La fortuna de Trump
Donald Trump es el presidente más rico de la historia de Estados Unidos, y su gabinete es también el más acaudalado hasta la fecha. Desde su regreso a la Casa Blanca, la fortuna de Trump no ha hecho más que aumentar. Hace un año, su patrimonio neto se estimaba en 2.400 millones de dólares. Al comenzar su segundo mandato, ya alcanzaba los 3.700 millones. Y ahora, apenas tres meses después de iniciar su nuevo periodo de cuatro años, la cifra ha ascendido a 5.100 millones.
Desde los años setenta, el núcleo de la fortuna de Trump ha sido su empresa inmobiliaria, la Trump Organization, que heredó de su padre. Hoy en día, sus activos incluyen unos 20 campos de golf y más de 30 edificios que pertenecen directamente a la familia Trump o generan ingresos a través de licencias que comercian con el apellido familiar. La empresa está valorada en unos 2.650 millones de dólares, lo que representa casi la mitad de los activos totales del presidente. Pero, como es habitual en el sector inmobiliario, las compañías suelen manipular el valor de las propiedades —a la baja para reducir la carga fiscal o al alza para obtener mejores condiciones en préstamos—. Fue precisamente este tipo de contabilidad interesada lo que llevó a la Trump Organization a enfrentarse a la justicia: en febrero de 2024, un tribunal de Nueva York impuso a la empresa una multa de 355 millones de dólares y la inhabilitó temporalmente para operar en el Estado.
En 2021, tras ser expulsado de numerosas redes sociales a raíz del asalto al Capitolio del 6 de enero, Trump fundó Trump Media & Technology Group (TMTG), junto con la red social Truth Social, un clon de Twitter. Es allí donde el presidente comenta la actualidad, ataca a sus oponentes y anuncia muchas de sus decisiones políticas. En 2024, TMTG salió a bolsa, alcanzando una valoración de 6.700 millones de dólares al término de su primer día de cotización en el NASDAQ. Actualmente, su valor ronda los 5.400 millones. Trump y su familia poseen más de la mitad de las acciones de la compañía, lo que sitúa el valor total de su participación en unos 2.300 millones de dólares.
Sin embargo, el desempeño empresarial de TMTG ha sido decepcionante. En 2024, sus ingresos apenas sumaron 3,6 millones de dólares, mientras que las pérdidas operativas alcanzaron los 400 millones. En febrero de 2025, Truth Social contaba con una media de solo 304.000 usuarios activos diarios en Estados Unidos. En comparación, BlueSky tiene 3 millones de usuarios, y Twitter (X), unos 25 millones.
El presidente cripto
Estas estimaciones del patrimonio del presidente no incluyen sus criptomonedas personales: el token $WLFI y la moneda meme $Trump. El valor de estos activos se ha disparado en los últimos seis meses y actualmente se acerca a los 3000 millones de dólares, más que el conjunto del resto de los negocios de Trump. Se sabe muy poco sobre quiénes han invertido en las iniciativas cripto de la familia Trump y, mientras tanto, su administración impulsa una desregulación aún más profunda del sector.
En el verano de 2024, Trump y sus hijos comenzaron a promocionar un proyecto cripto llamado World Liberty Financial. A diferencia de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, que pueden negociarse en mercados abiertos, el token $WLFI de esta iniciativa tiene un precio fijo, no es transferible y solo está disponible para inversores acreditados.
Con vagas promesas de que los poseedores de $WLFI podrán “dar forma al futuro del proyecto” —y con los tres hijos de Trump mencionados como asesores de la compañía—, el mercado percibe el token no tanto como un vehículo de inversión serio, sino como una forma de acceder al entorno íntimo de la primera familia de Estados Unidos. El propio Trump figura oficialmente como “principal defensor cripto” de la empresa.
