En el verano de 1992, el gobierno cubano despenalizó la posesión y el uso del dólar estadounidense, legalizando así una actividad realizada por un gran número de personas. Esta medida aceleró el proceso de “dolarización” de la economía y estimuló y legitimó aún más la búsqueda popular del dólar mediantes actividades de la economía clandestina. Posteriormente, el 8 de septiembre de 1993, entró en vigor el Decreto Ley 141 que legalizaba el trabajo autónomo, bajo el término “trabajo por cuenta propia” (Granma). Esto representó un cambio de política decisivo, que permitió a estas microempresas salir de la clandestinidad y funcionar de manera más eficaz, eficiente y rentable.
Con la aparición de la microempresa fuera de la clandestinidad en aquellos años, comenzó a evidenciarse una suerte de jerarquía. El espectro de escala y éxito sería más pronunciado en las escasas ocupaciones de mayor envergadura y dinamismo, especialmente: las casas particulares, los taxis, y los paladares que estaban conectados con la floreciente industria del turismo.
La ley del trabajo por cuenta propia se creó originalmente para aplicarse a los cubanos que ya brindaban servicios a otros ciudadanos, por lo cual la mayoría de las licencias y las tarifas fijas mensuales se pagaban en pesos. Sin embargo, con la expansión acelerada del turismo a lo largo de la isla en la década de 1990, algunas empresas, especialmente en las áreas de los servicios alimenticios, el transporte, y el alojamiento, comenzaron a brindar servicios a extranjeros y a cobrarles en dólares americanos. Como consecuencia parcial, se añadieron algunas modificaciones a la legislación original entre 1995 y 1997, incluyendo la expansión de los servicios alimenticios (1995), el transporte (1996) y el alquiler de casas particulares (1997), en la lista de ocupaciones permisibles, puesto que los cuentapropistas de estos tres sectores, a menudo, brindaban sus servicios a extranjeros y obtenían ingresos en dólares.
Estas tres ocupaciones —el transporte, el alquiler de habitaciones y los servicios de alimentos — se convirtieron rápidamente en las ocupaciones privadas más populares durante el “Período Especial”. Y una vez más reemergieron como las más comunes —junto a los trabajadores contratados—, luego de la reapertura y la expansión significativa del trabajo por cuenta propia después de octubre de 2010.
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Intercaladas en nuestras observaciones sobre el aumento de la implementación y las regulaciones del trabajo por cuenta propia después de 1995, presentamos viñetas ilustrativas de los sectores emergentes de las casas de alquiler y el transporte.
En estas viñetas, los nombres de los emprendedores se han cambiado. Las descripciones de las empresas individuales son generalmente esbozos mixtos formulados a partir de múltiples entrevistas, realizadas por Ted Henken entre los años 2000 y 2011. No obstante, las de los boteros y arrendatarios de casas particulares aquí presentes se hicieron durante la depresión del trabajo autónomo entre 2000 y 2006.
A pesar de que es imposible hacer generalizaciones estrictamente representativas sobre la base de entrevistas cualitativas, concordamos con el científico político Mark Q. Sawyer, quien señala en su libro Racial Politics in Post-Revolutionary Cuba (2006), que “las entrevistas abiertas y profundas permiten a los investigadores explorar cómo las experiencias de vida específicas y la información dan lugar a actitudes (…) complejas y muchas veces contradictorias”. También se puede consultar el libro de la antropóloga Nadine Fernández, Revolutionizing Romance: Interracial Couples in Contemporary Cuba (2010), para una lógica similar respecto del uso de la etnografía y las entrevistas, como valiosas herramientas de investigación en Cuba, dada la dificultad para llevar a cabo investigaciones cuantitativas allí.
Sobre la base de nuestra investigación etnográfica y entrevistas detalladas con los dueños de las casa de alquiler, creamos una tipología informal separándolos en cuatro grupos de alguna manera distintivos: (1) “los intocables”, (2) “los privilegiados”, (3) “los negocios familiares” y (4) “los clandestinos”. También establecimos una tipología similar para los servicios de taxis en el período 1996-2005, identificando los taxis estatales para turistas y locales, así como los taxis con licencias privadas y los informales o “gitanos”.
La primera acotación necesaria respecto de los “intocables” es que dicho término es relativo. En Cuba, especialmente dentro del sector de la microempresa privada, en otros tiempos ilegítima, y ahora legal, nadie está estrictamente fuera del alcance del largo brazo de la ley. Esto ha quedado demostrado muchas veces en las políticas cambiantes del gobierno revolucionario en relación a este sector. Ahora bien, en este caso empleamos este término para indicar algún grado de tolerancia no oficializada por parte del Estado frente a las violaciones a las leyes del trabajo por cuenta propia para un grupo selecto de negocios bien conectados. Las características específicas de este grupo de emprendedores incluye, ante todo, la violación sistemática de las regulaciones fundamentales del alquiler. Por ejemplo, en el período de 1999-2005, cuando se realizaron estas entrevistas y observaciones, era común la oferta de alimentos en las casas particulares, tanto para los huéspedes como para otros clientes, sin que el dueño pagase el 30% de recargo requerido.
De hecho, la mayoría de estas pocas casas particulares “intocables” hacían también de paladar en la práctica, con un menú lleno de platos prohibidos, como la langosta, para tantos comensales como cupieran en sus espaciosos y elegantes comedores. Estos negocios solían emplear a muchos trabajadores, incluidos un portero, un chofer, varios camareros o camareras, personal de cocina, agrupaciones musicales, y un grupo de dos o tres administradores, de manera que siempre hubiese uno presente. Por supuesto, muy pocos, o ninguno, de los empleados eran miembros de la familia o cohabitantes del titular de la licencia.
