Durante los dos primeros meses de su presidencia, la atención se ha centrado principalmente en el escenario principal, donde actúa Donald Trump. Sus anuncios frenéticos, sus giros constantes y la radicalidad de su postura constituyen un foco de interés legítimo. Pero en segundo plano se representa otra obra que, aunque ha sido documentada por los medios estadounidenses, deja perplejos a los observadores y parcialmente paralizados a los primeros afectados: los funcionarios federales y los beneficiarios de la ayuda pública federal. Como un organismo parasitario, el autodenominado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (D.O.G.E.) de Elon Musk ha ocupado las agencias federales y ha tomado progresivamente su control, desmantelando sus recursos humanos y su experiencia.
El poder infraestructural en tiempos de inteligencia artificial
Esta maniobra relámpago se ha apoyado en una palanca invisible pero crucial para el funcionamiento de las organizaciones contemporáneas: su infraestructura digital. Esta incluye las soluciones de software, las bases de datos y las redes informáticas que permiten no solo su funcionamiento interno, sino también el cumplimiento de su misión y su razón de ser. Estas infraestructuras digitales tienen una dimensión ambivalente. Son, sin duda, un conjunto de recursos y una palanca social que refuerza el poder infraestructural de las autoridades públicas.
Definido en 1984 por el sociólogo Michael Mann como “la capacidad del Estado de penetrar efectivamente en la sociedad civil y de aplicar, en términos logísticos, las decisiones políticas en todo el territorio”[1], el concepto de poder infraestructural permite comprender la función política de los arreglos burocráticos, tecnológicos, jurídicos, culturales y sociales en la construcción del Estado. Desde esta perspectiva, las infraestructuras y los datos que transportan —o que hacen posible su funcionamiento— son instrumentos de una relación de poder y control que se ejerce mediante el despliegue espacial de dispositivos materiales, técnicos, jurídicos, administrativos y sociales.
El poder infraestructural implica dos dimensiones:
- el poder de extracción, es decir, la capacidad de penetrar en la sociedad, extraer y desplegar recursos con su consentimiento y su legitimidad;
- el poder de transformación, es decir, la capacidad de iniciar, patrocinar y aprovechar innovaciones tecnológicas sustanciales en beneficio del Estado.
En este sentido también, las infraestructuras digitales son un elemento esencial al servicio de otra infraestructura: la del Estado administrativo estadounidense, estructurado en torno a una red de agencias múltiples, con funciones, ámbitos y estatutos heterogéneos, pero cuyos efectos se hacen sentir en toda la sociedad y en un territorio que se despliega a escala tanto nacional como internacional.
Estas infraestructuras presentan una debilidad flagrante. Por un lado, debido a la arquitectura privada y relativamente abierta de los servicios digitales. Pero también ante la posibilidad de que sean tomadas por un actor externo, algo que se confirma cada vez que estas entidades son víctimas de intrusiones informáticas. Así, un ciberataque masivo atribuido por el gobierno estadounidense a actores chinos y dirigido contra la Office of Personnel Management (OPM) en 2014 habría permitido acceder a los datos de varios millones de funcionarios federales y de sus allegados. A raíz de ese acto de espionaje, se adoptaron medidas para proteger los datos y los sistemas de información del sector federal frente a operaciones de intrusión externas o actos aislados procedentes del interior [2].
A partir de 2021, la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad (CISA), dependiente del Departamento de Seguridad Interior, se convirtió en el actor principal encargado de construir redes informáticas seguras y resilientes en el conjunto de las agencias federales [3]. Sin embargo, estas medidas presentan dos puntos ciegos. En primer lugar, no se apoyan en bases jurídicas y constitucionales sólidas. Estas enmarcan de manera demasiado imprecisa los perjuicios colectivos e individuales derivados de la intrusión en las infraestructuras digitales federales. Tal es el caso, por ejemplo, del Privacy Act, que supuestamente protege los datos de los ciudadanos estadounidenses recogidos y tratados por las administraciones públicas, pero que —adoptado tras el escándalo de Watergate— data de 1974 [4]. En segundo lugar, los mecanismos de ciberseguridad no dicen nada sobre una amenaza procedente del interior de las agencias y respaldada por medios institucionales. En otras palabras, las infraestructuras digitales federales están escasamente protegidas frente a agentes provenientes del núcleo del poder ejecutivo estadounidense que actúan amparados en el principio de las cadenas jerárquicas.
