Los activistas bielorrusos exiliados se enfrentan a una grave amenaza para su seguridad, ya que el presidente Alexander Lukashenko ha impulsado un nuevo decreto que prohíbe a los ciudadanos renovar el pasaporte mientras se encuentren en el extranjero. La medida se considera un intento de obligar a estos disidentes, que huyeron del régimen, a regresar a Bielorrusia, donde su encarcelamiento es casi seguro.
Svetlana Tsikhanovskaya, líder en el exilio de las fuerzas democráticas bielorrusas, calificó este acto de “venganza” de Minsk. Con 3,5 millones de bielorrusos viviendo en el extranjero, destacó lo absurdo de negarles servicios consulares esenciales, cuestionando la legitimidad de las embajadas bielorrusas en Occidente.
Esta medida se produce en medio de una creciente preocupación por el control del poder por parte de Lukashenko. Ya tristemente célebre por su brutal gestión de las protestas electorales de 2020, Lukashenko parece decidido a someter las voces de la oposición incluso fuera del país. Dado que Bielorrusia se abstiene de reconocer la doble nacionalidad y no es signataria de las convenciones de la ONU sobre apatridia de 1954 y 1961, el régimen está bien preparado para despojar a los disidentes de su ciudadanía bajo vagos pretextos como “conducta extremista”.
La oleada de emigración registrada desde 2020, en la que más de medio millón de bielorrusos, muchos de ellos profesionales cualificados, abandonaron el país, tiene dobles implicaciones para el régimen. Aparte del aspecto político, Minsk tiene razones económicas para atraer a los emigrantes. La importante fuga de capital humano ha preparado el terreno para que Minsk introduzca impuestos sobre los emigrantes, haciéndoles financiar indirectamente la actual guerra en Ucrania, dada la estrecha alianza de Bielorrusia con Rusia.
En el frente diplomático, Lituania ha dado un paso adelante para expedir “pasaportes especiales de extranjero” a los bielorrusos exiliados. Sin embargo, esta iniciativa podría encontrar obstáculos burocráticos en el espacio Schengen, poniendo en peligro la movilidad de estas personas. Las grandes comunidades bielorrusas de los países bálticos podrían verse marginadas al acercarse a un estatus de extranjero con documentos que caducan.
La visión de Lukashenko de establecer un gobierno dinástico en Bielorrusia envía una señal ominosa. Subraya su intención de seguir recortando las libertades civiles, como quedó patente en las cuestionables elecciones presidenciales de 2020. Por tanto, se pide a Occidente que refuerce el apoyo al movimiento de Tsikhanovskaya, potencie los medios de comunicación disidentes y sancione a las empresas que ayudan al régimen bielorruso.
La situación de los emigrantes bielorrusos es grave. Vivir en el extranjero sin documentación válida dificulta el acceso a servicios básicos como la sanidad y la banca. Además, cualquier intento de regresar puede acarrear un encarcelamiento injusto, como destaca el grupo de derechos humanos Viasna, que informa de más de 1500 presos políticos en Bielorrusia a 20 de septiembre.
Aunque hay voces que abogan por un sistema de pasaportes nacionales totalmente nuevo, la intrincada burocracia de la Unión Europea y la posible resistencia de Estados miembros como Hungría lo convierten en una empresa difícil. En su lugar, un proceso de naturalización más rápido en las naciones de la UE con una densa población bielorrusa exiliada podría ofrecer una solución más viable.
Con Moscú observando de cerca, existe el temor de que se despliegue una estrategia similar contra los expatriados rusos que huyeron tras el anuncio del proyecto del Kremlin el año pasado. Esto subraya la urgente necesidad de una acción internacional para salvaguardar los derechos de los emigrantes bielorrusos.
El contexto geopolítico actual, con Lukashenko recurriendo a estrategias clandestinas para conservar el poder y alineándose más estrechamente con Moscú, hace que la respuesta internacional sea aún más crucial. La condena de la UE a Lukashenko por ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania pone de relieve la gravedad de la situación.
Los vecinos europeos, como Polonia, Lituania y Letonia, ya han intensificado las medidas contra Minsk restringiendo las importaciones, reforzando las fronteras y emitiendo advertencias de viaje. Ahora corresponde a la comunidad internacional intensificar la presión contra un régimen que sigue oprimiendo a su pueblo, asegurándose de que las voces de la diáspora bielorrusa no queden desoídas.
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