Crisis energética, suspensión de eventos y reordenamiento del autoritarismo cultural

El 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la ya profunda crisis multifactorial en Cuba. La captura del mandatario Nicolás Maduro y la interrupción abrupta de los envíos de petróleo venezolano hacia la Isla desencadenaron una secuencia acelerada de desabastecimiento en todas las áreas socioeconómicas que, en pocas semanas, paralizó actividades básicas y servicios públicos. A este escenario se sumaron presiones adicionales desde Estados Unidos, en un contexto en el que Cuba ha perdido aliados antiguamente “incondicionales”, carece de menos consenso internacional y ha aumentado el descontento y la exposición de la precariedad de los cubanos en redes. Las consecuencias de la crisis energética no se limitaron a la infraestructura eléctrica o al transporte, sino que impactaron directamente en el ejercicio de los derechos culturales.

Entre las primeras áreas afectadas por el recorte de recursos estuvo el calendario cultural previsto para el primer trimestre del año. La Feria Internacional del Libro de La Habana —uno de los eventos culturales más importantes del país y plataforma de legitimación simbólica del Gobierno— fue pospuesta sin nuevo aviso, incluso teniendo a Rusia como país invitado de honor para la ocasión. La suspensión de espectáculos teatrales, la reprogramación de festivales y la cancelación de encuentros internacionales completaron un panorama donde la cultura pasó de ser vitrina política a variable ajustada en extremo por las condiciones no previstas por una administración largamente fallida. 



Cartel promocional de la FILH. Fuente: muro de Facebook de Radio Emisora Cultural Cubana (2026).



Cronología de la contingencia y suspensión de eventos

Tras el 3 de enero, la reducción drástica del suministro de combustible comenzó a traducirse en interrupciones eléctricas prolongadas, afectaciones al transporte en todo el territorio nacional y limitaciones en el funcionamiento de instituciones públicas. Hacia finales de enero, los apagones alcanzaron un carácter generalizado, con déficits de generación que obligaron a reorganizar horarios laborales, suspender actividades presenciales y priorizar sectores considerados estratégicos.

En ese marco, el Ministerio de Cultura y sus instituciones adscritas comenzaron a anunciar medidas de contingencia donde los eventos ya planificados para el período no serían considerados actividades de estricta necesidad. Entre las afectaciones más significativas se encuentran la cancelación —hasta nuevo aviso— de la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana y de la edición 26 del Festival del Habano, así como la suspensión de funciones en grandes teatros como el Karl Marx, el Teatro Nacional y otros espacios que albergarían presentaciones de agrupaciones artísticas. Por su parte, junto al esquema educativo de emergencia, también quedaron suspendidas las clases presenciales en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y la Universidad de las Artes (ISA). 

En paralelo, el Ministerio de Cultura anunció una “reorganización” de la programación hacia formatos comunitarios y de menor consumo energético, ajustando horarios en función de una disponibilidad eléctrica casi nula. Las explicaciones oficiales coincidieron en atribuir estas cancelaciones al desabastecimiento de combustible proveniente de Venezuela —en estrecho vínculo con “el bloqueo genocida de Estados Unidos”—. Pero esta justificación apenas esclarece la imposibilidad de garantizar el mínimo desarrollo cultural de los cubanos debido a una incapacidad estructural de larga data y a la apuesta por dependencia transnacional y extremo control interno sobre la autonomía cívica. Durante años, el Estado cubano ha evitado tomar responsabilidad en cientos de lugares patrimoniales y de valor histórico cultural.



Encabezado de perfil del Mincult. Fuente: muro de Facebook del Ministerio de Cultura (2026).



Reacciones del sector cultural y lectura crítica

Aunque la narrativa oficial insistió en que la vida cultural no se detendrá “ante la adversidad” y expresó voluntad de mantener el trabajo artístico en comunidades, así como de proteger la “identidad cultural”, las reacciones del gremio apuntaron a otros derroteros. Creadores independientes, gestores culturales y voces ciudadanas en general han señalado que la crisis energética no solo revela vulnerabilidades estructurales acumuladas, sino que también expone la fragilidad del ecosistema cultural ante decisiones centralizadas y la ausencia de mecanismos de sostenimiento autónomos.

Al respecto, ya el ODC ha subrayado la falta de transparencia en los criterios de priorización de recursos, en una gobernanza cultural sin rendición de cuentas. También se ha hecho eco de la situación de vulnerabilidad de decenas de artistas cubanos que, tras haber entregado su vida a la carrera artística, han padecido el olvido deliberado de los medios y las instituciones culturales. En las circunstancias actuales, el impacto es más desproporcionado a lo ya abordado, por ejemplo, sobre artistas independientes, técnicos, educadores y trabajadores del gremio en general, que dependen de funciones y lecciones presenciales para generar ingresos en un contexto de creciente precariedad económica.