La acción llevada a cabo por los empleados del D.O.G.E. puede interpretarse, por tanto, como un acto de hacking destinado a apoderarse del Estado para subvertirlo. Si esta maniobra y las resistencias que genera permiten visibilizar y documentar esa doble infraestructura digital y administrativa —en particular cartografiarla tanto en su extensión espacial como en su profundidad socioeconómica y cultural—, también invitan a reflexionar sobre sus implicaciones a corto, medio y largo plazo.
Hackear el Estado
En su acepción más común y sintética, la seguridad de la información en el ámbito digital —o ciberseguridad— consiste en proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas de información.
Desde el 20 de enero, los participantes en la operación del D.O.G.E. han tomado el control de redes informáticas, han accedido a bases de datos y han sustituido o desactivado sistemas de software. De este modo, han vuelto las infraestructuras digitales contra las propias agencias, actuando además de forma opaca mediante una estrategia de hechos consumados.
La toma de control de las infraestructuras digitales ha seguido un modus operandi que puede analizarse a la luz del de las operaciones cibernéticas: adquirir acceso a un sistema, desplegarse sobre un objetivo y producir efectos en él.[5]
Los agentes del D.O.G.E. comenzaron por obtener lo que se asemeja a privilegios y derechos de administrador sobre el conjunto del sector federal a partir de entidades que, al encargarse de administrar los sistemas informáticos y físicos de la infraestructura del Estado administrativo, constituyen elementos clave.[6]
A partir de la Administración de Servicios Generales (General Services Administration, GSA), y en particular de su Servicio de Transformación Tecnológica (Technology Transformation Service, TTS),[7] los operadores del D.O.G.E. tomaron el control del parque inmobiliario federal, así como de las herramientas informáticas destinadas al público general y de los estándares que regulan los contratos públicos de servicios digitales.[8]
En el Departamento del Tesoro, se libró una batalla por el acceso a los sistemas seguros (y sensibles) que gestionan las transferencias financieras y los pagos efectuados por el gobierno,[9] lo que llevó a la dimisión del secretario interino.[10] Otros organismos cruciales, como el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) o la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA), fueron rápidamente ocupados debido al carácter estratégico de sus bases de datos, que contienen información sobre los ciudadanos estadounidenses.[11]
Una vez controlados estos órganos clave, los hombres de Musk pudieron avanzar lateralmente, desplegándose progresivamente por todas las agencias.[12] En cada una de ellas, el procedimiento siguió la misma lógica: entrar por la fuerza o el engaño para hacerse con el control de los sistemas sensibles, excluir a los usuarios legítimos —es decir, a los funcionarios de carrera— y desviar el conjunto.[13]
Las infraestructuras digitales se explotaron así para ejecutar despidos masivos e indiscriminados, aplicar importantes recortes presupuestarios o suprimir programas relevantes que incluían ayudas financieras, programas educativos, supervisión de contratos públicos o protección de los consumidores.