Los negocios de alquiler “intocables” también se beneficiaban de muy buena ubicación, infraestructura de primer nivel, y economías de escala. Muchos evidenciaban grandes inversiones de capital en el negocio, con equipos recién adquiridos y entornos limpios y estilizados. Gracias a sus ofertas de lujo, a menudo, estos lugares se habían ganado un seguimiento por parte de una clientela extranjera solvente. Dado sus niveles de éxito e impunidad aparente, otros negocios privados de alquiler o de servicios alimenticios más humildes asumían muchas veces que los “intocables” habían sido cooptados por el Estado o “plantados” por el gobierno (ya sea para el propósito de espiar o sacar a los demás del negocio). Por último, dada la envergadura y las flagrantes violaciones de las leyes del trabajo por cuenta propia, es muy probable que estos negocios gozaran de la protección de los cuerpos de inspectores, a cambio de pagos o sobornos periódicos.
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Milagros y la Paladar Siete Mares
Un negocio privado “intocable” funcionaba bajo el sorprendente nombre de Paladar Siete Mares, a pesar de que en esa época los mariscos estaban prohibidos en los restaurantes privados. No obstante, salió a la luz tras inquirir que la actividad tenía en realidad licencia de casa de alquiler, a pesar de que la tarjeta de negocios que Milagros, la gerente del restaurante, me dio (Henken) a la entrada, identificaba el sitio como “paladar”. Esta estrategia permitía a los emprendedores sacar provecho del hecho de que los impuestos y las regulaciones eran mucho menos problemáticas para las casas de alquiler que para las paladares.
Milagros se ofreció complaciente a darme una gira completa por las instalaciones. Me mostró dos comedores de doce sillas cada uno, y, uno de ellos, con un bar bien surtido. También me mostró dos habitaciones separadas (con camas cameras y aire acondicionado) y un apartamento privado con dos camas. Me dijo que cada habitación se alquilaba a 35 dólares por noche, con desayuno incluido. Además, había espacio para parquear un auto de alquiler y servicio de chofer, si hacía falta.
Milagros me contó que la paladar ya llevaba diez años funcionando (1991-2001) en el momento de mi visita, y que el restaurante se especializaba en mariscos, con una oferta de langostas, camarones, pescado, e, incluso, la exquisita tortuga caguama.
Sin embargo, cuando le pedí que me mostrara el menú, sonrió al decir que solo tenían un “menú oral”, y comenzó a describirme la variedad de platos con orgullo y gusto. La falta de menú, obviamente, no se debía a que no tuvieran dinero para imprimirlo. Más bien es probable que no quisieran correr el riego de imprimir menús que declararan abiertamente su especialidad en servir mariscos de contrabando. Un menú oral también les era conveniente, pues les permitía subir o bajar los precios para complacer a los buscavidas que buscaban comisión.
Después de observar tantas violaciones a las regulaciones del trabajo por cuenta propia, me pregunté si alguna vez habían tenido que pagar alguna multa. Milagros, rauda e increíblemente, respondió: “jamás, aquí siempre cumplimos con las reglas”. Además, me explicó que las leyes del trabajo por cuenta propia se hacían cumplir bien y que aquellos que las violaban se buscaban sus propios problemas. Me contó, asimismo, que cuando los inspectores habían encontrado alguna “inconsistencia”, solamente le habían aconsejado cómo debía mejorarla para cumplir la ley y que habían aceptado a primera vista sus argumentos de que no había entendido bien la regulación.
Milagros afirmó también que ella no cambiaría las leyes existentes, puesto que la mayoría de los cubanos aún no estaban listos para una economía abierta y descontrolada, a pesar de que ella misma parecía bastante preparada.
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Casa particular de la Dra. Alejandra Morales
La Dra. Alejandra Morales, semi-jubilada, comenzó a alquilar habitaciones en su casa antes de que la actividad fuese regulada, en el verano de 1997. Con esto en mente, ella y su esposo Armando me explicaron su reacción a la legalización en 1997 de la siguiente manera: “Tienes que recordar que la ley se promulgó porque la actividad ya existía. No fue para fomentar el alquiler privado, sino para reconocer y legalizar lo que ya existía subrepticiamente”. A pesar de, en general, su valoración positiva del sistema de arrendamiento, Alejandra hizo notar algunas restricciones ilógicas:
Según como están las cosas ahora, nosotros cobramos entre $25 y $30, pero reportamos solo entre $15 y $20. Si la ley fuera diferente podríamos ser honestos sobre nuestros ingresos. Tienes que entender que en Cuba no ha existido un impuesto sobre los ingresos durante más de 30 años, y aquí no hay una cultura de pagar impuestos. La gente siente que le están quitando su dinero. El Estado lo sabe e impone una ley impositiva estricta. Es un ciclo. Ellos esperan que mintamos, y por lo tanto ponen una ley dura que nos obliga a reportar menos ingresos a fin de sobrevivir.
Cuando le pregunté acerca del cambio de actitud que tienen los individuos cuando realizan trabajos autónomos, Alejandra sonrió ampliamente, admitiendo que, en verdad, la mentalidad cambiaba completamente: “En el pasado la mentalidad era dame esto y dame lo otro. La gente está dejando atrás la mentalidad socialista y adquiriendo una capitalista. ¡Algunos se están convirtiendo en pequeños potentados!” Traté (Henken) de resumir esta línea de razonamiento citando algo que había escuchado en una entrevista anterior: “ya no es gracias a la Revolución, sino gracias a mi trabajo duro”. No obstante, Alejandra rechazó esa interpretación diciendo que sería más exacto decir gracias a ambos:
Algunos de los propietarios que alquilan olvidan rápidamente que muchos de los bienes de la infraestructura que ellos usan en sus negocios son mayoritariamente subsidiados por el Estado: la electricidad, el agua, el gas, la propia casa… todas estas cosas se pagan caro en cualquier país capitalista. Tan solo imagínate que, con todos los huéspedes que tenemos aquí y todos los galones de agua que usamos, ¡solo pagamos 3 pesos mensuales por el agua, 10 pesos por la electricidad y 6 pesos por el teléfono! Si el gobierno alguna vez decide eliminar estos subsidios o si alguna vez tenemos otro gobierno, la vida se va a poner dura de repente, porque todo esto desaparecerá.
