En semanas pasadas circularon en redes sociales imágenes de un incendio en la iglesia de los Padres Escolapios en Guanabacoa, La Habana.[1] Según las autoridades del municipio y los propios miembros de la orden, ni el templo ni la residencia actual de los religiosos resultaron afectados. El fuego habría iniciado en varias aulas del antiguo claustro, nacionalizado por el Estado en 1961 y utilizado durante décadas por la Dirección Municipal de Educación. El episodio se inscribe en una secuencia más amplia de daños en inmuebles de valor histórico que, tras ser expropiados y pasar a la administración estatal, han quedado sin mantenimiento sostenido y terminado en ruinas.
Imagen del incendio. Fuente: muro de Facebook de Adrian Martínez Cádiz (2026).
La presencia escolapia en Cuba
Para comprender la dimensión del caso de Guanabacoa es necesario retroceder en la historia de la presencia escolapia en Cuba. Entre los colegios más importantes durante el siglo XIX en el país, destacaban los dirigidos por los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, conocidos como escolapios, piaristas o calasancios. En 1815, la orden fundó la Academia Calasancia de La Habana, en Guanabacoa, que inicialmente siguió el modelo escolar de las Escuelas Pías de Getafe, en Madrid. También abrieron centros en Camagüey (1836) y en Bayamo (1845), incluso antes de la introducción oficial de la orden (1857).
Más tarde, la orden fundó las Escuelas Pías de Guanabacoa como instituto de primera y segunda enseñanza para alumnos internos y externos. Al inicio de la República, gracias al prestigio alcanzado, inauguraron cuatro escuelas más en La Habana —una de ellas la actual Secundaria Básica José M. Heredia, en La Víbora—, además de otras en Matanzas y Pinar del Río. Estos centros no solo impartían educación formal, sino que articulaban bibliotecas, archivos, capillas y espacios de sociabilidad que formaban parte del tejido cultural local. Como ocurrió con otras congregaciones dedicadas a la enseñanza (jesuitas, lasallistas, dominicos), su infraestructura material estaba íntimamente vinculada a su proyecto pedagógico y pastoral.
El punto de inflexión llegó en 1961 con la Ley de Nacionalización de la Enseñanza. En el contexto de la radicalización del proceso revolucionario, el Estado cubano asumió el control absoluto del sistema educativo, expropiando colegios privados y religiosos. Numerosas órdenes perdieron sus escuelas, residencias y bienes asociados; y decenas de sacerdotes y religiosos fueron expulsados del país en septiembre de ese año. Aunque algunos templos permanecieron abiertos al culto, la base institucional que sostenía la labor educativa y cultural de estas congregaciones fue desmantelada y cualquier actividad fuera de la liturgia fue fuertemente restringida.
Muchas de las propiedades de la Iglesia pasaron a ministerios y continuaron funcionando como oficinas públicas. Sin embargo, la titularidad estatal no se tradujo en una política de conservación patrimonial consistente. Más bien, su uso público devino en intervenciones y cambios sustanciales en su infraestructura para hacer estos espacios más “utilitarios”. A medida que la economía del país se depauperaba, era común observar la pérdida de materiales y piezas valiosos. Estas estructuras soportaron, en suma, décadas de constante explotación, sin saneamientos ni restauraciones acordes con sus peculiaridades estéticas y estructurales.
El inmueble afectado por el incendio en Guanabacoa encarna esta trayectoria. En el caso de los escolapios, como en el de otras órdenes docentes, la nacionalización implicó la pérdida de la gestión de los inmuebles construidos o mantenidos por la comunidad religiosa. A partir de 1961 solo conservaron la iglesia y el noviciado; el resto del colegio fue empleado en distintas funciones a lo largo de las últimas décadas: escuela de música, complejo educacional, gabinete dental, comedor y oficinas de la Dirección Municipal de Educación. Incluso ocupando estos espacios, otras partes de los edificios quedaron desocupadas y en peligro de derrumbe.
Imagen del incendio. Fuente: muro de Facebook de Adrian Martínez Cádiz (2026).
Hacía más de un año que el Ministerio de Educación había abandonado las instalaciones que se incendiaron en días pasados. En ese lapso, se reportó también el deterioro de infraestructura, techos con goteras y frecuentes intrusiones derivadas en robos y vandalismo.[2] Hace varios años que la orden gestiona la recuperación del espacio o, al menos, la detención de su deterioro, pero el marco jurídico cubano no contempla mecanismos amplios de restitución de bienes expropiados a instituciones religiosas. En este sentido, aunque la Iglesia ganó mayor tolerancia en el espacio público desde la reforma constitucional de 1992, continuó operando bajo límites estrictos en materia de propiedad, financiamiento y autonomía institucional.
Ambivalencia entre protección y abandono de bienes patrimoniales en Cuba
Cuba ha suscrito pactos y convenios que amparan los derechos culturales y la protección del patrimonio. En el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que el Gobierno cubano ratifica, reconoce que “todos los miembros de la sociedad tienen derecho a participar en la vida cultural” y que el Estado debe “conservar, desarrollar y difundir la ciencia y la cultura” (art. 15).
