Se ha presentado en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley de inmigración bipartidista que promete cambios significativos en el trato que reciben los emigrantes cubanos a su llegada a Estados Unidos a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Este esfuerzo legislativo pretende abordar un problema de larga data que ha dejado a miles de migrantes cubanos en un estado de limbo, incapaces de obtener la residencia permanente, comúnmente conocida como tarjeta verde, debido a las actuales políticas de inmigración.
Históricamente, los emigrantes cubanos han podido solicitar la residencia permanente un año después de llegar a Estados Unidos, gracias a la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Sin embargo, un requisito crucial para poder acogerse a esta ley es que los emigrantes hayan sido “inspeccionados y admitidos o paroleados” en Estados Unidos, una condición que se ha convertido en un obstáculo importante.
El cese de la política de documentos de parole por parte de la administración Obama, junto con la emisión de formularios I-220A por parte de los agentes fronterizos —un documento no reconocido por los jueces de inmigración para las solicitudes de residencia— ha agravado la difícil situación de los migrantes cubanos. Estos formularios, esencialmente órdenes de comparecencia ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, no cumplen los requisitos establecidos para cambiar el estatus migratorio.
El proyecto de ley propuesto por el Senado pretende remediar esta situación introduciendo una norma especial que exime del requisito previo de “inspección y admisión o parole” a los inmigrantes cubanos liberados en virtud de las nuevas normas de procesamiento fronterizo, permitiéndoles así obtener una tarjeta verde en virtud de la Ley de Ajuste Cubano. Esta norma también reafirma la elegibilidad de los migrantes cubanos y haitianos para la ayuda a los refugiados, incluyendo Medicaid, cupones de alimentos y asistencia en efectivo.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley propone controles más estrictos sobre el sistema de asilo, con el objetivo de acelerar la adjudicación de casos y las deportaciones, y otorga al presidente la autoridad para limitar el procesamiento fronterizo bajo condiciones específicas. Este doble enfoque subraya la complejidad de equilibrar las preocupaciones humanitarias con la necesidad de regular la inmigración.
A pesar de los beneficios potenciales para los futuros inmigrantes cubanos, las disposiciones del proyecto de ley no son retroactivas, lo que deja a los que actualmente tienen formularios I-220A sin un alivio inmediato. Expertos jurídicos y defensores de la inmigración han expresado reacciones encontradas, destacando tanto las oportunidades como los retos que presenta la nueva legislación.
Los críticos argumentan que, si bien el proyecto de ley aborda algunas cuestiones decisivas y necesarias, plantea interrogantes sobre sus implicaciones más amplias y no proporciona un camino claro para la regularización de los migrantes indocumentados que ya están en los Estados Unidos, incluidos los “Dreamers”. El proyecto de ley también se enfrenta a una oposición significativa, con algunos legisladores y el ex presidente Donald Trump expresando su desaprobación, lo que pone en duda su aprobación en el Congreso.
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