Al recurrir a tropas para reprimir las protestas en Los Ángeles este domingo, Donald Trump ha demostrado que está dispuesto a poner al país en pie de guerra —y a tensar los límites del poder ejecutivo— para lograr sus objetivos.
Por primera vez en décadas, la Guardia Nacional fue desplegada contra ciudadanos en suelo estadounidense y en contra de la voluntad del gobernador del Estado, utilizando una ley invocada raramente y concebida originalmente para ayudar a Estados Unidos a repeler una invasión extranjera. La última vez que un presidente estadounidense desplegó la Guardia Nacional de un Estado sin que lo solicitara su gobernador fue en 1965, cuando Lyndon Johnson envió tropas para proteger a los manifestantes por los derechos civiles en Selma, Alabama.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, incluso amenazó con enviar a los marines para sofocar los disturbios provocados por las redadas contra presuntos migrantes ilegales. Eso requeriría invocar la Ley de Insurrección, lo que no ocurre desde hace 30 años, durante los disturbios que estallaron en Los Ángeles tras la absolución de los agentes que golpearon a Rodney King.
El despliegue de la Guardia Nacional en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, de mayoría liberal, fue “claramente un acto autoritario de demostración de fuerza”, declaró Ryan Enos, profesor de Gobierno en la Universidad de Harvard.
“No hay ninguna razón de política pública para que la administración actúe en lugares como Los Ángeles y no en Estados republicanos”.
Esta operación es el último intento de la administración Trump de poner a prueba los límites de la autoridad presidencial y de forzar a los Estados gobernados por demócratas a acatar los dictados federales. Algunos expertos advierten que estos esfuerzos desafían abiertamente la convención política y la Constitución de Estados Unidos.
En solo unos días, Trump ha ordenado una investigación sobre su exrival presidencial Joe Biden y sobre funcionarios de la administración anterior, y ha amenazado con cortar los fondos federales destinados a California.
El presidente también insinuó la posibilidad de cancelar los contratos gubernamentales con empresas propiedad de su antiguo aliado Elon Musk, y advirtió que habría “consecuencias muy graves” si el multimillonario utilizaba su fortuna para apoyar a candidatos demócratas.
Los lugartenientes más fervientes de Trump han lanzado amenazas similares. El vicepresidente JD Vance sugirió que el espectáculo de “extranjeros sin derecho legal a estar en el país, ondeando banderas extranjeras y agrediendo a las fuerzas del orden” podría definirse legalmente como una invasión.
Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria de la Casa Blanca, afirmó que el país se enfrentaba a una disyuntiva: “deportar a los invasores o rendirse ante la insurrección”. Respaldó una publicación que pedía deportaciones masivas “cueste lo que cueste” y concluía: “Nada más importa si esto no se resuelve.”
En Fox News, el zar de la frontera Tom Homan sugirió que el Departamento de Justicia investigara a legisladores demócratas —entre ellos el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries— que habían pedido que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ocultaran sus rostros tras máscaras durante las redadas.
Para justificar el despliegue de tropas en Los Ángeles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los agentes del ICE simplemente estaban tras “lo peor de lo peor”: extranjeros criminales incrustados en comunidades que por lo demás respetan la ley. Pero el hecho de que los agentes del ICE detuvieran a jornaleros que se reunían en un Home Depot en busca de trabajo, como ocurrió el viernes en Los Ángeles, parecería indicar lo contrario.
Un reportaje publicado la semana pasada por el conservador Washington Examiner aseguró que Miller había reprendido a los altos mandos del ICE por limitarse a perseguir a delincuentes, y los instó a detener a todos los migrantes indocumentados. El ICE ha desmentido esta versión.
El carácter amplio y arbitrario de las redadas realizadas por agentes del ICE en los últimos días quedó en evidencia con la detención por error de un alguacil federal en Arizona, quien, según admitieron las autoridades, simplemente “encajaba con la descripción general del sujeto que el ICE estaba buscando”.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El sábado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió las operaciones al calificarlas de “esenciales para frenar e invertir la invasión de criminales ilegales a Estados Unidos”.
Los críticos de la ofensiva migratoria del gobierno sostienen que las redadas son indiscriminadas por diseño.
“Evidentemente, saben que las deportaciones masivas van a ser increíblemente disruptivas en estas ciudades, donde vive tanta población inmigrante”, señaló David Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, un centro de estudios libertario.
“Esperaban y deseaban precisamente este tipo de reacción”, añadió, “porque es políticamente conveniente para ellos y… refuerza aún más la justificación tanto de las deportaciones masivas como de otras medidas autoritarias”.
Andrew Weinstein, abogado que se desempeñó como Delegado Público ante la ONU durante la presidencia de Joe Biden, sostuvo que esta escalada forma parte de una estrategia más amplia.
“Ya sea la politización sin precedentes de las fuerzas armadas, el ataque a la educación superior bajo el pretexto de combatir el muy real problema del antisemitismo creciente, o la deportación exprés de personas no ciudadanas sin el debido proceso, todo responde a un pretexto para avanzar una agenda autoritaria”, declaró respecto a las últimas decisiones de la Casa Blanca.
“Cada una de estas acciones resquebraja un poco más los cimientos de nuestra democracia”.
Por el momento, el respaldo público a la ofensiva migratoria de Trump parece mantenerse. Una encuesta de YouGov para CBS, realizada antes de las protestas en Los Ángeles, reveló que el 54% del país apoyaba el plan. No obstante, esa cifra caía cuando se preguntaba si estaban a favor de perseguir también a personas que no fueran criminales peligrosos.
A diferencia del primer mandato de Trump, cuando el entonces secretario de Defensa Mark Esper se negó a desplegar al ejército para sofocar las protestas de Black Lives Matter, esta vez no ha habido una oposición real al envío de tropas por parte de los miembros del gobierno ni de los republicanos en el Congreso.
Por su parte, Trump no mostró el domingo ninguna intención de rebajar la tensión. “Vamos a tener tropas por todas partes”, dijo a los periodistas. “No vamos a permitir que esto le pase a nuestro país. No vamos a dejar que nuestro país se desgarre como ocurrió bajo Biden”.
* Artículo original: “Donald Trump tests limits of presidential authority by sending troops into Los Angeles”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
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