a lo cultural, desde octubre de 2025 la UNESCO había estado desarrollando talleres en las provincias de Baracoa, Santiago de Cuba, La Habana y Artemisa para introducir la metodología de Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA) y acercar las políticas culturales a la Defensa Civil del país. En esos intercambios participaron más de 100 actores, junto con instituciones nacionales, autoridades locales, academias, artistas, grupos portadores y sociedad civil del ámbito oficialista. Los talleres incluyeron actualización de inventarios patrimoniales, digitalización de registros, identificación de vulnerabilidades y preparación de planes de emergencia para instituciones culturales. El proyecto estuvo financiado por el Fondo de Emergencia para el Patrimonio de la UNESCO y fue sostenido también por una red de donantes estatales y privados que incluía a Canadá, Francia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Qatar y Reino Unido, entre otros.[3]
Como ejercicio culminante de este procedimiento, la UNESCO presentó el informe post-desastre para el sector cultural en un encuentro realizado en el Hotel Nacional de La Habana en febrero pasado. El documento remarcó una “visión estratégica” sobre la resiliencia de las instituciones culturales y propuso acciones clave para salvaguardar el patrimonio frente a eventos extremos y al cambio climático. Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la UNESCO, enfocó como mayor urgencia y principal desencadenante los huracanes y sismos que afectaron a Cuba entre 2024 y 2025, con daños directos e indirectos sobre inmuebles, archivos, espacios de práctica cultural y circuitos comunitarios.
Si se revisan los informes de trabajo de organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la UNESCO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otros, se puede constatar la práctica recurrente de enumerar causas externas y generales. A los efectos de los desastres naturales de la región se suma el impacto del embargo estadounidense según cálculos gubernamentales. Sin embargo, en estos textos existe una omisión continua sobre las políticas fallidas que en materia socioeconómica ha emprendido el gobierno de Cuba en el avance del capitalismo de Estado o acerca de las medidas represivas y de coerción que ejecuta sobre sus ciudadanos de forma sistemática. A su vez, graves interferencias con motivación política —que han dificultado el trabajo de los oficiales internacionales en terreno, así como encarecido sus operaciones en detrimento de los receptores de la asistencia al desarrollo— son descritas como obstáculos técnicos o errores por azar.
Al respecto, grupos de investigación independientes como el Observatorio de Libertad Académica han lamentado la “visión ficticia” de estas soluciones.[4] Argumentos que se esgrimen para ello son, por ejemplo, el elevado control y discrecionalidad que dejan las acciones de estos organismos, totalmente dependientes de una estructura oficialista opaca y de carácter neopatrimonialista. Además, la moratoria total de participación de actores independientes o no aprobados con anterioridad por los ministerios cubanos que deben “ayudar” a administrar las ayudas, así como contra la gestión de iniciativas locales o de rendición de cuentas públicas fuera de los canales análogos del Estado.
Si bien la constatación de la crisis multifactorial en Cuba vuelve necesaria la búsqueda de cooperación, es importante recalcar que evaluaciones sesgadas emiten soluciones de igual tipo. Esta tendencia repetida no hace más que blanquear las responsabilidades del Estado cubano, así como aumentar su postura asistencialista y de extracción de fondos internacionales sin un verdadero compromiso de desarrollo.
Diplomacia de crisis en autocracias de bajos ingresos
Por décadas, la estabilidad autocrática en Cuba descansó en tres pilares fundamentales: legitimación hacia el exterior, represión doméstica y cooptación cívica. Estas categorías no funcionan por separado, se han apoyado sobre todo en la primera mediante reformas aparentes, participación en agendas globales y adhesión a causas internacionalmente valoradas. En otras ocasiones, el ODC ha reportado cómo términos, lenguajes y prácticas culturales han sido monopolizados por el Gobierno cubano para ganar prestigio moral, canalizar recursos, evitar cuestionamientos sobre sus prácticas de represión y ganar redes de apoyo. También cómo este ha sido un mecanismo base para la extracción de fondos internacionales. Autores como Julia Grauvogel y Christian Von Soest han demostrado cómo incluso sanciones internacionales fortalecen a los regímenes autoritarios cuando estos logran incorporar la narrativa “antisanciones” —en este caso antiembargo— a sus estrategias de legitimación. De esta manera, la diplomacia cultural de crisis (hacia afuera) llega a complementar la represión (hacia dentro).
Marcha en contra del embargo. Fuente: CubaInformación (2025).
La diplomacia de crisis en autocracia puede entenderse, entonces, como el conjunto de prácticas mediante las cuales un régimen no democrático traduce una situación de colapso, escasez o desastre en una oportunidad de reposicionamiento internacional. No se trata de gestionar una emergencia en lo doméstico, sino de narrarla hacia afuera de forma estratégicamente útil para su permanencia política y control. Así, la crisis deja de aparecer como evidencia de fracaso gubernamental y pasa a presentarse como escenario excepcional (bloqueo, asedio, etc.) que exige cooperación, comprensión, defensa de las medidas de excepción. Valga aclarar que, incluso en este escenario, la operatividad de la ayuda se condiciona a las exigencias del Estado autocrático, que se ofrece como interlocutor indispensable para canalizar, administrar, custodiar.
