Entre el 5 y el 7 de noviembre de 2025 se celebró en La Habana la Primera Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural, organizada por el Ministerio de Cultura de Cuba y acogida por la Universidad de las Artes (ISA). Concebida como un espacio de intercambio teórico-práctico para fomentar la cultura de la innovación, se realizó bajo el lema “Ciencia, conciencia e innovación para el desarrollo sostenible de la Cultura”. El programa incluyó conferencias magistrales, ponencias académicas, stands expositivos y variadas actividades centradas en “la innovación en el sector cultural” en cuatro áreas clave: la enseñanza artística, la informatización del patrimonio, las industrias culturales y los proyectos comunitarios. Asimismo, cada jornada culminó con presentaciones artísticas de agrupaciones como la compañía de danza contemporánea Malpaso, el grupo Teatro Tuyo y la orquesta de Alain Pérez. Además, la feria cerró con la entrega del Premio Nacional de Investigación Cultural a Isabel Monal Rodríguez.
Según sus organizadores, esta primera edición representa la etapa final de un proceso preparatorio desarrollado durante los cinco meses previos en todo el país, que incluyó decenas de ferias municipales y provinciales en centros de estudio, consejos e instituciones nacionales del sector cultural, así como centenares de ponencias y más de cincuenta innovaciones declaradas. En palabras de Alegna Jacomino Ruiz, directora de Ciencia, Innovación y Medio Ambiente del Ministerio de Cultura, este evento busca validar el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares para el desarrollo sostenible en la cultura cubana y motor económico y social del país.
Postal promocional. Fuente: Agencia Cubana de Noticias (2025).
Confluencia gubernamental en la cultura: el MINCULT como eje de poder
La realización de este evento en el ISA —principal universidad artística del país—, en coordinación directa con el Ministerio de Cultura, evidencia la estrecha confluencia entre las esferas gubernamentales y las instituciones culturales en Cuba. Espacios educativos como el ISA, que en principio deberían mantener una autonomía académica, se encuentran subordinados al aparato cultural estatal y funcionan como plataforma de legitimación para las iniciativas promovidas desde la cúpula del Gobierno. En este caso, la narrativa de la feria se alinea de manera explícita con las prioridades políticas del Ejecutivo.
No es casual que la esposa del gobernante designado, quien hace las veces de primera dama (sin nombramiento), Lis Cuesta, exhiba un perfil académico y laboral estrechamente vinculado a estos proyectos. Además de fungir como profesora, coordinadora de eventos y cultura-turismo del MINCULT, dirige la Agencia Paradiso, entidad del Ministerio dedicada a la comercialización de cursos, talleres y eventos culturales para públicos extranjeros. Su tesis doctoral, “Modelo pedagógico para la exportación de servicios académicos en la Agencia Paradiso”, es una validación académica de su propio desempeño institucional, centrada en un enfoque tecnocrático y comercial de la cultura dentro de la agenda oficial del Gobierno. Un enfoque similar asumió su esposo, el presidente Miguel Díaz-Canel, con su tesis doctoral, “Sistema de gestión del Gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible en Cuba”, defendida en 2021. En ambos casos, se repite un discurso de autoridad que invoca “la necesidad del conocimiento científico en todos los niveles de la gestión gubernamental”, sin precisar por qué vías ni con qué mecanismos concretos esos modelos generarían los resultados urgentes que el país necesita.
Miguel Díaz-Canel en la discusión de su tesis doctoral. Fuente: Diario de Cuba (2024).
Eventos como la Feria de Innovación Cultural se inscriben plenamente en esa línea discursiva de la oficialidad: se presentan como ejemplos de modernización institucional, pero en realidad refuerzan una estrategia de administración nacional alineada con los postulados representados por una élite política centralizada, personalista y clientelista que imposta fueros académicos en tanto vía de legitimación “escénica”.
Retórica innovadora sin grandes avances: críticas al modelo de gestión cultural
A pesar del discurso entusiasta que rodea a la Feria y de la promesa de una gestión cultural “innovadora”, el contraste entre discurso y realidad revela una brecha estructural entre la proclamada prioridad gubernamental por la “innovación” y la ausencia de recursos materiales que la respalden. Durante la última década, el gasto público destinado a la ciencia y la innovación ha sido marginal: en 2023, la inversión estatal en actividades de investigación e innovación representó apenas 0,55 % del total, una cifra incluso inferior al 1,14 % registrado en 2011. Según el economista Pedro Monreal, si esta cifra se duplicara, la ciencia-innovación seguiría siendo uno de los cinco sectores menos relevantes en inversión innovadora. Dada la falta de cálculo económico efectivo, de diversidad de propiedad y de acceso a mecanismos de financiamiento y gestión descentralizados, la inversión actual arroja aún menos promesas de utilidades.
En la práctica, el alto grado de neopatrimonialismo que caracteriza a la actual élite política conduce a pensar que las prioridades institucionales no buscan un desarrollo plural de la ciudadanía cultural, sino la consolidación de pactos individualistas y de intereses particulares dentro de un sistema de lealtades. Estas dinámicas de enriquecimiento y confianza personal otorgan a determinados agentes culturales “cartas blancas” para operar dentro del sector, haciendo del país una fachada comercial, donde la cultura se administra más como activo político y económico que como derecho social.
