Los sucesos del 11J en Cuba han confirmado que el uso de Internet y los teléfonos celulares contribuyen al cambio social; dicho en otras palabras, se constituyen en herramientas fundamentales de la liberación tecnológica que Larry Diamond definiera como “cualquier forma de información y comunicación tecnológica que posibilita la expansión de las libertades políticas, sociales y económicas.[1]
Esta función liberadora de la tecnología ha permitido que se expandan las oportunidades políticas de las personas que, en regímenes autoritarios, ven limitados sus derechos a acceder a fuentes de información independientes del control estatal. Con la “liberación” del control estatal, mediante la ampliación de los canales de comunicación disponibles para una ciudadanía amordazada por una férrea censura estatal, se produce un proceso imparable que fomenta el pensamiento independiente y el disentimiento abierto, lo que puede conducir a un proceso de cambio democrático.[2]
Es por ello que la expansión de las tecnologías de comunicación e información, en regímenes totalitarios como el cubano, siempre son una amenaza latente que ha afectado de manera directa su supervivencia. En el caso de Cuba, han gestado una nueva esfera pública digital, mucho más difícil de controlar que aquellas basadas exclusivamente en medios tradicionales de información y comunicación.
Estas amenazas derivadas de la liberación tecnológica han implicado para gobiernos totalitarios un problema fundamental: el control de los medios de comunicación e información para prevenir el surgimiento de movimientos disidentes de gran alcance que puedan liderar procesos de integraciones estratégicas conducentes a manifestaciones masivas organizadas. Si se les permite la libre circulación de ideas que contradicen el discurso central del régimen a las disidencias y a críticos de un sistema totalitario determinado —y estas ideas conducen a que un mayor número de personas se adhieran a causas antigubernamentales—, el poder de las élites totalitarias pudiera verse entonces comprometido. De ahí que el mayor incentivo para un gobierno dictatorial como el cubano sea controlar el ambiente informativo de manera absoluta, tanto en los medios tradicionales de información y comunicación, como en los nuevos medios derivados de la liberación tecnológica.
En sistemas políticos no democráticos y altamente represivos como el cubano, los medios de comunicación siempre han sido clave para la consolidación del control totalitario. Desde la nacionalización total de los medios de comunicación en 1960, el Gobierno dictatorial de la Isla ha controlado de un modo muy cerrado el flujo de información hacia la ciudadanía, sin permitir la operación de ningún medio independiente del Estado.
El trabajo académico de autores clásicos sobre el tema del control de los medios en no democracias, como Carl Friedrich y Z. K. Brzezinski, ha expuesto cómo a través del control de los medios de comunicación los gobiernos de corte totalitario o autoritario han logrado ejercer un control efectivo sobre sus poblaciones.[3] Esta perspectiva ha estado basada, primariamente, en medios de difusión como la prensa escrita, la radio y la televisión que, una vez controlados, son con facilidad puestos al servicio de la propaganda estatal. La dictadura cubana, hasta finales del siglo xx, controló de manera casi absoluta la información en estos medios tradicionales.
A partir de la liberación tecnológica, destapada con la llegada de Internet y de la telefonía celular a Cuba desde la segunda mitad de los años 90, se modificó sustancialmente el monopolio de las comunicaciones al brindar un nuevo flujo de ideas e información independiente del control estatal, con la mayoría de las fuentes de información fuera de la Isla. Los cubanos —en un primer momento con un sistema de Internet muy precario, disponible solo en centros laborales estatales, universidades y hoteles, que después se expandió a nodos WiFi en determinados lugares públicos hasta ampliarse a paquetes prepagados, muy caros para ser usado en teléfonos celulares— lograrían, al concluir la primera década de siglo xxi, abrir una ventana que potenciaría a niveles inimaginables las oportunidades políticas de los ciudadanos y los movimientos sociales independientes locales.[4]
Paradójicamente, esta ventana sería abierta, aunque de una manera lenta y cautelosa, por el mismo Estado totalitario, al comprender la imposibilidad de mantener a Cuba fuera del alcance de las nuevas tecnologías. Las élites gobernantes iniciarían una estrategia escalonada de control hacia esta apertura, que tendría una consideración primaria: estas nuevas fuentes de información tendientes a salir del control totalitario, en el fondo, eran también proclives a la interferencia y el control gubernamental.
