¿Pudo haber permanecido Cuba en manos españolas de no haberse producido la intervención norteamericana? ¿Pudo haberse evitado la guerra de independencia de 1895 si España hubiera otorgado la autonomía después del Pacto del Zanjón?
Son preguntas que en ocasiones provocan debates historiográficos. Un eco de estas preguntas ha resurgido recientemente en las redes sociales con un proyecto de autonomía concertada para Cuba y Puerto Rico, para que ambos estados se reincorporen a su antigua metrópoli.
No pretendo aquí entrar en el aspecto jurídico de este proyecto, si no en algo que generalmente viene asociado y es la pregunta, en medio de la revisión posmoderna del pasado histórico: ¿Era Cuba realmente una colonia española o simplemente una provincia de España que gozaba de todos los derechos que correspondían a los peninsulares?
Si todavía a comienzos del siglo XXI nos es necesario dar cuenta de este pasado, esto muestra hasta qué punto no están muertas ideologías de comienzos del siglo anterior, como el panhispanismo del que en 1910 Fernando Ortiz escribiera en La reconquista de América que aunque “sea por ahora intelectual y económico, no deja de ser un imperialismo” (Fernando Ortiz. La reconquista de América: reflexiones sobre el panhispanismo. P. Ollendorf, Paris, 1911, p.8).
Se ha señalado en ocasiones la diferencia entre el sistema colonial inglés y el español. Octavio Paz lo hizo respecto al Virreinato de Nueva España en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe.
En el ámbito cubano, Ramiro Guerra lo menciona tempranamente en Azúcar y población en las Antillas, por la presencia de una abundante inmigración blanca poseedora de tierras en las posesiones españolas, a diferencia del sistema de plantación inglés basado en la esclavitud primero y luego en el trabajo asalariado de los antiguos esclavos.
Sin embargo, este último análisis no abarca la situación de los derechos políticos y civiles. El análisis de esta situación se entronca con los motivos que llevaron a la Guerra de los Diez Años en Cuba. España, sumida en una guerra civil y enfrentada al hecho consumado de haber perdido la mayoría de sus posesiones en América, decide que en Cuba no se aplique su constitución en 1837 y que los habitantes de la Isla han de regirse por leyes especiales. Los cubanos no podrían elegir diputados a Cortes y no habría derechos como el de tener una prensa libre.
Si bien jurídicamente los cubanos tenían la nacionalidad española, en la práctica eran ciudadanos de segunda. Manuel Moreno Fraginals lo explica de la siguiente forma: “La política española era de supervivencia dentro de un sistema en el cual no actuaba como metrópoli económica que dirige la vida de un país, sino como extraña mezcla de parásito que extrae riquezas y centro que aporta su cultura” (Manuel Moreno Fraginals. Cuba-España, España-Cuba: Historia común. Grijalbo-Mondadori, 1995, p.294).
Como suelen afirmar los modernos panhispanistas, si Cuba no fuera una colonia sino una provincia, sería equivalente a limitar el significado de colonia a su aspecto jurídico y no entender que se trataba de una condición social.
Los cubanos estuvieron privados de derechos políticos entre 1837 y 1878. En este último año, con el Pacto del Zanjón se aplica a Cuba finalmente la constitución española de 1875. Aparentemente, los cubanos lograban la tan ansiada igualdad con la metrópoli.
Habría, sin embargo, que escuchar a Rafael Montoro en 1886, figura prominente del movimiento autonomista, quien afirma, sobre el régimen que él mismo denominaba colonial que “desde 1878, en el orden político, la Isla de Cuba vive de lo arbitrario, de lo contradictorio”, pues “las nuevas leyes políticas vinieron con un carácter provisional”, pero “en aquellos decretos lo que se prometía, señores, eran leyes especiales; se prometía una ley especial electoral, como antes se habían prometido las leyes municipales y provinciales definitivas, que luego no vinieron y hemos llegado a una situación en que todas las reformas legislativas adolecen del mismo vicio” (Rafael Montoro. “Primer discurso pronunciado por el señor Rafael Montoro en el Congreso de los Diputados, en Madrid, el 19 de junio de 1886”. La oratoria en Cuba. t.2. Editado por José Manuel Carbonell y Rivero. Imprenta Montalvo y Cárdenas. La Habana, 1928, p.185).
Es decir, Cuba estaba regida por un régimen provisional, exactamente el mismo argumento utilizado para privar a los cubanos de sus derechos civiles en 1837 en espera de “leyes especiales”. Montoro, sin embargo, siendo quizás el intelectual más preclaro de su tiempo dentro de Cuba, continúa, respecto a la Constitución: “Solo sé que no fue sola, sino acompañada de un preámbulo que la restringía —¡cosa extraña!, la ley fundamental que debía servir de base y de fundamento a las demás leyes— y se le declaró en ese preámbulo sujeta a las condiciones excepcionales del régimen especial de Cuba”.
Cualquier semejanza con el presente de Cuba quizás no es pura coincidencia, pero he transcrito las líneas anteriores no para trazar un paralelo con la Cuba de 2025, sino para mostrar que la tan mentada (por los panhispanistas) aplicación del régimen constitucional español en Cuba después de 1878 vino acompañada de estos límites que señalaba Montoro y que en el presente se olvidan.
