En las últimas semanas, un debate ha cobrado fuerza en las redes sociales cubanas. Las recientes ediciones del podcast La Sobremesa, del medio La Joven Cuba, provocaron intensas discusiones sobre cultura, sociedad y política. En particular, la participación de Israel Rojas, líder del dúo musical Buena Fe, y de Rafael Hernández, director de la revista Temas —figuras controversiales por sus defensas de políticas lesivas a los derechos humanos en Cuba y por su papel en la legitimación del Gobierno desde espacios culturales— generó una polarización evidente.
Portada de La Sobremesa (2025). Imagen: La Joven Cuba.
En los intercambios ocurridos en Facebook y X, los internautas señalaron afirmaciones vertidas en el espacio que, bajo un lenguaje abstracto y supuestamente inclusivo, reforzaban la exclusión de quienes disienten en el país. Estos juegos conceptuales también fueron criticados por simular cuestionamientos con el evidente propósito de no poner en riesgo sus posiciones de privilegio como referentes del panorama cultural y académico oficial.
Este episodio es solo una muestra más de un patrón recurrente en las plataformas culturales afines a la oficialidad o en espacios “mediadores”. Estas producciones canalizan una “estética crítica” dentro de un espacio público controlado, diseñado para neutralizar tensiones sociales en una población exhausta y sin vías alternativas de expresión. El Observatorio de Derechos Culturales considera oportuno referirse al blanqueo del debate político en Cuba como un mecanismo mediático de gestión del disenso y preservación del statu quo.
¿Qué son La Sobremesa, La Joven Cuba y la terceridad impostada?
El guion editorial de La Sobremesa y de la plataforma de la que hace parte, La Joven Cuba (LJC), ha sido frecuentemente descrito como un balance entre la crítica mesurada a las políticas oficiales y el distanciamiento coqueto de los medios independientes. Los guiños entre dos polos les han permitido emitir cuestionamientos con la prudencia suficiente como para no perder sus derechos de interlocución con la esfera oficial. Y es este quizás su fatalismo más evidente: un espacio tolerado en un entorno que, por definición, no tolera la pluralidad, deja entrever una relación de reciprocidad tácita.
Cuba no es simplemente una zona cerrada a los ejercicios de libre expresión: en los últimos cuatro años, las disposiciones jurídicas han sido diseñadas y aprobadas de forma expedita para coartar, casi quirúrgicamente, el disentimiento. Estas escrituras legales[1] incluyen amplios acápites que tipifican las expresiones críticas como delitos deliberados contra “el orden constitucional” y “la seguridad nacional”. En este entorno, LJC no puede disimular las condiciones de su existencia: en un ecosistema mediático donde la disidencia auténtica es sistemáticamente clausurada, la mera posibilidad de operar o prosperar como medio implica un grado de acomodación al marco de control.
LJC nació en 2010 en Matanzas como un blog universitario alineado con el llamado oficialismo reformista dentro del sistema cubano. Desde sus inicios, la trayectoria del espacio dirigido por Harold Cárdenas mostró una ambigüedad funcional: afirma no tener vínculos con “la oposición cubana” y, al mismo tiempo, declara no hallar razones suficientes para catalogar al Gobierno cubano como antidemocrático. Sus críticas acotadas han suscitado descripciones similares: demasiado revisionistas para portales oficialistas radicales como Cubadebate, atrapados en la “trampa de la equidistancia” para sectores más moderados, y oportunamente tibios y cómplices para activistas y periodistas independientes que conocen de primera mano la imposibilidad de sostener una iniciativa de este tipo en suelo cubano. Aun así, LJC navegó aguas turbulentas sin mayores contratiempos, beneficiándose del clima benigno del llamado deshielo.
El barco, sin embargo, comenzó a hacer aguas tras el estallido social del 11J, cuando el medio se negó a analizar de forma medianamente humana el episodio más catártico de las últimas décadas en Cuba, o a condenar con justeza las violaciones a los DD. HH que desde entonces han sido más claras y sistemáticas. Ante estos vaivenes, Cárdenas optó por blindar a LJC. Una de sus acciones más evidentes fue propiciar la salida de la intelectual Alina Bárbara López Hernández, que desde hacía varios años escribía, coordinaba y editaba textos en el espacio, pero que estaba siendo más visible por declaraciones que disentían de las políticas públicas oficiales.