Para ello, utilizarían el concepto de represión tecnológica, opuesto al del de liberación tecnológica, que contempla los medios políticos, legales y tecnológicos utilizados para contener, controlar, e incluso bloquear —si es necesario—, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por parte de los Estados.[5] Cuba aplicaría a cabalidad los tres pilares fundamentales de la represión tecnológica: limitaría de manera legal el uso de estas tecnologías, las utilizaría con fines políticos para alimentar el mecanismo de propaganda gubernamental y limitaría el uso abierto de las oportunidades brindadas por la apertura hacia nuevas formas de acceso a la información y a la comunicación.
En lo legal, la Constitución vigente en Cuba, mediante su artículo 55 —que cínicamente se refiere a la libertad de prensa—, asegura una mordaza a los nuevos medios, al plantear que estos “en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”, agregando una clausura lapidaria: “El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social”.
Por si esto no fuera suficiente, el Decreto-Ley 370, en su artículo 68, inciso i —que contraviene los estándares internacionales en materia de libertad de expresión—, establece como contravención el acto de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres, y la integridad de las personas”.
En el plano político, con la apertura escalonada del uso de estos nuevos medios de información y comunicación, el Gobierno garantizaba una puesta en marcha más eficiente de sus mecanismos de control, mientras otorgaba tiempo a los operadores del sistema a entrenarse en el uso de las nuevas tecnologías, puestas a disposición del ya de por sí amplio y sofisticado sistema de propaganda totalitaria, que ampliaría el discurso oficial. El uso inicial de una red de intranet para cubanos —sin acceso a fuentes externas, que se alimentaba de páginas web creadas en Cuba con un propósito propagandístico y que operaban como ventana externa del Gobierno— sirvió para aceitar este mecanismo, que después posibilitaría la apertura gradual del uso más o menos abierto de Internet y con mayor accesibilidad para los cubanos.
La represión tecnológica comenzó a aplicarse, al principio, mediante un bajo sofisticado sistema de seguimiento de usuarios —el cual mejoraría con el tiempo— que, combinado con la filtración y bloqueo de ciertos contenidos, garantizaba de alguna manera el control a la información por los ciudadanos cubanos.
Esto se facilitaba por el control monopólico de los servicios online y de telefonía por parte de la única compañía estatal autorizada para proveer estos servicios: ETECSA, que en la práctica es una empresa dedicada a la vigilancia y el control ciudadano como filial no oficial del Ministerio del Interior. Con ETECSA como vínculo único entre las computadoras, los teléfonos celulares y la web, se garantizaba el monitoreo constante de todo el tráfico online generado en el país y toda la información accedida o enviada por sus suscriptores cautivos.
China desempeñaría aquí una función clave en la creación de estos mecanismos de control de acceso a Internet en Cuba. El gobierno comunista chino —el cual ha acuñado el sello de lo que se conoce como autoritarismo digital—, preocupado por el hecho de que permitir cualquier vestigio de libertad política puede poner en riesgo su poder, ha creado un estado de vigilancia orwelliano muy sofisticado, de alta tecnología, y un complejo sistema de censura de Internet que monitorean y eliminan toda crítica pública. China ha utilizado, con gran eficiencia, una amplia gama de técnicas de censura; por ejemplo, la tristemente célebre “Gran Muralla de Internet” ha incluido el bloqueo de sitios chinos y extranjeros políticamente sensibles, e incluso ha logrado bloquear redes sociales occidentales como Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube e Instagram, entre otras.[6]
No sería sorpresa, entonces, que los chinos ayudaran a construir la red troncal de comunicaciones e Internet de Cuba con equipos y software suministrados por Huawei Technologies —el proveedor de equipos de telecomunicaciones chino más importante— y la empresa ZTE. Con la experiencia china se logró establecer un mecanismo de vigilancia y control que, aunque no tan sofisticado ni eficiente como el de Beijing, logró controlar y restringir en cierta medida el acceso de los cubanos a Internet.
