Un grupo de destacados contratistas militares, entre ellos el exdirector ejecutivo de Blackwater, Erik Prince, ha presentado a la Casa Blanca de Trump una propuesta para llevar a cabo deportaciones masivas mediante una red de “campamentos de procesamiento” en bases militares, una flota privada de 100 aviones y un “pequeño ejército” de ciudadanos particulares autorizados para realizar arrestos.
El plan —detallado en un documento de 26 páginas que los asesores de Donald Trump recibieron antes de la investidura— tiene un costo estimado de 25.000 millones de dólares y recomienda una serie de tácticas agresivas para deportar rápidamente a 12 millones de personas antes de las elecciones de medio término de 2026. Algunas de estas tácticas probablemente enfrentarían desafíos legales y operativos, según una copia obtenida por POLITICO.
El grupo, que incluye a algunos exfuncionarios de inmigración, está encabezado por Prince, quien mantiene estrechos lazos con Trump, y Bill Mathews, exdirector de operaciones de Blackwater, la contratista militar conocida por su papel en la provisión de seguridad, entrenamiento y apoyo logístico a las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán durante la guerra contra el terrorismo.
La aparición de esta propuesta, marcada como “no solicitada”, refleja los importantes obstáculos que enfrenta la administración en su lucha por encontrar los recursos necesarios para cumplir con la ambiciosa agenda de deportaciones de Trump. El deseo del gobierno de hacer realidad esta promesa de campaña ha abierto una oportunidad para contratistas privados que ven en este plan un raro sector donde la administración probablemente aumentará el gasto.
Deportar a 12 millones de personas en dos años “requeriría que el gobierno expulsara a casi 500.000 inmigrantes ilegales por mes”, dice el documento. “Para mantener el ritmo de las deportaciones de Trump, sería necesario un aumento del 600% en la actividad. Es poco probable que el gobierno pueda expandir sus filas internas lo suficiente como para mantener este ritmo… por lo que, para procesar esta enorme cantidad de deportaciones, el gobierno debería recurrir a asistencia externa”.
Altos funcionarios de la Casa Blanca han sostenido múltiples conversaciones con contratistas militares, en paralelo con la frenética carrera de los republicanos en el Congreso para asegurar más recursos para la ofensiva migratoria del presidente. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó las detenciones durante las primeras semanas de Trump en el cargo, pero el ritmo se ha ralentizado desde entonces, y los arrestos no siempre se traducen en deportaciones.
La presión por aumentar rápidamente las cifras de deportaciones ya ha provocado la reasignación de altos funcionarios de inmigración, mientras la administración enfrenta varios desafíos en cuanto a recursos, incluida la necesidad de más capacidad de detención y personal adicional.
“La gente quiere que esto se ponga en marcha rápidamente y entiende que el gobierno siempre es muy lento para hacer las cosas”, dijo Steve Bannon, quien sirvió en el primer mandato de Trump, sigue siendo cercano al presidente y está al tanto de la propuesta. “Es inteligente comenzar a licitar ahora mismo y tener una idea de qué más pueden hacer las empresas y contratistas externos”.
No está claro si el presidente ha visto el plan, que ha estado circulando entre los aliados de Trump desde diciembre. Trump había prometido que las deportaciones masivas comenzarían en su primer día en el cargo, una promesa que aún no ha cumplido.
Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que la administración “sigue alineada y comprometida con un enfoque integral de todo el gobierno para asegurar nuestras fronteras, deportar en masa a los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales y hacer cumplir nuestras leyes de inmigración”.
“Si bien los funcionarios de la Casa Blanca reciben numerosas propuestas no solicitadas de diversos actores del sector privado, en última instancia, son las agencias responsables de llevar a cabo la agenda del presidente las que deben considerar y firmar contratos para avanzar en su misión”, añadió Desai.
Cuando fue contactado para hacer comentarios, Mathews dijo a POLITICO: “No hemos sido contactados ni hemos tenido discusiones con el gobierno desde el documento técnico que presentamos hace meses. No ha habido ningún interés o compromiso por parte del gobierno y no tenemos razones para creer que lo habrá”.
Prince declinó hacer comentarios, al igual que los demás contratistas y exfuncionarios de inmigración mencionados como personal clave en el documento, quienes tampoco pudieron ser localizados.
