El viernes, un tribunal federal en Houston preservó un componente crítico de la estrategia de inmigración de la administración Biden, fallando a favor del programa de parole humanitario que permite que hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela puedan entrar en los Estados Unidos cada mes. El juez de distrito Drew B. Tipton desestimó una demanda presentada por Texas y otros 20 estados liderados por republicanos, que cuestionaban la legalidad del programa y su impacto en las finanzas estatales.
El programa de parole humanitario, piedra angular del planteamiento del presidente Biden para gestionar los complejos retos de la frontera sur, pretende ofrecer una vía legal y controlada a los solicitantes de asilo de cuatro países concretos que se enfrentan a la agitación política y a dificultades económicas. Esta iniciativa permite a las personas presentar una solicitud en línea, conseguir un patrocinador financiero en Estados Unidos y, una vez aprobada, recibir un permiso de trabajo y autorización para permanecer en el país durante dos años.
La sentencia del juez Tipton subraya que los Estados demandantes no han demostrado el perjuicio económico derivado del programa, un criterio necesario para la legitimación en la demanda. El juez también se abstuvo de comentar la legalidad del programa, centrándose en cambio en la incapacidad de los estados para demostrar el perjuicio.
Los detractores del programa, encabezados por Texas, habían argumentado que imponía cargas financieras indebidas a los estados, que obligaban a aumentar el gasto en sanidad, educación y seguridad pública. También sostenían que el programa creaba esencialmente un “sistema de inmigración en la sombra” que eludía los procesos legales tradicionales.
Por el contrario, el gobierno federal y varios grupos de defensa respaldaron las ventajas del programa, destacando su papel para hacer frente a la escasez de mano de obra, especialmente en la agricultura, y su éxito en la reducción de los cruces ilegales de fronteras por parte de nacionales de los países especificados. Desde su puesta en marcha en otoño de 2022, el programa ha facilitado la entrada de más de 357.000 personas, contribuyendo significativamente a los objetivos más amplios de la política de inmigración de la administración Biden.
La Casa Blanca aplaudió la decisión del tribunal, destacando la eficacia del programa para ofrecer vías legales a los inmigrantes y su impacto en la disminución del número de cruces fronterizos no autorizados. Los defensores de los inmigrantes y sus patrocinadores celebraron la sentencia como una victoria de los principios humanitarios y de las contribuciones positivas de los inmigrantes a la sociedad estadounidense.
La sentencia representa una importante afirmación jurídica y política para el gobierno de Biden en medio de los continuos debates y desafíos sobre la reforma de la inmigración. Pone de relieve el uso continuado del parole humanitario como herramienta para abordar necesidades humanitarias urgentes y beneficiar el interés público, una práctica que se remonta a 1952 pero que se emplea a una escala sin precedentes bajo la actual administración.
Esta decisión también pone de relieve la compleja interacción entre la política federal de inmigración y las preocupaciones a nivel estatal, señalando la necesidad permanente de soluciones integrales a los desafíos multifacéticos de la migración, la gestión de fronteras y la asistencia humanitaria.
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