Nos encontramos en un escenario global donde se disputa la existencia de las identidades trans. En distintas partes del mundo se vienen dando avances, retrocesos y resistencias en relación a consolidar una serie de derechos mínimos que garanticen una vida digna para las personas trans.
Aunque ciertamente este proceso de lucha no surgió en el siglo xxi, sino que viene, al menos, desde finales de la década de los años 60 del siglo pasado, es cierto que hoy en día la existencia de las personas trans se disputa desde gramáticas no disponibles hace cincuenta años. Esto es así porque en ese período de tiempo vimos la emergencia, consolidación y expansión del discurso de los derechos humanos a toda una serie de movimientos sociales que hoy articulan sus demandas políticas en esos términos.
El colectivo trans no ha sido la excepción a esta globalización del discurso de los Derechos Humanos. Tal es el caso que actualmente contamos con declaraciones globales, como los “Principios de Yogyakarta”, que versan sobre la implementación del paradigma de los Derechos Humanos a las cuestiones relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género.
Lo anterior ha permitido articular un discurso y una agenda política en torno a los derechos mínimos que tendrían que ser garantizados a las personas trans para acceder a una vida digna. A saber: acceso legal a la identidad de género, acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a una vida libre de violencia y discriminación, y acceso a la justicia.
Sin embargo, como lo han señalado activistas y teóricas, el discurso de los Derechos Humanos por parte de organismos internacionales, instituciones y gobiernos no necesariamente garantiza su ejecución y mucho menos la permanencia y viabilidad social de los sujetos de los que dice hablar. Por el contrario, es posible decir que su negación, en lo concreto, es una negación de la existencia de estos sujetos y el alcance de vidas dignas. En este sentido, la negación de los derechos humanos tiene que ser entendida como un proceso que puede culminar en la extinción de subjetividades y posiciones de sujeto, individuales y colectivas.
Esto último es relevante porque en este escenario global de disputa sobre la existencia de las identidades trans, en México se vienen dando una serie de luchas que precisamente buscan conseguir la viabilidad del sujeto trans. De una u otra forma, lo que aquí se juega es ampliar la noción de lo humano como aquello en lo que la experiencia trans encuentra su lugar y merece ser protegida. Pero a estos intentos se oponen otros que contribuyen a la supresión de la experiencia trans, ya sea por negarle derechos y las condiciones para su ejecución efectiva, o por impulsar abiertamente discursos que deshumanizan y buscan eliminar los medios que posibilitan a este sujeto.
Como instancias de lo anteriormente dicho, me limitaré a señalar tres actores: el gobierno federal y los gobiernos locales, y dos instancias de movimientos antiderechos contemporáneos, el movimiento contra la ideología de género y el movimiento feminista transodiante. Aunque estos tres actores pueden tener vínculos y relaciones entre sí dentro del contexto local, conviene tomarlos por separado ya que tienen genealogías distintas y se enmarcan en escenarios globales mucho más complejos a los que apelaré más adelante. Por ahora solo basta decir que en México estos tres actores son generadores de escenarios que no terminan de permitir la emergencia de un sujeto trans que pueda ser leído plenamente como parte de lo humano, con el acceso a una vida digna.
Pero antes de presentarlos junto con sus implicaciones sobre la lucha política del sujeto trans, vale la pena introducir de manera breve un panorama general del estado del arte de los seis derechos mínimos mencionados en párrafos anteriores, y aquello que ha ganado la irrupción del movimiento transfeminista en México.
La irrupción transfeminista en México
Sin lugar a dudas la situación actual de las personas trans en México ha cambiado en relación a lo que era hace treinta años, en la década de los 90 del siglo xx, en donde apenas comenzaba a configurarse un movimiento político que lucharía por la ciudadanía sexual. De acuerdo con la antropóloga española Alba Pons Rabasa (2016), en su recuento histórico sobre el movimiento trans en México, en Ciudad de México, del período que va de 1990 a 2014 se conformó lo trans como identidad política y se consiguió la desjudicialización y despatologización en el reconocimiento legal de la identidad de género.
Esto, de acuerdo a Pons, fue posible luego de un largo proceso en el que se dio la organización propia de los colectivos trans, la construcción de un discurso basado en los derechos humanos y su alianza con otros actores como los sexólogos y partidos políticos en ese entonces leídos como parte del espectro de la izquierda.
