A finales de septiembre de 2025, instituciones culturales oficiales —incluyendo el Ministerio de Cultura (Mincult) y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)— convocaron a sus trabajadores y miembros asociados a suscribir documentos de apoyo al gobierno de Venezuela, bajo la consigna de rechazar la “injerencia” de Estados Unidos hacia ese país. La recolección masiva de rúbricas de “organizaciones de masas, sociales y la sociedad civil cubana en general”, tuvo como objetivo “reafirmar la solidaridad expresa de Cuba con el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y con su bravo pueblo Bolivariano”.
Collage de personalidades vinculadas a la cultura oficialista cubana (2025). Fuente: Juan Carlos Borjas, cubarte.cu.
En el evento organizado por el Mincult —encabezado por el ministro Alpidio Alonso Grau y el embajador venezolano Orlando Maneiro—, se reafirmó la denuncia del gobierno cubano sobre la escalada de acciones de Estados Unidos “para justificar una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”. Seguidamente, autoridades y artistas entonaron los himnos nacionales y leyeron una declaración que acusa a Washington de desplegar fuerzas militares en el Caribe con pretextos como la lucha antidroga, “poniendo en riesgo la paz regional”.
Estas movilizaciones, presentadas como muestra del apoyo incondicional de Cuba a Venezuela, se enmarcan en una práctica recurrente del régimen cubano de instrumentalizar sus organizaciones culturales, educativas y sociales para respaldar públicamente a gobiernos aliados de corte autoritario. Medios independientes denunciaron incluso que el régimen involucró a niños y adolescentes en este apoyo “de masas” pro-Maduro al orquestar mítines en escuelas donde menores de edad fueron inducidos a adoptar posiciones políticas dictadas por las autoridades.
Matutino con acto político en la Escuela Primaria José Martí (Ciego de Ávila) (2025). Fuente: Facebook, usuaria Aleida Delgado.
Organizaciones culturales como portavoces del poder político
Lejos de surgir de una sociedad civil autónoma, estas reacciones responden a orientaciones formuladas desde la cúpula política de la Isla. En una nación sin separación de poderes ni rendición pública de cuentas, instituciones supuestamente independientes y de la sociedad civil, como la UNEAC y la Asociación Hermanos Saíz, son en realidad dependencias de los ministerios estatales: funcionan como extensiones ideológicas del Partido, mantienen una militancia funcional al Estado y alinean a intelectuales y artistas con sus posturas oficiales.
Intervención del ministro de Cultura en el acto político (2025). Fuente: Prensa Latina.
A modo de ejemplo de la extensión de la narrativa oficial, consta la inclusión de la UNEAC en la “Declaración por la soberanía de Nuestra América: en lucha contra el imperialismo”, promovida por la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad: un grupo organizado por Casa de las Américas, el Centro Fidel Castro Ruz y Todo Chávez en la Web, de adhesión automática a la élite cultural cubana.[1]
Declaración de la UNEAC (2025). Fuente: X, @UNEAC_online.
Al respecto, tanto el trabajo del Observatorio de Derechos Culturales (ODC)[2] como el del Observatorio de Libertad Académica (OLA)[3] dan cuenta del cierre y condena a la discrepancia que ejercen las directivas de los organismos oficiales, supuestamente públicos, en sus respectivos ámbitos de acción. Los casos de vulneración de DD. HH. que ambos proyectos recogen, incluyen decenas de señalamientos político-ideológicos, asesinatos de la reputación, marginación laboral y/o acusaciones de mercenarismo, entre otras prácticas de criminalización/neutralización cívica, contra posturas revisionistas o de disenso frente al oficialismo.
Asistentes al acto de “solidaridad”, presidido por los dirigentes del Ministerio de Cultura (2025). Fuente: Prensa Latina.
La acción de entidades culturales cubanas como correa de transmisión política no es un fenómeno aislado, sino parte de un ecosistema autoritario que restringe las libertades artísticas y de expresión de forma sistemática. Mientras el Gobierno exhorta a los artistas a firmar cartas de apoyo a un aliado extranjero, “puertas adentro” los somete a un aparato jurídico que legaliza la censura y el control estatal sobre cualquier actividad artística.