Algunas de estas infraestructuras incluso parecen estar siendo utilizadas como medios de intimidación o presión sobre los beneficiarios de asistencia social.[14] Además, el acceso a los sistemas centrales del aparato federal (Office of Personnel Management y GSA) permitió al D.O.G.E. dirigirse directamente por correo electrónico a todo el funcionariado federal. Dado que los sistemas informáticos están parcialmente compartimentados y son específicos de cada agencia, esto se llevó a cabo eludiendo los principios básicos de la seguridad informática, a riesgo de violar las leyes contra el hacking.[15]
Esta purga del Estado administrativo, llevada a cabo mediante la palanca de control y coerción que representan las infraestructuras digitales, se ha desarrollado según una lógica de opacidad y secreto.[16]
Las declaraciones de la administración Trump o de Elon Musk sobre la “transparencia” en torno a las medidas del D.O.G.E. han desconcertado a los jueces encargados de examinar las decenas de demandas presentadas para detenerlas o anularlas. La sospecha de los observadores se ha centrado, en particular, en el estatus del D.O.G.E. y en la identidad de su responsable.[17] La estrategia jurídica y comunicativa de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia ha consistido en afirmar, alternativamente, que el D.O.G.E. no tiene las responsabilidades ni los deberes de una agencia federal, al tiempo que se beneficia de los privilegios asociados a ese estatuto. Por otro lado, los abogados del gobierno han defendido que Elon Musk no es el director de ningún “departamento”, sino simplemente asesor especial del presidente.
Esta opacidad se apoya en una ambigüedad derivada de la posición del D.O.G.E. dentro del organigrama de la Casa Blanca. El 20 de enero, el decreto presidencial que establece este servicio lo integró en el US Digital Service, una oficina creada en la Casa Blanca en 2013 para facilitar la modernización de ciertos servicios federales y su accesibilidad a los ciudadanos, pasando este último a adoptar un nuevo nombre. De ahí la confusión terminológica, cuidadosamente mantenida, entre el D.O.G.E. de Elon Musk y el US DOGE Service, que incluye a los empleados “históricos” del USDS excluidos de la misión del primero.[18] El director general del D.O.G.E. parece ser un lugarteniente de Musk llamado Steve Davis,[19] mientras que la administradora del USDS es Amy Gleason, quien así puede ser presentada convenientemente como directora de todo el conjunto.
Además de su carácter opaco, la acción del D.O.G.E. puede definirse como una estrategia de hechos consumados.[20]
La utilidad de las infraestructuras digitales como punto de entrada para controlar el Estado federal se revela aquí con claridad. Tomar el control de estos recursos ofrece dos ventajas comparativas.
La primera tiene que ver con la proverbial lentitud de las organizaciones burocráticas para adaptarse. Según esta lógica, resulta más sencillo —se piensa— sortear las cadenas jerárquicas complejas y la pesada maquinaria procedimental apoyándose en herramientas sistémicas que permiten excluir, controlar la información y paralizar organizaciones enteras.
La segunda ventaja atañe a los contrapoderes.
Ya se trate de los medios de comunicación o del sistema judicial, actuar con opacidad —y más aún sobre infraestructuras que se caracterizan por su invisibilidad habitual y su altísima tecnicidad— permite generar confusión e incertidumbre mediante una saturación informativa (flooding the zone) y tomar la delantera frente a los adversarios.
Así, las primeras decisiones destinadas a frenar las operaciones del D.O.G.E. o a ordenar el regreso al statu quo —reincorporación de los funcionarios despedidos, restablecimiento de los programas financieros, aseguramiento de las bases de datos— pueden llegar demasiado tarde.
El próximo paso podría consistir en fusionar los datos de las administraciones con los que poseen los Estados federados en el marco de los fondos federales.[21] Si bien una descompartimentación así podría tener sentido desde una perspectiva de eficiencia e interoperabilidad entre agencias, plantea serios problemas.[22] Podría permitir eludir y adelantarse a los contrapoderes en caso de uso que amenace los derechos y las libertades individuales.
Una estrategia de subversión
Estos modos de actuación parecen responder a una lógica subversiva evidente.
Podría caracterizarse como la explotación de los recursos o características de un sistema —sociotécnico o sociopolítico— contra sí mismo, con el objetivo de erosionar su legitimidad, debilitarlo o incluso derrocarlo.