Alina Bárbara López Hernández y Jorge Fernández Era (2023). Fuente: ICLEP.
Otros colaboradores como el editor web José Manuel González Rubines, el ensayista Jorge Fernández Era o la periodista Laura Vargas, también abandonaron LJC en respuesta a repetidos procesos de censura a su obra, así como por las posturas silentes de sus directores ante la creciente represión de la Seguridad del Estado contra la prensa independiente. Según declaraciones de Vargas, en agosto del 2024, durante una ola de hostigamiento contra medios no oficiales, ella y otros dos colegas de LJC fueron interrogados (en su caso por más de ocho horas). Aunque las intimidaciones nunca cuestionaron el espacio y para Vargas este “es un medio con el que la SE no se mete”, su dirección (entonces bajo Martiana Camejo, la presentadora de La Sobremesa junto a Jorge Bacallao) no mostró solidaridad alguna con los acosados, en contraste con otros medios independientes que denunciaban las arbitrariedades sufridas por los suyos.
La postura cuidadosa de LJC les ha dado tal sensación de seguridad que, en ciertos momentos, su narrativa ha llegado a ser directamente represiva y condenatoria contra su propio gremio. Cuando en enero de este año, la administración estadounidense cesó temporalmente las funciones de la National Endowment for Democracy (NED) cortando los fondos operativos para numerosos proyectos académicos y periodísticos con enfoque en DD. HH, LJC publicó memes con un sarcasmo que promovía el asesinato de la reputación de estas iniciativas. Esto ocurre incluso cuando LJC no declara públicamente o siquiera a sus propios colaboradores, de dónde provienen los recursos para la actividad que realizan, como sí lo hacen muchos de los colegas cuya cancelación han promovido. La propia Camejo explicó esta postura en su defensa al meme burlesco que publicaron y que descalificaba a los afectados por la supresión financiera:
El post es una declaración de postura de que en LJC seguimos manteniendo nuestras líneas editoriales cuando es muy probable que otros medios opten por cambiar postura política únicamente movidos por la posibilidad de que aparezca el financiamiento. Lo cual no es nuevo, ya ha venido sucediendo.
Meme de LJC durante el cese de subvenciones (2.02.2025). Fuente: LJC, Facebook.
Desde mayo del 2024, La Sobremesa ha sido la apuesta de LJC, esta vez en forma audiovisual, para renovar su legitimidad desde un supuesto centrismo que muchos consideran desfasado. Si revisamos quiénes han acudido al espacio podemos vislumbrar opiniones diferentes de humoristas, músicos, economistas, artistas LGBTI+, politólogos y figuras populares en general, que intercambian desde un perímetro bien delineado. En especial, con la intervención de Israel Rojas, los análisis coinciden en apuntar una búsqueda por recuperar relevancia y audiencia, presentándolo como víctima de “ambos extremos”.
Poster promocional de la conversación con Israel Rojas (2025). Imagen: La Sobremesa.
La terceridad como alternativa para una juventud cubana conducida
La apuesta de LJC por la terceridad es una estrategia mediática cuidadosamente trazada. Se enmarca en una Cuba cuyo Gobierno desbancó cualquier mito sobre un contrato social tras las protestas del 11J-2021, que forzó al exilio a gran parte de la intelectualidad crítica, que ha visto decrecer su población joven y profesional, y que registra los niveles más elevados de inconformidad ciudadana y pérdida de credibilidad de los últimos años.
En un contexto donde el peso social recae sobre la próxima generación, heredera del 11J y habituada al acceso a portales digitales de noticias, pero con menos recursos para emigrar como válvula de escape, LJC parece dirigir su propuesta a un sector estudiantil moderado. Ofrece un producto que les permite desahogar críticas de forma contenida, consumir sátiras y debates “acompañados” y canalizar frustraciones sociales bajo un marco controlado. En ediciones recientes esta imagen de diálogo abierto también ha servido para “lavar la cara” de figuras afines al discurso oficial.