Los tokens se venden a precios que oscilan entre 1,5 y 5 centavos, y el 75% de los ingresos va a parar a organizaciones vinculadas a Trump. Entre los 50 mayores poseedores del token $WLFI, se cree que casi la mitad son ciudadanos extranjeros, ya que compraron los tokens a través de plataformas que prohíben el comercio a ciudadanos estadounidenses. Uno de los compradores más destacados fue el empresario cripto de Hong Kong, Justin Sun. En noviembre de 2024, Sun adquirió tokens $WLFI por valor de 30 millones de dólares, se convirtió en asesor de la empresa y luego invirtió otros 45 millones. Estas contribuciones ayudaron a que $WLFI recaudara unos 56 millones de dólares.
Para entonces, Sun ya había sido acusado de manipulación de mercado. En marzo de 2023, se alegó que había utilizado sus empresas —Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. y Rainberry Inc.— para obtener beneficios indebidos por más de 30 millones de dólares. Sin embargo, en febrero de 2025, la nueva dirección de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), designada por Trump, suspendió el caso contra el empresario hongkonés. (Anteriormente, Trump había acusado al hijo de su predecesor, Joe Biden, Hunter, de hacer negocios con China y de haber recibido 1.500 millones de dólares de empresarios chinos).
La SEC también aceptó retirar una demanda contra Coinbase, la mayor plataforma estadounidense de compraventa de criptomonedas, acusada de operar como bolsa, corredor y agencia de compensación sin licencia. Durante la campaña presidencial de 2024, Coinbase donó 75 millones de dólares en apoyo a Trump. Tras su victoria, la compañía aportó otro millón al comité de investidura del presidente, además de otros 17 millones procedentes de otras empresas del sector cripto.
El día antes de la toma de posesión, Trump lanzó la moneda meme $Trump. El 80% de los tokens pertenece a organizaciones vinculadas a Trump, aunque la emisión completa está prevista a lo largo de tres años. A mediados de marzo, la moneda se cotizaba en torno a los 11 dólares, y con un total proyectado de 1000 millones de tokens, Trump podría aspirar teóricamente a beneficios multimillonarios (a pesar de que la capitalización de mercado del proyecto ha caído cerca del 85% desde su lanzamiento). Se estima que el presidente, sus familiares y socios comerciales ya han ganado entre 100 y 350 millones de dólares en comisiones por transacciones.
El precio de la moneda meme subió tras conocerse que Trump organizaría una cena privada para los 220 mayores poseedores del token. A los 25 principales se les prometió una “reunión VIP ultraexclusiva con el presidente” y una visita a la Casa Blanca. Los críticos afirman que las iniciativas cripto de Trump ofrecen a empresarios y funcionarios —tanto estadounidenses como extranjeros— una oportunidad sin precedentes para enriquecer al presidente, sin despertar demasiada atención pública, gracias al anonimato del que gozan los inversores en criptomonedas.
Tras el anuncio del encuentro, el 23 de abril, se realizaron 436 compras individuales de la moneda meme, cada una por un valor superior a los 100.000 dólares. Las 17 operaciones más grandes, por un total de casi 15 millones, se efectuaron a través de plataformas extranjeras. Entre los 220 poseedores de tokens con derecho a asistir a la cena con Trump, el 56% adquirió la criptomoneda por medio de plataformas no estadounidenses. Unos 60 de ellos residen en China y en países del Sudeste Asiático. De los 25 asistentes con acceso potencial a la reunión VIP con el presidente, se cree que 19 son extranjeros. En conversaciones con periodistas, muchos compradores admitieron haber adquirido la moneda con el objetivo de hacer lobby en favor de sus intereses empresariales durante el encuentro con Trump.
La primera reunión tuvo lugar el 22 de mayo en el club de golf del presidente en Virginia. Un centenar de manifestantes recibió a los asistentes al grito de “vergüenza”. Además del magnate hongkonés Justin Sun, al evento acudieron el inversor coreano Sannok Oh, el australiano Kain Warwick, el director de la empresa taiwanesa Kronos Research Vincent Liu y el director de la firma británica de comercio cripto Wintermute, Yevgeny Gaevoy.