Los fundadores de la nueva entidad especial llamada 2USV tienen una larga trayectoria con el gobierno de EE.UU. Blackwater fue fundada por Prince en 1996 para proporcionar servicios de capacitación a las fuerzas del orden, personal militar y otras agencias gubernamentales. Ganó gran notoriedad por su trabajo en Irak y Afganistán, proporcionando servicios de seguridad para funcionarios y personal militar de EE.UU., aunque sus críticos vieron su ascenso como resultado de la sobreextensión del ejército estadounidense en Medio Oriente.
La empresa contratista militar quedó bajo escrutinio en 2007 tras la masacre de la Plaza Nisour, cuando contratistas de Blackwater abrieron fuego, matando a 17 civiles iraquíes y dejando a otros 20 heridos, lo que generó cuestionamientos sobre la supervisión y la rendición de cuentas de los contratistas privados. Varios contratistas fueron acusados de homicidio, y cuatro fueron condenados en 2014. Trump los indultó al final de su primer mandato en diciembre de 2020.
El indulto de Trump fue solo un ejemplo de la influencia de la familia de Prince durante su primera administración. Betsy DeVos, hermana de Prince, se desempeñó como secretaria de Educación del presidente, mientras que Prince aprovechó sus conexiones con Trump para buscar oportunidades de negocios en EE.UU. y en el extranjero.
En 2018, supuestamente ayudó a recaudar fondos para un esfuerzo destinado a espiar a progresistas y organizaciones demócratas opuestos a Trump. El exdirector ejecutivo de Blackwater también jugó un papel en el intento del equipo MAGA en 2019, junto con Bannon, de construir de manera privada un muro a lo largo de la frontera sur de EE.UU. (Bannon se declaró culpable recientemente de un cargo de fraude relacionado con el proyecto del muro y evitó la cárcel). Y en 2020, Prince propuso un plan de 10.000 millones de dólares para invertir en el complejo militar-industrial de Ucrania y contratar a veteranos de combate ucranianos en una empresa militar privada.
Su última propuesta argumenta repetidamente que el gobierno federal no tiene los recursos necesarios para cumplir con el objetivo del presidente y ofrece un plan detallado para expandir la capacidad de aplicación de las leyes de inmigración de la administración: desde contratar un equipo para localizar migrantes deportables hasta desplegar una flota de 100 aviones que, según el equipo, serían necesarios durante “dos años para expulsar a la población ilegal del país”.
Sin embargo, el plan para deportaciones rápidas incluye una serie de sugerencias que parecen ignorar aspectos clave de las complejas leyes de inmigración de EE.UU., según tres exfuncionarios de inmigración y del gobierno que revisaron la propuesta para POLITICO. El documento recomienda la formación de un equipo de evaluación compuesto por 2000 abogados y asistentes legales, uno de los varios elementos diseñados para agilizar funciones que normalmente estarían en manos del gobierno. Este equipo determinaría si las personas son elegibles para la deportación y las remitiría al equipo de litigios, para el cual la propuesta sugiere contratar otros 2000 abogados y asistentes legales con el fin de llevar a cabo audiencias masivas.
“Para agilizar el proceso de deportación, 2USV recomienda que el gobierno lleve a cabo audiencias de deportación masiva”, señala el documento, esbozando un nuevo procedimiento legal que aún no ha sido probado en los tribunales.
Los autores sugieren que pueden garantizar el debido proceso mediante la publicación de una base de datos pública para alertar a las personas sobre sus audiencias en la corte de inmigración, en lugar de utilizar la Notificación de Comparecencia (Notice to Appear), el documento oficial que ordena a una persona presentarse ante un juez de inmigración.
Pero estos planes podrían enfrentar serios desafíos legales en múltiples frentes, poniendo en riesgo el debido proceso y omitiendo protecciones existentes establecidas por el Congreso, incluidas las normativas sobre privacidad para migrantes que solicitan asilo, explicó John Sandweg, director interino de ICE entre 2013 y 2014.
El grupo también propone la creación de un “Equipo de Rastreo” (Skip Tracing Team) para utilizar registros existentes con el fin de localizar a los deportables, además de patrocinar un “programa de recompensas que ofrezca una compensación en efectivo por cada inmigrante ilegal detenido por un oficial de las fuerzas del orden estatales o locales”. Esto también podría enfrentar obstáculos legales, ya que en muchas ciudades y Estados los agentes locales no tienen acuerdos para actuar como funcionarios de inmigración.
