En 1971, el filósofo australiano Peter Singer escribió un artículo titulado “Hambre, riqueza y moralidad”. En este escrito, afirma que, desde un punto de vista moral, permitir que una persona muera de hambre cuando se puede evitar, es lo mismo que matarla. ¿Es posible, entonces, hablar de una ética del hambre?
La ética del hambre gira en torno a las responsabilidades de individuos y sociedades frente a la falta de alimentos de otras personas o pueblos. Asimismo, cuestiona la justicia en la distribución de recursos y aboga por el derecho a la alimentación. Esto abarca desde una ética de consumo hasta la soberanía alimentaria, pasando por la crítica de sistemas alimentarios, desigualdades estructurales, ética alimentaria y bienestar animal.
No resulta vano recalcar dos puntos fundamentales. Primeramente, el acceso a los alimentos seguros y nutritivos es un derecho humano fundamental que debe prevalecer sobre la acumulación de las riquezas. En segundo lugar, la falta de alimentos no es solo responsabilidad de los individuos, sino su mayor peso recae en las políticas y sistemas que sostienen la pobreza y el hambre.
Esto implica que toda persona debería tener hasta cierto punto poder de decisión sobre la producción, distribución y consumo de los alimentos, en un mercado justo, como ente integrante de una sociedad. Por tanto, de manera más general, las comunidades deberían ser capaces de decidir sus propios sistemas alimentarios.
Si bien el artículo de Singer toma como motivo la hambruna de los refugiados de la Guerra de Liberación de Bangladesh en 1971, intentar analizar la ética del hambre en Cuba no es un ejercicio fútil.
Para comenzar, vale la pena recordar que en Cuba rige un sistema socialista, con una economía centralizada y un único partido político. O sea, ni las comunidades y mucho menos los individuos tienen poder alguno de decisión sobre las producciones en el país, incluidas las alimentarias, y mucho menos tienen participación en un mercado justo. Sin posibilidad de participación activa, el pueblo cubano depende totalmente de las decisiones gubernamentales desde 1959.
Por este motivo, una de las primeras causas del empobrecimiento de la alimentación de los cubanos fueron las políticas agrarias del nuevo sistema.
Si bien la primera Ley de Reforma Agraria (1959) eliminó los latifundios privados y nacionalizó las tierras, la segunda, en 1963, expropió aquellas que superaban las cinco caballerías. Esto propició a que el Estado fuera el único latifundista, mientras miles de pequeños campesinos se vieron obligados a integrar cooperativas agropecuarias para poder seguir trabajando la tierra o criando animales.
Por otra parte, el Gobierno, como rector de una economía centralizada, definía qué, cuándo y cómo se sembraban los cultivos; así como las razas y variedades de animales que debían ser criados. De tal modo, introdujo variedades de caña de azúcar, papa, o ganado poco aptos para su desarrollo en Cuba.
Como consecuencia, la producción agropecuaria en el país descendió tanto, que fue necesario racionar los alimentos mediante una cartilla. Desde 1962, bajo el eufemismo de “canasta familiar normada”, los cubanos vieron limitado su derecho a la alimentación.
Durante casi tres décadas, el régimen de Fidel Castro supeditó gran parte de la alimentación en Cuba a los productos que llegaban del antiguo Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). El resultado, a la caída del campo socialista del Este, fue una nación sin soberanía alimentaria.
La severa falta de alimentos en la década de 1990, junto con una aguda crisis económica, resultó en una población enferma con cuadros de neuropatías que dejaron a miles de cubanos ciegos y con problemas motrices y en las articulaciones, desnutrición, aumento de enfermedades de base y osteoporosis, entre otros. La calidad de vida del pueblo no solo se vio deteriorada. La gente en Cuba comenzaba a morir de hambre.
En esta etapa, el abasto estatal de los productos de la llamada “canasta familiar normada” tuvo serias restricciones y gran parte de ellos fueron eliminados de la lista. Esto generó un incremento de la compraventa de alimentos en el mercado negro, con la consecuente desigualdad entre quienes podían comprar los bienes a sobreprecio y aquellos que no les alcanzaba ni para comer una vez al día, teniendo que depender únicamente de las raciones estatales.
El modelo económico cubano demostraba su total incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de la población.
Tres décadas más tarde, se podría pensar que el gobierno cubano aprendió de sus errores pasados, solucionando las distorsiones y proporcionando bienestar a su pueblo. Sin embargo, la situación actual de Cuba a finales de 2025 es inimaginablemente peor que la de los años 90.
En un Estado constitucionalmente declarado socialista, el Gobierno fracasa cada día en satisfacer las necesidades colectivas, mientras sus medidas amplían las diferencias de clase y dejan desprotegidos a los sectores más vulnerables, como la infancia y la tercera edad.
