La legalidad internacional y el orden global son de esos artefactos que, en el habla cotidiana, sirven más que otra cosa para reprochar el comportamiento de los otros.
Así escuchamos: “con la invasión de Ucrania, Rusia transgrede la legalidad internacional”; “la intervención de Trump en Venezuela hace tambalear el orden global”; “la supresión de Palestina que intenta el gobierno de Israel es contraria al derecho internacional”.
Pero nunca nos congratulamos, por ejemplo, de que Hong Kong exista (al menos, de momento) precisamente gracias a ese mismo equilibrio precario de tensiones.
No he conseguido recordar ni una sola frase de encomio a la legalidad internacional que no haya sido provocada por una acción en su contra. Tomemos el caso de Naciones Unidas, institución ineludible del orden global.
En tiempos tranquilos, solo recibe críticas o, en el mejor de los casos, indiferencia. Se habla habitualmente de su inefectividad para evitar esta o aquella guerra, de la injusticia de que existan miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, de que se violen “impunemente” los derechos humanos y de la incapacidad del organismo internacional para hacerlos cumplir.
Se habla infinitamente menos, sin embargo, de que en el periodo de su funcionamiento se han reducido drásticamente las guerras interestatales, de que la pobreza extrema haya bajado en 60 puntos porcentuales y de que la UNESCO proteja más de 10 millones de km² de tierra, entre otros éxitos globales.
Así, la legalidad internacional subsiste, en el mejor de los casos, siendo la Santa Bárbara de la que acordarse cuando truena. Y precisamente así es como la estamos viendo mentada en estos días por los críticos de la “extracción” de Maduro en Venezuela (podrían haberle llamado “Operación Militar Especial”, si los asesores de Trump tuvieran un mínimo sentido del humor).
Su defensa, sin embargo, no producía ningún entusiasmo entre estos mismos críticos hasta hace apenas un par de días. Entre 1989 y 2014, la cantidad de muertes en guerras entre estados promedió 15 mil muertes por año. De 2014 hasta ahora, esa misma cifra subió a 100 mil. Lo que ha quedado en la memoria de los movimientos progresistas, sin embargo, no ha sido este éxito, sino las dos guerras de Irak y la invasión a Afganistán.
Si el orden global no ha tenido hasta ahora quién lo aprecie, ¿por qué les asombra tanto que no funcione? Y, en segundo lugar, ¿cuántos de los que se asombran están dispuestos a invertir algo en él?
Y no me refiero a buenas palabras, sino a acciones concretas. Por ejemplo, un cortafuegos real que garantice la soberanía de Hong Kong. ¿Y a invertir qué? ¿Tropas, armas, una parte sustancial de los impuestos nacionales, las consecuencias económicas de una ruptura comercial con China?
Los mismos que le piden a la Unión Europea una reacción más contundente en contra de la “extracción” de Maduro son los que se oponen al aumento del gasto en defensa y a la conformación de una fuerza militar conjunta. Quizás tengan razón en su pacifismo. Quizás, no. Pero lo importante no es si están en lo cierto, sino la contradicción en que transitan sin reconocerlo.
La legalidad internacional no es un equivalente global de la legalidad nacional. No funciona así. No tiene, ni va a tener en el futuro previsible, unas fuerzas del orden que la acompañen ni unas instituciones soberanas que la respalden. Tampoco será un sistema coherente y consolidado de obligaciones y derechos. Es más bien un entramado de declaraciones y acuerdos que se sostienen por y para la legitimidad que las produce.
Dicho de otra forma, no es un referente absoluto, como las leyes que guían las actuaciones judiciales en el ámbito nacional, sino más bien una herramienta para auxiliar en los debates geopolíticos. A veces, solo una referencia.
¿Como va a ser apreciado algo así (tan poco tangible, tan poco claro, tan poco seguro) en esta época de influencers y populismos?
El público contemporáneo es incapaz de entusiasmarse con una defensa tranquila del status quo. Mucho menos podemos creer que vaya a quedar cautivado con un respaldo aburrido a las instituciones que lo sostienen.
Un tema como este no permite agruparnos en bandos a favor y en contra. No permite discusiones interminables en foros y comentarios. Más bien aspira a todo lo contrario, a apaciguarnos por medio del consenso. Y no hablemos ya de la obligación mutua de transigir (compromise) sobre la que este consenso descansa. Es, en suma, un imposible para el sistema de la comunicación en la era de la economía de la atención.