La Casa Blanca se negó a divulgar la lista completa de invitados, y la secretaria de prensa de Trump, Caroline Leavitt, declaró que el presidente asistía en calidad de ciudadano privado, calificando de “absurdas” las acusaciones de que su jefe estaba explotando el cargo público en beneficio propio.
Los demócratas en el Congreso exigen investigaciones sobre Donald Trump y miembros de su familia, a quienes acusan de corrupción y de vender el acceso al presidente a individuos y empresas, incluidos ciudadanos y corporaciones extranjeras con intereses financieros en Estados Unidos. En febrero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció que no supervisaría las monedas meme. Y en abril, el Departamento de Justicia disolvió su unidad de delitos relacionados con criptomonedas, citando como causa una orden ejecutiva firmada por Trump.
Negocios familiares por el mundo: de Albania a Arabia Saudí
Las criptomonedas son solo una de las herramientas que la familia Trump está utilizando para sacar provecho de su influencia política. En Washington, Donald Trump Jr., junto con su socio Omid Malik y los hijos del enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, lanzaron el club Executive Branch. El acceso es solo por invitación y la cuota de membresía asciende a medio millón de dólares. Algunos lobistas y varios miembros del gobierno de Trump ya se han afiliado. A la inauguración asistieron la fiscal general Pam Bondi y el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins, quienes son responsables de investigar y regular este tipo de esquemas.
Durante el primer mandato de Trump, la Trump Organization —entonces dirigida por los hijos del presidente— se había comprometido a no hacer negocios fuera de Estados Unidos. Esa restricción ya ha sido eliminada, y la empresa ha cosechado importantes beneficios con sus operaciones en el extranjero. Durante la campaña electoral, la Trump Organization anunció un acuerdo por 1.500 millones de dólares para construir un complejo de hoteles, campos de golf y viviendas de lujo en Vietnam. En marzo de este año, el primer ministro vietnamita recibió al socio de Trump, Charles Boyd-Bowman, director de la firma de inversiones IDG Capital Vietnam, quien declaró abiertamente que las autoridades estaban ayudando a agilizar la construcción.
El acuerdo en Vietnam no fue un caso aislado. En junio de 2024, los hijos de Trump cerraron un trato para construir un hotel y un campo de golf en Omán. Entre sus socios se encontraba el Ministerio de Turismo omaní, que recibirá parte de los beneficios, así como la firma saudí Dar Global, vinculada al gobierno saudí. Tras las elecciones, la Trump Organization comenzó la construcción de varios desarrollos residenciales en las principales ciudades de la India, incluidas Bangalore, Hyderabad, Noida y Bombay. El valor total de estos proyectos supera los 1000 millones de dólares.
A finales de abril, Donald Trump Jr. visitó varios países de Europa del Este. En Hungría, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores y pronunció un discurso remunerado ante empresarios locales, en el que calificó al primer ministro Viktor Orbán como “uno de los últimos bastiones de luz” en Europa. Trump y Orbán se elogian con frecuencia, y, en 2025, Hungría fue sede de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), financiada por el gobierno húngaro.
Donald Trump Jr. y Viktor Orbán.
En Bulgaria, Donald Trump Jr. fue uno de los ponentes principales en un evento organizado por la firma de criptomonedas Nexo, que abandonó Estados Unidos en 2023 tras pagar 45 millones de dólares para resolver cargos regulatorios estatales, y que ahora busca reingresar en el mercado estadounidense. Entre los asistentes se encontraba Delyan Peevski, magnate de los medios y político búlgaro sancionado por Estados Unidos por corrupción, bajo la Ley Magnitsky. El hijo del presidente estadounidense también se reunió con el ex primer ministro búlgaro Boyko Borissov, quien, en 2022, fue sospechoso de fraude relacionado con fondos de la Unión Europea.