De hecho, durante la pandemia de covid-19, mientras casi todos los gobiernos garantizaban la alimentación a sus naciones, los dirigentes cubanos pedían a su pueblo que donara dinero para producir alimentos. O sea, los ciudadanos, en un contexto global de crisis, empobrecidos, debían pagarle al Estado para tener garantizada, supuestamente, una cuota alimentaria.
En época más reciente, como diciembre de 2024, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anunció la desaparición de la libreta de abastecimiento y el fin de los alimentos subsidiados, si bien aclaró que sería un proceso paulatino. Ya para esa fecha, los productos normados habían disminuido notablemente en cantidad y presentaban severos retrasos en su distribución.
Un año después, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) informó que los consumidores deberían recibir en el último mes del presente año 12 libras de arroz, 2 libras de azúcar, 20 onzas de chícharos y el aceite (250 ml) y el café; correspondientes estos últimos a meses anteriores. Sin embargo, los reportes provinciales presentan disparidad en esta distribución. Incluso, provincias como Villa Clara reconocieron que lo único que tienen en existencia es el azúcar; el resto de los alimentos aún no ha llegado a los almacenes. Otras, como Granma, Holguín y La Habana, aún se encuentran distribuyendo granos de julio, agosto y noviembre.
El huevo, uno de los alimentos más básico en Cuba, ha sido uno de los productos que más reducción e inestabilidad ha tenido a lo largo de los últimos años en su distribución. Según la nota del MINCIN, su comercialización no está contemplada para el cierre del año. Su venta en las bodegas, limitada a solo 5 unidades al mes por consumidor, ni siquiera alcanza para suplir los 40-60 gramos de proteínas que necesita ingerir un adulto al día.
Sin embargo, ante el encarecimiento de otras fuentes proteicas como carnes de res, cerdo y ave, el huevo sigue siendo una opción a tener en cuenta. No obstante, al restringir su distribución en la canasta familiar normada, el Gobierno obliga a los consumidores a adquirirlos por otras vías, muchísimo más caras y lejos del alcance de gran parte de las familias. Por ejemplo, el precio de un cartón de huevos (30 unidades) equivale —e incluso sobrepasa— en las mipymes y puntos de venta particulares casi al monto de una jubilación mínima (3058 CUP). O sea, a una persona de la tercera edad, que viva sola y se haya retirado con el mínimo, le es imposible pagar ese costo.
Lo mismo sucede con otros productos básicos como arroz, frijoles, aceite, carnes, verduras, viandas y frutas. El incremento de precios, la inflación monetaria, el colapso de la economía y la falta de inversión en el sector agropecuario le han dificultado en demasía a las familias la posibilidad de conseguir alimentos.
Por otra parte, el Estado y el Gobierno han trasladado su responsabilidad de alimentar a sus ciudadanos a dos actores económicos cuya relevancia ha crecido en el último quinquenio: la diáspora y las mipymes.
La influencia de la falta de alimentos en Cuba no solo se limita al territorio nacional, sino que traspasa sus fronteras. De tal modo, la diáspora se ve presionada emocionalmente ante este panorama. Sus opciones son simples: o envía remesas y alimentos a sus familiares en la Isla o los deja morir de hambre. Para la gran mayoría, no es un tema a discutir desde un punto de vista ético: según sus posibilidades, tratan de hacerles llegar ayudas alimentarias o dinero a sus familias. Sin embargo, no todos en el país cuentan con esta alternativa y dependen del mercado oficial.
Las mipymes, entretanto, han quedado a cargo del abastecimiento y venta de productos alimentarios. Cuba importa cerca de 80% de sus alimentos; mientras el porcentaje restante, que debería suplir la producción nacional, es incumplido la mayoría de las veces. De hecho, desde 2023, Marrero Cruz reconoció públicamente que las arcas gubernamentales están vacías para la compra de comida para el pueblo.
Por tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas vieron abierto un mercado, otrora controlado por el Gobierno. La venta de alimentos por las mipymes, que podría haber sido una solución, ha terminado por contribuir al alza de precios. Asunto de lo cual también es responsable directo el Gobierno al no ser capaz de garantizar una provisión estable de divisas en los bancos nacionales. De tal modo, la necesidad de las mipymes de comprar divisas y la inestabilidad de su cambio en el mercado informal resultan en sobreprecios que tiene que pagar la población si quiere comer.
A todo esto, las crisis hídrica y energética contribuyen por igual a la inseguridad alimentaria en el país al dejar a las familias sin agua y combustible para cocinar. Los miles de miles de personas que dependen de la energía eléctrica para cocinar no solo se ven privados de este medio de cocción, sino que muchísimos más no tienen manera de conservar los alimentos perecederos que pueden conseguir debido a los frecuentes y sostenidos apagones de hasta más de 72 horas continuas.
