Un mal procedimiento mató a Daniel, según cuenta Yomil. En una directa de Facebook hecha enseguida, el sobreviviente del joven dúo de reguetón, explicó llorando que el día antes de su muerte El Dany estaba bien, que se estaban riendo, lejos de la agonía final ni mucho menos. En un momento de desinterés (el dolor no tiene dobleces, observa Oscar Wilde) Yomil pide justicia para su hermano, jura que lo han matado en el hospital y que iniciará una campaña si la familia no es reparada.
Como las víctimas son famosas, enseguida las autoridades prometen una investigación cabal, revolucionaria, y por tanto muy sincera. En el periódico Granma publicaron una nota del Ministerio de Salud Pública que anunciaba el inicio de una Comisión para “profundizar en las causas” de su muerte, aunque confiaban en la pericia de nuestros heroicos galenos, desde luego. Bastante rápido también estuvo el veredicto. Yomil lo lee y se insulta: “el dictamen es una grave falta de respeto con Daniel y con su familia”, advierte que él esperaba que fueran inteligentes en su caso e hicieran las cosas bien pero no, ahora la justicia va a tener que hacer él mismo, ahora empieza su lucha para reparar la muerte de su amigo, dice e impulsa la etiqueta #justiciaparaeldany.
Yo he estado ahí donde estuvo Yomil entonces. También juré convertirme en justicia, también escribí al MINSAP, a la Fiscalía, agoté todas las instancias del escarnio que la burocracia reserva para ti cuando hay una negligencia médica y tú reclamas. También quise saber la verdad, encontrar sentido, restaurar el orden. Pero no pude. De hecho, en Cuba suele no poderse.
Cuando emprendes una reclamación de ese tipo aquí, todos a tu alrededor te aconsejan que lo dejes. El acervo popular emerge: “no vale la pena”, “sólo aumentarás el sufrimiento”, “no resolverás nada”. Pero tú persistes. Lo haces porque no puedes hacer otra cosa. El dolor no te deja ni recordar lo que has aprendido: que estamos en un sistema de herencia totalitaria donde el Estado lo controla todo y su interés primero es conservar la buena imagen de su sistema sanitario en el mundo, la cual no empañaría con inculpaciones improductivas. Sólo cuando pasa el tiempo y al fin te cansas de tanta carta sin leer, de tantas curvas, de tanto silencio, es que caes en lo que ya sabías: en Cuba no hay muertes por negligencia médica. Ni siquiera figuran en las estadísticas[1].
Como los deseos de justicia y de inteligencia no disminuían, los dirigí a la medicina misma (tratando de entender) y al sistema que nos agravió sin consecuencias. A continuación organizo aquello que he recabado sobre las bases legales que permiten a los responsables de una mala práctica médica salir impunes y a los responsables de investigarla, esconder la verdad:
Si nunca has buscado reparación por una negligencia médica en Cuba, tendrás en mente las noticias foráneas, donde las víctimas contratan a un representante legal para que investigue de forma independiente y regrese, al menos, con un poco de verdad.