Para comprender el alcance de una crisis que se deriva de factores tanto externos como internos y que sigue siendo instrumentalizada en sectores como el cultural, conviene situarse en el marco más amplio de gobernanza en Cuba. El modelo vigente se caracteriza por una fuerte centralización institucional, con el Ministerio de Cultura y sus entidades adscritas controlando infraestructura, financiamiento, autorizaciones y circuitos de exhibición. En este esquema, el espacio público cultural (teatros, ferias, festivales, plazas) depende en gran medida de decisiones administrativas verticales. Cuando se produce una crisis energética de gran escala, la redistribución de recursos no solo responde a criterios técnicos, sino también políticos —como ya se ha visto en otros momentos de precariedad económica—. Por ejemplo, mientras se cancelan eventos de alto alcance como la Feria del Libro, se apuesta por otros de carácter propagandístico, como el concierto “Mi Amor es un Arte de Paz”, que tiene lugar en el Pabellón Cuba, con la participación de voceros y cantautores oficialistas como Raúl Torres, Silvio Alejandro, Fidel Díaz Castro, El Kikiri de Cisneros, Roli Ávalos y Adriana Fajardo. 



Cartel promocional del concierto. Fuente: muro de Facebook del Ministerio de Cultura (2026).



En un ecosistema como el descrito, donde la contingencia apela a la necesidad de “priorizar lo esencial”, dicha definición es una operación de poder. En la práctica, los sectores vinculados a seguridad, administración central y actividades generadoras de divisas tienden a recibir prioridad sobre eventos culturales de amplio acceso público. De tal modo, la cultura es, simultáneamente, instrumento de legitimación y ámbito subordinado a la lógica de control. La tensión estructural se rompe cuando, en tiempos de estabilidad relativa, grandes eventos como la Feria del Libro permiten proyectar imagen de vitalidad institucional; pero, en tiempos de crisis, la preservación del orden y la continuidad administrativa prevalecen sobre la garantía del acceso cultural masivo.



Impactos sobre los derechos culturales

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho a participar en la vida cultural no se limita al consumo de bienes simbólicos. Incluye el acceso a espacios, la posibilidad de crear y difundir obras, y la participación en redes profesionales y comunitarias. Es de entendimiento general la profunda crisis que aqueja al pueblo cubano en la actualidad. Sin embargo, el ODC considera oportuno recordar que, con la mera restricción del acceso físico a espacios culturales por limitaciones logísticas, también se resienten las oportunidades laborales, disminuye la circulación de actividades e iniciativas y se acentúan las desigualdades entre instituciones de respaldo estatal y colectivos independientes con mínima capacidad de adaptación. En un terreno donde muchos de estos han estado sometidos continuamente a vigilancia, coerción y control, la crisis material refuerza este mecanismo y amplía la discrecionalidad administrativa.

Por tanto, el ODC urge a examinar la relación entre crisis y legitimidad. El proyecto político cubano ha sostenido históricamente una narrativa de soberanía cultural y acceso masivo a la cultura como logro revolucionario. Cuando la infraestructura básica y dependiente de contratos externos no puede garantizar la continuidad de eventos de legitimación emblemática, esa narrativa cae por su propio peso. Sirva de ejemplo la invitación a Rusia como país de honor en la Feria del Libro, ilustración del interés y la estrategia por un alineamiento geopolítico y reafirmación simbólica; un guion interrumpido por la actual crisis. 

Además, el ODC llama la atención sobre la urgente contracción estructural del ecosistema cultural. La reducción de eventos, la migración de profesionales y la precarización incrementada producen efectos devastadores con costos acumulativos en una economía gremial ya desgastada y de sobrevivencia. Supuestamente, los autoritarismos tienen como uno de sus patrones similares una fuerte capacidad de gestión ante crisis debido a la concentración de recursos en sectores de control y seguridad, a la reducción de espacios de convocatoria y al reforzamiento de narrativas externas de amenaza. En este sentido, es la cultura la parte débil del cordón, un área de disciplinamiento, cuando podría ser una esfera autónoma de deliberación y recuperación ante la crisis. 

El ODC señala cómo la cultura ocupa un lugar ambivalente en un contexto autocrático y en crisis: se utiliza como vitrina internacional en tanto las prioridades no revelen la jerarquía real de los (anti)valores institucionales. El Observatorio considera indispensable que, aun en escenarios de emergencia, se garanticen criterios transparentes de priorización, protección efectiva de trabajadores culturales y mecanismos de participación en la toma de decisiones. 

La cultura no es un accesorio postergable sin consecuencias, sino parte constitutiva del tejido social y del ejercicio pleno de ciudadanía. ¿Puede sostenerse una política cultural que depende de infraestructuras frágiles y decisiones centralizadas sin erosionar progresivamente los derechos culturales que afirma proteger? La respuesta a esa pregunta definirá no solo el calendario de próximos eventos, sino también el horizonte mismo de la vida cultural en Cuba.