Y es en esta dirección (la de su difícil encaje en la cultura política contemporánea), y no en la de las últimas acciones de Trump, dónde hay que buscar la respuesta a por qué la legalidad internacional a duras penas tiene una sombra de la influencia que aspira a tener. Y todavía hay que dar gracias porque al menos conservemos alguna reminiscencia de ella.
Espero no se lo tomen a mal mis amigos institucionalistas, moralistas y liberales, pero si la mayoría ha podido concluir que la “extracción” de Maduro ha sido algo “bueno”, no es porque hayan encontrado la interpretación jurídica correcta que lo justifique. Es “solo” porque, en el fondo, también son capaces de apreciar el valor en la excepción de la regla y, por extensión, porque reconocen (al menos, tácitamente) la irreductibilidad de la contingencia. Dicho de otra manera, es porque en algún lugar, en lo profundo de sus pensamientos, les espera el pragmatismo.
Cuando las circunstancias precisas lo exigen (cada uno tiene las suyas), todos somos capaces de relativizar el apego a la ley moral y al concepto universal de lo bueno. Y podemos conformarnos perfectamente, incluso sin aceptarlo, con el gran valor que tiene decir simplemente: “ha sido lo mejor que se podía hacer en este caso, dada las circunstancias actuales, y según mis intereses y prioridades”.
Lo único que falta es reconocerlo. Porque tienen la razón. Estamos ante el caso perfecto para desprendernos de las evaluaciones absolutas en política. Los sucesos en Venezuela, en lugar de pedir evaluaciones universales, se entienden mucho mejor bajando al mundo de las llamadas “distancias cortas”.
En lugar de pensar en la legalidad internacional, ¿por qué no podríamos pensar, por ejemplo, en que es perfectamente comprensible que una persona que haya colocado en el centro de su vida la lucha contra el régimen cubano, o que le hayan obligado a hacerlo, se alegren por lo que sucedió con Maduro?
Y, si esto lo aplicamos a un conocido, también lo podemos extender a todos los que tienen la caída de las dictaduras entre sus objetivos vitales. ¿Quién se atreve a decirles que no lo hagan? ¿Porque no es “lo correcto”? Ni siquiera tiene sentido pedirles, como se ha hecho repetidamente, que “maticen” su alegría por lo sucedido, considerando el cómo sucedió. ¿Quién, en su sano juicio, celebra un regalo renegando de quien se lo envía?
Y lo mismo se aplica a quienes condenan la agresión y, por tanto, la consideran “mala”. ¿Por qué va a ser un problema que antepongan otras prioridades a la “extracción”? En las circunstancias actuales, hay innumerables razones, igual de justificadas, que pueden ser consideradas para muchas personas como objetivos más importantes que la caída de Maduro, sin que eso implique ser un defensor de las dictaduras.
Es igual de relevante, por ejemplo, el asco a Trump, la pérdida de importancia de Europa en un escenario geopolítico militarizado, o las implicaciones de las acciones de EE. UU. en las disputas partidistas de los respectivos países. Yo diría que, quitando a aquellos que directamente defienden los regímenes dictatoriales de Cuba y Venezuela, la mayoría de las discrepancias en este caso no son incompatibles: solo reflejan preocupaciones distintas.
Por eso este es un caso perfecto para que, en lugar de discutir sobre qué es más importante o qué “debería” haberse hecho en sentido absoluto, reconsideremos el valor de la fórmula “cuestión de prioridades”. Podríamos encontrar que, en el fondo, es mucho más productiva para la concertación política de los defensores de la democracia, aunque solo sea porque las evaluaciones absolutistas siempre terminan en descalificaciones sin sentido.
¿No es de esto de lo que se trata, de impulsar la democracia? Lo importante es no ceder a la tentación de convertir el posicionamiento político personal en evaluación universalista de un deber ser ideal.
El recurso a la legalidad internacional es una forma de esa tentación y la universalidad de su negación es exactamente lo mismo, pero en sentido opuesto. Entre los dos extremos, se trata de recordar las contradicciones en las que vivimos, el “más o menos” y el “de momento”, así como la inevitable capacidad que tenemos todos (conscientemente o no, explícitamente o no) de pensar pragmáticamente, sin absolutos, en un mundo que los exige constantemente pero que en el fondo los repele.
