Ecuador, conocido por su relativa tranquilidad en una región a menudo asolada por el conflicto, ha entrado en un grave crisis institucional y social. El anuncio hecho el miércoles por el presidente Daniel Noboa de declarar a la nación en “estado de guerra” marca un marcado alejamiento de su historia de paz.
Este alarmante cambio se produce tras una serie de ataques brutales y coordinados que sacudieron la nación el martes. Entre ellos, la toma hostil de un canal de televisión durante una emisión en directo, una serie de más de 30 explosiones de coches, violentos motines en las cárceles, secuestros de policías y tiroteos aleatorios en las calles de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador. El gobierno atribuye estos actos de terror a 22 bandas criminales, ahora designadas como organizaciones “terroristas” por el presidente Noboa.
Se cree que el catalizador de esta violencia sin precedentes es la fuga de José Adolfo “Fito” Macías Villamar, uno de los líderes de bandas más temidos del país. En respuesta, el presidente Noboa ha tomado la extraordinaria medida de declarar el estado de conflicto armado interno, otorgando al ejército amplios poderes para combatir a estos elementos criminales. Este enfoque es poco frecuente en América Latina y supone una escalada significativa en la estrategia del gobierno para hacer frente a la delincuencia organizada.
En los últimos cuatro años, la situación de seguridad de Ecuador se ha deteriorado gradualmente, convirtiendo al país en una ruta fundamental para el narcotráfico. Esto ha alimentado el surgimiento de poderosas bandas, que recuerdan los días más oscuros del narcoterrorismo en Colombia y la guerra de bandas en Brasil.
En respuesta al reciente aumento de la violencia, la represión del gobierno ha sido rápida y severa. Hasta el miércoles por la tarde, se había detenido a 329 individuos calificados de “terroristas” y se había informado de la muerte de cinco de ellos. Además, el presidente Noboa anunció la deportación de 1500 reclusos extranjeros, una medida destinada a desbaratar las operaciones de las redes criminales internacionales.
Sin embargo, esta postura agresiva, que confunde el crimen organizado con el terrorismo e invoca las leyes internacionales de la guerra, está plagada de complejidades legales y éticas. Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, han expresado su preocupación por la posibilidad de que se produzcan violaciones de los derechos humanos con esta nueva política. El temor es que un enfoque tan amplio y militarista pueda dar lugar a detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y otras formas de abusos sancionados por el Estado.
En medio de este caos, los ciudadanos de Ecuador se encuentran atrapados en una escalada del conflicto. En Guayaquil, donde la violencia ha sido más intensa, el ambiente sigue siendo tenso y temeroso. Las calles, que antes bullían de actividad, están ahora inquietantemente silenciosas, con los comercios cerrados y los servicios públicos interrumpidos. Los residentes cuentan historias estremecedoras de violencia e intimidación, que dibujan la imagen de una ciudad sitiada.
La estrategia del gobierno, dirigida contra las redes logísticas y financieras de estas bandas, también plantea interrogantes sobre el impacto en la población civil. Los defensores de los derechos humanos expresan su preocupación por la posibilidad de que personas inocentes sean atacadas injustamente o queden atrapadas en el fuego cruzado a medida que el Estado intensifica su guerra contra estas organizaciones delictivas.
La crisis de Ecuador es indicativa de una tendencia más amplia en América Latina, donde los gobiernos recurren cada vez más a tácticas militares de mano dura para combatir los problemas de seguridad interna. Aunque estas medidas pueden ofrecer una solución a corto plazo para el aumento de la violencia, a menudo no abordan las causas subyacentes de la delincuencia y pueden dar lugar a nuevos abusos contra los derechos humanos.
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