Nada más lejos de la realidad nuestra. En este país los abogados se espantan mucho al oírte formular una solicitud de pleito contra el servicio médico de tal hospital porque allí han matado a tu hermana, por ejemplo. Yo visité dos, para estar segura: una joven agradable y un señor mayor cansado, que se echaron para atrás al escuchar mi demanda y negaron con la cabeza como quien se reconforta. Al recobrar la compostura, me explicaron que en este país los abogados no hacen eso, que ni siquiera existen las bases legales para que alguien por su cuenta pueda hacer eso. Lo primero que secuestran es la información:
Según la Resolución #1 de 2007 del Ministerio de Salud pública conocida como “Nuevo Reglamento General de Hospitales”, tú no sólo no tienes derecho a la información cabal sobre un familiar que ha sido matado en un hospital cualquiera, sino que ni siquiera puedes tener el registro exacto de lo que te hicieron a ti misma. No sólo no ceden un cadáver para realizar una necropsia independiente, no sólo te niegan el informe de la autopsia que hacen ellos mismos, sino que está prohibido que accedas a tu propia Historia Clínica. La Resolución citada, en su artículo 120, dice bien claro que “La Historia Clínica es el documento público propiedad del hospital, por lo que se prohíbe terminantemente su extracción de la institución, a excepción de algunos casos previa autorización expresa del Director”. En el artículo 59 aclara cuáles son las prerrogativas de ese director. Él debe “aprobar y controlar la emisión de informes oficiales del hospital, incluidos los datos estadísticos, dictámenes periciales, resúmenes de historias clínicas y otros documentos probatorios de la actuación médica”. No hay, como ya dije, representación legal independiente que pueda exigirle la liberación de esos documentos. De manera que la exposición de toda evidencia queda sometida a la discreción del máximo responsable de los hechos ¿Tendrá algunas ganas, un director de hospital, de autorizar para tu consuelo una serie de documentos que lo delaten? En mi caso, desde luego que no las tuvo. En la Resolución 584 de 2014conocida como “Reglamento disciplinario para los trabajadores de la salud”, articulo 5 h, podemos ver cómo se agrava este secuestro y hasta se explica. Allí se lee que el personal de la salud debe “evitar que las Historias clínicas, informes de laboratorio o cualquier otro documento médico-legal llegue a manos de los pacientes o sus familiares, cuando ello pueda causar perjuicio o incumpliendo las medidas establecidas”. Vamos a ignorar por el momento el escándalo que ese impedimento representa en sí mismo y vamos concentrarnos en la condición reveladora que contiene: “cuando ello pueda causar perjuicio” ¿Qué significa esta insinuación en apariencia inocente? ¿Cuándo puede hacer daño una exhibición así de documentos? o mejor: ¿a quién? Obviamente no al paciente, que ya habría sido afectado y a quien la información sobre lo que le han hecho no empeoraría; no al perpetrador de un error cualquiera, a un médico o enfermera que se equivoque, porque no tendría sentido que un ministro mande proteger al facultativo particular si no aspira a resguardar algo mayor. El daño que se conjura institucional y excede los límites del hospital o el Ministerio. Su cuidado es el desvío que el juramento hipocrático adquiere en este país.
Los cubanos sabemos de memoria cuál es el agravio mayor que se comete en esta isla y hacia quién está dirigido, sabemos qué es lo que debe ampararse en primer lugar por encima del individuo y cuyo perjuicio se paga con el más caro importe: es la Revolución. Es a ella a quien protege este bastidor de normas. Es ella la preocupación primera de un médico en su carrera.
Si nos hiciera falta confirmación escrita, ahí tenemos el reglamento interno del Hospital modelo Hermanos Ameijeiras para asistirnos. En su introducción, declara “los principales valores que no deben faltar en los trabajadores, dirigentes y cuadros de nuestro Hospital”. El valor prístino es la “Lealtad a los principios de la Revolución: fidelidad y compromiso con la ideología y las conquistas alcanzadas por la Revolución, dentro de las cuales una de las más preciadas es la salud” y luego continúa enumerando imperativos de “moral revolucionaria”, “ética médica socialista”, hasta que en el cuarto punto recuerda la obligación de un médico con el “cumplimiento de los servicios que brinda el Sistema de salud cubano”, que sería como recordar al paciente.
Se trata del fenómeno conocido en el ámbito de la ética médica como “Doble lealtad” y la forma especial que adquiere en Cuba. La noción de “Doble lealtad” se estudia a partir de la influencia ejercida por las dictaduras en el personal de la salud. Sucede cuando un trabajador sanitario se ve obligado a dividir su lealtad entre el paciente y los reclamos de un Estado opresor. Usualmente, en las dictaduras que ha padecido la modernidad, el médico chantajeado debe encubrir casos de torturas, asesinatos, etc., con su falso testimonio o con su silencio. Esta complicidad en Cuba, aunque también existe (perseguidos políticos denuncian actos de violencia silenciados por doctores con miedo) no es la modalidad más frecuente. En Cuba la complicidad regular es con las estadísticas.
La salud pública cubana es (¿quién no lo sabe?) la cara del régimen, la base de su propaganda internacional y hasta de su lucro también, últimamente. El Estado exige, entonces, al personal de la salud, que no dañe esa apariencia, que mantenga viva la apología de la potencia médica, incluso si hay que callar para salvarla, o mentir a sabiendas. El castigo hacia quienes incumplen este pedido es recio. Un médico indiscreto puede perder su trabajo y uno que se oponga abiertamente al régimen puede ir a la cárcel (aunque este trato deferencial no se limita al personal de la salud).
