Un importante cambio en la política del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos de Motor de Florida ha provocado un debate en todo el Estado. Según la nueva directiva, se prohíbe a los transexuales de Florida alterar el marcador de género de sus permisos de conducir. Esta medida, comunicada a través de un memorándum a los recaudadores de impuestos de los condados, supone un cambio radical con respecto a las prácticas anteriores, que permitían el cambio de sexo en los permisos con un certificado médico de tratamiento de transición de género.
El departamento, bajo el liderazgo del director ejecutivo Dave Kerner, nombrado por el gobernador Ron DeSantis, está alineando sus procedimientos más estrechamente con los requisitos legales. Molly Best, portavoz del departamento, hizo hincapié en la importancia de mantener la seguridad, fiabilidad y exactitud de la identificación emitida por el gobierno. El memorando, cuyo autor es el director ejecutivo adjunto, Robert Kynoch, sostiene que el término “género” en los documentos de identidad se ajusta tradicionalmente al sexo biológico y no a la identidad de género de una persona, que, según Kynoch, no es inmutable ni verificable.
Simone Chriss, directora de la iniciativa sobre derechos de las personas transgénero de la organización Southern Legal Counsel, criticó la interpretación de “género” del departamento por no estar fundamentada en la ley y constituir una extralimitación de autoridad. Chriss, junto con los demócratas de Florida, expresó su preocupación por la falta de participación pública y de garantías procesales en la promulgación de este cambio de política. Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida, condenó el cambio como parte de un patrón más amplio de agencias estatales bajo el gobernador DeSantis que aplican políticas controvertidas sin aprobación legislativa.
Este cambio en la política de licencias de conducir es la última de una serie de acciones que afectan a las personas transgénero en Florida, incluidas las recientes restricciones a la cobertura de Medicaid para tratamientos de disforia de género y tratamientos médicos para jóvenes transgénero. El debate continúa desarrollándose a medida que las partes interesadas de diversos sectores sopesan las implicaciones de este cambio de política para la comunidad transexual y la integridad jurídica de la gobernanza estatal.
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