Desde entonces, en los últimos siete años hemos visto en México el avance de un movimiento transfeminista a lo largo y ancho del país que ha conseguido una serie de derechos, aún bastante mínimos y geográficamente acotados, junto al despliegue de un discurso más elaborado y en alianza con sectores del movimiento feminista y de mujeres. Al menos trece entidades, de las treinta y dos, han dado un reconocimiento legal de la identidad de género; no siendo en todos los casos el reconocimiento de las infancias trans. Pero hoy más que nunca la agenda trans está planteada no solo en términos de reconocimiento legal, sino en la consecución de una serie de derechos que han sido históricamente negados a la mayoría de la población trans y que son igualmente importantes para acceder a una vida digna, como son el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, el acceso a una vida libre de violencia y de discriminación, y el acceso a la justicia.
De estos seis rubros ninguno se ha logrado de manera absoluta para todas las personas trans en México, sino que se han ido generando “parches” de derechos en distintas entidades del país. Además, vale la pena enfatizar que en ninguna entidad todos estos derechos son garantizados de forma conjunta y completa a las poblaciones trans. Lo que tenemos son derechos fragmentados que se han conseguido mediante luchas locales en cada entidad ante la diletancia y conservadurismo del Gobierno de turno, y los pasados, de aprobar leyes federales que otorguen finalmente todos los derechos para todas las personas trans.
A esto se suma la gran falta de información sistematizada y rigurosa por parte del Estado sobre el estado actual de cada uno de esos derechos. Lo que tenemos son informes y datos recabados en su mayoría por organizaciones de la sociedad civil que, aunque son valiosos ante este pantano informativo, no terminan por darnos una visión lo suficientemente completa del panorama real de las personas trans al carecer de los medios para hacer estudios y registros estadísticos sistematizados y rigurosos a lo largo y ancho del país.
De la información y los datos con los que contamos encontramos que son poco representativos en términos estadísticos, y en algunos casos contradictorios. Por ejemplo, en lo que refiere al acceso al trabajo, de acuerdo al reportaje de Nancy Malacara en el medio digital Expansión, la población trans tiene una tasa de desempleo de 90%. Sin embargo, un estudio de 2019 titulado “La situación de acceso a derechos de las personas trans en México” menciona que de 510 personas trans encuestadas a lo largo del país, 5.5% resultó ser desempleado.
En lo que refiere al acceso a la educación, registra el mismo estudio, 40.5% de las personas trans encuestadas tiene estudios de bachillerato y 35.3% cuenta con licenciatura completa. Según la revista digital Mejores Empleos, que refiere al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México (Copred), 21.1% de la población trans cuenta con estudios de posgrado.
Respecto a la salud, el estudio de 2019 reporta que 65.9% tiene acceso a seguro médico. No obstante, este acceso no termina siempre garantizado por la discriminación y la ineficacia en los servicios de salud. Además, los servicios de salud transicional no se han implementado de forma homogénea en todas las instituciones públicas de salud del país, ni siquiera de la Ciudad de México, la cual cuenta con los servicios públicos de las Clínicas Condesa.
En el caso de la violencia es más que sabido que, de acuerdo a los datos con los que contamos, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solo por detrás de Brasil, en transfeminicidios y el promedio de vida de las mujeres trans en América Latina es de 35 años. Según el informe anual de Letra S (2021), en 2020 hubo 43 transfeminicidios, 54.5% del total de crímenes de odio LGTBIQ+ registrados ese año; en el caso de hombres trans solo 2 casos se registraron. Aunque diversxs activistas han señalado que estos datos deben ser tomados con cuidado, debido a la ausencia de cifras por parte de la gran mayoría de los países del mundo y a la falta de un registro sistemático a lo largo de todo el país, no cabe duda que esto ha permitido evidenciar que la transfobia sigue arrebatando la vida de personas trans, en particular la de las mujeres trans trabajadoras sexuales.
En estos crímenes de odio, algunos de la última década se volvieron emblemáticos en la lucha por la justicia ya que se organizó un movimiento alrededor de la exigencia de castigo a los responsables, como sucedió con los transfeminicidios de Agnes Torres, Paola Buenrostro o Alessa Flores; las últimas dos trabajadoras sexuales. En el primero, sucedido en 2012, el último responsable fue procesado en 2019 y en los otros dos la búsqueda de justicia continúa luego de que en el caso de Paola Buenrostro las autoridades dejaron en libertad a su transfeminicida por la consideración del juez de no haber pruebas suficientes.
