Durante décadas, el régimen cubano ha mantenido un férreo control sobre la población, utilizando la escasez como un arma de represión y, el miedo, como un recurso de control. Las imágenes de largas filas para conseguir productos básicos, junto con los testimonios de disidentes perseguidos y encarcelados, son el reflejo de una realidad que muchos países en la región eligen ignorar. En el ámbito internacional, el gobierno cubano ha logrado mantenerse a flote con alianzas estratégicas, mientras la crisis que atraviesa el pueblo cubano es invisibilizada.
Uno de los aspectos más críticos de esta crisis es la migración. La migración cubana es un aspecto crítico que ha sido prácticamente ignorado, especialmente cuando se la compara con otras crisis migratorias como la venezolana, cuya magnitud es indiscutible. Aunque la migración venezolana—la segunda mayor crisis de desplazamiento en el mundo después de Siria—ha recibido atención significativa en años recientes, la migración cubana no ha contado con ningún tipo de respuesta estructurada o diferencial. Mientras que en Colombia se han implementado algunas medidas para garantizar los derechos de los migrantes venezolanos, la migración cubana ha quedado completamente al margen, a pesar de las condiciones sumamente precarias que enfrentan sus migrantes y del significativo número de personas que transitan por la región.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2022 se registró un incremento notable en la cantidad de migrantes cubanos que atravesaron el tapón del Darién, una de las rutas más peligrosas de la migración en América Latina. Esta zona, que conecta Colombia y Panamá, es una selva densa y prácticamente impenetrable. En ese año, más de 5000 cubanos se aventuraron a cruzar esta peligrosa ruta como parte de su viaje hacia el norte, en busca de asilo en los Estados Unidos. Solo en el primer trimestre de 2023, se estimó que alrededor del 16% de los migrantes que cruzan el Darién son de origen cubano, lo que demuestra que la migración desde la isla sigue aumentando a pesar de los riesgos mortales que implica.
Además del paso por el Darién, existe otra ruta clave para los migrantes cubanos que parten desde San Andrés, una isla colombiana en el Caribe, hacia Nicaragua. Este recorrido, si bien parece más directo, es igualmente peligroso y pone a los migrantes a merced de traficantes de personas, redes criminales y las autoridades locales, que muchas veces no ofrecen garantías de protección. Al llegar a Nicaragua, los migrantes cubanos suelen enfrentar aún más adversidades, ya que el gobierno de Daniel Ortega—aliado cercano del régimen cubano—no otorga facilidades migratorias, lo que obliga a los migrantes a continuar su peligroso camino hacia México y Estados Unidos, expuestos al tráfico de personas, extorsiones y otros abusos.
Invisibilización y falta de políticas regionales
El tratamiento que los migrantes cubanos reciben en Colombia y en la región es sumamente preocupante, los cubanos han sido invisibilizados por completo en el debate público. En muchos casos, optan por pasar desapercibidos, temiendo ser deportados o devueltos a un régimen que los condena por el simple hecho de intentar salir del país.
La falta de una política migratoria diferenciada para los cubanos es una falla significativa en la aplicación de instrumentos de protección internacional, como la Declaración de Cartagena de 1984. Este documento, que ha sido clave en la ampliación de los derechos de los refugiados en América Latina, va más allá de la definición tradicional de refugiado contenida en la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. La Declaración de Cartagena incluye en su definición a las personas que huyen no solo de persecución por motivos políticos, religiosos o raciales, sino también de “violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.”
Este marco debería ser aplicable a los migrantes cubanos que huyen de una situación de represión, persecución política y violaciones sistemáticas de derechos humanos, agravadas por las condiciones de extrema escasez y hambre. Sin embargo, en la práctica, las políticas migratorias de los países de la región—incluida Colombia—no han considerado las particularidades de la migración cubana, y por el contrario actúan desde el interés político con el régimen. Esto es particularmente grave en un contexto en el que incluso los venezolanos, con su abrumadora crisis de desplazamiento, han enfrentado dificultades para ser reconocidos plenamente como refugiados bajo la Declaración de Cartagena.
Para quienes llegan a Colombia no hay mayores opciones que las vías de regularización ordinaria, las cuales son muy costosas tanto en recursos como en tiempo. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que quieran solicitar y ser reconocidas como refugiadas, el tiempo de respondía puede extenderse hasta por cuatro años, tiempo durante el cual no pueden trabajar y por tanto no tienen como sobrevivir en un país en donde no cuentan con redes de apoyo.
¿Dónde está la solidaridad regional?
La falta de una respuesta regional coherente y solidaria ante la crisis cubana no es solo un problema humanitario; es también una contradicción a los principios sobre los cuales América Latina ha construido su compromiso con los derechos humanos. Esto no solo pone en riesgo a miles de migrantes, sino que también socava la credibilidad de la región como defensora de los derechos humanos y promotora de soluciones solidarias.
América Latina enfrenta una paradoja: mientras promueve el respeto a los derechos humanos y la solidaridad entre naciones, cierra los ojos ante las tragedias que sufren sus vecinos. El caso cubano es emblemático de esta contradicción. La invisibilización de la migración cubana no solo es una violación de los principios básicos de protección internacional, sino que también perpetúa la narrativa de que en Cuba no hay una crisis, favoreciendo a un régimen que sigue oprimiendo a su pueblo.
Colombia, como país signatario de la Declaración de Cartagena, debería tomar la delantera en reconocer la situación de los cubanos que llegan a su territorio. Es necesario que el país adopte políticas diferenciadas que reconozcan las condiciones de vulnerabilidad de los cubanos y que los protejan, no solo como migrantes, sino como personas que huyen de un régimen opresivo. Si bien se ha avanzado con la población venezolana.
La atención a la migración cubana es una deuda de solidaridad que la región aún no ha saldado. La región debe actuar con urgencia y responsabilidad, y demostrar que la protección de los derechos humanos no es una cuestión de números, sino de principios. Actuar de manera coordinada con un enfoque de derecho humanos y centrado en la dignidad de las personas y no de las afinidades políticas.
* Nastassja Rojas Silva es investigadora del Food Monitor Program.
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Suena un poco turbio, y hasta recreativo, pero son experimentos controlados. Nada de qué preocuparse.