En materia de patrimonio tangible, Cuba es parte de la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Mundial (1972) y de la Convención sobre la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial (2003). Estas normas instan a proteger los bienes culturales nacionales y facilitan la cooperación internacional para su conservación.[3] Además, la Constitución cubana de 2019 reconoce el derecho a “participar en la vida cultural” y ordena que el Estado “proteja el patrimonio natural, histórico y cultural” del país. En teoría, toda política pública debe respaldar esos principios.
Pese a ello, el cumplimiento de estos tratados choca con prácticas restrictivas en materia de cultura. La norma constitucional indica la laicidad del Estado y permite la libertad religiosa, lo que implica que instituciones como la Iglesia católica deberían poder administrar sus bienes con autonomía. Pero las leyes de nacionalización ignoraron esas garantías: la Iglesia católica jamás recuperó la mayoría de lo expropiado y regulaciones posteriores (p. ej., la Ley de Vivienda de 2012) sumaron más trabas a esta gestión. O sea, las comunidades en Cuba no pueden gestionar libremente sus bienes culturales, ya estén a su cargo, en litigio o hayan sido expropiados.
Esta tensión revela un problema estructural de derechos culturales. El patrimonio no es únicamente un conjunto de muros y techos; es también memoria social, archivo pedagógico, espacio de transmisión intergeneracional. Los inmuebles expropiados y luego abandonados producen una forma de desposesión lenta: no solo se pierde control sobre el bien material, sino sobre la capacidad de narrar y sostener una tradición cultural específica. Este es el motor más lamentable de la teoría social acerca de las “ventanas rotas”. Más allá de lo material, se inculca la aptitud de desinterés, la naturalización del irrespeto al patrimonio local y comunal, y se construye una ciudadanía desarraigada de identidad cultural.
En adición, hasta el día de hoy se perpetúa un limbo administrativo que resta a conveniencia autonomía institucional a organizaciones allende el Estado, al coactar los locales de acción se monopolizan los espacios públicos, haciendo prácticamente imposible la reunión y el desarrollo cívico fuera de lo que el Gobierno cubano ofrece. Esto se ha visto en reiteradas ocasiones, cuando religiosos, miembros de fraternidades diversas, masones, artistas e intelectuales han visto desaparecer sus iniciativas por “obstáculos administrativos”.
La pérdida patrimonial asociada a estas dinámicas debe analizarse más allá del evento puntual que nos ocupa, como un problema de gobernanza cultural. La Convención de 1972 sobre Patrimonio Mundial y la de 2003 sobre Patrimonio Inmaterial, ambas ratificadas por Cuba, reconocen la responsabilidad estatal en la identificación, protección y transmisión del patrimonio. Sin embargo, la protección efectiva requiere no solo titularidad jurídica, sino recursos, transparencia y participación comunitaria. Cuando la administración patrimonial se concentra de manera exclusiva en el aparato estatal y se excluye a actores no estatales —incluidas comunidades religiosas—, se borran los mecanismos de corresponsabilidad.
Es oportuno recordar que existen experiencias en Cuba donde inmuebles religiosos expropiados han sido restaurados y reutilizados con fines culturales bajo gestión estatal, en particular en el centro histórico de La Habana. No obstante, estos casos suelen depender de programas específicos, cooperación internacional y una institucionalidad patrimonial singular. Fuera de esos enclaves, la realidad es más precaria. La desigualdad territorial en la inversión cultural reproduce jerarquías: mientras edificios con locaciones ventajosas se convierten en vitrinas de la política cultural oficial, otros de los que dependen comunidades vulnerables son ignorados hasta sus ruinas.
Imagen del incendio. Fuente: muro de Facebook de Adrian Martínez Cádiz (2026).
El ODC enfatiza que el incendio en el antiguo espacio escolapio revela la fragilidad de un patrimonio que quedó suspendido entre la expropiación histórica y la falta de restitución. Más de seis décadas después, los efectos de la política inaugurada en 1959 siguen manifestándose en la pérdida patrimonial, en la reconfiguración de la memoria urbana y la historiografía cultural.
El ODC ha reportado en diferentes oportunidades el uso del patrimonio cultural cubano como ruta política de fachada para el Gobierno y la desatención de sitios de valor histórico-cultural. El Observatorio subraya, en consecuencia, el daño proveniente de un modelo de monopolio estatal como el cubano sobre la infraestructura cultural. Defender los derechos culturales en Cuba implica reconocer que la preservación de la materialidad cultural también exige reformas institucionales, políticas y económicas.
Notas:
[1] https://www.facebook.com/escolapioscuba.
[2] https://www.14ymedio.com/cuba/incendia-parte-claustro-escolapios-guanabacoa_1_1124734.html.
[3] Por ejemplo, la restauración del Convento de Santa Clara —financiada por fondos internacionales— se enmarca en el World Monuments Watch de la UNESCO.