En Bucarest, Rumanía, Trump Jr. habló en la conferencia Trump Business Vision 2025, donde compartió escenario con varios políticos locales también acusados de corrupción. Entre ellos estaban el magnate de los medios y político Dan Diaconescu, condenado por extorsión en 2015 y sentenciado a cinco años de prisión, y el multimillonario Ion Țiriac, acusado de beneficiarse de procesos de privatización opacos.
El viaje de Trump Jr. fue facilitado por el ex primer ministro rumano Victor Ponta, quien anteriormente había sido recibido por Trump y su hijo en su residencia de Mar-a-Lago. Ponta dimitió en 2015 en medio de acusaciones de corrupción y se presentó como candidato presidencial en 2025, quedando en cuarto lugar.
Durante su gira por Europa del Este, el hijo del presidente también se reunió con el presidente serbio Aleksandar Vučić. Las autoridades serbias asignaron un terreno a la Trump Organization en el solar del antiguo Ministerio de Defensa en Belgrado —destruido en un bombardeo de la OTAN en 1999— para construir un hotel de lujo y un complejo residencial. El proyecto está siendo financiado por el yerno del presidente, Jared Kushner, cuyo fondo de inversión ha recibido más de 3500 millones de dólares de los gobiernos de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Con ese dinero, Kushner también planea construir un complejo de villas de 1400 millones de dólares en Albania.
En mayo, el presidente Trump visitó tres monarquías del Golfo Pérsico como parte de una gira por Oriente Medio. Posteriormente, afirmó haber firmado acuerdos con sus gobiernos por un total de 4 billones de dólares en inversiones para la economía estadounidense. Esta cifra parece estar enormemente inflada, ya que equivale aproximadamente al tamaño combinado de los fondos soberanos de estos países. En Riad, Trump anunció que Estados Unidos había acordado vender a Arabia Saudí un paquete de armas valorado en unos 142.000 millones de dólares. Catar firmó un acuerdo para la compra de 160 aviones Boeing por 96.000 millones, mientras que los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de inteligencia artificial por 1,4 billones de dólares, en virtud del cual Estados Unidos permitiría la exportación de chips avanzados de tecnología.
Los tres países mantienen estrechos lazos comerciales con la familia Trump. En Yeda, Arabia Saudí, la Trump Organization consiguió un contrato para construir una Torre Trump, y en la capital, Riad, está licenciando su marca para dos nuevos proyectos inmobiliarios.
En Catar, la empresa cerró un acuerdo para construir un complejo turístico de golf de lujo en asociación con la empresa constructora Qatari Diar. El proyecto cuenta con el respaldo del fondo soberano del país.
Y en los Emiratos Árabes Unidos, durante una conferencia sobre criptomonedas en Abu Dabi, una empresa estatal de inversiones anunció que había seleccionado la moneda estable World Liberty Financial de la familia Trump para respaldar una inversión de 2000 millones de dólares en Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo.
Durante su estancia en Arabia Saudí, Trump también se reunió con el presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, a quien describió como “un joven atractivo y un verdadero líder”. Tras las conversaciones, Trump anunció que Estados Unidos levantaría las sanciones impuestas a Siria. Previamente, al-Sharaa había ofrecido a los estadounidenses acceso al petróleo sirio e incluso había planteado la posibilidad de construir una Torre Trump en Damasco. Además de al-Sharaa, se levantaron las sanciones a Syrian Arab Airlines, el banco central sirio, varias compañías estatales de petróleo y gas, y al hotel Four Seasons de Damasco. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión alegando el riesgo de colapso gubernamental y la posibilidad de que continuara la guerra civil.
Palacio volador
Durante su visita a Catar, Trump recibió un regalo fastuoso por parte de las autoridades del país: un Boeing 747-8. La prensa lo ha apodado “palacio volador”, y su valor se estima en 400 millones de dólares. No solo es el obsequio más caro jamás recibido por un presidente estadounidense, sino que su valor es cien veces superior al del total de regalos entregados por gobiernos extranjeros a presidentes de EE. UU. en los últimos 25 años.
