La administración de Biden acusó formalmente a Cuba de beneficiarse del trabajo forzado el lunes, dos meses después de que el presidente Biden firmara un proyecto de ley de gastos que requiere que el Departamento de Estado imponga sanciones a los funcionarios de terceros países que contraten brigadas de trabajo cubanas.
Esa determinación establece un enfrentamiento entre los partidarios de una postura dura contra Cuba en el Congreso, que quieren que se traduzca inmediatamente en sanciones contra terceros —incluidos aliados clave de Estados Unidos—, y el Departamento de Estado, que considera a La Habana como principal culpable.
Sólo se está debilitando
“Ahora, cuando se habla de este aspecto de la trata de seres humanos, por alguna razón, el Departamento de Estado y la administración, francamente, se están desentendiendo. Es increíble”, declaró el representante Mario Díaz-Balart (republicano de Florida), presidente del Subcomité de Asignaciones de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes.
Esa frustración se produce a pesar de que el Departamento de Estado ha añadido un texto al Informe sobre la Trata de Personas (TIP) de 2024 en el que acusa directamente a Cuba de aplicar “una política o pauta gubernamental para beneficiarse del trabajo forzoso en el programa de exportación de mano de obra de Cuba, que incluía misiones médicas en el extranjero”.
Ese lenguaje es un paso adelante respecto a anteriores versiones del informe, incluido el TIP de 2023, que alegaba “fuertes indicios de trabajo forzado, particularmente en el programa de misiones médicas en el extranjero”.
El TIP es un informe anual publicado por el Departamento de Estado con evaluaciones globales de diferentes tipos de trata de seres humanos, desde la trata con fines sexuales hasta los trabajos forzados.
Grupos como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) elogiaron la acusación directa de trabajo forzoso en el TIP, pero pidieron al Estado que tomara medidas inmediatas, incluida la desfinanciación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que fue demandada por médicos cubanos en 2020 por su papel en el pago de misiones cubanas en Brasil.
“La FHRC elogia al Departamento de Estado por su vigilancia y su compromiso para descubrir estos abusos. Sin embargo, hacemos hincapié en que reconocer estas violaciones es sólo el primer paso. Deben tomarse medidas tangibles para que los autores rindan cuentas”, afirmaron los representantes de la CDHDF en un comunicado.
“Esta es una gran oportunidad para que Estados Unidos demuestre que es un faro de justicia y haga precisamente eso. Como principal financiador de la Organización Panamericana de la Salud, como país no podemos mirar hacia otro lado ante los atroces errores de juicio de la OPS, en el mejor de los casos, y la actividad abiertamente delictiva, en el peor”.
Un segundo informe del Estado entregado al Congreso la semana pasada detallaba la evaluación del departamento sobre las brigadas de trabajo médico de Cuba, concretamente la Brigada Henry Reeve, un proyecto creado en 2005 para que los profesionales médicos cubanos se desplegaran en otros países en situaciones de emergencia.
El informe, encargado por el Congreso en la ley de gastos de 1,2 billones de dólares firmada por el presidente Biden en marzo, enumera 74 países —desde aliados de la OTAN, incluido el Reino Unido, hasta rivales de Estados Unidos, como China— que pueden haber acogido a trabajadores afiliados al gobierno cubano en los últimos cinco años.
Los partidarios de una postura dura contra Cuba incluyeron un texto en la ley de gastos que ordenaba al Estado imponer sanciones contra funcionarios de terceros países que “estén pagando directamente al gobierno de Cuba por el trabajo coaccionado y traficado de profesionales médicos cubanos”.
Pero el Departamento de Estado evitó señalar a funcionarios concretos de terceros países en su informe al Congreso, en parte porque los planes de pago entre Cuba y los países anfitriones varían de una misión a otra.
“El Departamento no dispone en este momento de información suficiente para evaluar la implicación de funcionarios concretos del gobierno anfitrión en graves violaciones de los derechos humanos o en corrupción significativa”, reza el informe.
“En algunos casos, los contratos firmados entre Cuba y un país receptor incluyen disposiciones para garantizar que las condiciones de trabajo se ajustan a las normas laborales internacionales. Sin embargo, dado que Cuba firma un contrato independiente y secreto con cada trabajador, los funcionarios del gobierno cubano son los principales responsables de las prácticas fraudulentas y coercitivas bajo las que prestan servicio estos trabajadores.”
Este razonamiento no gustó a los partidarios de una postura dura contra Cuba.
“Esto es bastante rutinario, ya que tomarán determinaciones basadas en los hechos de que disponen. Y el hecho de que se muestren reacios a hacerlo aquí te dice todo lo que necesitas saber sobre la actitud de esta administración, que intenta sistemáticamente encontrar formas de excusar y apaciguar a este régimen terrorista antiamericano”, declaró Díaz-Balart.