Los sucesos del 11J, impulsados por el uso de Internet, las redes sociales y la telefonía celular, demostraron que el gobierno cubano estaba muy lejos de implementar un sistema de censura a las nuevas tecnologías que impidiese a sus nacionales acceder y difundir información en la web. Esto fue posible gracias a que el uso de redes sociales occidentales no había sido eficientemente controlado como en el caso chino y la ciudadanía cubana, además, tenía a su disposición herramientas novedosas de liberación tecnológica que le permitió circunvalar la censura a sitios y aplicaciones por parte del gobierno cubano.
Una de estas herramientas ha sido el uso de servidores proxies,[7] que han resultado sumamente útiles para que los cubanos puedan acceder a los sitios web bloqueados. Asimismo, el empleo de redes privadas virtuales, o VPN, que permiten a usuarios con restricciones de navegación crear túneles encriptados a computadoras diferentes que luego pueden usarse para acceder a Internet. La VPN “envuelve” el tráfico web del usuario para que tenga el mismo aspecto que el resto. Como está encriptado, el tráfico en forma de túneles protegidos se hace difícil de acceder o interceptar mediante filtros web regulares por parte de censores de Internet.
También se ha reportado el uso en la Isla de filtros basados en DNS (Domain Name System): un sistema que convierte la dirección IP numérica de un sitio web en una URL estándar. Estos filtros, aunque a menudo se han implementado para bloquear una dirección IP web específica, se han usado en Cuba para evitar la censura cambiando el servidor DNS del proveedor del sitio web al que se accede.
El uso de redes sociales o aplicaciones no bloqueadas, como Facebook, YouTube, WhatsApp o Twitter, que diseminaban información desde sitios noticiosos cubanos independientes —la mayoría fuera de la Isla, pero muchos operando desde Cuba—, más el acceso local a sitios bloqueados mediante herramientas proxies, VPN y filtros DNS, posibilitó que se difundieran las protestas iniciales del 11 de julio —funcionando como un catalizador de oportunidades políticas para los cubanos, que expandieron las manifestaciones a todos los rincones del país—. La liberación tecnológica había rendido frutos.
Incluso después del 11J, y pese a que la ayuda que Beijing le otorgó al Gobierno totalitario con el cierre del tráfico de Internet de manera total, 1,4 millones de cubanos pudieron acceder a Internet el 15 de julio, por ejemplo, mediante el VPN Psiphon, para dispositivos móviles y escritorio.
Todo esto ha significado para el gobierno cubano un reto mayúsculo. Pese a todos sus esfuerzos totalitarios, la liberación tecnológica prevaleció. El uso de teléfonos móviles, redes sociales, aplicaciones y fuentes de Internet independientes han ayudado a los cubanos a unirse, organizarse y convertir sus voces aisladas, privadas —hasta ahora silenciadas—, en una tormenta pública que clama libertades y derechos. La tecnología cambió radicalmente la esfera del debate en Cuba, donde el Estado totalitario ha sido remplazado como el único moderador del discurso público. El 11J fue la culminación de un proceso donde el espacio para el debate y la rendición de cuentas había sido liberado por la tecnología, y la gente pudo, de manera espontánea, ejercer sus oportunidades políticas en foros no controlados por la presencia omnipresente del Estado comunista cubano.
Ahora, esta libertad tecnológica abierta a los cubanos es muy precaria y temporal. Las élites totalitarias en la Isla no se han resignado a perder esa omnipresencia comunicacional e informativa. La respuesta tecnológica gubernamental al 11J fue brutal: apagaron el servicio de Internet, redujeron su velocidad y acceso —ya de por sí uno de los más lentos del hemisferio— y utilizaron viejas herramientas represivas no tecnológicas como amenazas, violencia, cárcel, e incluso tortura, para acallar a aquellos que desde el ciberespacio han emergido con contundencia como voces críticas al sistema.
¿Cuál sería la estrategia renovada post 11J que el régimen cubano utilizaría para sustituir la anterior, que no lograra el control eficiente de los medios alternativos de información y comunicación? Previsiblemente, lo que vendrá, será aún peor, al tratar de consolidar un sistema de control absoluto de Internet y sus tecnologías conexas al estilo chino. Las señales son claras.