Armando estuvo de acuerdo con el espíritu de su razonamiento, pero también le recordó que este tipo de conclusiones le permite al Estado pagar salarios extremadamente bajos, asumiendo que como todo lo básico es prácticamente gratis, los cubanos no necesitan realmente mucho salario para salir adelante.
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A diferencia de las casas particulares de alquiler “intocables” que describimos anteriormente, no puede decirse que las que caracterizamos como “privilegiadas” violaran sistemáticamente las regulaciones del trabajo por cuenta propia. A pesar de que los emprendedores privilegiados estaban obligados a estrategias irregulares debido al marco legal antagónico, el uso de estas soluciones ilegales las llevaban a cabo con mayor discreción que los intocables. Además, como carecían de vínculos especiales dentro del país y tenían poca influencia política y un acceso bastante limitado al capital, las casas de alquiler privilegiadas tenían que depender mucho más de las ventajas con las que sí contaban: espacio, ubicación, infraestructura, conexiones internacionales y trabajo arduo, combinado todo ello con buen sentido para los negocios.
La conjunción de regulaciones cada vez más estrictas y la negación arbitraria a las solicitudes de licencias fue un mecanismo importante para reducir el sector del trabajo por cuenta propia, especialmente, los sectores dinámicos de los taxis y las casas particulares. No obstante, se adoptó una medida mucho más draconiana en el año 2004. La Resolución 11/2004 del Ministerio de Trabajo estipuló que no se iban a otorgar nuevas licencias para 40 de las 157 actividades autorizadas para ser ejercidas por cuenta propia. Los que ya contaban con esas licencias podían continuar su actividad, pero no se otorgarían nuevas licencias para esas labores y se prohibía transferir a otros las que ya existían. Entre esas ocupaciones se encontraban los vendedores de libros usados, masajistas, joyeros, restauradores, magos, obreros metalúrgicos, vendedores de alimentos y mecánicos de autos.
Con la constricción del otorgamiento de licencias y la obstaculización a solicitantes que deseaban emprender microempresas, el número de negocios en todas estas áreas se redujo, en muchos casos, de manera significativa. Esto provocó, a su vez, una reducción del volumen de la producción de bienes y servicios en estas áreas, con el consecuente incremento de los precios por encima de lo que podrían haber sido. Esto perjudicó al consumidor, el cual estaba obligado ahora a pagar mayores precios por esos bienes y servicios. También, permitió mayores ingresos a aquellas microempresas que ya poseían las licencias correspondientes.
Por otro lado, en algunas actividades de “perfil bajo” era posible, para aquellos sin licencias, “pasar a la clandestinidad”. En estos casos, los productores ilegales que podían evadir los impuestos y evitar regulaciones costosas se convertían en una competencia injusta para los productores legales y puede que hayan frenado muchas de las ventajas que estos últimos experimentaban a raíz de las limitaciones dentro de la competencia autorizada.
En contraste, para las microempresas de “perfil alto” que tenían que ejercer su actividad al descubierto, puede que fuera imposible funcionar desde la clandestinidad. Para estos productores la reducción del número de homólogos, en ausencia de la competencia de los negocios clandestinos, habría permitido mayores precios e ingresos. Si la restricción de las licencias de las microempresas condujo a muchos empresarios de pequeña escala a ejercer su ocupación desde la economía sumergida, a su vez los ingresos fiscales del gobierno se vieron reducidos por la evasión fiscal. Por último, si el mismo proceso de otorgamiento de licencias había empujado a las microempresas hacia la clandestinidad, las energías y los esfuerzos de los emprendedores se habrían desperdiciado aún más, debido a la escala excesivamente pequeña y a las ineficiencias generadas al evitar llamar la atención.
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Carlos, revolucionario jubilado y chofer de taxi
Carlos fue miembro de la clandestinidad en la lucha contra la dictadura de Batista, y piloto de Cubana de Aviación retirado hacía más de diez años al momento de esta entrevista, en 2001. Ganaba una pensión de 440 pesos al mes (casi el doble del salario promedio cubano, de 250 pesos en aquellos tiempos). Admitió que su pensión era relativamente alta para la media cubana, a pesar de que el peso había perdido gran parte de su valor desde 1989. Añadió con orgullo: “Recibiré esa cantidad todos los meses hasta que me muera. Y después mi esposa lo seguirá recibiendo hasta que ella muera”. Antes de retirarse, Carlos ganaba 490 pesos mensuales. Me explicó que como su salario no era suficiente para llegar a fin de mes, se hizo taxista particular en 1997: “Me metí en esto para tener una fuente extra de ingresos. Para poder comprar las cosas que no hay en la bodega: ropas, detergente, carne, aceite…”
Carlos me contó que al principio, en 1997, él había sacado dos licencias diferentes. Una que le permitía ofrecer servicios a turistas que pagaban en dólares (por la que pagaba un impuesto de $75 al mes) y otra que le permitía transportar a cubanos (por la que pagaba 450 pesos —$23— al mes). Trabajó con las dos licencias poco menos de un año; sin embargo, como el impuesto por la licencia del servicio en dólares aumentó más de tres veces su valor en febrero de 1998, y subió a 250$ al mes, Carlos añadió que casi todos los taxis particulares con licencias en dólares se vieron obligados a renunciar a ellas, a pesar de que muchos —él incluido— continuaban brindando servicio a los extranjeros de manera furtiva.
Me explicó que, cuando trabajaba con las dos licencias, normalmente se parqueaba cerca de la feria de artesanías de Malecón, próxima al Hotel Meliá Cohíba, y buscaba carreras entre los extranjeros que circulaban por allí. Después de entregar la licencia en dólares, Carlos comenzó a recorrer una ruta específica cuatro o cinco veces al día. Comenzaba el recorrido en la heladería Coppelia, en 23 y L, avanzaba todo 23 hasta Playa y de ahí regresaba al Vedado. Este era un recorrido de ida y vuelta de 14 km que podía contar con un total de ocho pasajeros (4 a la ida y 4 a la vuelta); eso sumaba 80 pesos por cada recorrido entero, o sea, 320 pesos al día. De ahí él estimaba que usaba unos 60 pesos diarios en gasolina, dejándolo con una ganancia neta de 260 pesos diarios o 1.500 pesos semanales, sin descontar los impuestos.