Un perder-perder
El presidente Biden ha estado entre la espada y la pared en lo que respecta a la política hacia Cuba desde el primer día.
Muchos progresistas querían una vuelta a la política de acercamiento de la administración Obama, y los funcionarios cubanos abrieron la puerta de par en par a su regreso.
Pero Biden se enfrentó a serios obstáculos para relajar las sanciones, no sólo por parte de los republicanos, sino también de aliados como el senador Bob Menéndez (Nueva Jersey), que hasta su acusación de corrupción en septiembre era el principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Y la administración saliente de Trump dejó una papa caliente, al añadir a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo una semana antes de que Biden tomara posesión de su cargo.
En esencia, el expresidente Trump retó a Biden a realizar un importante movimiento a favor de La Habana o a enfrentarse a las consecuencias migratorias de endurecer aún más la presión económica sobre la isla.
El gobierno de Biden se ha negado a discutir la presencia de Cuba en la lista, pero ha tomado algunas medidas para suavizar las restricciones en otros ámbitos, como el de la pequeña empresa, y ha retirado a Cuba de una lista aparte de países que no colaboran plenamente con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.
Esto ha enfurecido a los partidarios de una postura dura contra Cuba, pero la mayoría de las sanciones siguen en vigor, lo que ha irritado a los progresistas, a los socios internacionales estratégicos, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y al gobierno cubano.
“Las medidas coercitivas que Estados Unidos denomina ‘sanciones’ sólo se sostienen por la fuerza bruta de Estados Unidos. No tienen legitimidad ni autoridad moral. Es el recurso de los poderosos contra los menos poderosos”, declaró el viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.
Es improbable que el nuevo lenguaje del TIP 2024 cambie la ecuación de Cuba para la administración Biden, pero los funcionarios del Departamento de Estado afirman que armará a los diplomáticos estadounidenses para implicar a los países anfitriones en la cuestión.
“Modificamos un poco el lenguaje en la forma en que lo describimos, y no fue tanto como resultado de un cambio en lo que Cuba estaba haciendo, sino más bien un reflejo del hecho de que habíamos pasado más tiempo comprendiendo la cuestión, hablando con los supervivientes de las misiones médicas cubanas, y tomamos la decisión de que queríamos ser un poco más firmes, para promover la rendición de cuentas y la concienciación sobre este problema”, dijo a The Hill un funcionario del Departamento de Estado.
Las brigadas
“Las misiones son una estafa del gobierno cubano en la que no sabes cuánto te van a pagar, pero uno está tan desesperado por salir de Cuba y conseguir algo de dinero que se va por cualquier motivo”, dijo Rotceh Ríos Molina, médico cubano que desertó en 2020 de una brigada asignada para luchar contra COVID-19 en México.
Los defensores de los derechos humanos y los desertores afirman que el programa es una fuente de ingresos ilícita para el gobierno cubano, ya que Cuba cobra a los países anfitriones una determinada cantidad por los servicios médicos y sólo paga una ínfima parte de esa cantidad a los profesionales médicos que realizan el trabajo.
Según el informe sobre las sanciones, Venezuela paga al gobierno cubano 60.000 dólares al año por trabajador, pero los trabajadores sólo reciben entre 1224 y 1296 dólares al año, más una prima de 480 dólares a su regreso a Cuba.
Del mismo modo, el informe citaba fuentes que afirmaban que los aproximadamente 475 empleados cubanos de un hospital de Qatar reciben 1000 dólares al mes, pero Qatar paga a Cuba entre 5000 y 10000 dólares al mes por cada trabajador.
“Hay un modelo para estas brigadas, que es: Cuba envía estas brigadas, y Cuba se queda como entre el 95 y el 80 por ciento de lo que se paga a Cuba por cada trabajador”, dijo María Werlau, fundadora de Archivo Cuba, un proyecto que lleva años documentando las misiones en América Latina.
“Se les envía con manipulaciones. Tienen que firmar, ya sabes, unas normas que deben cumplir. Se les mantiene en determinadas condiciones. Hay muchas normas arbitrarias si desertas”.
Werlau fue incluida en el TIP como una de los 10 héroes del informe, un grupo descrito por el secretario de Estado Antony Blinken como “personas extraordinariamente valientes que están impulsando el cambio, impulsando el cambio frente a obstáculos abrumadores, a menudo con gran riesgo personal”.
Pero los funcionarios cubanos dicen que los defensores como Werlau y los desertores como Ríos son parciales, y defienden el programa como una iniciativa humanitaria de éxito, citando elogios internacionales.
“Las brigadas médicas cubanas que operan en otros países lo hacen en virtud de acuerdos bilaterales absolutamente legítimos, coherentes con las prácticas de las Naciones Unidas”, dijo Fernández de Cossío.