El D.O.G.E., sus promotores y sus defensores justifican estas medidas en nombre del ahorro presupuestario —mediante la eliminación del “fraude, el despilfarro y los abusos”—, pero también apelando a la misión definida por los decretos presidenciales del 20 de enero[23] y del 11 de febrero[24], a saber, la “modernización tecnológica de la burocracia”.[25]
El grupo se presenta así como una iniciativa saludable destinada a simplificar y hacer más eficiente el gobierno, pero también a introducirlo en el siglo XXI aprovechando las competencias de ingenieros formados en las startups de Silicon Valley.[26]
Este argumento no se sostiene —por lo menos por tres razones—. Entre los puestos y programas eliminados figura, en particular, la iniciativa 18F[27] del Servicio de Transformación Tecnológica adscrito a los Servicios Generales. Esta iniciativa tiene como objetivo reclutar ingenieros y fundadores de startups tecnológicas para un empleo temporal al servicio de la modernización tecnológica del Estado, ya sea integrando herramientas de inteligencia artificial generativa en las interfaces de los servicios públicos, ya sea desarrollando servicios para declarar impuestos en línea o renovar el pasaporte.
Más ampliamente, los despidos de funcionarios federales han sido indiscriminados y no se han basado en un análisis del rendimiento ni en la utilidad de los puestos eliminados. Además, los anuncios de ahorro o de supuestas irregularidades detectadas se asemejan más a una operación de comunicación política[28] que a un ejercicio de transparencia dirigido al público general, como parecen demostrar los numerosos errores, imprecisiones y exageraciones[29] identificados en la página oficial del D.O.G.E.[30] Por último, sus procedimientos no pueden en ningún caso considerarse auditorías o mecanismos de control, debido a su falta de rigor y a la precipitación con que se han llevado a cabo.[31]
Al estudiar las lógicas y representaciones subyacentes a estas operaciones, se observa cómo parecen inscribirse en una coalición ideológica cuyo único denominador común es la voluntad de apropiarse del Estado para desmantelarlo y reconfigurarlo en beneficio propio.
Esta coalición agrupa representaciones que cuestionan la legitimidad de la acción del Estado administrativo, al que se trataría de “reestructurar”, como si se tratara de una empresa. Incluye también actores que consideran necesario frenar la burocracia reguladora y rechazan la expansión de sus prerrogativas redistributivas desde el New Deal y la Great Society. Asimismo, se articula en torno a “aceleracionistas” y anarco-capitalistas[32] que buscan la privatización o la fragmentación del Estado. En segundo plano, los promotores de la teoría maximalista del poder ejecutivo[33] —una versión más radical de la teoría del poder ejecutivo unitario tan apreciada por los juristas conservadores— proporcionan una finalidad para unos y un medio para otros.
La subversión abarca así un amplio abanico de medios de los que la acción del D.O.G.E. actúa como facilitador.
La sumisión de los funcionarios federales y la eliminación de lo que se percibe como una base social y política del Partido Demócrata y del liberalismo se traduce en la puesta en práctica de un programa explícito: “traumatizar a los burócratas”.[34]
El programa ideológico también se expresa en la persecución y supresión de los programas de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI) en la acción estatal a escala nacional e internacional, con el objetivo de llevar las “guerras culturales” hasta sus últimas consecuencias.
La amenaza de recortes o supresión de ayudas sociales (Medicaid, Seguridad Social) responde a la lógica de una promoción de la “meritocracia” libertaria, hostil a la redistribución. La intrusión en las bases de datos del Servicio de Impuestos (IRS) también permite usar los resortes del Estado contra potenciales adversarios o enemigos políticos.
El desmantelamiento de las agencias encargadas de la regulación o de la protección de los consumidores —como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau), creada tras la crisis financiera de 2008—, así como la promoción de determinados productos y servicios por parte de administradores que también son empresarios, evidencian la voluntad de una desregulación estructural que promete el D.O.G.E.[35]
Por último, la solución tecnológica “milagrosa” de la inteligencia artificial sirve tanto como herramienta para capturar mercados públicos como de pretexto para el despido masivo de funcionarios, en nombre de un tratamiento supuestamente eficaz, neutral y racional de los datos.
No obstante, este programa ideológico de subversión está atravesado por contradicciones y tensiones. Si bien se adapta bien a una estrategia de normalización de la incertidumbre y el caos, pone sobre todo de manifiesto sesgos que obstaculizan la comprensión de lo que son realmente las entidades subvertidas o desmanteladas.