Cuando le pregunté cómo el gobierno daba seguimiento a sus ingresos y cómo los verificaba, Carlos me respondió que tenía que llenar un informe semanal de pasajeros e ingresos. Estos 52 informes se entregaban a la ONAT al final de cada año y se imponía un impuesto sobre sus ganancias personales. Aclaró que se le permitía deducir un 20% para gastos, pero que sus gastos eran mucho más que el 20% de sus ingresos: “Tienes que comprar la gasolina, el petróleo, etc., en dólares, pero gano lo suficiente para vivir decentemente sin tener que robarle a nadie”. Antes de pagar su impuesto de fin de año, sustraía lo que ya había pagado mensualmente a lo largo del año por la licencia (450 pesos multiplicado por 12). Carlos estimaba que su ganancia bruta era entre 30.000 y 32.000 pesos al año. De ahí sustraía unos 6.000 de gastos y otros 5.400 basado en lo que ya había pagado, dejándole un poquito por debajo de 20.000 al año (entre 800 y 1.000 $) como su ingreso imponible anual.
Sin haberle incitado, Carlos comenzó a explicar la lógica del surgimiento del trabajo por cuenta propia en la década de 1990:
El trabajo por cuenta propia surgió como un medio de sobrevivencia durante el Período Especial. Tienes que recordar que en lugar de flexibilizar el bloqueo ante la desaparición del bloque del Este, Estados Unidos lo recrudeció y no nos quedó otro remedio que permitir el trabajo por cuenta propia como una de las estrategias para salvar el Socialismo, para salvar la Revolución. De repente nos encontramos solos, y de un día para otro perdimos todos nuestros mercados principales. La inversión extranjera y el trabajo por cuenta propia eran los únicos medios para salvar el Socialismo.
Dado que el trabajo por cuenta propia surgió como una respuesta a una situación de emergencia, Carlos advirtió que no era más que “una etapa, nada más. Este es un país socialista y con el tiempo nos libraremos del trabajo por cuenta propia. No pega aquí”, insistió (bastante profético, de hecho; al menos a corto plazo). “El empleo privado ha existido por un tiempo, pero no puedes crear antagonismo de clases en un sistema socialista. Todo esto va en contra de la esencia del sistema. Esa apertura hacía falta, pero ahora la economía se está recuperando”. Con una sonrisa irónica añadió: “Tenemos altas tasas de crecimiento en los último años [1997-2001], a pesar de que ustedes los americanos siguen tratando de arruinarnos. Vamos a mantener nuestros principios, pase lo que pase”.
Al mismo tiempo, la sutil política estatal de sacar del negocio a los taxistas que preferían operar en dólares no le pasó desapercibida:
El Estado tiene sus propios taxis y quiere los dólares de los turistas para él. Pero, por supuesto, cuando yo trabajo, lo que gano es para mí. Esto es competencia entre el sector privado y el estatal. Sin embargo, los turistas prefieren el sector privado; primero, por la singularidad de los carros viejos, y segundo, porque los precios son más baratos. Los taxis estatales son nuevos y más caros. Es por eso que el Estado subió los impuestos de $75 a $250 al mes. Quería eliminar los taxis privados que trabajaban por dólares.
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A finales de los años 90 y principios de 2000, los taxis particulares cubanos se dividían informalmente en aquellos que trabajaban en la ruta colectiva de diez pesos que usaban el área de parqueo de las cercanías del Capitolio en Centro Habana como su terminal informal; y los que buscaban viajes en paradas informales ubicadas estratégicamente alrededor de la ciudad. A pesar de que al principio existía la opción de obtener la licencia para funcionar en el mercado del dólar, esto dejó de ser a mediados de la década de 1990. Por lo tanto, los taxis particulares tenían explícitamente prohibido (aunque no de manera muy eficaz) brindar servicios a otros que no fuesen los cubanos que pagaban en pesos.
Debido a los inmensos obstáculos financieros y legales para adquirir un automóvil en Cuba, en este período los choferes con licencias eran una raza especial. Por ejemplo, la ley cubana prohibió durante mucho tiempo la compra y venta de carros, excepto aquellos que antecedían a la Revolución (una restricción anulada bajo el mandato de Raúl Castro). Por lo tanto, en esos momentos el Estado era el único comprador y vendedor legal de todos los vehículos posteriores a 1959. Esta prohibición condujo a una concentración irónica de carros americanos clásicos, prerrevolucionarios, en el negocio de los taxis de alquiler privados. De hecho, aunque la mayoría de los taxis privados llevaban un cartel de “taxi” improvisado en el parabrisas, la manera más fácil de identificarlos era simplemente echar un vistazo a la calle en busca de uno de los modelos antiguos de carro americano, inmensos e inconfundibles .
La gran cantidad de limitaciones para adquirir un carro, además de las ya mencionadas para obtener una licencia, condujo a una red de arreglos informales en el sector de los taxis con licencia que muchas veces escondía complejas relaciones de propiedad detrás de una fachada de legalidad. Al igual que pasaba con el mercado de las casas, donde por mucho tiempo los matrimonios falsos se usaron como un medio para adquirir la titularidad del inmueble, imposible de otra manera; no era inusual que los cubanos acordaran matrimonios ficticios con extranjeros para poder comprarse un carro.
Por ejemplo, al preguntarle a la esposa cubana de un amigo si su esposo por fin había logrado comprarse el carro para el que había ahorrado por mucho tiempo, el autor escuchó con una risa: “Sí, finalmente tiene el carro. ¡Está bello, pero tuvo que casarse con una rusa para comprarlo!”.