El documento señala que es “poco probable que el gobierno pueda detener a los 12 millones de inmigrantes ilegales sin asistencia externa” y sugiere reclutar a 10.000 ciudadanos particulares, incluyendo veteranos militares, exagentes de las fuerzas del orden y oficiales retirados de ICE y CBP, dándoles una capacitación acelerada y los mismos poderes de aplicación de la ley de inmigración que tienen los agentes federales. Según la propuesta, una vez capacitados, estos “delegados fronterizos” estarían bajo el mando de Tom Homan, actual director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
“No veo cómo podrían utilizar oficiales de aplicación de la ley del sector privado y autorizarlos como agentes federales”, dijo Sandweg. “Eso sería objeto de una orden judicial inmediata”.
La propuesta también detalla cómo los contratistas detendrían y repatriarían a las personas, señalando que actualmente tienen acceso a 49 aviones listos para desplegarse. También sugieren una lista de instalaciones del Ejército de EE.UU. como los mejores lugares para construir “campamentos temporales” que podrían estar operativos “en menos de una semana”. Desde que se presentó la propuesta, la administración Trump ha desarrollado planes para utilizar sitios militares para detener a inmigrantes indocumentados en todo el país, aunque no hay evidencia de que esta idea haya surgido de conversaciones con el grupo de Prince.
“El equipo de gestión de 2USV incluye individuos y empresas especializadas en la construcción de instalaciones de alojamiento temporal”, señala el documento. “De hecho, este grupo ha erigido campamentos temporales para refugiados afganos y para la CBP de EE.UU.”
Sin embargo, expandir la operación requeriría muchos más recursos, y la propuesta ignora los principales desafíos logísticos que enfrentaría este esfuerzo, explicó Jason P. Houser, exjefe de personal de ICE durante la administración Biden. Houser proyectó que el costo real sería más cercano a los 80.000 millones de dólares. Además, no hay garantía de que los países estarían dispuestos a aceptar vuelos de repatriación a ese ritmo, ni que otros líderes extranjeros, que durante mucho tiempo han rechazado la recepción de migrantes deportados, cambiarían su postura. Tampoco se consideran los riesgos políticos, agregó.
“La idea de expulsar por la fuerza a 12 millones de personas de Estados Unidos no solo es operativamente imposible, sino que representa una catástrofe moral y económica en ciernes”, afirmó Houser.
Si la administración Trump avanzara con esta propuesta, el grupo entraría en una red ya establecida y competitiva de contratistas utilizados por ICE. Sin embargo, existen regulaciones para garantizar que el gobierno utilice los dólares de los contribuyentes de la manera más eficiente y rentable. Pero el plan de Prince está diseñado para ejecutar toda la operación de deportaciones masivas sin un proceso de licitación competitivo. La Casa Blanca podría intentar eludir este proceso mediante la declaración de una emergencia nacional.
Además de Prince y Mathews, el documento menciona a otros miembros clave del equipo, incluidos exfuncionarios de inmigración y contratistas militares: los exfuncionarios de ICE Robert Alfieri y Michael Somers; Dirk Totten, un condecorado oficial del ejército y exvicepresidente ejecutivo de Gulfstream; Richard Pere, un contratista militar y experto en aviación con experiencia en Blackwater; Ken Chavez, jefe de policía en Severance, Colorado; Louis Gobern, un contratista militar con estrecha relación con el Departamento de Defensa; y Douglas Brennan, quien ha trabajado con el gobierno de EE.UU. y ha fundado varias empresas de aviación valoradas en miles de millones de dólares.
Prince y Mathews dedican las primeras páginas de la propuesta a explicar por qué la Casa Blanca debería considerar su oferta, repitiendo la retórica de Trump, incluyendo afirmaciones sin fundamento de que los demócratas han utilizado la inmigración para obtener ventaja electoral, que los migrantes cometen más delitos violentos y que la inmigración ilegal ha impuesto “cargas inimaginables” en los sistemas de asistencia social estatales, la educación pública y la economía del país.
“Para salvar la economía de EE.UU., la nación debe expulsar a la mayor cantidad posible de estos inmigrantes ilegales lo más rápido posible”, escribieron.
* Artículo original: “Trump allies circulate mass deportation plan calling for ‘processing camps’ and a private citizen ‘army’”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
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