Este panorama general y esquemático de los derechos humanos de las personas trans nos deja ver que el sujeto trans en México es un sujeto fragmentado, que no logra acceder aún a las condiciones mínimas para una existencia humana digna. A esto se suman las condiciones generalizadas del país en donde la militarización, la presencia del narcotráfico, la precarización laboral, el racismo y la violencia de género configuran escenarios de mayor vulnerabilidad y violación a los derechos humanos.
En estas condiciones es que el movimiento trans, en su vinculación con otros movimientos sociales, está buscando que el sujeto trans en México emerja como parte de lo humano. Que las infancias y adolescencias, las trabajadoras sexuales, las vejeces, lxs migrantes y el conjunto de las personas trans puedan tener vidas dignas de ser vividas.
Lo humano en disputa
Es esta irrupción del movimiento transfeminista por hacer de la experiencia trans parte de lo humano, con los derechos que le posibiliten la vida, lo que hoy mantiene un escenario de disputas, resistencias y conflictos. En este escenario, tres actores, de formas distintas, mantienen puntos de tensión que impiden que el sujeto trans tenga una vida plena en el país. Estos tres son el gobierno actual, el movimiento contra la ideología de género y el movimiento feminista transodiante.
Es en el actuar de estos tres actores, pero en particular del primero y del tercero, que podemos apreciar lo que la experta mexicana en derechos humanos Ariadna Estévez (2017) llama la faceta de dominación del discurso de los Derechos Humanos. De acuerdo con Estévez, retomando una perspectiva foucaultiana, los derechos humanos tienen una concepción dual que permite tanto el empoderamiento de los sujetos como su dominación. En el primer caso, debido a la indeterminación discursiva del sujeto del discurso de los derechos humanos es que múltiples sujetos pueden reapropiarlo y usarlo para encauzar sus demandas. En el segundo, por su uso biopolítico que sirve para una administración del sufrimiento y una normativización de los sujetos al actuar como discurso universalizante y homogeneizador.
En el caso de México nos encontramos que el Gobierno actual —como los anteriores— ha venido ejerciendo una biopolítica de la administración del sufrimiento de las personas trans en donde el discurso de los Derechos Humanos y la lucha trans ha buscado ser burocratizada; es decir, encauzada a los canales y formas del propio Estado, sin buscar una solución real, sino generar la ilusión de que se alcanza la justicia mientras se aplazan los tiempos del cumplimiento de las demandas y se desgastan políticamente los movimientos. Esto lo notamos, por ejemplo, con la manera en que actuaron las autoridades en Ciudad de México con la Ley de Infancias Trans, la cual estuvo casi dos años congelada en el Congreso de la ciudad, pero también con la manera en que los mecanismos del Estado mantienen la lucha trans y sus demandas circunscritas a sus plazos —indefinidos— en todo el país.
Solo la movilización activa de los colectivos y organizaciones en algunos lados ha logrado hacerle frente a esta biopolítica, pero de igual forma es cierto que en muchas instancias no ha sido solo presión política de los colectivos sino el interés político de los partidos de conceder algunas demandas para ganar capital político frente a escenarios de polarización sociales o preelectorales. En sus términos, no es que los derechos trans no se hayan garantizado por la transfobia, sino porque no se han seguido los procedimientos pertinentes dentro del aparato del Estado.
Lo anterior contribuye al mantenimiento de las condiciones actuales de transfobia y no termina por erradicarla de forma radical. Al contrario, es precisamente el cissexismo, la transfobia y el conservadurismo de los partidos lo que impide que se garanticen en lo concreto los derechos humanos de las personas trans. Esto se articula de forma compleja con los otros dos actores, ya que entre el actuar de los tres, aunque tengan cierta independencia, terminan potenciando la transfobia y la exclusión de las personas trans en el acceso a una vida digna.
Los otros dos movimientos son instancias de un fenómeno global, con gran presencia en América Latina, que hoy muchxs intelectuales han calificado como movimientos antiderechos. Estos, aunque en el contexto mexicano se han llegado a aliar en momentos específicos, tienen genealogías y estrategias retóricas distintas. El movimiento contra la ideología de género, aunque tiene sus orígenes en la Iglesia Católica, es un movimiento que hace uso de lo que el historiador argentino Emmanuel Theumer (2018) llama un secularismo estratégico para oponerse al avance institucional y social que han tenido los colectivos LGTBIQ+ y el movimiento de mujeres desde la década de los 90 al conseguir una serie de derechos.
