El gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, ha anunciado la suspensión de las operaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) dentro de sus fronteras. Esta decisión fue comunicada por el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Yvan Gil, quien también ordenó la expulsión del país de 13 funcionarios de la OHCHR en un plazo de 72 horas.
El ministro de Asuntos Exteriores Gil justificó las acciones del gobierno alegando que el organismo de la ONU no ha estado cumpliendo el papel que le corresponde en Venezuela. Según Gil, la OHCHR (United Nations High Commissioner for Human Rights) ha estado actuando más bien como un bufete de abogados privado, participando en conspiraciones e intentos de golpe de Estado contra el Estado venezolano. Acusó al personal de la oficina de colonialismo, explotación y violación de la Carta de las Naciones Unidas. Gil enfatizó la exigencia del gobierno para que estos funcionarios abandonen Venezuela prontamente y rindan cuentas de sus acciones ante la comunidad internacional.
La suspensión de las actividades de la OHCHR y la expulsión de su personal se producen en medio de acusaciones del gobierno venezolano de parcialidad y sesgo desde la firma de un memorando de entendimiento en 2019. El gobierno afirma que la oficina ha buscado sistemáticamente la impunidad de las personas involucradas en intentos de asesinato, golpes de Estado y otras conspiraciones contra la soberanía y el orden constitucional de Venezuela.
En respuesta a la decisión del gobierno venezolano, Ravina Shamdasani, portavoz de la OHCHR, expresó su pesar e indicó que el organismo se encuentra evaluando sus próximos pasos. Shamdasani reafirmó el compromiso de la oficina de promover y proteger los derechos humanos de todos los venezolanos, haciendo hincapié en el diálogo permanente con las autoridades venezolanas y otras partes interesadas.
Esta medida del gobierno venezolano también se produce tras las recientes acciones emprendidas contra las supuestas amenazas al gobierno de Maduro. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció previamente la detención de 19 personas por su presunta implicación en una conspiración y plan de asesinato contra el presidente Maduro.
La decisión de suspender las operaciones de la OHCHR y de expulsar a su personal pone de manifiesto las continuas tensiones entre el gobierno venezolano y los organismos internacionales de derechos humanos. El gobierno ha manifestado su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de derechos humanos, siempre que tales interacciones se basen en un diálogo genuino y se adhieran a los principios de objetividad, imparcialidad y respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos.
Este hecho suscita preocupación sobre el futuro de la defensa y la supervisión de los derechos humanos en Venezuela, especialmente a la luz de las recientes críticas, entre ellas las del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri. Fakhri denunció obstáculos para visitar centros de detención y cambios constantes en su agenda durante una visita de dos semanas a Venezuela, lo que subraya el difícil entorno al que se enfrentan los observadores internacionales en el país.
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