Tampoco se observan mejoras tangibles derivadas de estas políticas. El país continúa sumido en un profundo estancamiento económico y sociocultural. Tras cinco años de gobierno, Cuba enfrenta su peor crisis económica en décadas; mientras fracasos estructurales como la Tarea Ordenamiento o los programas improductivos en agricultura e industria evidencian la ausencia de los resultados que cabría esperar si realmente se estuviera aplicando una gestión basada en el conocimiento científico que tanto se proclama en el discurso oficial.
La viceministra de Cultura, Lizette Martínez Luzardo, conversa con estudiantes expositores. Fuente: Tribuna de La Habana (2025).
Censura y vulneración de derechos culturales
De las falsas voluntariedades y de la escasa disposición real del Gobierno dan cuenta las políticas culturales cubanas, marcadas por un aparato burocrático disfuncional, severas limitaciones a la libertad creativa y una censura sistemática que contradice de manera frontal el discurso oficial de “apertura innovadora”. Las disposiciones legales y prácticas gubernamentales de los últimos años han socavado en demasía los derechos culturales de la ciudadanía, entendidos como el derecho a crear, difundir y acceder libremente a las expresiones artísticas.
El Decreto 349 (2018) ejemplifica esta deriva: bajo su aplicación, todos los servicios e iniciativas culturales deben contar con el aval estricto del Ministerio de Cultura, lo que convierte a la innovación en una antesala oficialista sin margen de autogestión. Esta forma de secuestro institucionalizado transforma el ejercicio creativo en un proceso dependiente de la aprobación estatal. En consecuencia, lejos de fomentar la innovación, el marco legal cubano en materia cultural ha institucionalizado la censura como norma, estrechando los márgenes de libertad artística y profesional.
A ello se suma la incongruencia entre la retórica y las prácticas de quienes encarnan la actual “institucionalidad cultural innovadora”. Varios de los funcionarios presentes en la Feria han protagonizado o defendido actos de censura y coacción contra el propio gremio artístico. Es el caso, por ejemplo, del viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, quien el 27 de enero de 2021 calificó en redes sociales la agresión física del ministro Alpidio Alonso a uno de los manifestantes que se habían reunido pacíficamente frente al Ministerio para solicitar diálogo como una “provocación contrarrevolucionaria”. Minutos después, agentes de la policía política terminaron violentamente la protesta y trasladaron a los artistas en un autobús policial. Aquella jornada marcó uno de los momentos de mayor tensión entre la comunidad cultural y el Estado cubano en la última década. En lugar de abrir canales de comunicación, las autoridades emitieron comunicados en los que tachaban a los creadores de “mercenarios”, consolidando así la política de hostigamiento.
Firma de acuerdos Mined-Mincult. Fuente: X:@CubaMined (2025).
Por un lado, existe una institución cerrada sobre sí misma, que criminaliza la disidencia artística y actúa en contubernio con los agentes represivos de la Seguridad del Estado; por otro, un aparato burocrático que lanza promesas huecas al sector cultural mientras las más altas figuras del poder imprimen, a conveniencia, sus visiones y objetivos personales en los programas culturales, ya sea desde ministerios, universidades u otras entidades bajo su control. Por ejemplo, con el uso discrecional de todos los espacios nacionales, Lis Cuesta ha encabezado una parafernalia de eventos exclusivos, como el San Remo Music Awards Cuba o el festival culinario Cuba Sabe, concebidos más como escenarios de lucimiento político que como respuestas a las necesidades reales del sector.
El Gobierno despliega un discurso triunfalista sobre ciencia, creatividad e innovación, organizando con pompa eventos que pretenden demostrar una política cultural dinámica y de vanguardia. Mientras tanto, la realidad cotidiana revela un entorno cultural asfixiado por la censura, la falta de autonomía y la instrumentalización política. En suma, la Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural refleja las contradicciones profundas de la gestión cultural en la Cuba contemporánea.
El Observatorio de Derechos Culturales pone en duda la efectividad de esta retórica voluntarista y subraya su carácter performativo y vacío. Recuerda que este tipo de festivales no representa avances reales, sino espectáculos promovidos por la burocracia cultural, con escaso impacto en el desarrollo de las artes o en la calidad de vida de los creadores. Por ello, el ODC rechaza el uso desproporcionado de recursos públicos destinados a estas iniciativas, en un contexto donde el amplio sector cultural y la sociedad cubana se encuentran más vulnerables que nunca. Mientras bibliotecas, museos, teatros y cines se clausuran por falta de presupuesto para su saneamiento, resulta inadmisible que las políticas culturales respondan más a caprichos personales o intereses comerciales que a los objetivos de desarrollo sostenible que el propio Estado afirma perseguir.
Por último, el ODC advierte que, sin cambios estructurales que garanticen la libertad creativa y sin un compromiso genuino con la apertura cultural, estas acciones seguirán siendo ceremonias retóricas, incapaces de revertir el estancamiento y la vulneración de los derechos culturales que prevalecen en Cuba.