Este gran número de limitaciones también trajo como consecuencia la polarización económica de los múltiples implicados en esta actividad. Debido a la escasez de autos disponibles, la necesidad de un copioso capital de inversión inicial, y las restricciones para la compra y la titularidad legal, surgió una práctica informal, pero bastante común, según la cual los dueños contrataban sus carros a trabajadores que aparecían como los dueños legales en todos los documentos.
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Leonardo y Julia alquilan habitación
Tanto Leonardo como su esposa Julia son graduados universitarios. Se graduaron juntos en la Universidad de La Habana, en 1983. El apartamento de alquiler de la pareja queda en la parte norte de la calle San Lázaro, cerca de la Universidad de La Habana, justo en el área hotelera ubicada en los límites de la zona del Vedado.
A principios de la década de 2000, esta ubicación privilegiada los obligó a pagar impuestos mucho mayores que los que estaban ubicados justo en la calle del frente, en el municipio de la clase obrera de Centro Habana. Mientras que la tarifa de la calle del frente era de $3 por metro cuadrado, la ubicación de ellos en la zona hotelera duplicaba esa tarifa. Con lo cual, $6 por metro cuadrado en su propiedad de 60 metros cuadrados equivalía a $360 de impuesto mensual. Haciendo cálculos mentales, Leonardo explicó que cada día a él le costaba $12, puesto que esa era la cantidad que tenía que pagarle al gobierno ($360/30 días = $12). Señaló que con ese apretado presupuesto solamente podía sacar ganancias de entre $70 y $120 al mes, después de pagar al gobierno su parte de $360.
A raíz de esos impuestos elevados, Julia comentó que ella y muchos otros arrendatarios habían protestado contra el sistema impositivo declarándolo injusto en reuniones públicas con las autoridades: “El hecho es que esas leyes te obligan a cometer ilegalidades. A la gente decente no le gusta incumplir la ley”. Cuando se les preguntó por qué simplemente no alquilaban de manera legítima, sin trucos ni violaciones, respondieron que lo habían intentado la primera vez y habían terminado en la quiebra. “¿Qué les pasa a los que tratan de cumplir las leyes? Van a la quiebra”, dijo Julia:
Para mantenerse a flote uno tiene que ser flexible y hacer pequeñas excepciones, aunque no te gusten. La legalidad es un concepto relativo en este negocio. Yo preferiría pagar impuestos altos, registrar la casa entera, lo que sea, pero que el impuesto sea sobre la base del negocio que haga, de mis ingresos. Este sistema de impuestos fijos es feudal.
Cuando se le pidió mencionar los aspectos más positivos del trabajo por cuenta propia, Julia argumentó que le había ayudado a resolver los problemas económicos de su familia. Sin embargo, negó beneficios más allá:
Existe la idea errónea de que la independencia económica conlleva la libertad. Quizás es así en teoría, pero eso no encaja aquí. En Cuba no importa demasiado si tú haces mucho dinero o si tienes un negocio particular. Todos tenemos que vivir bajo las mismas limitaciones. La independencia económica no te libera aquí, porque uno nunca sabe cuánto va a durar la política de tolerancia. No puedes planificar para el futuro y nada está seguro, porque todas las leyes pueden cambiar del día a la noche.
Al igual que los demás grupos, estos negocios familiares también recurrieron a estrategias ilegales a fin de producir beneficios y mantenerse a flote. No obstante, a diferencia de las categorías de los intocables y los privilegiados descritos anteriormente, quienes contaban con diferentes mecanismos a su disposición para neutralizar los abusos del sistema, los negocios familiares no solían tener los recursos materiales ni las conexiones internas o externas para contrarrestar las excesivas regulaciones. Como resultado, recurrían a los miembros de la familia como uno de sus recursos confiables, legítimos y baratos. Sin embargo, sin el acceso al capital para poder pagar cuantiosos sobornos, a menudo estos negocios se veían obligados a pagar multas aún mayores. La lección general, con el tiempo, parecía ser que la honestidad no daba la cuenta.
A diferencia de muchas de las operaciones privilegiadas, que hacían un uso extensivo de una división del trabajo bastante compleja; y de los intocables, cuyo dueño real a menudo estaba ausente, los dueños-administradores de estas casas de alquiler y restaurantes privados de administración familiar estaban involucrados directamente en todos los aspectos del negocio. Por otra parte, a muchos se les amenazó con el cierre y, con el tiempo, fueron obligados a presentar fútiles apelaciones para que les rehabilitaran las licencias. Como consecuencia, estos restaurantes familiares muchas veces intentaban unirse a las filas de los “privilegiados” mediante el incremento de sus vínculos con la informalidad y/o la inversión de pequeñas cantidades de capital de vuelta en el negocio. Sin embargo era más probable que se sumergieran dentro de las filas del sector clandestino o sencillamente perdieran el negocio puesto que las características de los operadores privilegiados (ubicación, espacio, infraestructura sólida, y conexiones internacionales) eran difíciles de replicar.
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Jorge, trabajador vanguardia, alquila su auto como taxi
Jorge, un doctor retirado, comenzó la entrevista diciendo que se había ganado su carro, un Moskvitch ruso de 1985, después de haber salido empleado vanguardia en el hospital. De hecho, en ese momento se encontraba en una misión internacionalista en Nicaragua y no tomó posesión de su carro hasta su regreso a Cuba, en 1987. Sin embargo, cuando alguien se ganaba un carro de esta manera significaba que tenía el derecho de comprar un auto al Estado. De hecho, él pagó 4.500 pesos por el carro en 1988, el equivalente actual a $225. Jorge dijo, a manera de chiste, que el Moskovitch ruso era notorio en Cuba por su mala hechura. Aun así, él estaba contento con su carro y lo usó felizmente hasta el comienzo del período especial.
En 1994, Jorge simplemente no podía permitirse usar el carro debido a la escasez de combustible y los precios prohibitivos de la gasolina. En esos momentos, el carro en desuso atrajo muchas ofertas de potenciales taxistas que se aparecían en su casa y le querían “alquilar” su carro para usarlo como taxi. Al final cedió y le permitió a un hombre “confiable”, recomendado por un amigo mutuo, que usara el carro bajo la condición de que le pagara $5 diarios ($35 semanales) como una tarifa de alquiler. Sin embargo, el taxista demostró no ser tan confiable después de todo. “No cuidaba el carro, así que se lo quité”, explicó Jorge.