Estas no son agentes autónomos en busca de prerrogativas desmesuradas en materia de poder extractivo o coercitivo. Se trata de un archipiélago de actores institucionales que participan en una tecnología cultural y social de gran escala: vehículos funcionales destinados a resolver o afrontar problemas socioeconómicos y sociopolíticos específicos. En otras palabras: existe una infraestructura administrativa que no es ajena a la sociedad civil, sino que está estrechamente entrelazada con ella.
Otro sesgo tiende a ocultar la heterogeneidad de los sistemas, herramientas de software y bases de datos de las infraestructuras digitales[36], lo que lleva a minimizar la complejidad del conjunto.
Sobre el Estado administrativo en Estados Unidos
En estas condiciones operativas e ideológicas, no sorprende que se multipliquen los errores por parte del D.O.G.E.[37] —despidos de personal sensible que luego debe ser readmitido, divulgación de datos clasificados, cancelación de contratos de arrendamiento de edificios federales que luego hay que revertir, etc.
No se trata de incidentes aislados, sino de rasgos característicos de su modo de funcionamiento. No obstante, las consecuencias no se perciben de forma inmediata, salvo quizás en el caso de la ayuda humanitaria internacional, aunque existen riesgos reales para los sectores más vulnerables.
Pocas dudas caben, sin embargo, de que la pérdida de conocimientos especializados, la invisibilización, explotación o eliminación de los datos en manos del sector público, así como la fricción o incluso interrupción de algunos servicios esenciales, causarán perjuicios profundos en el seno de la sociedad estadounidense. Desde el punto de vista geográfico, el desempleo de los funcionarios federales tendrá un impacto en todos los estados, sean demócratas o republicanos.
Estos disfuncionamientos y el desmantelamiento parcial del Estado administrativo no afectan únicamente a la sociedad civil, sino también a la seguridad nacional y a los instrumentos sobre los que se apoya buena parte de la estrategia estadounidense en materia de seguridad y coerción económicas. Es difícil saber en qué medida el sector de la seguridad nacional —esa otra cara del Estado administrativo[38]— se ve afectado por las maniobras del D.O.G.E.
Algunos indicios permiten pensar que no quedará al margen, pero es poco probable que los agentes de inteligencia o los militares protesten públicamente o emprendan acciones legales contra la administración.[39] La visión estrecha, obsoleta y mitificada del “Estado” que subyace a la subversión de la que el D.O.G.E. es instrumento pasa por alto así el desarrollo del poder infraestructural de Estados Unidos a escala global.
Henry Farrell y Abraham Newman han documentado cómo las administraciones sucesivas han ido construyendo y perfeccionando progresivamente los resortes de control y coerción habilitados por las tecnologías digitales en materia de información financiera o de inteligencia. Más recientemente, Edward Fishman ha demostrado hasta qué punto la creciente sofisticación del aparato estadounidense de coerción económica se apoya en burócratas y agencias que coordinan cada vez más sus herramientas,[40] un fenómeno que ya estaba en marcha en tiempos del primer imperialismo estadounidense.[41]
En un momento en el que se institucionaliza, refuerza y complejiza la instrumentalización de infraestructuras financieras, judiciales e informativas, tanto transnacionales como globales, como cuellos de botella estratégicos, no pueden descartarse los efectos negativos derivados de la pérdida de experiencia, conocimientos y datos provocada por la infiltración y subversión de las entidades federales.
De igual modo, las acciones contra agencias encargadas de analizar el cambio climático[42] o de producir estudios sobre conflictos armados y crisis humanitarias tendrán un impacto en la influencia de Estados Unidos y en su papel de liderazgo internacional.