Propuesta de diseño de cabina VIP para un avión similar al que le regalaron a Trump.
La Constitución estadounidense prohíbe expresamente que el presidente y otros funcionarios acepten regalos de potencias extranjeras sin el consentimiento del Congreso. Por ley, el jefe de Estado y todos los empleados federales solo pueden quedarse con obsequios de gobiernos extranjeros si su valor no supera los 480 dólares. En caso de aceptar objetos más valiosos, deben entregarse a los Archivos Nacionales. Si el presidente o cualquier funcionario desea conservar el regalo de forma personal, debe pagar su valor completo de su propio bolsillo.
La administración Trump insiste en que las autoridades cataríes donaron el avión a Estados Unidos y no a Trump de forma personal, y que el aparato será inscrito ahora en los activos del Pentágono. Sin embargo, periodistas descubrieron que la solicitud del avión partió de la propia Casa Blanca. El motivo aparente: los dos aviones presidenciales actuales están envejecidos y Boeing ha retrasado la entrega de un nuevo modelo. No obstante, para cumplir los requisitos de seguridad y confidencialidad de EE. UU., el jet catarí necesitará una remodelación a gran escala que podría tardar años y costar más de mil millones de dólares de fondos públicos. Además, es posible que Trump pueda seguir usando el avión, incluso, después de dejar el cargo, ya que está previsto que se transfiera a su futura biblioteca presidencial.
La legalidad del acuerdo está despertando un creciente escrutinio. Es cierto que fue aprobado por los abogados de la Casa Blanca y por la fiscal general Pam Bondi. Pero, en 2019, Bondi se registró como lobista a favor de Catar, con un sueldo mensual de 115.000 dólares. Hasta 2025, también actuó como lobista para el gobierno de Kuwait y para KGL KSCC, una empresa de logística contratista del Pentágono en Oriente Medio que ha sido acusada de extorsión.
Como defensa, la administración señala el precedente del SAM 27000, el avión que fue transferido a la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Pero aquel avión no fue un regalo extranjero ni se entregó inmediatamente: fue retirado del servicio en 2001 tras casi 30 años de uso, y Reagan —que tenía ya 90 años— nunca volvió a volar en él tras dejar la presidencia. En efecto, era una auténtica pieza de museo.
Los demócratas han criticado duramente a Trump, acusándolo de aceptar un soborno del gobierno catarí. Un intento de introducir en el Senado un proyecto de ley que prohibiera al presidente usar una aeronave extranjera fracasó. Como era de esperar, la medida fue bloqueada por los republicanos.
Aun así, incluso algunos senadores republicanos expresaron escepticismo respecto a la generosidad de la familia real catarí. Y varias figuras de los medios conservadores fueron aún más tajantes —entre ellas, Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, y la activista Laura Loomer, a quien Trump recibió recientemente en la Casa Blanca—, y manifestaron su preocupación por el hecho de que el avión fuera un obsequio de las autoridades cataríes —un aliado de Estados Unidos, pero conocido por su apoyo al grupo terrorista Hamás.
La legislación estadounidense sobre conflictos de interés prohíbe que los funcionarios públicos adopten medidas que beneficien a sí mismos o a sus familiares. Pero esa ley no se aplica al cargo más alto de la nación. El único mecanismo disponible para impedir que Trump siga actuando como lo hace es el impeachment, que la Constitución contempla en casos de corrupción. Pero dada la actual polarización partidista, es difícil imaginar que una acusación de este tipo obtenga los 67 votos necesarios en el Senado para destituir a un presidente.
E, incluso, si llegara a aceptar un soborno directo, Trump probablemente eludiría cualquier responsabilidad legal tras dejar el cargo. El pasado mes de julio, una sentencia del Tribunal Supremo otorgó una amplia inmunidad a los expresidentes.
* Artículo original: “The White House cash cow: How Trump monetizes his presidency through crypto, family ventures, and foreign ties”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.

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