Aún con la necesidad de un ingreso suplementario, Jorge intentó alquilar su carro en otras dos ocasiones. Las dos veces tuvo el mismo problema: los taxistas desbarataban el carro. “Así pasó por tres personas diferentes” —dijo—, “el último tipo me lo devolvió hecho polvo. Tenía una goma ponchada, la pintura dañada y estaba lleno de golpes. Decidí que no lo alquilaría más”. En su lugar, invirtió algunos ahorros en repararlo y finalmente lo “vendió” en 1997, con la esperanza de librarse de la carga.
Como casi todas las propiedades “privadas” de peso en Cuba (casas, tierras, barcos, etc.), en aquel momento los automóviles no se podían simplemente vender al mayor postor en el mercado libre. Jorge declaró con una sonrisa irónica: “Nos dan los carros, pero no podemos venderlos”. Comentó que a pesar de que había comprado el carro en $225, logró venderlo en $1.500, un beneficio sustancial a pesar de la gran suma de dinero que había invertido en la reparación. Como esa venta no era legal en Cuba, Jorge recibió un pagaré semioficial de manos del hombre a quien se lo había vendido declarando que se le debían 40.000 pesos. La idea detrás del pagaré era que Jorge le había dado el carro temporalmente al “comprador”, como una suerte de depósito de seguridad.
Después de los previos dolores de cabeza, Jorge vendió el carro bajo palabra de que no se usara como taxi. Además, en aquel tiempo, cualquiera que no fuese el dueño legal del carro tenía prohibido usarlo para este propósito. No obstante, eso era precisamente lo que el comprador tenía en mente. La idea original era que el comprador tenía un hijo médico que necesitaba el carro para ir al trabajo. “Descubrí que eso no fue más que un cuento que me hizo para convencerme de que le vendiera el carro con el objetivo de usarlo como taxi”, contó.
Tras la venta del carro en 1997, Jorge ha sido citado dos veces por la policía, después de que el nuevo dueño fuera parado dos veces bajo sospechas de ser un taxi ilegal. Específicamente, la acusación era que estaba usando un carro particular como taxi sin tener licencia para ello, y que estaba usando el carro como taxi sin ser dueño del mismo (ambos, delitos en Cuba). Por suerte, en estas ocasiones Jorge y el comprador pudieron evitar la multa de 1.000 pesos gracias a la dudosa explicación de que el chofer era en verdad el mecánico de Jorge y usaba el carro de vez en vez, cuando le hacía reparaciones.
Reflexionando sobre su revoltijo personal en busca de un retiro decoroso y sobre el estado general del comunismo cubano a principios de la década de 2000, Jorge declaró con convicción: “Como una filosofía política, [el comunismo] ha sido un desastre”. Y añadió:
Mira, aquí en Cuba, en términos concretos, hay mucha necesidad material. No quiero alardear, pero yo hice más de lo que me tocaba por la Revolución, y no lo hice para morirme de hambre. La gran verdad es que conseguir suficiente comida es uno de nuestros problemas más grandes. Si almuerzas, no comes; si comes a lo mejor no puedes desayunar o almorzar… Esto es simplemente una tragedia.
Luego, haciendo referencia a los constantes desfiles, marchas y discursos del gobierno condenando a los Estados Unidos y celebrando el gran éxito del socialismo cubano, Jorge argumenta:
Convocan a una de esas tribunas abiertas y todo el mundo va a cantar y gritar. Miles de personas asisten a esas cosas. Pero toda esa gente a solas, dice las mismas cosas que te estoy diciendo ahora. Es un caso de cobardía colectiva.
Un punto de vista popular entre los cuentapropistas era que el sistema tributario estaba diseñado para castigarlos por razones ideológicas y, a la larga, sacarlos del negocio. Eso es una posibilidad, y hay algunas declaraciones dentro del liderazgo del Gobierno que parecen apoyar esta perspectiva. La fuerte dependencia de las regulaciones y los castigos severos por las “infracciones” también sugieren que ese era el caso.
Ahora bien, no es probable que el sistema tributario de la microempresa estuviera diseñado para aniquilar ese sector (lo cual implicaría destruir su propia base de impuestos y su razón de ser). Más bien es probable que se diseñara, en realidad, para recaudar impuestos en un entorno difícil, donde el pago transparente y abierto de impuestos no era la práctica establecida.
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La percepción de injusticia del régimen impositivo hacia la microempresa ha traído como consecuencia altos niveles de incumplimiento. De hecho, la sobrevivencia de algunas microempresas dependía de dichos incumplimientos, especialmente si no podían pasar a la economía sumergida debido a su ubicación o a un perfil incompatible con las actividades clandestinas. Por otra parte, era probable que un número significativo de microempresas declararan ingresos inferiores a los reales. El resultado del carácter del sistema impositivo y el incumplimiento que engendró fue que el sistema impositivo carecía de credibilidad. En lugar de fomentar el desarrollo gradual de una “cultura tributaria” en la que las personas pagaran sus impuestos con honestidad y voluntad, el sistema conducía al fraude. En cierta medida, esto ha sido parte de las estrategias generales de sobrevivencia de la gente durante las difíciles circunstancias de las décadas de 1990 y 2000 (y probablemente, mucho antes).
Es posible que la naturaleza del sistema impositivo haya conducido a algunas personas a pensar que la evasión de impuestos no era precisamente falta de ética, a pesar de ser ilegal. A la larga, será difícil remplazar la actual “cultura de evasión fiscal” por una de cumplimiento. Esto puede continuar siendo un problema incluso después de que se establezca un régimen impositivo más razonable (como ha ocurrido, en parte, tras las reformas a la microempresa del año 2010).