En tal sentido, según normativas como el Decreto-Ley 349 (2018) o el Decreto-Ley 370 (2019), artistas, intelectuales, académicos, entre otros ciudadanos profesionalizados, tienen prohibido, a riesgo de sanciones administrativas y encarcelamiento, el tratamiento de temas considerados de seguridad nacional, así como cualquier amago de crítica al sistema que encuentre eco mayoritario en la población. Esta, junto a otras condenas como la penalización a la colaboración con medios y organizaciones extranjeras que no esté aprobada vía oficial, así como a expresiones y asociaciones civiles domésticas incómodas a los parámetros estatales, forman parte de un cuerpo legislativo crecientemente represivo, compartido y entre sí legitimado en los últimos cinco años por autocracias aliadas como Venezuela, Rusia y Nicaragua.
Transnacionalización del respaldo autoritario: la alianza Cuba-Venezuela
La coerción cívica en Cuba a favor del compromiso injerencista pone de relieve la dimensión transnacional de la cooperación entre regímenes afines en materia político-cultural. Cuba y Venezuela se han presentado durante más de dos décadas como aliados ideológicos estratégicos, materializando una simbiosis de intercambio de recursos naturales y humanos, metodología de control social y apoyos simbólicos. Con experiencia y soporte tangibles en los aparatos de seguridad, inteligencia y formación ideológica, La Habana ha sostenido al gobierno chavista/madurista en Venezuela, canalizado en gran medida a través de programas educativos y culturales de promoción iliberal.
Póster promocional con las imágenes de Fidel Castro y Hugo Chávez (2023). Fuente: Prensa Latina.
Mediante iniciativas de corte comunitario, la presencia de artistas, comunicadores, deportistas y médicos cubanos en Venezuela ha estado acompañada, por décadas, de un monitoreo exhaustivo de la militancia bolivariana en la sociedad, así como de una presión directa para ganar votos durante los períodos electorales o en momentos de inestabilidad política. Esto muestra la instrumentalización de espacios de supuesta cooperación cultural para el desarrollo, con propósitos proselitistas y de dominación política.
Por ejemplo, a través de programas de alfabetización con fuerte simbología revolucionaria, que involucran asesores en medios de comunicación y proyectos culturales conjuntos, Cuba ha contribuido a moldear discursos afines al concepto de “socialismo del siglo XXI”. Si bien estas iniciativas podrían parecer meramente altruistas, su trasfondo ideológico apuntó a afianzar la hegemonía narrativa del proyecto político chavista mediante la masificación de la cultura y la educación popular, siguiendo el propio modelo cubano.
Desfile de una misión Barrio Adentro en Venezuela (2014). Fuente: Cubadebate.
La reciente campaña de firmas promovida por el Ministerio de Cultura cubano y otras entidades estatales en respaldo al régimen de Maduro ilustra cómo las autocracias sincronizan sus aparatos culturales y sociales para apuntalarse mutuamente. Estas movilizaciones buscan escenificar un respaldo unánime que refuerce la legitimidad de un gobierno aliado cuestionado a nivel internacional. Detrás de la retórica de soberanía, democracia obrera y antinjerencia, subyace una realidad de control político vertical y vaciamiento de autonomía cívica, ejecutada en lo doméstico y exportada allende fronteras.
El ODC advierte que esta dinámica ha tenido por décadas serias implicaciones en materia de derechos culturales y libertades fundamentales en la región, al mantener a la “Revolución cubana” como bandera de la reivindicación social, mientras perfeccionaba el modelo de supeditación política. Así, La Habana y Caracas se han sostenido en foros internacionales como bloque de coerción estructural y respaldo diplomático recíproco. La uniformidad forzada de firmas en la Isla confirma la tergiversación implícita en esta estructura de solidaridad (autoritaria), iniciativa cultural (propagandística) y libertad cívica (condicionada).
El ODC reclama que, lejos de ser movimientos genuinos, estas campañas responden a la lógica de supervivencia de dos gobiernos fuertemente cuestionados que se necesitan el uno al otro. El Observatorio continúa apostando por la apertura a la libertad creativa, el respeto a la discrepancia y la despolitización de la esfera cultural y social como valores basados en el respeto de los DD.HH. para un camino de democratización en la región.
Notas:
[1] https://humanidadenred.org/.
[2] https://www.facebook.com/profile.php?id=61557036050490.
[3] https://www.olacademica.org/informes.
