El pasado 30 de mayo, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) implementó una nueva estructura tarifaria para el acceso a datos móviles. La medida ha generado una intensa controversia en un contexto marcado por una crisis estructural y multisectorial, y en medio de una percepción generalizada de deficiencia en los servicios que presta la entidad; especialmente en cuanto a velocidad, accesibilidad y transparencia. Esta reconfiguración tarifaria profundiza las brechas estructurales en el acceso a la información, al tiempo que se suma a los mecanismos ya existentes de vigilancia digital y control de contenidos. En esta entrega, el Observatorio de Derechos Culturales (ODC) advierte también sobre las formas de coerción sociocultural que se ejercen desde la gobernanza digital en Cuba.
Capturas de pantalla del nuevo plan distribuidas en mensajería por usuarios de Telegram (2025).
En lo que supone un nuevo paso hacia la dolarización de la economía como estrategia del régimen para captar divisas, ETECSA anunció la restricción de la compra de saldo a un máximo mensual de 360 CUP en la plataforma Transfermóvil. Este monto debe cubrir un paquete básico que incluye 6 GB de navegación, 60 minutos de llamadas y 70 mensajes de texto. Una vez agotado este plan central, los clientes prepagos deberán recurrir a los denominados planes extras, de carácter ilimitado y cuyos precios oscilan entre 3,360 CUP y 11,760 CUP; o bien optar por paquetes disponibles exclusivamente en dólares estadounidenses, con costos que van de 10 a 35 USD. Ambas opciones resultan prohibitivas al superar hasta dos veces el salario promedio y/o utilizar dólares en un país cuyo principal empleador (el Estado) no paga en esa divisa.
Comparecencia televisiva de dirigentes de ETECSA. Fuente: Escambray (edición digital, 2025).
Las nuevas tarifas se imponen sin alternativas ni mediación, en abierta contradicción con lo que cabría esperar de una empresa que operara en condiciones de mercado competitivo y con respeto a sus usuarios. La medida, además, fue anunciada y ejecutada de forma abrupta, sin previo aviso, lo que constituye una violación del marco contractual vigente. En particular, incumple la cláusula 19 del contrato de prestación de servicios, donde ETECSA se compromete a informar con al menos treinta días naturales de antelación cualquier modificación en las condiciones del servicio.
Más que una decisión técnica o comercial, la implementación de estas tarifas revela una maniobra oportunista que se aprovecha del desconocimiento y la precariedad de usuarios que ya deben ahorrar su consumo digital. ETECSA, sin embargo, ha justificado estas medidas como “estrategia comercial”, apelando al “endurecimiento del bloqueo” y presentándolas como necesarias para garantizar la sostenibilidad del servicio y mejorar la infraestructura tecnológica.[1] Sin embargo, el diseño y la responsabilidad operativa de una entidad que muchos cubanos perciben como un órgano de carácter paramilitar, así como el perfil socioeconómico específico al que parecen dirigirse estos cambios de normativa, sugieren lecturas alternativas que merecen ser examinadas en el contexto autocrático de la Isla.
ETECSA: la caja negra del Estado cubano
Como única empresa autorizada a prestar servicios de telefonía móvil e internet en Cuba, ETECSA no solo ostenta el monopolio de la conectividad, sino también un control estructural sobre la información. En calidad de brazo operativo del aparato estatal, su rol excede el de una empresa de telecomunicaciones convencional: se erige como un actor central en la arquitectura de la gobernanza digital del país.
Entre las principales evidencias contra el opaco accionar de la empresa se encuentran varias regulaciones del espacio digital y de mensajería, en coordinación con el Departamento de Seguridad del Estado; entre ellas:
- la interrupción sectorial y condicionada del servicio de datos móviles, asociada a la emisión de protestas ciudadanas y otros eventos públicos que deslegitimen las políticas del régimen;
- el bloqueo del acceso a redes para clientes que hayan mostrado opiniones disidentes al mensaje oficial;
- el filtrado de SMS y vigilancia de “palabras clave” que incluyan nomenclatura “subversiva” para las autoridades como “democracia”, “libertad”, “derechos humanos” o “huelga”, sobre todo en contextos sensibles como vísperas de elecciones o plebiscitos.