En general, las características de las casas particulares de alquiler no diferían mucho de los negocios familiares descritos anteriormente. Las casas de alquiler clandestinas —el último tipo de casa de alquiler en nuestra tipología— solían ser casas con condiciones no ideales para el alquiler. Eran pequeñas, deterioradas, y ofrecían angostas habitaciones a los inquilinos. A menudo sus clientes, de bajo presupuesto, buscaban habitaciones baratas y alguna aventura fuera del trillado ámbito turístico. Además, estas operaciones clandestinas solían tener pocos empleados, siendo las dueñas y sus familias (las mujeres predominaban en este tipo de negocios) quienes usualmente se ocupaban de la limpieza y el mantenimiento.
A pesar de que estos negocios no parecían tener acceso a mucho capital, no era especialmente raro que compartieran parte de sus ganancias con los inspectores, o más comúnmente con los presidentes de los CDR, a fin de mantener buenas relaciones con los vecinos y evitar la envidia. A diferencia del negocio familiar descrito anteriormente, sin embargo, las operaciones clandestinas por definición estaban involucradas en actividades ilegales y algunas veces estaban vinculadas directamente al mercado negro y otras ilegalidades, como servir de habitaciones privadas donde los extranjeros podían llevar a sus citas cubanas.
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Habitación de Rafael y Norma en el Vedado
Rafael y Norma son una pareja mayor que ocasionalmente alquilaba una habitación en su casa bastante amplia ubicada en el barrio del Vedado, en La Habana, a finales de los años 90. Rafael era un profesor semi-retirado de la Universidad y Norma una doctora jubilada, ambos bien activos, décadas atrás, en la lucha clandestina contra la dictadura de Batista. A pesar de que los dos se habían desilusionado del sistema económico y político cubano, y a pesar de que Norma se negaba ya a participar en lo que ella llamaba el “hula-hula político”, Rafael era todavía un presidente activo, aunque algo cínico, del CDR del barrio. Si esta fuera una pareja representativa del estado de la economía sumergida de aquellos tiempos, entonces los demás funcionarios, inspectores, presidentes de CDR, y los que alguna vez fueron orgullosos revolucionarios comunistas, bien podían tener las manos metidas en la actividad ilegal.
Cuando preguntamos respecto de las casas particulares de alquiler en Cuba, Rafael explicó:
Hay gente en Miramar y Kohly que alquilan sus casas. Estas pertenecen a altos funcionarios retirados del gobierno. Cuando estaban activos le sacaron todo lo que pudieron a la vaca y convirtieron sus casas en palacetes lujosos. Ahora, en los tiempos duros, las alquilan y tienen tremendas ganancias.
Añadió que eran exactamente estas personas las que podían permitirse pagar impuestos altos; puesto que tenían recursos financieros para pagarlos en la temporada baja, podían cobrar más caro, y estaban alejados de las principales zonas turísticas, por lo que la carga impositiva era sustancialmente menor que la que pagaría él al vivir más cerca del corazón de la economía del turismo. Además de la obvia corrupción y el tráfico de influencias que ello implica, Rafael argumenta que esa situación también discrimina a las personas que, como él, no tienen las mismas condiciones de lujo para ofrecer.
Mira a una persona con una casa normal. No tiene aire acondicionado, ni entrada privada, ni refrigerador o televisión. Esa persona tiene que cobrar barato y no puede pagar ni una fracción de los $250 de impuesto mensual. ¿Cómo se las arregla una persona así? Ellos tienen las mismas necesidades que todo el mundo. Terminan alquilando por la izquierda porque no les dejan otra alternativa. Sin quererlo, tienen que violar la ley, porque la ley es injusta. En vez de servir para regular, la ley sirve para convertir a la población en delincuentes.
Rafael también comentó sobre la paradoja de que la violación de las leyes estatales, a su vez, ha contribuido indirectamente a la sobrevivencia del sector estatal:
El dinero que he ganado aquí no solo nos ha ayudado a nosotros. También me ha permitido comprar las cosas que necesito para mi trabajo oficial. Irónicamente, violo las leyes del Estado para continuar sirviéndole al Estado. Prácticamente gasto más dinero para trabajar que el que recibo por concepto de salario mensual.
También señaló que su ubicación poco llamativa le permitía “volar bajito” y seguir la regla de oro de la empresa privada en la Cuba de hoy: la discreción:
La gente siempre está interesada en el éxito de los demás, pero no por buenas razones. La parte fea de esto es que tenemos que tener mucho cuidado para evitar la envidia. Para ser honesto, nuestro peor enemigo no es el Estado ni la Policía. Nuestro peor enemigo es la envidia.
Cuando se le preguntó si pensaba que el trabajo autónomo tenía futuro, Rafael respondió: “Voy a serte sincero. Esto tiene futuro porque en el mundo real el Estado no puede encontrar una solución para cada pequeño problema del país. Hay muchas áreas donde la empresa privada puede trabajar mejor que el Estado”. El argumento básico de Rafael era que el control estatal sobre la industria de los servicios no era solamente innecesario, sino que era perjudicial para el desarrollo económico:
Tienes que acordarte del viejo dicho cubano: El que parte y reparte coge la mayor parte. Por supuesto, probablemente ellos cojan la mejor parte también. Pero consideremos un momento sus salarios. La única manera en que pueden echar para adelante es robando, y después de un tiempo se convierte en un asunto de sentido común. Pienso que el gobierno debe limitarse a las grandes partes de la economía, las cosas que determinan el desarrollo.
A pesar de que algunos de estos alojamientos estaban permitidos dentro de las licencias, parece ser que la mayoría nunca sacó a la luz este tipo de operaciones. Esto no significa que ellos no hayan considerado seriamente el hecho de obtener una licencia, pero muchos no creían que podrían ganar lo suficiente cada vez como para pagar el impuesto obligatorio, especialmente porque debían pagarse independientemente del nivel ocupacional y los ingresos. Es decir, pocas de estas casas de alquiler clandestinas permanecían sumergidas por elección, y muchas afirmaban que se registrarían rápidamente si los impuestos fuesen sobre la base de los ingresos. Según declaró un arrendador ilegal: “Por supuesto, no se trata de que nosotros seamos delincuentes, sino del hecho de que no existe otra manera de hacer dinero. Nosotros no escogemos ser ilegales”.