Por tanto, aunque la UNESCO, por diseño, coopera con Estados miembros y suele operar mediante contrapartes estatales, la tensión se hace evidente cuando la misma estructura estatal que firma proyectos de “resiliencia” y recibe financiamiento restringe derechos culturales y persigue a artistas, incluso construyendo figuras penales como la recepción de financiamiento extranjero, por irónico que parezca. Resemantizar la vulnerabilidad nacional como argumento diplomático y ofrecerse en cambio como mediador necesario para la contención de la crisis, cumple, por ende, varias funciones: atrae recursos, reduce el aislamiento, mejora la reputación, desplaza el foco desde la represión hacia la asistencia y reordena la conversación internacional en términos técnicamente aceptables y moralmente “legítimos”. En un final, fortalece el monopolio estatal sobre la definición de quién puede hablar en nombre de la nación y de su cultura.
Mayor contradicción de la asistencia: represión cultural
Mientras el Estado cubano pide cooperación internacional para proteger el patrimonio y sostener sistemas educativos y culturales, mantiene una política sistemática de hostigamiento contra artistas, escritores, periodistas y gestores independientes, y perpetúa un daño más profundo y extenso en la cultura nacional. El ODC ha reportado que, al cierre de 2025, se mantenían 17 artistas cubanos encarcelados.[5] Entre ellos, seguían Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), condenado en 2022 a 9 años de prisión; Luis Manuel Otero Alcántara cumpliendo una condena de 5 años en la prisión de máxima seguridad de Guanajay; Fernando Almenares Rivera (Nando OBDC), detenido el 31 de diciembre de 2024 y luego condenado a 5 años por “propaganda contra el orden constitucional”; y Wilmer Moreno Suárez (Mister Will D’Cuba), sentenciado a 18 años por sedición tras las protestas del 11 de julio.[6]
Infografías de acompañamiento con campaña #TODOS. Fuente: muro de Facebook del Observatorio de Derechos Culturales (2026).
Mientras uno de los factores que más golpean sobre la actual crisis multifactorial es la escasez de combustible, los agentes de la Seguridad del Estado cubano asedian, amedrentan y detienen a artistas cubanos en autos oficiales, al mismo tiempo en que son propuestos los informes de cooperación. Desde febrero, por ejemplo, el grupo de jóvenes del proyecto audiovisual e informativo El4tico ha sido continuamente vigilado y amenazado sus familiares y amigos. Dos de sus miembros, Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, permanecen detenidos desde el día 6 del pasado mes bajo los cargos de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, dos delitos construidos contra la libertad de expresión. En paralelo, la influencer Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), quien ha ganado el aprecio de los cubanos por su talento y creatividad en sus directas y dramatizados, ha comenzado a ser amenazada y su madre fue citada para interrogatorio.
Llegada a la estación de la PNR de la madre de Anna Bensi. Fuente: captura de su muro de Facebook (2026).
Además de la represión directa a artistas e intelectuales que hoy día están encarcelados, esperan fecha de juicio, tienen prohibida la salida del país o sufren vigilancia y violación del derecho de movilidad, siendo retenidos en sus propias casas, el Estado benefactor de las ayudas humanitarias mantiene un dilatado esquema que limita las libertades de expresión, creación y reunión de la ciudadanía. Por tanto, la contención no se limita a la censura explícita de iniciativas, medios o artistas, sino que atraviesa la vida pública mediante un entramado de criminalización, disciplinamiento institucional y autocensura inducida. En ese contexto, hablar, crear, documentar o disentir implica exponer una autonomía cívica que el Estado cubano castiga. La restricción de la expresión opera, así, como una tecnología de gobierno: reduce el espacio cívico, empobrece el debate nacional y despoja a la cultura de una de sus funciones esenciales.
Por consiguiente, el ODC subraya el peligro de que la tipología de cooperación analizada se articule en un mismo entorno político en el que se vulnera la libertad de creación, asociación, circulación y crítica. El Observatorio considera necesario exponer al Estado cubano, quien solicita respaldo para preservar bienes culturales mientras criminaliza voces incómodas, castiga la autonomía artística y administra la memoria pública bajo criterios de obediencia. Se recuerda que mediante la diplomacia de crisis el Estado cubano no está defendiendo la salud cultural del país, sino su monopolio sobre este.
El ODC recuerda, asimismo, que la cultura, entendida como derecho, no puede reducirse a donativos, inventarios y programas de asistencia; incluye también el derecho de las comunidades, los creadores y la ciudadanía a narrar el país desde registros no autorizados, a disentir sin castigo y a participar en la vida cultural sin tutela ideológica. El ODC rechaza lecturas parciales que mantienen intacta la infraestructura legal, policial e institucional de la censura.
Defender los derechos culturales en Cuba exige una mirada indivisible. Toda política de salvaguarda patrimonial, reconstrucción o apoyo al sector debe incorporar como condición analítica y ética la libertad cultural, la despenalización del disenso y la protección efectiva de quienes hoy crean, investigan, documentan y recuerdan fuera del marco permitido.
Notas:
[1] https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-impulsa-acciones-en-terreno-para-asegurar-la-continuidad-educativa-y-la-resiliencia-tras.
[2] https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-hace-un-llamado-la-cooperacion-internacional-para-apoyar-la-continuidad-de-la-educacion-en.
[3] https://www.unesco.org/es/articles/cultura-y-resiliencia-cuba-fortalece-capacidades-para-proteger-su-patrimonio-ante-desastres.
[4]https://olacademica.org/?fbclid=IwY2xjawQeFV1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBIS0JUZkhUcHhFR2ZUZGduc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkmJ-xLjKpLaz4WUFdT-naj0SuSop-uaOkYGcEvD_9QGr1pMQk52fSC5TUQR_aem_4Od_zwmQ3r6nOTzD0h2z8g#/medios/1708.
[5]https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122209159940234535&id=61557036050490&ref=embed_post.
[6] Este último, recién excarcelado al momento de publicar esta nota.