- la restricción al acceso de unos 40 portales de medios independientes y observatorios, entre otras iniciativas “incómodas” para las autoridades cubanas;
- la vigilancia masiva con inspección profunda (Deep Packet Inspection-DPI) para monitorear y filtrar tráfico web; y
- el “estrangulamiento” de la conectividad (throttling), donde se reduce el ancho de banda para obstaculizar la navegación, difícil de diferenciar con “problemas técnicos”.
Este patrón de censura ha sido confirmado por reportes técnicos de organizaciones como Freedom House, Human Rights Watch, Observatorio Abierto de Interferencias en Internet (OONI) y Access Nowy la Comisión de la ONU para la libertad de expresión, que han documentado ampliamente las actuaciones del organismo en cuestión, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos. Los ejercicios que ETECSA brinda a la Seguridad del Estado demuestran su naturaleza paramilitar al impedir coberturas de ejercicios ciudadanos, asistir a la desarticulación de iniciativas a partir de la incomunicación, criminalizar la disidencia mediante la exposición de datos personales, etc. Así, el siguiente cuadro muestra algunas de estos métodos:
Palabras censuradas por ETECSA en mensajes de texto, prueba de usuarios. Fuente: CiberCuba (2021).
El vínculo paramilitar entre ETECSA y la contrainteligencia cubana es recíproco. En línea con un corpus penalista de violencia institucional adoptado por otras autocracias —como Rusia, Nicaragua y Venezuela—, el Estado cubano ha establecido un marco legal para la vigilancia y la restricción digital mediante el Decreto-Ley 35, firmado apenas un mes después de las protestas del 11J. Esta normativa blinda jurídicamente al único proveedor de telecomunicaciones del país, mientras lo obliga a “interrumpir, suspender o cancelar” los servicios ante publicaciones en redes sociales que “afecten la moral pública […] o el orden público”. Asimismo, estipula que la empresa debe facilitar a las autoridades de seguridad toda la información y servicios que estas requieran. [2]
Aunque estas disposiciones parecieran ubicarse dentro del marco legislativo de ciberseguridad internacional, en la práctica consolidan la subordinación de ETECSA a dispositivos represivos de corte autoritario, con implicaciones directas en la seguridad personal de los ciudadanos cubanos. Ejemplo de esta confabulación fue la condena aleccionadora, a 15 años de privación de libertad, impuesta a Mayelín Rodríguez Prado por transmitir en vivo los abusos policiales durante las protestas en Camagüey en agosto de 2022.
Como ha señalado el ODC en otras ocasiones,[3] los creadores digitales también enfrentan hostigamiento constante según los contenidos que publican. El caso más reciente involucra a los artistas bellz._.idk696 y ernespool, exponentes del neorreparto, quienes fueron interrogados y amenazados tras difundir una canción satírica sobre el tarifazo de ETECSA, que se volvió viral con frases como: “cambio mi casa por un paquete de datos […] una libra de pollo por una llamadita […] soy artista, vendo viandas, si no muero en el proceso”.
Capturas del video realizado por Carlos Alejandro Campos Cruz y Ernesto de Jesús González Fleitas, ambos artistas urbanos. Fuente: Cubanet (2025).
Otras tácticas que complementan el cerco facilitado por ETECSA para las campañas de difamación digital orientadas a la criminalización de rostros y proyectos conocidos en las redes incluyen hackeos de cuentas y el robo de credenciales, entre otros ejercicios. En conjunto, estas acciones no solo revelan una estrategia empresarial articulada con fines de control ciudadano, sino que apuntan además a una dimensión económica del cerco: la dolarización del acceso a datos móviles opera como una nueva forma de exclusión “natural”, que restringe el uso digital en un contexto de creciente indignación ciudadana.
Internet como espacio público “libre” dentro de autocracias
En Cuba, a pesar de la mediación digital por las infraestructuras estatales y regulaciones paramilitares a las que nos hemos referido, el activismo ha sabido usar el potencial de internet como espacio libre para la acción simbólica y la articulación colectiva. En este rigor, el ODC ha acompañado expresiones culturales alternas que han encontrado en este espacio una forma práctica de ejecución. Vale recordar que la apertura de internet móvil en Cuba, hace menos de una década, ha permitido el surgimiento de una escena cultural contestataria que, en línea, ha tenido más capacidad de convocatoria y resultados que muchos de los proyectos oficiales en físico.
