Durante todo el mes de marzo, las calles de Cuba resonaron con los gritos de “¡Libertad!” y “Patria y Vida”, un desafío directo al lema de Fidel Castro, “Patria o Muerte”. Mientras cientos de ciudadanos salían a las calles de varias ciudades, el descontento por la grave escasez de alimentos y electricidad era palpable, señalan en un artículo para Open Democracy, las analistas Rut Diamint y Laura Tedesco.
El presidente Miguel Díaz-Canel, al frente de la nación desde 2019, se enfrentó a una presión intensificada tras una serie de decisiones impopulares, incluida la destitución en febrero de su aliado cercano, el ex ministro de Economía Alejandro Gil, en medio de acusaciones de corrupción. Sin embargo, los detalles de la supuesta corrupción permanecen sin revelar, lo que refleja el panorama de medios de comunicación fuertemente controlados de Cuba.
La situación empeoró el 1 de marzo, cuando entró en vigor una subida del 500% del precio de la gasolina impuesta por el gobierno, una decisión defendida anteriormente por Gil como medida necesaria para recortar el déficit. Esta subida formaba parte de un aumento más amplio de los costes de los servicios públicos, que se vio agravado por una subida adicional del 25% de los precios de la electricidad para los grandes consumidores, según anunció el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro.
La inflación en Cuba se disparó hasta el 30% en 2023, lo que provocó que en algunas gasolineras y tiendas de comestibles se rechazaran los pesos cubanos y sólo se aceptaran dólares estadounidenses. El salario mensual se situó en unos escasos 4.560 pesos cubanos (14,70 dólares), claramente insuficiente frente a la cesta básica mensual de alimentos, cuyo precio es de 20.000 pesos cubanos. Además, algunas zonas sufrieron cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias, atribuidos a la escasez de combustible y a problemas de mantenimiento en la principal central termoeléctrica del país.
Según Rut Diamint y Laura Tedesco, la creciente desilusión entre la población no se debe sólo a la mala gestión económica, sino también a todo el sistema político. El Partido Comunista de Cuba, única entidad política desde 1965, y el Grupo de Administración de Empresas (GAESA), dirigido por militares y que supervisa importantes sectores económicos, suscitan una gran desconfianza. Muchos consideran que estas entidades forman parte de una élite alejada de las luchas de los cubanos de a pie, el 88% de los cuales, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, viven en la pobreza.
Al reflexionar sobre el Estado de la nación, resuenan profundamente las palabras del filósofo italiano Antonio Gramsci: “Lo viejo agoniza y lo nuevo no puede nacer; en este interregno, aparece una gran variedad de síntomas mórbidos”. Desde las masivas protestas del 11 de julio de 2021, que marcaron las mayores manifestaciones antigubernamentales desde la revolución de 1959, la dura represión del gobierno ha llevado al encarcelamiento de aproximadamente 1.000 manifestantes, entre ellos 55 menores. Esta represión subraya un intento desesperado de aferrarse al poder a pesar de los evidentes fracasos de la revolución cubana.
Internacionalmente, la difícil situación de los cubanos no ha pasado desapercibida. Sin embargo, las reacciones varían. Por ejemplo, el presidente español Pedro Sánchez, tras las protestas de 2021, señaló con cautela que Cuba no es una democracia, sin llegar a calificarla de dictadura. Por otro lado, el gobierno de Biden en Estados Unidos ha introducido programas de reunificación familiar, que han registrado cifras récord de emigrantes cubanos en los dos últimos años.
La respuesta del gobierno cubano a las recientes protestas ha sido mínima, centrándose en soluciones a corto plazo como aumentar el suministro de productos de primera necesidad en algunas zonas y solicitar ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Mientras tanto, la postura oficial culpa a los prolongados embargos de Estados Unidos de las dificultades económicas, eludiendo los fallos de la política interna.
Mientras los dirigentes cubanos se aferran a un statu quo que se desmorona, las voces a favor del cambio se hacen oír con más fuerza, desafiando a un régimen autoritario que parece cada vez más alejado de la dura realidad de su pueblo. Diamint y Tedesco sostienen que en un mundo en el que el autoritarismo va en aumento, una democratización pacífica de Cuba sería un logro significativo. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo más podrá el gobierno cubano mantener su control, y a qué coste para sus ciudadanos?
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