Podemos decir que la terceridad como fachada pluralista resulta funcional: muestra espacios culturales e informativos que aparentan independencia, pero cuya opaca existencia está condicionada a filtrar el disenso y, de manera velada, reforzar la narrativa general del sistema. Esto no es nada nuevo, desde espacios humorísticos, de entretenimiento o informativos, las políticas autocráticas acuden a la ilusión de la tolerancia condicionada bajo el disfraz del debate abierto o de la comedia que demoniza al adversario, siempre buscando el desahogo sociopolítico sin contenido subversivo. Más o menos radicalizados, de un lado o del otro del espacio político, Zurda Konducta en Venezuela, TN8 en Nicaragua, o el 888.hu húngaro, son algunos sitios que combinan humor, música y estética fresca y juvenil, para difundir las líneas oficialistas y avanzar criminalizaciones a la oposición, muchas veces enmascarando financiamiento a través de empresas y donantes privados.
Espacio de ZurdaKonducta (2025). Fuente: Gypsi Gastello, Flickr.
En este análisis no se busca la cancelación de la neutralidad o la mesura, se trata del vaciamiento tácito del juicio crítico, del moldeo de la identidad política por encargo que garantiza la terceridad. El privilegio de la interlocución oficial que ostenta LJC en un terreno baldío como el cubano no deja dudas, más bien muestra, más allá del “momento selfie” con figuras de moda o populares, un conjunto de funciones sociopolíticas concretas:
- Se monta como fachada de la apertura y el pluralismo en un país sin un verdadero espacio público, donde los medios estatales sirven de gendarmes públicos para la criminalización.
- Supone una especie de válvula de escape psicosocial al canalizar de forma conducida el malestar ciudadano.
- Encuadra temas polémicos sin mayores daños, mientras la audiencia entiende que “ya se habló” de controversias nacionales y despeja la revisión pública.
- Favorece la cooptación de audiencias jóvenes y profesionalizadas al incluir formatos ágiles, íntimos y ligeros que se diferencian de la propaganda burda.
- Ofrece un lavado de imagen o “rehabilitación” de figuras que han sido impactadas por la crítica pública y desacreditadas, pero que aún pueden ser “recicladas” como representantes del mensaje oficial.
- Redirige la responsabilidad de un conflicto hacia chivos expiatorios (el “bloqueo”, la burocracia, la malignidad de la esfera independiente cubana) evitando el ajuste de cuentas directo de la ciudadanía cubana.
En definitiva, la terceridad de LJC es una fórmula ajustada dentro de la comunicación política de medios que viven bajo los pliegues de la autocracia: da voz a inquietudes legítimas y puede abrir ciertos márgenes de debate, pero principalmente funciona para sostener la hegemonía del poder. Las discusiones nunca llegan a las verdaderas raíces del problema ni empoderan a un disenso real; sino que absorben la energía “reformista” dentro de cauces seguros. Su éxito en generar engagement demuestra la efectividad potencial de estrategias mediáticas sofisticadas en contextos cerrados, tema que el ODC ya ha abordado, principalmente en la captación de TikTokers, YouTubers y otros influencers orgánicos que, eventualmente, promocionan a estos gobiernos.
El ODC llama la atención sobre la emergencia y perfeccionamiento de mecanismos sofisticados de cooptación ideológica que desarman el pensamiento crítico genuino. El Observatorio ha venido analizando cómo las autocracias modernas, entre las que se encuentra Cuba, pueden adaptarse a ecosistemas mediáticos digitalizados y audiencias más educadas mediante estrategias de soft power, más efectivas que la propaganda tradicional. Sirva como ejemplo el espacio “Desde la Presidencia”, un podcast oficialista con altos dirigentes cubanos que intenta actualizar la caduca Mesa Redonda como escenario informativo, de análisis y deliberación.
El ODC alerta sobre los peligros de la “democratización controlada” que propician medios como LJC. La hiperhumanización en la comunicación política actual, donde los medios venden un espectáculo de interlocución íntima y de confianza con el mensaje gubernamental, no hace más que evadir la declaración de responsabilidades de la administración pública, largamente fallida en la isla. El ODC también recuerda el papel que este tipo de espacios tiene en la modificación del lenguaje cívico y la promoción de valores antidemocráticos al seguir la sintaxis oficialista, que históricamente ha tergiversado conceptos como sociedad civil o derechos humanos.
[1] Entre ellas el Decreto-Ley 35/2021 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico”, o del Decreto-Ley 370/2018 sobre la informatización de la sociedad, o de la Ley de Comunicación Social (2023), o incluso de la Ley de Ciudadanía (2024).
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