Sin embargo, en un Estado donde el bienestar y la seguridad del pueblo debía ser la prioridad, las decisiones gubernamentales evidencian lo contrario. Durante años, las inversiones en el sector turístico han sobrepasado con creces el monto destinado al sector agropecuario, gas, agua y electricidad. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el presupuesto otorgado a la agricultura y la ganadería apenas alcanzó 2,3% del total, frente a 22,2% para el sector turístico.
A lo anterior se deben añadir los gastos en los eventos culinarios que el Gobierno realiza para ocultar la realidad de un país en situación de hambre. El Festival Internacional Varadero Gourmet, Cuba Sabe, Le Dîner en Blanc o FITCuba muestran no solo un despliegue de recursos monetarios, sino un derroche de alimentos frente a un pueblo que sufre una grave inseguridad alimentaria y un consiguiente aumento de las consecuencias negativas clínicas, psicológicas y sociales derivadas de esta.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), 89% de las familias cubanas vive en extrema pobreza y 79% de las personas mayores de 70 años ya no pueden realizar las tres comidas principales al día por falta de alimentos o dinero. Estas cifras se ven respaldadas por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), que estima alrededor de 30 000 CUP mensuales para alimentarse; o sea, 14.28 salarios mínimos estatales.
Desde una perspectiva ética, ¿cómo puede el Gobierno garantizar alimentos y recursos para eventos semejantes mientras viola a diario el derecho a la alimentación del pueblo cubano?
Otro aspecto al que alude Singer en su ensayo es a la función de las organizaciones internacionales en los países que presentan esta situación.
En este punto, no debe olvidarse que Cuba es gobernada por un régimen totalitario. Por tanto, se arroga el derecho de restringir la entrada al país de los organismos independientes que no se avengan con su línea de pensamiento. Asimismo, tampoco permite auditorías de las ONG internacionales en el país y criminaliza las cifras y estadísticas recogidas por observatorios cubanos no reconocidos oficialmente. A falta de una contraparte que fiscalice los datos emitidos, el Gobierno solo reconoce como válidos aquellos que son emitidos por él mismo a través de la ONEI y los medios estatales de comunicación.
Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, es cierto que organismos como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con presencia en Cuba, pudieran tener un papel más activo en el reporte de la situación alimentaria del país. Por ejemplo, Food Monitor Program ha advertido sobre reportes del PMA construidos a partir de inteligencia artificial, donde no solo se reflejan datos erróneos, sino que incluso aún refiere el CUC como moneda corriente en la Isla, a pesar de que dejó de circular en 2021.
La FAO, por su parte, reporta a Cuba, dentro de su Mapa del Hambre de este año, entre las regiones sobre las cuales no tiene datos, tanto en subalimentación como en inseguridad alimentaria. Asimismo, el Global Report on Food Crises, coordinado por la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN), tampoco hace mención sobre la crisis e inseguridad alimentarias que atraviesa el país.
Una de las críticas más repetidas por parte de los detractores del texto de Singer afirma que, si bien es cierto que pueda haber un deber moral de aquellos que tienen recursos hacia los más necesitados, la mayoría de las veces las donaciones realizadas no llegan a sus destinatarios, sino son robadas o utilizadas en otros sectores en países con regímenes totalitarios.
Lamentablemente, tal es el caso de Cuba. El ejemplo más reciente de esto puede observarse en las donaciones en concepto de ayuda humanitaria que el país recibió tras el paso del huracán Melissa por las provincias orientales.
Cuba recibió donativos monetarios, alimentos e insumos médicos, energéticos y de varios tipos de 27 países. Varias naciones (México, Venezuela, Colombia, San Vicente y Las Granadinas, Chile, Barbados, República Dominicana, China, Vietnam, Japón, India, Ghana, Guinea Ecuatorial, Catar, Arabia Saudita, España, Francia, Suiza, Noruega, Alemania, Estados Unidos) y diversas organizaciones internacionales relacionadas con la ONU enviaron a la Isla no solo donaciones monetarias, sino cientos de toneladas de alimentos, medicamentos, kits de sobrevivencia, colchones, botellones con agua potable e insumos médicos, entre otras ayudas.
Sin embargo, apenas ha llegado a la población afectada un porcentaje mínimo de estas donaciones. El colmo es que, en la localidad de Río Cauto, en la provincia Granma, el gobierno local vendió a los damnificados una botella de agua natural por núcleo a un precio de 40 CUP. Al respecto, Misladis Alcolea Núñez, directora de Comercio y Gastronomía, especificó que ese recurso hídrico provenía de las reservas estatales para desastres. ¿A dónde fueron a parar, entonces, los botellones con agua potable de donación y las plantas potabilizadoras? ¿Es justo cobrar a quien lo ha perdido todo un bien que debería ser su derecho garantizado por el Estado?