En primera instancia, se ha acelerado la redacción de una nueva estructura legal modelo chino —más puntual y represiva— que pueda cerrar toda ventana legal para el uso abierto de las redes sociales e Internet. Por lo pronto, la dictadura promulgó, el 17 de agosto de 2021, el Decreto-Ley 35 —mucho más específico que el 370— que, claramente y sin embates, penaliza el uso de redes sociales para compartir lo que pueden considerar como “noticias falsas” o llamados a la insurrección popular, e incluso cualquier crítica al sistema que pudiera tener “impacto en el prestigio del país”.
La nueva ley draconiana incluye una definición de lo que considera como “ciberterrorismo”, que contempla cualquier uso de las redes sociales e Internet para “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
En segundo lugar, en conjunción con el gobierno y empresas tecnológicas de China, se está priorizando la construcción de prototipos de arquitecturas chinas más sofisticados que ayudarían a implementar un sistema cerrado y estéril de Internet para —a semejanza de la nación asiática—, evitar el acceso desde la Isla a toda red social, aplicación o plataforma creada en Occidente, mientras se restringe de una manera mucho más amplia y eficiente el acceso a páginas web consideradas como subversivas por el Gobierno.
Sin embargo, el reto para lograr esta transformación estilo chino de la estructura cubana de acceso a Internet estaría limitado por varias razones. La más importante es el tema financiero, ya que resultaría muy caro implementar una copia del sistema chino en la Isla; si bien parece, por las últimas declaraciones del gobierno asiático, al subrayar la importancia estratégica de mantener un aliado importante como el gobierno cubano en el poder, que podría pasar por alto el costo de financiar y construir una Gran Muralla digital cubana. Así lo confirman los comentarios del más alto liderazgo chino y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing sobre los acontecimientos del 11J y las reacciones posteriores del gobierno estadounidense hacia Cuba. Para su financiamiento, bien podría implementarse —muy al estilo usurero del gobierno de China— una estructura de préstamo para costear la construcción de este sistema de censura más amplio y sofisticado, que pudiese requerir como pago la entrega de infraestructura o activos cubanos.
Es sintomático que, incluso un mes antes del 11J, ya se había reportado un uso más intensivo en las redes cubanas, por parte de ETECSA, de un producto específico de Huawei, caro y muy eficiente en el filtro de contenido de redes: el HTTP Header V2R2C00-IAE/1 —asociado con Esight; una red de manejo de programas de redes de Huawei para firewalls, routers y switches de Internet—, elemento clave en la creación del sistema de bloqueo chino de Internet. Estos HTTP Headers de Huawei permiten la transmisión detallada de información sobre los navegadores de los usuarios de cualquier red de Internet, las páginas solicitadas, sus servidores, etc. A esto se suma la constatación de la escritura del código de acceso a la red de ETECSA por programadores chinos.
Sin embargo, un reto tecnológico fundamental que presupone la copia de un sistema chino de control total de Internet se halla en la imposibilidad de instaurar un sistema de bloqueo de VPN. Los chinos no lo han logrado —allí es posible acceder a cualquier contenido bloqueado usando las redes virtuales privadas—; por tanto, tampoco lo lograría un sistema importado desde China. Esto les daría la posibilidad a los cubanos de continuar accediendo a contenido censurado mediante VPN.
La mala noticia radica en que el gobierno chino ha penalizado su uso con leyes, salvo autorización expresa de las autoridades. Todo parece indicar que Cuba legislará de igual manera y se penalizará el uso de cualquier herramienta que permita romper el bloqueo oficial a redes, aplicaciones y páginas web.
Con esta ofensiva totalitaria cubano-china de represión tecnológica, que se amplía a la represión por vías legales, ¿qué quedaría por hacer en el campo ciudadano que les permita a los cubanos comunes gozar de las ventajas que la liberación tecnológica ha traído para ellos, pese a los intentos totalitarios por bloquearlas? ¿Sería posible una contra respuesta desde países que, como Estados Unidos, buscan propagar el acceso a Internet en la Isla?
En lo internacional, pese a las buenas intenciones del gobierno estadounidense de propiciar el acceso a los cubanos a un Internet alternativo, gratuito y diferente de aquel que provee el régimen cubano —materializadas con la aprobación por el Senado de la Enmienda 3097—, es aún un sueño que parece irrealizable a corto y mediano plazos. Esta inviabilidad se debe a las limitaciones reales que implican la implementación de un sistema de Internet paralelo desde fuera de las fronteras cubanas.