¿Cuál era este régimen “especial” que poseía Cuba? Montoro lo resume así: “De una parte el patronato, y de otra las facultades omnímodas de los Capitanes Generales”. Y menciona el destierro de un periodista sin formación de causa, solo con un decreto justificado por este mismo régimen especial, que les otorgaba a los capitanes generales dichas facultades contrarias a la constitución de España.
Montoro defendía su crítica al sistema político imperante en Cuba, reconociendo su diferencia con el existente en España: ¿qué queremos después de todo, nosotros, sino que el modo de ser de las colonias sea lo más semejante posible al modo de ser de la Metrópoli”. Es decir, que el cubano disfrutase de las mismas libertades en su tierra que las que tenía el peninsular en la península ibérica.
Si entendemos una colonia en el sentido de que hay un régimen político y económico dispar con respecto al de su metrópoli, Cuba encajaba en la definición. Si bien, y esto es subrayado por Moreno Fraginals, se trataba de una colonia atípica, porque España no era capaz de aportar ni las inversiones ni las importaciones de materia industrial que Cuba requería por su economía azucarera.
La metrópoli económica de Cuba, se ha dicho una y otra vez, sobre todo desde 1959, eran los Estados Unidos, principal mercado del azúcar cubano y fuente principal de las importaciones de maquinaria y productos de origen industrial, papel que España, por su relativo atraso, no era capaz de ocupar.
En este sentido, habría que ver en los recientes panhispanistas cubanos —no los tradicionales de la Península— los herederos de la historiografía marxista que tanto ha subrayado este aspecto real de la situación existente en Cuba entre 1878 y 1898, pero que no oculta una realidad colonial: Cuba estaba sometida a un régimen político de inferioridad con respecto a la metrópoli y su permanencia fue causa eficiente de la revolución de 1895.
El resultado del sistema electoral español en Cuba ente 1878 y 1897 era que solamente 53.000 del millón de habitantes tenía derecho al voto y menos del 1% de los diputados a Cortes nacieron en la Isla (Harry Swan, “Historia”. La Enciclopedia de Cuba. Editado por Vicente Báez. Playor, 1975, p. 486).
¿Pudo España lograr una fórmula donde Cuba mantuviera su pertenencia a España, pero reconociendo su peculiar realidad económica?
Esta era la aspiración de los autonomistas, pero España no cedería a otorgar este régimen sino después de tres años de cruenta guerra de independencia, en 1898, y bajo presión norteamericana.
El gobierno colonial ni siquiera pudo evitar la intervención de este último país, tras la explosión del Maine, que pudo ser fácilmente atribuida por la opinión pública norteamericana, dada la previa intransigencia colonial, al recalcitrante sector integrista de la sociedad cubana.
¿Sorprende entonces que las ansias de autonomía o independencia no se hubieran extinguido tras la contienda de 1868-1878?
El factor económico que arriba señaláramos ejerció una gran presión. La implantación de la tarifa McKinley para el azúcar cubano sería uno de los detonantes de la guerra, que quizás se hubiera podido evitar o retrasar con un tratado de reciprocidad comercial.
Sobre esto, señala el historiador cubano Oscar Zanetti: “Los aires allí soplaban en favor del levantamiento; a la decepción que ocasionara el fracaso de las reformas propugnadas en Madrid por el ministro liberal Antonio Maura en 1893, se había unido la cancelación del tratado de comercio por Estados Unidos al año siguiente, con lo cual la bonanza económica llegó a su fin” (Oscar Zanetti. Historia mínima de Cuba. Turner, 2016. Ed Kindle, p. 2562).
La subordinación a la metrópoli, a causa de un sistema político que no daba espacio a la autonomía en decisiones tan relevantes como la comercial arriba anotada fue, por tanto, causa indirecta del estallido de la contienda y no solo el ideal de contar con un estado independiente, en base a la visión romántica de que la nación necesariamente debe contar con un estado soberano.
Si bien los argumentos arriba mencionados no alteran el hecho histórico de haber sido Cuba provincia de España, sí dejan sin fundamento el corolario defendido por los panhispanistas recientes de que Cuba no era colonia, que los cubanos gozaban de iguales derechos que los españoles y que el movimiento de independencia no tenía justificación en un Estado como el existente en Cuba tras el Pacto del Zanjón.
Quizás la época de globalización en que vivimos, aunque ya mucho más incierta desde el Brexit y el reciente auge de los populismos nacionalistas, estimule movimientos como el del reunificacionismo, cuyo futuro no me interesa profetizar.
Sin embargo, si algo debe servir para juzgar la validez de un movimiento político es su sentido de la historia. Ignorar esta última o falsificarla solo sirve para promover un cambio anacrónico.
Si Cuba ha de volver a tener lazos estrechos con España no puede ser a costa de negar la razón histórica tanto del autonomismo como del independentismo, ambos opuestos a una realidad colonial que nuestros antepasados encontraron agobiante, aunque quizás resulten atractivas para el contemporáneo que haya perdido la ilusión en el porvenir.
Conviene recordar entonces lo que ya Ortiz advirtiera a los panhispanistas de comienzos del siglo XX: “Abran las puertas a la vida moderna, que así y solo así podrán influir en Hispano-América (…) como irradian su influjo los pueblos civilizados, con la mágica sugestión de la energía y el ejemplo” (Fernando Ortiz. La reconquista de América: reflexiones sobre el panhispanismo. P. Ollendorf, Paris, 1911, p.104).
