La tragedia de Merani García circula en redes sociales. Los mensajes dicen que tenía 19 años y que había recibido una oferta para trabajar en la cosecha de fresas y duraznos en Jalisco. Que llegó hasta una central de autobuses, abordó un Uber y se tomó fotos presumiendo los tenis blancos que le había prestado su hermana. Que esas fueron las últimas imágenes que su familia tuvo de ella. Y que desapareció sin dejar rastro.
Merani es una de las posibles decenas de víctimas en un centro de reclutamiento y exterminio recientemente dado a conocer en el municipio de Teuchitlán, en el estado mexicano de Jalisco. Por medio de las fotografías compartidas por las autoridades, los familiares de Merani reconocieron los tenis blancos en una pila de 400 zapatos. También identificaron su Biblia, su blusa y su maleta.
A este sitio, conocido como Rancho Izaguirre, presuntamente el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llevaba decenas de personas a las que había recluido mediante falsas ofertas de trabajo. Luego las entrenaba como sicarias o las asesinaba cuando resultaban inútiles para las actividades criminales.
El grupo Guerreros Buscadores de Jalisco cumplió un papel crucial cuando, el 8 de marzo, irrumpió en el campo de adiestramiento y lo dio a conocer por medio de enlaces en vivo para que el país y el mundo supieran del horror vivido allí. Sostienen que las autoridades sabían de este sitio desde septiembre de 2024 pero nunca profundizaron sus investigaciones. Estas aún no permiten precisar si la actividad criminal cesó en ese lugar después de esa fecha o si el centro siguió operando hasta cuando lo revelaron los Guerreros Buscadores de Jalisco.
Es una muestra de lo que han sufrido algunas de las más de 120.000 personas que han desaparecido en México, de acuerdo con cifras oficiales. En los discursos del Gobierno, el hallazgo del campo de adiestramiento y exterminio es un hecho inédito. Sin embargo, ya muchos sectores sociales hablaban de la existencia de centros de entrenamiento y aniquilación de personas en otras partes del país.
El periodista Lauro Rodríguez, coordinador del medio digital El Suspicaz y miembro del Hub de CONNECTAS, ha investigado las desapariciones en esa zona. Recuerda que en Jalisco, en 2017, “encontraron y desmantelaron un centro de adiestramiento similar en Tala, un municipio vecino de Teuchitlán, a una hora de Guadalajara. En el mismo Teuchitlán desmantelaron un centro de adiestramiento en enero de este año. Estaba a escasos kilómetros del que encontraron las buscadoras”.
Otras versiones periodísticas señalan que de este tipo de campos de exterminio se ha hablado desde hace más de dos décadas en al menos cinco estados de la república. Incluso, después del hallazgo del Rancho Izaguirre aparecieron dos centros similares: uno en Tamaulipas y otro en Guanajuato.
Por otro lado, las decenas de maletas y mochilas que estaban en el lugar, parecen confirmar un fenómeno ya denunciado en varias ocasiones: el reclutamiento forzado de jóvenes que llegan a Guadalajara en busca de trabajo y desaparecen en la central de autobuses. El crimen organizado los atraen a sus filas con ofertas de empleo. Los criminales los engañan y luego los secuestran.
“¿Por qué alguien vendría hasta Jalisco a trabajar?”, cuestiona Darwin Franco, académico y periodista del portal ZonaDocs. “Porque les ofrecen un sueldo superior a lo que le pueden ofrecer en su lugar de origen. Hay una necesidad tan grande de poder subsistir, que los jóvenes corren el riesgo”, responde. La pobreza, recalca, “es un terreno fértil para que los criminales puedan convencer a otros de que viajen por trabajo y el caso de Teuchitlán lo confirma”.
Franco lleva años investigando desapariciones, y encuentra un componente económico en este fenómeno. “La desaparición de muchas personas tiene alguna utilidad práctica para quien ejerce esta violencia”, dice. Para él, la lógica del crimen organizado detrás de estas desapariciones y muertes es la de cualquier empresa trasnacional que necesita empleados. “Encontraron en la desaparición el instrumento que les dota de esa mano de obra que requieren para hacer lo que necesitan hacer”.
El periodista señala que para esta industria criminal las vidas no importan. Los narcotraficantes entrenan a los jóvenes y los ponen en la primera línea de combate, porque pueden reemplazarlos. “En esta lógica capitalista, si los grupos de narcotráfico necesitan más mano de obra, desaparecen más personas”.
Durante su mandato, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, supo del reclutamiento forzado en la central de autobuses. Rodríguez recuerda que las primeras veces en que habló del tema, decía que se trataba de jóvenes que se iban de fiesta o se escapaban de sus casas por problemas familiares. Pero algunas víctimas pudieron escapar y relatar su historia. Entonces, “el gobernador salió a decir que él no veía ninguna crisis, porque quienes iban a eso ya sabían a lo que iban. Ya sabían que eran ofertas del crimen organizado. Y nunca hubo ninguna acción para minimizar la crisis en la central de autobuses”, narra.
La desaparición de personas es uno de los capítulos más dolorosos no solo de México, sino de la historia contemporánea latinoamericana. En un artículo publicado en la revista Rupturas, José David Camacho, académico de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, recuerda que en esta región el fenómeno se reporta desde 1932. En países como El Salvador, Nicaragua, México, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras y Haití “se tienen documentadas desapariciones humanas en el marco de controles políticos gubernamentales, que han quedado ampliamente impunes”.