Como han demostrado las investigaciones en sociología de la ciencia y la tecnología sobre las infraestructuras, estas suelen emerger a la atención del observador con motivo de crisis, incidentes o fallos.[43] La captura de las infraestructuras digitales de ciertas agencias federales pone así al descubierto el despliegue y el entrelazamiento social del Estado federal estadounidense como infraestructura. La habitual invisibilidad de los “burócratas” —ese Estado “sumergido”[44]— explica en parte la dificultad de movilizarse para defenderlo y la facilidad con que se le atribuyen los males de la ineficiencia, el despilfarro o incluso el parasitismo. No es este uno de los efectos menos sorprendentes de la acción del D.O.G.E.: haber llevado a investigadores, analistas, periodistas e incluso votantes y contribuyentes a interesarse por el funcionamiento de la maquinaria estatal.
Dos meses después de la investidura de Donald Trump, esta estrategia se enfrenta, no obstante, a ciertos límites. Por un lado, el número de funcionarios que han dimitido voluntariamente sigue siendo bajo en comparación con un año estándar —75.000 según la Casa Blanca—. Por otro, varias sentencias de primera o segunda instancia han bloqueado los despidos u ordenado la reincorporación de los funcionarios a sus puestos. En este aspecto, como en el de los supuestos ahorros, el balance provisional del D.O.G.E. está lejos de las espectaculares afirmaciones de Musk o de la Casa Blanca.
No deja de ser cierto, sin embargo, que los contrapoderes corren el riesgo de resultar insuficientes. Aunque sean capaces de frenar algunas acciones, son impotentes ante los modos operativos del D.O.G.E.
También es posible que no actúen con la rapidez necesaria para evitar los perjuicios derivados. La cuestión de la resiliencia es aquí esencial: Estados Unidos también se sostiene sobre otros poderes administrativos que actúan a escala estatal o local. Pero el análisis de las operaciones del D.O.G.E. arroja luz, en negativo, sobre la evolución del federalismo en favor del poder central: una infraestructura administrativa reforzada y amplificada por su infraestructura digital.
Fuentes:
1. Michael Mann, «The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results», European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie, noviembre de 1984.
2. Federal Information Security Modernization Act | CISA
3. Stéphane Taillat, De la cybersécurité en Amérique, PUF, 2024.
4. Eric Geller, «The 50-Year-Old Law That Could Stop DOGE in Its Tracks—Maybe», Wired, 18 de febrero de 2025.
5. Derek Robertson, «Why Musk’s tech-based wrecking ball is so powerful», Politico, 4 de febrero de 2025.
6. Qu’est-ce que la gestion des accès à privilèges (PAM)?, CyberArk.
7. Makena Kelly, «DOGE Has Started Gutting a Key US Technology Agency», Wired, 12 de febrero de 2025.
8. Dhruv Mehrotra, Leah Feiger y Tim Marchman, «Here’s a Map of the For-Sale Government Properties the GSA Pulled From Its Website», Wired, 5 de marzo de 2025.
9. Vittoria Elliott, Leah Feiger y Tim Marchman, «The US Treasury Claimed DOGE Technologist Didn’t Have ‘Write Access’ When He Actually Did», Wired, 6 de febrero de 2025.
10. Andrew Duehren, Alan Rappeport, Theodore Schleifer, Jonathan Swan y Maggie Haberman, «Treasury Official Quits After Resisting Musk’s Requests on Payments», The New York Times, 31 de enero de 2025.
11. Andrew Duehren y Cecilia Kang, «Struggle Over Americans’ Personal Data Plays Out Across the Government», The New York Times, 19 de febrero de 2025.
12. How To Prevent Lateral Movement In Cybersecurity?, Fortinet.
13. Suzanne Smalley, «USAID staff accuses DOGE of jeopardizing safety, accessing security clearance data», The Record, 14 de febrero de 2025.
14. Emily Peck, «DOGE Social Security plan targets small fraud at possible high cost», Axios, 20 de marzo de 2025.
15. Nick Bednar, «Breaking Down OPM’s ‘Fork in the Road’ Email to Federal Workers», Lawfare, 30 de enero de 2025.
16. Kyle Cheney, «Wondering what DOGE is up to? Check the court docs», Politico, 21 de febrero de 2025.
17. Christopher Bing, Avi Asher-Schapiro y Annie Waldman, «Who’s Really in Charge at DOGE: Elon Musk or Amy Gleason?», ProPublica, 14 de marzo de 2025.