Solamente en concepto de alimentos y agua potable, el PMA envió a Santiago de Cuba, a través del Fondo Central para la Acción en casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés), 617 toneladas de arroz, granos y aceite; China: 30 toneladas (sin especificar); Venezuela-ALBA: 7 557 toneladas distribuidas en 74 contenedores (sin especificar), más 28 contenedores que incluían agua; la Unión Europea: 44 toneladas que contenían agua y otros suministros; India: 20 toneladas que incluían alimentos (sin especificar); Colombia: 54 toneladas con kits de alimentos secos y leche UHT, y 56 000 galones con agua y combustibles; República Dominicana: 4 toneladas con alimentos (sin especificar); el estado de Nuevo León (México): 3 toneladas de víveres (sin especificar); Barbados: alimentos no perecederos (sin especificar la cantidad ni tipo); Ghana: 2 400 sacos de arroz, 540 sacos de azúcar y 20 tanques de 500 litros con agua; Panamá: 24 toneladas que incluían agua; Irán: 8,8 toneladas de arroz; Confederación General del Trabajo (Francia): 130 000 euros en alimentos (sin especificar), entre otros productos; la asociación Puentes de Amor: 3,4 toneladas de leche en polvo; The People’s Forum: 25 toneladas de alimentos (sin especificar) y agua.
A pesar de todas estas cifras, la movilización gubernamental para el reparto de las donaciones ha sido, cuanto menos, lenta; por no decir inexistente. De hecho, la ONU se vio obligada a intervenir directamente en Granma, donde comenzó a distribuir alimentos secos como arroz, chícharos y aceite en los centros de evacuación, con el almacén 660 de Bayamo como centro operativo del PMA.
Por otra parte, resulta cuestionable el tipo de alimentos —granos en su mayoría— que ha sido vendido —no donado— a los damnificados por el Gobierno. En una región devastada, sin agua potable, sin electricidad, ¿cómo van a cocinar las personas? Gente que, incluso, quedó sin cocinas y sin casas.
Lo cierto es que prácticamente todos estos recursos donados pasan por el control totalitario del Gobierno. Los medios de comunicación estatales no han publicado hasta el momento un desglose por comunidades o lista de beneficiarios; por tanto, es imposible definir cómo, cuánto y a quién ha llegado dichas ayudas. Para ello, el Estado cubano tendría que publicar un registro detallado de lo recibido contra lo repartido.
Sin embargo, a lo largo de los años son cientos las quejas que se reportan acerca de la venta en tiendas en divisas y bodegas estatales de productos de donación. El hecho de que el Estado sea el único receptor oficial de las donaciones internacionales permite que suceden tales cosas. Ya sea en dinero líquido o bienes, las ayudas humanitarias a Cuba casi nunca llegan a su destino final, sino son desviadas a conveniencia del Gobierno; muchas veces, incluso, engrosando las despensas de los dirigentes y los almacenes del ejército en el caso de los alimentos.
Desde una perspectiva ética, es fundamental evaluar hasta qué punto el Estado cubano es responsable del hambre que sufren sus ciudadanos, teniendo en cuenta sus decisiones políticas y económicas en función del bienestar de sus ciudadanos.
A nivel internacional, los países y organismos que suscriben y promueven el derecho a la alimentación, en diferentes tratados, pactos y convenios, deberían exigir a Cuba el cumplimiento de un derecho tan básico como este. La inseguridad alimentaria, hídrica y de combustible en la Isla imposibilitan el derecho a una vida digna.
Es importante recordar que la falta de acceso a los alimentos no solo afecta a la salud desde un punto de vista clínico. También genera estrés, ansiedad y violencia. Por tanto, privar a sus ciudadanos de una alimentación adecuada no solo constituye un delito económico, sino un problema ético que requiere atención urgente.
No es responsabilidad de la diáspora alimentar a sus familias en Cuba. Son el Estado y el Gobierno quienes deben ser capaces de abastecer al pueblo o de generar las condiciones necesarias para que los cubanos puedan tener un acceso justo al mercado de alimentos. Así como tampoco es responsabilidad de las mipymes responder por la seguridad alimentaria en el país.
A medida que el país navega por un contexto económico cambiante, es crucial fomentar un diálogo ético que priorice el bienestar humano. La búsqueda de soluciones debe incluir tanto la participación de la sociedad civil como un compromiso renovado del Estado para asegurar que todos los cubanos tengan acceso a una alimentación adecuada y nutritiva.
Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad donde el hambre no sea una realidad cotidiana, sino un recuerdo del pasado superado. La ética del hambre no solo se trata de satisfacer necesidades básicas; se trata de garantizar que todos los cubanos puedan vivir con dignidad y plenitud, participando activamente en la construcción de un futuro más sostenible y equitativo.