En su discurso secularista apelan a recursos científicos y legales para rechazar los estudios de género y el pensamiento feminista por considerarlo “ideología” y no ciencia, y al mismo tiempo para avanzar la defensa de un orden de género en el que se pone en el centro la “familia natural” con sus jerarquías entre hombres y mujeres. La filósofa Judith Butler, en su ponencia para la Universidad Veracruzana hace unas semanas, señalaba que estos movimientos comienzan a tener un carácter global y recepción en varias partes del mundo, debido a los contextos de crisis económica, social y política que hoy atravesamos. Lo que termina haciendo este movimiento, que penetra en partidos de derecha y de supuesta izquierda, es poner a las personas LGTB y al feminismo como generadores de la miseria económica y social al haber erosionado el orden moral de género católico-cristiano.
En México las movilizaciones del Frente Nacional por la Familia han sido una expresión local de este escenario global que, en su vínculo con la mayoría de los partidos políticos del país, busca frenar el avance de los derechos LGTB y de las mujeres. Sus intentos han consistido en oponerse a derechos como la integración de la educación sexual en los contenidos escolares, al promover la agenda del PIN parental, y también a las leyes de reconocimiento de la identidad de género, al tiempo que promueven discursos biologicistas transfóbicos sobre el cuerpo y la sexualidad que terminan generando olas de transfobia social.
En el caso del movimiento feminista transodiante, vemos que tiene sus orígenes en una serie de elaboraciones teóricas del feminismo radical estadounidense en los años 70 en los que las mujeres trans son teorizadas como esencialmente hombres que forman parte del proyecto de dominación patriarcal sobre las mujeres cis. Aunque su discurso ha cambiado con el tiempo, actualmente recurren a un uso biopolítico de los derechos humanos. Su Declaración sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo es un ejemplo de la biopolítica de la dominación, ya que se han apropiado del discurso de Derechos Humanos para generar una normatividad y universalización de lo que es la categoría de mujer y las maneras de vivir el cuerpo sexuado.
Este uso normativo y homogenizador de los derechos humanos se asemeja al uso que el mismo imperialismo estadounidense ha hecho de estos para avanzar su influencia económica y política en países donde hay conflictos políticos en los que sus intereses geopolíticos se ven en juego. El discurso biopolítico del “borrado de mujeres” transforma al lenguaje de los Derechos Humanos las pretensiones imperialistas transfóbicas de regular y excluir los cuerpos de las personas trans al hacerlas antagónicas a los derechos humanos de las mujeres.
Es importante mencionar que gran parte de estos discursos son elaborados desde países como España para oponerse no solo a los avances de los grupos trans al interior del país, sino para buscar revertir los derechos ganados en América Latina. Como señala la filósofa mexicana Siobhan Guerrero Mc Manus (2021), lo que vemos aquí es una dinámica epistémica colonialista en donde las feministas transfóbicas europeas alertan de las supuestas violaciones a los derechos de las mujeres en Latinoamérica por ser la región más avanzada en el mundo en material legal para las personas trans. Una vez más el eurocentrismo y colonialismo no permite ver que los temores de las feministas transfóbicas españolas han sido falseados por la experiencia y que las leyes de identidad no han afectado a las mujeres cis de la región.
Uno de los grupos feministas transodiantes más conocidos en el país son Las Brujas del Mar, el cual ha resultado tener claros vínculos con partidos de derecha como el PAN —recientemente criticado por estar vincularse políticamente con el partido de ultraderecha español Vox—. Este acercamiento entre la ultraderecha y los grupos feministas transodiantes no es nuevo, aunque viene pasando de forma más frecuente, lo cual deja ver las afinidades y alianzas que ambos movimientos pueden establecer para buscar quitarle derechos a las diversidades sexogenéricas.