Los esfuerzos —tanto cubanos como internacionales— para lograr mantener abierta la ventana dentro de Cuba del acceso a fuentes de información y comunicación distintas de las estatales se encuentra en la propia tecnología que proveen las herramientas ya probadas que han logrado circunvalar las restricciones pasadas —y probablemente futuras— impuestas por el régimen comunista cubano para limitar el acceso a Internet. Estas herramientas tecnológicas —aun con la amenaza de consecuencias legales por su uso— constituyen una alternativa real y posible para potenciar el recién adquirido sabor de la precaria libertad digital cubana.
En un país donde prácticamente todo entra en el campo de la ilegalidad, el nuevo Decreto-Ley 35, y otros posibles similares en un futuro —más los intentos cubano-chinos de construir una muralla de Internet criolla—, no detendrán las ansias de los cubanos de mantenerse conectados a redes, plataformas, aplicaciones y páginas web que les permiten disfrutar del derecho humano fundamental de acceder con libertad a la información y a las comunicaciones al margen del Estado totalitario.
El fomento y difusión de medios alternativos de acceso a la web, sumado al mantenimiento del financiamiento y el apoyo a las plataformas independientes cubanas de contenido en Internet por parte de fundaciones internacionales, gobiernos, instituciones privadas y de la diáspora cubana, se constituyen en los pilares fundamentales para la supervivencia de las precarias libertades tecnológicas que, con muchos esfuerzos y costos, han logrado los cubanos en su archipiélago.
Mantener abierta la ventana que han ofrecido las nuevas tecnologías a la ciudadanía cubana es una necesidad imperiosa ante el reto que implica la búsqueda de un cambio democrático en la Isla. Eso lo saben muy bien los sátrapas cubanos y el gobierno chino. Pese a ellos, la democracia llegará para Cuba.
© Imagen de portada: Ryan Olson.
Notas:
[1] Para una conceptualización extensa del concepto de liberación tecnológica, cfr. Larry Diamond: “Liberation Technology”, en Journal of Democracy, no. 3, 2010, pp. 69-83.
[2] Las oportunidades que ofrece la tecnología en el fomento de aperturas democráticas está ampliamente tratado en Javier Corrales y Frank Westfoff: “Information technology adoption and political regimes”, en International Studies Quarterly, no. 4, 2006, pp. 911-933.
[3] C. J. Friedrich y Z. K. Brzezinski: Totalitarian Dictatorship, Harvard University Press, Cambridge, 1965.
[4] En el capítulo introductorio de su libro —básico para comprender el impacto de la llegada del Internet a Cuba—, Ted Henken plantea que la llegada de Internet a la Isla supuso un desafío a la hegemonía absoluta que el régimen revolucionario cubano había ejercido sobre los medios de comunicación desde principios de los años 60 (Ted Henken y Sara García Santamaría: Cuba’s Digital Revolution. Citizen Innovation and State Policy, University of Florida Press, Gainesville, 2021.
[5] Para ampliar sobre los alcances de la represión tecnológica, cfr. Taylor C. Boas: “Weaving the autoritarian web: The control of Internet use in nondemocratic regimes”, en John Zysman y Abraham Newman: How Revolutionary was the Digital Revolution? National Responses, Markets Transitions, and Global Technology, Stanford University Press, Stanford, 2006, pp. 361-378.
[6] El término “autoritarismo digital”, practicado por el gobierno chino, y su exportación hacia otros regímenes autoritarios ha sido tratado de manera extensa en la literatura sobre censura digital. Cfr. Fredrik Erixon, y Hosuk Lee-Makiyama: “Digital authoritarianism: Human rights, geopolitics and commerce”, en ECIPE Occasional Paper, European Centre for International Political Economy (ECIPE), Bruselas, no. 5, 2011.
[7] Un servidor proxy es esencialmente una “computadora intermediaria”, normalmente ubicada en otro país, que puede acceder al sitio bloqueado. Este proxy se utiliza para buscar y devolver información al usuario mientras oculta su dirección IP.
Cuba y la espada de Damocles del terror genocida
Por la voz de Díaz-Canel, usada como un megáfono con dicción deficiente de la voluntad de Raúl Castro, se incitaba abiertamente a individuos y grupos a realizar acciones violentas y criminales contra manifestantes pacíficos.