Espacios digitales han acogido a artistas independientes y sus iniciativas, así como articulaciones para el seguimiento de violaciones a los derechos culturales y campañas de acompañamiento para artistas vulnerados. Ejemplos de ello lo constituyen el Movimiento San Isidro, el Museo de la Disidencia en Cuba, el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, el colectivo 27N; que, integrados por creadores, intelectuales y ciudadanos en general, alcanzaron a difundir sus reclamos coordinados a través de redes sociales y garantizar reconocimiento internacional en un panorama que tradicionalmente ha acallado a voces alternas. Internet ha sido también el espacio de reunión y aviso para muchas otras iniciativas cubanas con foco animalista, ambiental y comunitario, allende las instituciones oficiales.
Encabezado del Museo de la Disidencia en Cuba. Fuente: lmoastudio.com (2025).
Algunas ventajas del espacio digital que han garantizado la postura independiente dentro del contexto autocrático son: su estructura descentralizada, la proliferación de plataformas interactivas y la relativa baja barrera de entrada para la creación y circulación de contenidos, que permiten a actores disidentes inscribirse en el espacio público de manera no mediada por instituciones oficiales. En suma, este nuevo espacio público ha servido para resistir las lógicas jerárquicas del poder centralizado y favorecer formas de expresión transversales, efímeras y reconfigurables. Para ciudadanos que conviven en regímenes de excesivo control estatizado, internet no es solo un canal técnico, es un lugar de disputa sobre la visibilidad, la sensibilidad y la legitimidad cívica.
En Cuba este caso ha sido ampliamente expuesto por artistas, memeros, creadores de contenido, investigadores y periodistas independientes, que desafían la narrativa oficial mediante la música contestataria, el arte satírico, la literatura y la investigación revisionista, los memes virales, el periodismo ciudadano, entre otras expresiones que han ofrecido un canal para la identidad colectiva y la crítica social. Es preciso, entonces, imaginar internet no solo como medio, sino como medioambiente político-discursivo, donde gremios contestatarios no solo expresan una crítica, sino también ensayan formas alternativas de existencia y de comunidad.
Consecuencias de la penalización tarifaria sobre la autonomía ciudadana y el desarrollo nacional
La nueva “mordaza” de la dolarización en el consumo de datos configura un aprendizaje del propio gobierno cubano a la hora de lidiar con las expresiones antes comentadas. Se entiende como una profesionalización de los brazos ejecutivos como ETECSA en la exclusión y vulneración de derechos fundamentales. El nuevo esquema de preciosprofundiza una brecha de acceso que obstaculiza tanto la creación como la participación cultural, en un entorno ya marcado por múltiples desigualdades estructurales. Esta segmentación digital reproduce patrones de exclusión que atraviesan clase, generación, geografía y tipo de ocupación, afectando de forma desigual el derecho al acceso a la información y a la participación en la vida digital.
Como en otras esferas de la economía nacional, la lógica rentista y desentendida del Estado cubano ha priorizado la captación de divisas por encima del acceso equitativo a bienes y servicios o de cualquier compromiso redistributivo sostenido. Esta estrategia, orientada a la supervivencia financiera del régimen, revela una tendencia creciente al extractivismo monetario, donde el acceso a servicios esenciales se subordina a la capacidad de pago en divisas extranjeras. En este marco, la administración ha profundizado un modelo que convierte a los residentes en la Isla en rehenes estructurales de la economía transnacional, forzando la dependencia de remesas desde la diáspora para garantizar el mínimo acceso material. Este esquema reproduce un orden cada vez más desigual, explotativo e ineficiente, cuyas consecuencias se agravan ante el colapso de los servicios básicos —resultado de décadas de desinversión—, con efectos letales sobre el desarrollo humano y la sostenibilidad social del país.