18. Ibid.
19. Ryan Mac, Kate Conger y Theodore Schleifer, «Meet Steve Davis, Elon Musk’s Top Lieutenant Who Oversees DOGE», The New York Times, 20 de marzo de 2025.
20. Brian Barrett, «DOGE’s Race to the Bottom», Wired, 13 de febrero de 2025.
21. Maison-Blanche, «Stopping Waste, Fraud, and Abuse by Eliminating Information Silos», 20 de marzo de 2025.
22. Suzanne Smalley, «Trump order on information sharing appears to have implications for DOGE and beyond», The Record, 21 de marzo de 2025.
23. Establishing and Implementing the President’s “Department of Government Efficiency”
24. Implementing the President’s “Department of Government Efficiency” Workforce Optimization Initiative
25. «Turmoil within DOGE spills into public view as Musk’s group confronts a PR crisis», Washington Post, 10 de marzo de 2025.
26. Steven Levy, «Plaintext», 14 de febrero de 2025.
27. Rebecca Heilweil, «GSA shutters 18F, possibly leaving agencies in the lurch», FedScoop, 1 de marzo de 2025.
28. Aarian Marshall, «DOGE’s Dodgy Numbers Employ a Tesla Technique», Wired, 19 de marzo de 2025.
29. Aatish Bhatia, Emily Badger, David A. Fahrenthold, Josh Katz, Margot Sanger-Katz y Ethan Singer, «DOGE’s Only Public Ledger Is Riddled With Mistakes», The New York Times, 21 de febrero de 2025.
30. Jason Koebler, «Anyone Can Push Updates to the DOGE.gov Website», 404, 14 de febrero de 2025.
31. Vittoria Elliott, «‘It’s a Heist’: Real Federal Auditors Are Horrified by DOGE», Wired, 18 de marzo de 2025.
32. Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, Seuil, 2025.
33. Jack Goldsmith, «The President’s Favorite Decision: The Influence of Trump v. U.S. in Trump 2.0», Lawfare, 10 de febrero de 2025.
34. Ibid.
35. Jody Freeman y Sharon Jacobs, «President Trump’s Campaign of ‘Structural Deregulation’», Lawfare, 12 de febrero de 2025.
36. Michael Scherer, Ashley Parker, Matteo Wong y Shane Harris, «This Is What Happens When the DOGE Guys Take Over», The Atlantic, 19 de febrero de 2025.
37. Brian Barrett, «The Incompetence of DOGE Is a Feature, Not a Bug», Wired, 20 de febrero de 2025.
38. Emily Chertoff y Jessica Bulman-Pozen, «The Administrative State’s Second Face», 9 de enero de 2025. 100 N.Y.U. L. Rev. (forthcoming 2025), Columbia Public Law Research Paper No. 5090207, Georgetown University Law Center Research Paper.
39. Erin Banco, «Elon Musk visits US National Security Agency amid ongoing DOGE cuts», Reuters, 13 de marzo de 2025.
40. Edward Fishman, Chokepoints, Penguin Random House, 2025.
41. Mary Bridges, Dollars and Dominion, Princeton University Press, 2024.
42. Andrew Freedman, «NOAA told to search its grants for climate change terms», Axios, 9 de febrero de 2025.
43. Francesca Musiani, «L’invisible qui façonne. Études d’infrastructure et gouvernance d’Internet», Tracés, n.º 35, 2018, pp. 161-176.
44. Suzanne Mettler, The Submerged State: How Invisible Government Policies Undermine American Democracy, University of Chicago Press, 2011.
* Artículo original: “D.O.G.E. : anatomie du coup d’État numérique d’Elon Musk”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
Sobre el autor: Stéphane Taillat es especialista en conflictividad digital y en la estrategia cibernética de Estados Unidos. Licenciado en Historia (1999), posee un máster en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse (2007) y es doctor en Historia Militar y Estudios de Defensa por la Universidad de Montpellier 3 (2013).