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Los trabajadores por cuenta propia registrados, junto a otras actividades autónomas no registradas, surgieron durante la crisis del “Período Especial” y tuvieron un efecto significativo en la economía cubana. Produjeron valiosos bienes y servicios que satisfacieron las necesidades básicas de casi todos los ciudadanos cubanos, empleando principalmente insumos nacionales, a diferencia de las firmas estatales que usualmente utilizaban importaciones; ganaron y ahorraron divisas para el país, y crearon empleos y ayudaron a las familias cubanas a garantizar una sobrevivencia básica.
Existen numerosos ejemplos donde el trabajo por cuenta propia —incluso el ilegal— ha servido como suplemento o subsidio para el sector estatal, permitiendo a los trabajadores con empleos en la “economía secundaria” (como los taxistas privados y los dueños de casa de alquiler indicados anteriormente) continuar realizando sus profesiones de valor social. A pesar de que algunos tipos de actividades autónomas han generado altos ingresos (especialmente las del sector turístico), la gran mayoría ha arrojado ingresos bastante modestos que suplementan los bajos salarios del sector estatal. Asimismo, estas actividades han constituido una importante escuela de capacitación empresarial.
Las regulaciones relacionadas con la salud y la seguridad, las normas laborales, los salarios mínimos y el medio ambiente, son bastante razonables. Sin embargo, el principal objetivo de la densa red de regulaciones respecto a la compra de insumos, el mercadeo, el tamaño, y la ubicación en la que las microempresas funcionaban, era limitar el tamaño de la microempresa individual, limitar sus ingresos, eliminar a los intermediarios y contener la expansión general del sector.
A pesar de las contribuciones del sector microempresarial, el marco regulatorio e impositivo según el cual estaba obligado a funcionar en este período ha tenido fuertes efectos negativos en el desarrollo económico, social y humano de Cuba. Creó un desperdicio generalizado de recursos humanos, naturales y financieros, y bloqueó esa mejora del funcionamiento económico que tanto se necesitaba. También desperdició el talento y la energía empresarial de cientos de miles de ciudadanos cubanos. Complicó sus vidas y les hizo perder tiempo, energías y recursos sin necesidad.
Granma, el periódico del PCC, escribió el epitafio más exacto y accidentalmente irónico sobre el experimento inicial del país con el trabajo por cuenta propia durante el “Período Especial”, cuando admitía sin rodeos que dichas políticas “condenaron el trabajo por cuenta propia casi a la extinción y estigmatizaron a quienes decidieron sumarse a sus filas, legalmente, en la década de los noventa” (2010).
El sistema regulatorio e impositivo ha generado un sinnúmero de irracionalidades económicas ubicuas. A pesar de que, vista de manera individual, la compleja red de restricciones y regulaciones puede parecer trivial cuando se considera en su totalidad, trae como consecuencia un desperdicio inmenso de recursos de todo tipo, especialmente recursos humanos, puesto que las personas invierten su tiempo y sus vidas en actividades de sobrevivencia de poca monta con las posibilidades de un uso más racional de su tiempo y energías bloqueadas por el marco regulatorio y el sistema impositivo. La continuidad de las ineficiencias, irracionalidades económicas y la baja productividad que estas generan, hacen que los ingresos reales y los estándares de vida sean inferiores a lo que los ciudadanos necesitan.
Durante este período, el entorno normativo dificultaba el trabajo por cuenta propia legal, por no decir que lo imposibilitaba. Como resultado, las microempresas que habían podido sobrevivir con mayor facilidad en la clandestinidad, así lo hicieron. Por otra parte, cada regulación específica crea una red de subterfugios y evasiones, así como la necesidad de más inspectores, sanciones y multas. Si estas regulaciones se perciben como arbitrarias, punitivas, y concebidas para reducir los ingresos de las microempresas, con pocos fundamentos claros respecto al entorno, la salud o la seguridad, la respuesta del emprendedor será la evasión. Por lo tanto, las restricciones punitivas y densas traen como consecuencia el fomento de una cultura generalizada de ilegalidad, y de una economía sumergida.
Las regulaciones también fueron eficaces en mantener bien limitado el tamaño de las microempresas. Las prohibiciones sobre el empleo, el acceso a créditos, los mercados y la compra de insumos han contribuido a bloquear el crecimiento normal de estos negocios. Por supuesto, esa ha sido por mucho tiempo la intención declarada de la política pública, encaminada a reducir los ingresos, prevenir la expansión del sector privado, impedir la competencia con el Estado y evitar el surgimiento de grupos de personas políticamente independientes al margen del control estatal. Ahora bien, la consecuencia económica del entorno normativo ha sido que las microempresas sean incapaces de alcanzar economías de escala básicas. Esto conlleva al desperdicio de los recursos humanos, financieros y naturales de Cuba, en tanto que las valiosas habilidades empresariales de los gestores de las microempresas se consumen en labores de evasión, de bajo nivel y pequeña escala.
De hecho, una lección principal de las políticas gubernamentales hacia la microempresa en el “Período Especial” es que las regulaciones estatales del trabajo autónomo estaban acompañadas de regulaciones tan onerosas que eclipsaban los beneficios de la legalización. Lo que inicialmente se esperó que fuera una serie de reformas a fin de permitir a los ciudadanos cubanos desempeñar un papel proactivo en la recuperación económica de la isla, resultó ser un mecanismo de control sobre los cuentapropistas. Los emprendedores cubanos estaban, en efecto, limitados para desarrollar sus microempresas a plenitud y de manera legal. Como resultado, recurrían frecuentemente a la informalidad. Los sistemas normativos e impositivos fomentaron la economía sumergida así como una amplia variedad de ilegalidades. Esto condujo a una cultura de la ilegalidad generalizada que miraba con desconfianza al Gobierno.
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