Los requerimientos del Estado con respecto a su imagen no ocurren solamente de forma directa: no sólo se le pide al personal de la salud que no revele públicamente las fallas que conoce, sino que de una manera más compleja, más sutil, más esencial, se ha erigido una construcción legal para ocultar esas fallas. Estructura de la que el personal de la salud, aunque quisiera, no puede salir.
El solapamiento de las malas prácticas médicas hacia las víctimas que reclaman justicia es la dimensión más palpable, y también más perversa, de la Doble lealtad en Cuba. Valdría la pena en el futuro examinar con calma su lado represivo, también las formas de independencia que se impiden. Por lo pronto, concentrémonos en la oportunidad legal para esconder los errores:
Ya sabemos que un director de hospital temerá mucho “causar perjuicio” al poner en manos de pacientes o familiares alguna evidencia sobre el actuar de su institución; ni tu Historia clínica completa ni el informe de autopsia del hospital serán para tus ojos. De la primera redactarán a lo sumo un “resumen”, en el que podrán olvidar el medicamento que mató a tu hermana, por ejemplo. En el segundo podrán escribir lo que estimen, si es que lo muestran.
Así es que controlada la información, por principio, se suspende también la independencia. De manera que para lograr tu propósito de encontrar la verdad y la justicia (así lo esperas aún) no va a quedarte otro remedio que acudir a las propias instituciones del Estado, la cuales ofrecen dos caminos en apariencia distintos, el civil y el penal. Veamos el primero:
La vía civil significa apelar oralmente, o mediante cartas, a los Departamentos de Atención a la población de las instituciones, bien sea a de la casa de salud donde ocurrió el agravio, al Ministerio de Salud Pública o a otras organizaciones gubernamentales (como el Partido, el Poder Popular, etc.) que recojan quejas del pueblo.
Obviamente, en los primeros casos, se impone la sospecha de que recurrir a los culpables del error (al Hospital o incluso a Ministerio de Salud pública) sería convertirlos en juez y parte: de una manera directa o indirecta, ellos han sido los responsables del descalabro y no se juzgarán, calculamos, con mucho rigor ni tampoco con mucho escándalo.
Según la Resolución 431 del Ministerio de Salud pública, conocida como “Metodología para atención de quejas”, artículo 3, el personal del área de Atención a la población, debe tener un “un absoluto sentido de pertenencia al Sistema Nacional de Salud”. De aquí no es exagerado entender que velará más por los intereses del sistema que por los del individuo agraviado.
Si el asunto tratado es complejo o involucra el servicio médico, crearán una comisión a un nivel jerárquico superior (por lo general, provincial, como la que hicieron para El Dany) con el fin de ventilarlo. No están obligados a dar los resultados por escrito.
En mi caso, las expectativas de disimulo que contiene a una situación donde la entidad debe ser juez y parte se cumplieron a la perfección: las dos comisiones del Ministerio de Salud pública que enfrenté mintieron a sus anchas. Después de todo ¿qué se los impedía?
Más ingenuo que yo (tan dañado) fue Roberto Chávez Roque, padre del niño Ernesto Chávez Pacheco. Roberto creía ciegamente en la Revolución, era militante del Partido y vanguardia en su centro de trabajo. Fue cuando le mataron a su hijo de 15 años en Camagüey por un mal manejo médico. Entonces se volvió loco y escribió a todo el mundo muchísimas cartas y de todos los lugares le devolvieron o bien silencio indiferente o mentiras y hasta le cambiaron los informes de autopsia (como a mí) para que se adaptaran mejor al relato último que le hacían: su hijo había tenido, consintieron al final, una extraña malformación congénita imposible de tratar o de diagnosticar siquiera, que exoneraba a los médicos y a la Revolución.
Entre las muchas puertas que tocó Roberto Chávez en su desespero estuvieron las del Comité Central del Partido. Cuatro veces vino a la Habana a plantarse en las oficinas de Atención a la población, como un “militante de pies descalzos”, como él dice; cuatro veces lo embaucaron. Lo que no sabía Roberto Chávez (y se deriva de la resolución ministerial 431, artículo 40) era que su Comité Central del Partido y toda instancia de gobierno que reciba una queja de esta índole, debe pasar el caso al organismo correspondiente, en este caso el Ministerio de Salud pública mismo, para que, una vez más, pueda funcionar como juez y parte en sus propios desastres. A lo sumo, cuando la queja viene a través de una entidad del gobierno como el Poder popular, el Partido, etc., el Ministerio redacta un informe y lo envía de vuelta como respuesta ¿Quién puede auditarlos?
