La administración del presidente Joe Biden ha continuado, inexplicablemente, la política exterior de la era Trump sobre Cuba, una desviación importante del intento de Obama de normalizar las relaciones con la nación caribeña, opina el periodista Ryan Grim, actual editor de The Intercept, en su newsletter “Bad News”. El artículo de Grim, da voz a la decepción que ha provocado la demora, por parte del Departamento de Estado, para evaluar la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Cambio en la política hacia Cuba
Bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos dio pasos significativos hacia el deshielo de las relaciones con Cuba, una medida considerada como uno de los legados clave de Obama en política exterior. Este cambio de estrategia tenía como objetivo poner fin a décadas de hostilidad entre las dos naciones, abriendo vías para el comercio, los viajes y el compromiso diplomático.
Sin embargo, la administración Trump dio marcha atrás y volvió a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Esta decisión no solo socavó los esfuerzos de normalización, sino que también desempeñó un papel en la exacerbación de la crisis migratoria en el hemisferio occidental. Las políticas de Trump, que incluyen sancionar a Venezuela y desestabilizar a las naciones regionales, contribuyeron a aumentar la migración hacia el norte, que utilizó para justificar medidas migratorias estrictas.
La sorprendente continuidad de Biden
A pesar de las expectativas de un cambio de política, la administración Biden ha mantenido la postura de línea dura de Trump sobre Cuba. En una sesión informativa confidencial ante el Congreso, el funcionario del Departamento de Estado Eric Jacobstein reveló que el proceso de revisión para retirar a Cuba de la lista de países terroristas, prometido por la administración Biden, ni siquiera había comenzado. Esta revelación fue inesperada, sobre todo teniendo en cuenta las garantías previas de una revisión en curso, e indica un retraso significativo en cualquier posible cambio de política.
La inercia en la reevaluación del estatus de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo ha suscitado frustración entre los legisladores. Esta situación salió a la luz en una reunión en la que el representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, preguntó por el estado de la revisión, sólo para enterarse de que el proceso no había comenzado, lo que retrasaba cualquier posible exclusión de la lista hasta mediados de 2024 o más tarde.
Repercusiones y respuestas políticas
La postura de la administración Biden ha propiciado un complejo escenario político. Los demócratas, que tradicionalmente han abogado por políticas de inmigración más humanas, parecen estar alineándose con las restricciones a la entrada masiva al país y con las medidas de seguridad fronteriza respaldadas por los republicanos. Esta alineación, como sugiere Grim, podría ser una estrategia política en respuesta a la falta de apoyo entre los votantes hispanos y al deseo de abordar la caótica situación en la frontera entre Estados Unidos y México.
Por otro lado, los republicanos se enfrentan a un dilema: aunque abogan por controles fronterizos más estrictos, reducir el caos en la frontera podría privarles de un potente argumento político contra los demócratas.
Preocupaciones internacionales y humanitarias
Las implicaciones de la línea dura de Estados Unidos van más allá de la política nacional. La designación como país patrocinador del terrorismo dificulta significativamente la capacidad de Cuba para realizar negocios internacionales, lo que agrava una economía ya frágil. Esta presión económica ha coincidido con un aumento de la emigración cubana a Estados Unidos, lo que pone en tela de juicio la estrategia política de la administración Biden, señala Grim y agrega:
La justificación de la administración Trump para volver a designar a Cuba como patrocinador del terrorismo se basó en gran medida en que el país había acogido a representantes de las FARC y el ELN, dos movimientos guerrilleros armados designados por Estados Unidos como grupos terroristas.
Pero en octubre de 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro, en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado Antony Blinken, señaló que la propia Colombia, en cooperación con la administración Obama, había pedido a Cuba que acogiera a los miembros de las FARC y el ELN como parte de las conversaciones de paz.
La medida de la administración Trump fue “una injusticia”, dijo, y debería deshacerse. “No somos nosotros [Colombia] quienes debemos corregirlo, pero es necesario corregirlo”, añadió Petro.
Cáritas Internacional: “Cuba se enfrenta al colapso económico y a una crisis humanitaria”
“La población sufre una dramática espiral descendente. La promesa socialista de alimentos, salud y educación ya no se cumple”.