Se trata de una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Brasil desaparece una persona cada seis minutos. En Colombia, a pesar del Acuerdo de 2016, “los casos de desaparición siguen siendo frecuentes, debido, entre otros factores, a los ocho conflictos armados no internacionales y otras situaciones de violencia que afectan a la población”. En Guatemala, hasta diciembre de 2023 había 3.245 personas desaparecidas mayores de 18 años, mientras que en El Salvador se registraron más de 22.000 denuncias de desapariciones entre 2014 y 2019.
El campo de exterminio del Rancho Izaguirre ha cobrado notoriedad internacional porque, así como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exhibe la responsabilidad, por omisión o por acción, de todos los niveles de gobierno. En octubre de 2024, se cumplieron 10 años sin saber qué pasó con los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, en medio de una de las mayores crisis políticas de los últimos años. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) apunta que “nunca se privilegió el desarrollo de capacidades de investigación científicas, sino que lo fundamental era la lealtad para manipular las cosas y construir un resultado al gusto del poder político”.
Por su parte, Enrique Font, profesor de Criminología en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, no duda en afirmar que en México hay una “fragmentación de las instituciones policiales, municipales, estatales y federales”, por la penetración del crimen organizado y la “corrupción en las administraciones de justicia”. Para sustentar su argumento, pone como ejemplo cómo hasta la Procuraduría General de la República participó en las torturas y encubrió los asesinatos y desapariciones en Ayotzinapa. Por cuenta de eso, los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador sufrieron fuertes descalabros políticos.
El Rancho Izaguirre podría esconder un aspecto aún más grave: la colusión entre las bandas criminales y agentes del Estado. Juan Solís, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo sostiene: “Si eso fuese así, resultaría aún más escandaloso. Porque estaríamos hablando de corrupción”. Para él, este hallazgo pone “en una posición muy comprometida” a López Obrador. Algo de lo que no se salva la presidenta Claudia Sheinbaum, quien queda en “una situación muy complicada que hasta tuvo que salir a defender al expresidente López Obrador, a pedir que lo dejaran en paz”, añade Lauro Rodríguez.
En octubre de 2024, con motivo de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, Human Rights Watch hizo un balance de las acciones de López Obrador. Señaló que la nueva presidenta “heredó una crisis de derechos humanos creada por la violencia extrema de grupos de crimen organizado y los abusos generalizados cometidos por agentes del Estado con una impunidad casi total”. Además, subrayó que el exmandatario “afirmó falsamente, en repetidas ocasiones, que el número oficial de personas desaparecidas se había exagerado para perjudicarle políticamente”.
Solís también considera que lo sucedido en el Rancho Izaguirre refuerza la narrativa del presidente Donald Trump, en el sentido de que en México el narcotráfico ha permeado a los gobiernos. Ello “pone en una situación bastante desventajosa a Sheinbaum, que la hemos visto en los últimos meses moviendo cielo, mar y tierra para mantener contento al inquilino de la Casa Blanca, haciendo bonita la letra para decir que hizo bien la tarea. Creo que esta es una de las peores noticias que le pudieron pasar a Claudia en el momento en que se encuentra negociando miles de cosas con Estados Unidos”.
Si de verdad el Estado no sabía de esta situación, dice Solís, “podríamos pensar, siendo muy generosos, de impericia o ineptitud. Siendo generosos. Porque con las capacidades del Estado mexicano, pues a cualquiera le resulta poco creíble que no tenga los recursos materiales, humanos, económicos, para llevar a cabo tareas de inteligencia y poder detectar, desmantelar y rescatar a cientos o miles de personas que pasan por lugares como ese. Porque debemos ser conscientes de que el Rancho Izaguirre es un botón de muestra de algo que seguramente se reproduce en muchos otros sitios de la República mexicana”.
Ese campo de exterminio también subraya el alto nivel de violencia presente en casi toda Latinoamérica, ya que en esta región vive el 8% de la población mundial, pero aquí ”se cometen cuatro de cada 10 homicidios en el mundo”, alerta Solís. Además, señala que los cárteles mexicanos tienen alianzas con otros grupos de la región. “Mucho de la violencia en América Latina tiene que ver con la expansión de las bandas criminales y específicamente con la ilegalidad. Este es el combustible de la violencia en América Latina”, ahonda el académico.
¿Puede haber una solución para esta enorme crisis de violencia? Font cree que un primer paso es acabar con la lógica de guerra contra el narco y la prohibición de las drogas. “Esto es parte central del problema. Acabar con el prohibicionismo no nos lleva a un mundo feliz. Nos lleva a un infierno de otra naturaleza, de otra intensidad, pero que tendría un impacto muy significativo en la posibilidad de regular la producción, la comercialización, distribución y el uso de sustancias”.
Frente a la crisis política que le llegó de golpe, el gobierno de Sheinbaum ha decidido emprender acciones distintas a las de López Obrador y sus antecesores, en materia de desaparecidos. Para la presidenta, este tema se ha convertido en “prioridad nacional”. Con ello, abre la esperanza para frenar las estadísticas al alza en casos de desaparecidos y para que las miles de familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos puedan encontrar un poco de paz.
Sobre el autor: Carlos Gutiérrez. Periodista mexicano. Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS. Doctor en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias, y Máster en Pensamiento Español e Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid. Maestro en Artes Escénicas por la Universidad Veracruzana y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM.
* Artículo original: “Teuchitlán: el centro de exterminio que conmocionó al mundo”.
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