Cuando el poder pierde legitimidad, intenta confundirse con la nación. Es una operación política: apropiarse de los símbolos que condensan la identidad colectiva para presentarse como su única encarnación posible.
En Cuba, esa operación ha sido sostenida durante décadas, hasta el punto de estrechar el significado de la bandera y convertirla en extensión del discurso oficial. Sin embargo, en momentos de ruptura, ese intento de fijación comienza a resquebrajarse.
Lo ocurrido en Morón, una ciudad del centro del país donde en los últimos días estallaron protestas, no es solo un episodio coyuntural, sino la irrupción visible de esa grieta: el instante en que un símbolo deja de obedecer al poder que lo administra y vuelve a significar para quienes lo reclaman.
Los símbolos nacionales no son objetos neutros. Condensan historia, memoria e identidad colectiva y, precisamente por eso, se convierten en territorios de disputa cuando el poder busca identificarse con ellos.
En ese proceso, la bandera deja de ser un espacio abierto de reconocimiento compartido para convertirse en una extensión del discurso político que pretende fijar su sentido. No se trata solo de mostrarla, sino de delimitar lo que puede significar y quién está autorizado a invocarla.
En el caso cubano, esa operación ha sido persistente. La bandera aparece en actos oficiales, en escenografías políticas, en el lenguaje visual de un Estado que la utiliza como garantía de continuidad y como prueba de legitimidad.
Esa repetición no es inocente. A través de ella se intenta producir una equivalencia entre nación y poder. Cuando esa equivalencia se impone, criticar al gobierno se convierte en una forma de traición al país.
El conflicto no aparece en el símbolo, sino en el control de su uso. No es la bandera lo que se regula, sino quién puede utilizarla y desde qué lugar. Mientras su presencia en actos políticos o en la iconografía oficial resulta aceptada y promovida, su uso en contextos de disidencia se vuelve problemático.
Los casos de artistas y ciudadanos que han sido condenados por incorporar la bandera a sus prácticas lo muestran con claridad. No se les castiga por dañar el símbolo, sino por producir con él un significado que escapa al control de quien pretende fijarlo.
Ahí es donde se produce un desplazamiento decisivo. El símbolo no cambia en su forma, pero cambia en su sentido. Lo que para el poder funciona como confirmación del orden, para quienes protestan se convierte en afirmación de pertenencia. La bandera deja de representar al Estado y vuelve a ser leída como expresión de un país que no se reduce a la estructura que lo administra.
En este punto, la escena de Morón adquiere su verdadero alcance. En medio de la protesta no hubo una destrucción indiscriminada. Hubo una selección. Se quemó lo que se percibe como encarnación del poder, la sede del Partido Comunista como representación política. Y se atacó la expresión de una desigualdad que se vive como agravio: las tiendas en divisa como símbolo de una economía excluyente.
La bandera no fue incluida en esa lógica de destrucción. Fue preservada.
Esa distinción no es menor. Establece una jerarquía de sentido: no todo ocupa el mismo lugar en el registro simbólico. La violencia no se dirige contra cualquier objeto, sino contra aquellos que representan una experiencia concreta de opresión.
La bandera, en cambio, queda fuera de ese circuito porque es reconocida como algo distinto. No como extensión del poder, sino como forma de identidad: “No, no la quemes, que esa es la de nosotros. Esa es la libertad de nosotros”, se oyó en medio del caos.
Esa reapropiación no ocurre únicamente dentro de la Isla. En el exilio, donde el poder ha intentado trazar una frontera simbólica tan nítida como política, la bandera tampoco desaparece ni se diluye. Se desplaza, se multiplica, se resignifica desde otras experiencias que no por lejanas dejan de ser cubanas. Allí su uso no responde a una escenografía oficial, sino a una necesidad de afirmación que nace de la distancia, de la pérdida y de la memoria.
El problema, entonces, no es solo quién usa la bandera dentro del país, sino quién tiene derecho a seguir nombrándola fuera de él. Porque al intentar reducirla a los límites de la Isla y a la legitimidad de quienes gobiernan en su interior, el poder pretende también delimitar quién pertenece y quién no.
Sin embargo, el símbolo desborda esa frontera. Circula entre quienes permanecen, quienes disienten y quienes han tenido que marcharse. En ese movimiento recupera su condición más profunda: la de espacio compartido de identidad.
Cuando los ciudadanos levantan la bandera en una protesta no están negando la nación. Están reclamándola. Están diciendo que el derecho a representarla no puede ser monopolio de una sola instancia y que la identidad colectiva no puede ser fijada desde el poder sin excluir, al mismo tiempo, a quienes no se reconocen en él.
Tal vez por eso todo intento de apropiación resulta inestable. Porque un símbolo solo puede sostenerse como tal mientras permanezca abierto a la experiencia plural de quienes lo habitan. Cuando se intenta encerrarlo en una sola interpretación, lo que se produce no es su preservación, sino su aislamiento.
Lo ocurrido en Morón hace visible esa disputa. Mientras algunos objetos ardían como representación de un orden rechazado, la bandera permanecía en alto, sostenida por quienes, en medio de la ruptura, seguían reconociéndola como propia.
Fue una forma de distinguir entre lo que se rechaza y lo que se reclama. Cuando un símbolo deja de obedecer al poder que pretende administrarlo, deja también de ser instrumento de control y vuelve a convertirse en espacio de pertenencia.
Es ahí donde comienza a definirse no solo lo que la bandera significa, sino quién tiene el derecho de nombrar el país.