Fue cuando Roberto Chávez, después de cansarse, entregó el carnet del partido y atravesado por el dolor escribió el testimonio “Crónicas de un comunista decepcionado” donde cuenta su calvario en la burocracia fría, cínica, penosa, que respalda una mala actuación médica.
Mi última esperanza entonces era la vía penal. “Los fiscales, me dije, al menos acudirán a peritos de Medicina legal que trabajen para ellos y podrían llegar a una conclusión distinta a la del Ministerio; al menos no tendrán compromisos laborales con la comisión del Ministerio que me mintió; al menos me darán más información para entender lo que pasó… al menos”. En la fiscalía, además, me habían hablado duro, como dando a entender que ellos sí que no andaban con paños tibios con el delito. Me habían dicho, incluso, que emitirían un informe terminada la investigación y que yo lo podría leer. Así es que una parte ingenua de mí se iluminó.
Pero pasó el tiempo y todo lo que recibí de ellos, tanto de la Fiscalía provincial como de la nacional, fueron dilaciones y silencio. Ellos me llamaban, me dijeron al principio, que no me preocupara. Obsesionada como estaba, llamé yo. Llamé bastante. Hasta que pasaron los meses y me cansé. Fue entonces cuando busqué en las leyes yo misma para saber a qué tenía derecho por fin y cómo manejarme en el terreno. Esto fue lo que encontré:
Hay una Resolución del MINSAP llamada “Metodología para la evaluación de la responsabilidad penal médica”, la Resolución 99 de 2008, que aclara cómo debe proceder un instructor policial o un fiscal que reciba una denuncia que involucre asuntos de conocimiento médico legal: debe buscar al MINSAP. El Ministerio de salud pública será el encargado de dilucidar para ellos la verdad del caso; creará una comisión provincial, parecida a la otra (sólo que ésta debe contar con alguien que sepa de medicina legal, o con el jefe de medicina legal, que pertenece al Ministerio mismo) y resolverá el misterio. El fiscal o instructor debe acatar el veredicto de la comisión del Ministerio sin poder apelar a otra autoridad porque no existe. De manera que si la comisión dice que no hay evidencias de un mal manejo médico – como suele suceder- no hay caso. Por eso nunca me llamaron de la Fiscalía.
Ha pasado el tiempo y Yomil ha vuelto a ser lo que es él – a su “integridad visible”, digamos -; a su “tranquilidad”, como él dice. En una directa de Instagram ha retrocedido en su fervor y ha contado que la familia no quiere armar un escándalo por la muerte del Dany, que le han pedido que se calme y por eso ha hecho silencio, que él no culpa al gobierno, ni al hospital, sino a una médico que andaba distraída mientras al Dany, al parecer, le daba un infarto. Han pasado más de 8 meses y, hasta donde saben sus seguidores, la apelación de la familia al veredicto de la Comisión provincial de Salud Pública no ha tenido respuesta. Por mi experiencia, no creo que la vaya a tener.
Digan lo que digan, en cualquier caso, mentirían: a Daniel Muñoz Borrego, a Ernesto Chávez Pacheco, a Danae Suárez Calleyro no los ultimó un doctor específico que andaba distraído por ahí. Los mató un sistema inepto, que equipa a sus médicos pobremente y luego ignora y esconde todas sus faltas. Los mató una estructura corrupta, que destruye a quien delata esos errores y la culpa por ellos. Fue la Revolución.
[1] Si acaso cabrían en una aislada tabla del Anuario estadístico de Salud Pública como “causas externas” de muerte (V01-98), que hospedaría también otras razones distintas a las malas prácticas médicas.
Esto no se llama “A veces está bien sentir lástima por uno mismo”
Las páginas de envío a Cuba son un ejemplo de cómo las cosas allá han sido diseñadas para permanecer en un círculo vicioso que ni el 27N, ni San Isidro, ni los aislados y mediáticos intentos de protestas van a cambiar. Nadie está dispuesto a enfrentarse a un cambio marcado por la extrema escasez.
