En una decisión unánime, un tribunal federal de apelaciones ha rechazado la reclamación de inmunidad presidencial del expresidente Donald Trump, afirmando que puede enfrentarse a un juicio por sus intentos de permanecer en el poder tras la pérdida de las elecciones de 2020. Este fallo socava la reclamación de inmunidad de Trump e impulsa el caso hacia un posible examen del jurado.
El panel de tres jueces del tribunal declaró: “En este caso penal, el ex presidente Trump asume la condición de ciudadano Trump, equipado con todas las defensas disponibles como cualquier acusado penal. Sin embargo, la inmunidad ejecutiva que podría haberlo protegido durante su presidencia ya no lo salvaguarda contra este enjuiciamiento”. Hicieron hincapié en que la necesidad de responsabilidad penal, compartida por el público y el Poder Ejecutivo, supera las preocupaciones sobre la disuasión de las acciones presidenciales o el desencadenamiento de demandas frívolas.
Trump, por su parte, ha manifestado su intención de solicitar una nueva revisión ante el pleno del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. y ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. A pesar de los reveses legales consecutivos, Trump utiliza estas derrotas judiciales para posponer estratégicamente cualquier juicio federal en Washington hasta después de las elecciones presidenciales. El tribunal de apelaciones ha acordado suspender el fallo hasta el 12 de febrero, dando tiempo a Trump para una apelación ante el Tribunal Supremo, pero se ha negado a esperar la opinión del pleno del Circuito de Washington.
Fijado inicialmente para el 4 de marzo, el juicio es uno de los cuatro casos penales a los que se enfrenta Trump mientras hace campaña activa para volver a la Casa Blanca en 2024. Los recientes aplazamientos se deben a las apelaciones en curso sobre la cuestión de la inmunidad. A pesar de estos desafíos legales, Trump sigue liderando el campo republicano en la carrera presidencial de 2024, tras haberse asegurado victorias en las primeras primarias.
El discurso jurídico se intensificó en torno a la afirmación sin precedentes de Trump de que los ex presidentes, por sus actos oficiales, gozan de inmunidad judicial a menos que sean sometidos a juicio político y condenados por el Congreso. Esta postura, basada en su absolución por el Senado por la insurrección del 6 de enero, enmarca un juicio posterior con un doble enjuiciamiento, una noción recibida con escepticismo por los expertos legales y los jueces de apelación.
La juez Karen L. Henderson, republicana en el panel, comentó durante la vista del caso en enero: “Es paradójico afirmar que el deber constitucional de garantizar el cumplimiento de la ley permite la violación de las leyes penales”. Además, la reticencia del abogado defensor D. John Sauer a refutar hipotéticos abusos extremos del poder presidencial, como el asesinato político, subrayó el carácter polémico del argumento de la inmunidad de Trump.
Los abogados de Trump sostienen que la redacción de la Constitución implica la inmunidad de procesamiento penal para los presidentes no condenados, una lectura desestimada por la juez Tanya S. Chutkan por contradecir el claro significado del texto, su contexto histórico y su lógica. En particular, esta postura choca con la defensa de Trump durante su juicio político de 2021, en el que sus abogados sostuvieron que el sistema de justicia penal, y no el Congreso, debe abordar la conducta de un ex presidente, una opinión de la que se hicieron eco varios senadores, entre ellos el entonces líder de la mayoría, Mitch McConnell (R-Ky.).
El fallo, aunque fundamental, se limita a la jurisdicción de Washington D.C. y no vincula a otras jurisdicciones en las que Trump se enfrenta a cargos. En Georgia, por ejemplo, Trump se opone a las acusaciones de interferencia electoral invocando la cláusula de supremacía de la Constitución para impugnar el procesamiento estatal de un ex presidente. Por el contrario, en Nueva York y Florida, se enfrenta a cargos no relacionados con su mandato presidencial.
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