Ambos movimientos antiderechos en lo local y lo concreto se terminan potenciando en su transfobia, muchas veces auspiciada también por la financiación de partidos políticos, y teniendo el efecto de hacer de lo trans una alteridad esencialmente violenta y de riesgo en donde se le deshumaniza al considerarlo un sujeto que en su mera existencia vulnera y compromete los derechos de las mujeres, por un lado, y el orden moral, social, económico y político, por el otro. Lo humano termina siendo un lugar en el que no cabe la experiencia trans porque supuestamente compromete la humanidad de otros sujetos. Este movimiento biopolítico, normativo y excluyente termina por producir procesos de violencias que podrían extinguir a la subjetividad trans no solo en los casos individuales de crímenes de odio, sino como colectivo, como subjetividad histórica posible.
Es esta historicidad radical de las subjetividades y su lucha política para disputar los términos de su existencia y su pertenencia a lo humano lo que han olvidado algunas feministas. Como señala el sociólogo brasileño Richard Miskolci (2010), la emergencia de las mujeres como categoría separada y distinguible, que permitiera una toma de conciencia reflexiva de ser un grupo social y político, fue un hecho histórico que se dio hasta finales del siglo xviii luego de la Revolución Francesa cuando las mujeres comenzaron a exigir que los ideales de la Ilustración —expresados en las ideas de la autonomía moral, la capacidad de razón y la independencia para decidir por uno mismo— se extendieran de igual forma para ellas. Es decir, se exigía ser sujetas de bienes y derechos.
Este proceso histórico de lucha, que encontramos en los orígenes del feminismo, es el que parece ha sido olvidado. Un proceso en el que las mujeres disputaron lo humano, en ese entonces entendido como ciudadanía, al cuestionar su construcción limitada a la figura del hombre blanco. Hoy las personas trans cuestionan de igual forma que lo humano tenga que ser construido y vigilado desde el cissexismo. Un cissexismo que cierto feminismo promueve y justifica, como mismo en los siglos xviii y xix los hombres justificaron la misoginia y negaron a las mujeres la categoría de lo humano.
En el contexto de disputa actual que atravesamos es importante el recordarnos que la categoría de lo humano ha estado siempre en construcción, no tiene un referente fijo y estable, y que de este reconocimiento depende el hacerlo un espacio que no genere exclusiones y deshumanizaciones que en lo concreto se traduzcan en negarle a ciertos sujetos, como el sujeto trans, el poder acceder a los derechos para tener una vida digna que merezca la pena de ser vivida.
Los movimientos antiderechos y las omisiones del Gobierno en garantizar derechos son una forma de excluir a las personas trans de lo humano. Es importante hoy, más que nunca, ante este complejo escenario de tensiones entre las personas trans, el Gobierno y los movimientos antiderechos, el exigir y defender los derechos de las personas trans. Gritar que las vidas trans importan.
Referencias bibliográficas:
Estévez, A. (2017): “El discurso de derechos humanos como gramática en disputa: Empoderamiento y dominación”, en Discurso & Sociedad, (3).
Guerrero Mc Manus, S. F. (2021): «Los feminismos de la hispanidad», en Alianzas rebeldes: un feminismo más allá de la identidad, Edicions Bellaterra.
Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A. C. (2021): La otra pandemia. Muertes LGBTI+ en México, 2020.
Malacara, N. (22 de junio de 2021): «La personas transgénero tienen una tasa de desempleo del 90% en México», en https://expansion.mx/carrera/2021/06/22/personas-transgenero-tasa-desempleo-mexico.
Miskolci, R. (2010): “Feminismo y derechos humanos”, en Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria.
Pons, A. (2016): “De las transformaciones sociales a las micropolíticas corporales: un archivo etnográfico de la normalización de lo trans* y los procesos de corposubjetivación en la Ciudad de México”, tesis doctoral, Universidad Autónoma Metropolitana.
Redacción Mejores Empleos (25 de junio de 2019): “#TransLaboral: la discriminación laboral de la comunidad trans”, en https://www.mejoresempleos.com.mx/articulos/translaboral-la-discriminacion-laboral-de-los-mexicanos-trans/.
Sandoval, E., Domínguez, M. y Rosales, E. (2019): La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y Propuestas.
Theumer, E. (11 de septiembre de 2018): “Del género como ideología”, en La Tinta.
Agenda por los derechos humanos de las mujeres venezolanas
Durante la Revolución Bolivariana se han implementado políticas universales ciegas al género, complementadas con un enfoque maternalista de los programas que presuntamente están dirigidos a las mujeres.
