Tras una decisión que podría alterar el destino del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, un tribunal británico abrió el martes una vía para que Assange impugne su extradición a Estados Unidos. La decisión del tribunal depende de que Estados Unidos ofrezca “garantías satisfactorias” de que Assange no se enfrentará a nuevos cargos que puedan acarrearle la pena de muerte, ni se verá privado de sus derechos amparados por la Primera Enmienda. Este fallo ha inyectado nueva vida a la larga batalla de Assange contra la extradición por cargos de espionaje.
El tribunal hizo hincapié en la preocupación por la libertad de expresión de Assange, los posibles prejuicios basados en la nacionalidad y el grave riesgo de ejecución. “A menos que Estados Unidos ofrezca garantías satisfactorias, concederemos permiso para apelar”, declararon los jueces, poniendo de relieve el delicado equilibrio entre la persecución legal y los derechos humanos.
Stella Assange, esposa de Julian, criticó la postura del tribunal, considerándola una dura retribución más que justicia. “Este caso es una retribución. Es una señal para todos vosotros, de que si sacáis a la luz los intereses que impulsan la guerra, irán a por vosotros. Os meterán en la cárcel”, afirmó fuera del tribunal, enmarcando el calvario legal como una advertencia más amplia contra la denuncia de irregularidades.
La saga legal de Julian Assange, que dura ya más de una década, comenzó con su detención en 2010 y su posterior autoexilio en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición. Sus batallas legales se intensificaron tras la acusación presentada en 2019 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se le imputaban 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de ordenadores relacionados con la publicación por parte de WikiLeaks de documentos sensibles de Estados Unidos.
Los jueces británicos hicieron referencia a los polémicos comentarios del expresidente de Estados Unidos Donald Trump sobre WikiLeaks y su fundador, junto con un informe de Yahoo News durante la presidencia de Trump que pintaba un panorama sombrío de las actitudes de los funcionarios estadounidenses tras las revelaciones de “Vault 7” de WikiLeaks. Este contexto añade una capa compleja a los procedimientos de extradición, subrayando la naturaleza politizada de los desafíos legales de Assange.
El tribunal ha encomendado ahora a las autoridades de Estados Unidos que proporcionen las garantías requeridas en un plazo de tres semanas, prolongando el limbo jurídico de Assange hasta al menos el 20 de mayo, fecha en la que está previsto que el tribunal vuelva a reunirse para tratar el asunto.
En el centro de la controversia está el debate sobre el papel de Assange como periodista frente al de agente de espionaje. Mientras que Assange y sus partidarios argumentan que sus acciones estaban al servicio del periodismo de interés público, poniendo de relieve los abusos y la mala conducta en las guerras de Irak y Afganistán, sus detractores replican que la difusión en bruto de material clasificado robado no constituye periodismo legítimo.
Las posibles implicaciones de la extradición y el juicio de Assange van mucho más allá de su caso individual, y afectan a los principios básicos de la libertad de prensa y la protección de las actividades periodísticas en virtud de la Primera Enmienda. Al parecer, la salud de Assange se está deteriorando, por lo que sus partidarios y su equipo legal están expresando su preocupación por el coste personal y profesional de su encarcelamiento continuado.
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