“El gobierno de Estados Unidos lo sabe, pero utiliza fuentes escasas, casi siempre entre inmigrantes o aspirantes a emigrar a Estados Unidos, para tratar de denigrar a Cuba y atacar una cooperación que ha sido reconocida y elogiada por la comunidad internacional.”
Los partidarios de una postura dura contra Cuba en el Congreso comparten la postura de Ríos de que las brigadas son una “estafa”, y pretenden sancionar tanto a Cuba como a los países de acogida.
“El criminal régimen cubano siempre ha utilizado las denominadas brigadas médicas para enriquecer sus bolsillos y cualquier país que participe en esta estafa debe rendir cuentas”, declaró el senador Marco Rubio (republicano de Florida), que al parecer está en la lista de candidatos para ser el compañero de fórmula de Trump en 2024.
“El Informe anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado sigue citando a Cuba como país de nivel 3 debido a su incumplimiento pleno de las normas mínimas contra la trata de personas, el país sigue siendo un Estado patrocinador de la trata de personas”.
Apoyo internacional
Aunque pocos en Estados Unidos defienden las brigadas, el programa cubano se ha ganado algunos elogios internacionales.
En marzo, el periódico italiano en línea Il Post citó a médicos calabreses que calificaban la misión cubana de “soplo de aire fresco”.
Según la publicación, 270 profesionales médicos cubanos permanecen en Calabria. La controversia sobre las posibles condiciones de trabajo forzoso quedó eclipsada por la preocupación local de que la misión sea sólo una medida provisional y no una solución para el sistema sanitario local.
Los funcionarios del Departamento de Estado afirman que eso forma parte del reto que supone implicar a los países anfitriones, a pesar de la determinación oficial de Estados Unidos de que algunas de las misiones constituyen trabajo forzado.
“Realmente estamos intentando encontrar la mejor manera de asegurarnos de que no se explota a estos trabajadores, pero también, ya sabes, de que se dispone de servicios médicos en lugares que no tienen acceso a ellos. Somos conscientes de ello”, declaró el funcionario del Estado.
El informe de sanciones del Estado al Congreso proporcionó algunos detalles sobre las misiones de trabajo cubanas en 72 países, pero no enumeró a funcionarios específicos de terceros países para las sanciones delineadas en el proyecto de ley de gastos de marzo.
Y el gobierno de Biden no llega a calificar de trabajo forzoso todo el programa de brigadas médicas, tanto porque algunos países de acogida pueden proporcionar y proporcionan protección laboral a los profesionales cubanos, como porque algunos necesitan desesperadamente cualquier ayuda médica que puedan obtener.
“Quiero dejar claro que Estados Unidos no tiene una prohibición general, que diga a los países que no deben, que no pueden utilizar a estos trabajadores. No hemos ido tan lejos. Reconocemos que los países tienen necesidades médicas extremas que necesitan que se atiendan”, declaró el funcionario del Departamento de Estado.
“Pero lo que hemos hecho, e incluso hemos aumentado esto en el último año, es dar información muy clara a todos y cada uno de los países que conocemos que acogen a estos gobiernos sobre cuáles son nuestras preocupaciones, y específicamente las cosas que deben hacer para asegurarse de que los trabajadores cubanos que vienen, si vienen, no son sometidos a trabajos forzados.”
Y unas sanciones desenfrenadas podrían poner patas arriba la diplomacia estadounidense, sobre todo con los socios y aliados de Estados Unidos que coinciden con la opinión de Cuba de que las brigadas son una iniciativa humanitaria.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, rechazó los ataques de la derecha en 2021 por su contratación de brigadistas cubanos como alcaldesa de Ciudad de México.
“No hay absolutamente nada que ocultar. Fueron diferentes profesionales de la salud que vinieron a México a apoyar; hubo dos periodos en los que estuvieron principalmente en la Ciudad de México”, dijo entonces.
Una ruptura con México es el peor escenario posible para la administración Biden en cuestiones como la migración y el comercio, pero las relaciones con otros socios globales clave, como Italia o Brasil, también podrían tensarse en ese escenario.
“He condenado anteriormente a los países de acogida de todo el mundo que han violado los derechos laborales y humanos del personal médico cubano y seguiré haciéndolo. Cualquiera que haya sido cómplice de esta trama debe rendir cuentas”, afirmó Rubio.
* Artículo original: “Forced labor designation for Cuban doctors highlights rift over sanctions”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
Historia de la transexualidad: las raíces de la revolución actual
Por Susan Stryker
“Romper la unidad forzada de sexo y género, aumentando al mismo tiempo el alcance de las vidas habitables, tiene que ser un objetivo central del feminismo y de otras formas de activismo por la justicia social”.
