El presidente Joe Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantuvieron una importante conversación telefónica en la que abordaron cuestiones migratorias en medio de un ambiente político cargado. El diálogo, calificado de productivo por ambas administraciones, se produjo justo cuando EE.UU. se enfrenta a un mayor escrutinio sobre las políticas de inmigración del presidente Biden en un año electoral y tras las incendiarias informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre una supuesta investigación de donaciones de cárteles de la droga a la campaña de López Obrador en 2006.
La llamada del sábado se produjo dos días después de que el presidente López Obrador exigiera públicamente una disculpa de Estados Unidos por lo que denunció como acusaciones infundadas derivadas de una investigación de la DEA ya concluida, inicialmente cerrada en 2010 pero recientemente sacada a la luz. López Obrador, que se enfrenta a un año electoral en México, dejó entrever posibles repercusiones para la cooperación bilateral en asuntos críticos si no se producían las disculpas solicitadas, y subrayó la necesidad de informar al presidente Biden sobre los entresijos de la situación.
A pesar de lo delicado de las acusaciones, ninguno de los dos gobiernos mencionó la controversia en su comunicado de prensa. En su lugar, México destacó el carácter constructivo de la conversación, basada en los principios de buena vecindad, amistad y cooperación. La Casa Blanca, por su parte, agradeció el apoyo operativo de México y las medidas concretas para frenar la migración irregular, destacando el compromiso mutuo de intensificar los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico de drogas, armas y personas, además de reforzar la cooperación bilateral.
En un tono menos conciliador, la declaración mexicana subrayó la inutilidad de cualquier legislación de EE.UU. que no aborde las causas profundas de la migración, afirmando que tales leyes están condenadas a ser ineficaces. México reiteró su propuesta de una inversión sustancial de 20.000 millones de dólares en los países de origen de los migrantes y pidió a EE.UU. que levantara las sanciones contra Venezuela y Cuba, señalando el creciente número de solicitantes de asilo procedentes de estas naciones. Además, México abogó por la regularización de los mexicanos que viven y trabajan en EE.UU. desde hace más de cinco años.
Mientras EE.UU. se prepara para una campaña presidencial potencialmente intensa, posiblemente una revancha entre Biden y el ex presidente Donald Trump, la inmigración ha pasado a primer plano como cuestión crítica para la administración Biden. Ante las presiones tanto de republicanos como de demócratas en ciudades desbordadas por los solicitantes de asilo, el presidente Biden ha aceptado una amplia medida bipartidista que se está negociando actualmente en el Senado y que podría ampliar su autoridad para imponer nuevas restricciones al cruce de fronteras.
Sin embargo, la aplicación de tales medidas depende de la cooperación de México. La declaración del gobierno mexicano del sábado recordó a EE.UU. su postura contraria a la construcción de muros o al cierre de fronteras, tachando estas acciones de mera propaganda política y soluciones ineficaces a la crisis migratoria.
En medio de esta intrincada dinámica diplomática, están previstas reuniones de alto nivel entre ambos gobiernos para continuar las conversaciones sobre migración. En un hecho notable, el presidente López Obrador, durante la llamada, instó al presidente Biden a levantar las sanciones comerciales contra Venezuela y Cuba, particularmente después de un trágico incidente en Guatemala que resultó en la muerte de nueve migrantes cubanos. Esta petición pretende aliviar los flujos migratorios procedentes de estos países, marcando una coyuntura crítica, ya que EE.UU. se anticipa al anuncio de un estricto pacto bipartidista sobre inmigración.
Aunque los detalles del acuerdo bipartidista siguen sin desvelarse, se prevé que endurezca las políticas de inmigración y asilo de EE.UU., una condición impuesta por los republicanos a cambio de desbloquear fondos del Congreso destinados a Ucrania, Israel y mejoras en la seguridad fronteriza. López Obrador criticó la perspectiva de cerrar las fronteras por considerarla una solución miope y perjudicial para ambas naciones.
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