Hoy día, dada la profesionalización de la esfera artística independiente, cada vez más interconectada a nivel global, las restricciones tarifarias de ETECSA implican limitaciones serias para el gremio. Tal como han advertido diversos colectivos culturales y profesionales, estas nuevas restricciones afectan incluso a trabajadores del sector estatal, muchos de los cuales sufragan de su bolsillo las disposiciones del trabajo a distancia. Trabajos de creación digital, de promoción cultural, educativos, periodísticos y académicos, entre otros muchos, dependen de un consumo considerable de datos, sobre todo por disfunciones en un servicio crónicamente lento y por el uso obligado entre los recortes de electricidad, ventanas de tiempo que se vuelven horas picos de consumo. Entre los impactos más directos para el desarrollo profesional de la esfera cultural, se encuentran:
- limitaciones para el trabajo remoto, en un circuito que ha migrado a esta modalidad dada la baja disponibilidad de energía eléctrica en instituciones oficiales;
- restricciones para formas de difusión digital como transmisiones en vivo de eventos y otros formatos que amplifiquen el quehacer cultural;
- obstáculos para las descargas/cargas de libros bajo revisión editorial, formato preferido desde hace años debido a la escasez de recursos para imprimir planas bajo corrección;
- impedimentos para aplicar y/o colaborar con proyectos internacionales artísticos o de enseñanza en un marco cada vez más internacionalizado e interconectado; y
- trabas para la descarga y uso de programas y contenidos especializados.
El acceso estable y seguro a internet no es, por tanto, un privilegio en el sector residencial para aquellos que buscan entretenimiento. Emprendedores, comerciantes, artistas, músicos, realizadores audiovisuales, periodistas independientes y todo tipo de creadores de contenido digital dependen en gran medida del acceso continuo a redes sociales, a plataformas de difusión (YouTube, Instagram, TikTok), así como a aplicaciones de mensajería y videollamadas; mecanismos todos de alto consumo de datos.
El acceso a internet es, entonces, un derecho en temas de comunicación, información y desempeño profesional. Así como por años el funcionamiento de instituciones oficiales ha estado en parte relegado por la gestión privada de la conectividad de sus subordinados, ha sido también el caso de estudiantes que deben invertir en precios ya elevados para su desarrollo académico en la descarga de tutoriales y materiales de estudio e investigación.
De este modo lo advierten la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA), las facultades de Comunicación, Química, Matemática y Computación, Psicología, Filosofía, Historia y Filosofía, entre otros institutos anexos a la Universidad de la Habana; también espacios y proyectos como la Casa Productora de Audiovisuales para el Activismo Social “Proyecto Paloma”, la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba (EDEC), miembros de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y periodistas de medios oficiales, entre otros. Igualmente, medios ubicados en el exterior han mostrado su preocupación ante una mayoría de lectores y profesionales culturales que consumen su contenido desde la Isla. Sin embargo, en un ecosistema tan contaminado como el cubano, y tras décadas de intervención estatal sobre la agencia ciudadana, estos reclamos de órganos normalizadores de la autocracia han sido recibidos con suspicacia y bajo sospecha de ser mecanismos de fuga para orquestar una opinión crítica inexistente.
Aunque abordáramos la generalidad de colectivos como el tejido general de la nación bajo autocracia, la creciente desigualdad social en el país muestra restricciones diferenciadas. Medidas como la analizada provocan específicamente una merma en la producción cultural independiente: muchos creadores renuncian a explorar temas polémicos, sátira política o estéticas “inconvenientes” por autocensura o falta de medios para ello. El resultado es un entorno artístico empobrecido y homogenizado. El inacceso a espacios digitales en un mundo interconectado llega a borrar memorias históricas y narrativas alternas en tanto el mensaje es dominado por las autocracias —como ya hemos venido advirtiendo en otras entregas de ODC—, donde se expone la apropiación del patrimonio nacional, material y simbólico.[4] Cualquier limitante en este sentido obra en beneficio de la dominación, minimiza la crítica social, dificulta la expresión colectiva de descontento y fragmenta la comunicación horizontal entre ciudadanos.
En conclusión
Las autocracias digitales como Cuba persiguen este tipo de clausura de la autogestión digital estableciendo entramados legales, “dificultades” técnicas y gravámenes tarifarios. En este contexto, la nueva estructura tarifaria de ETECSA no puede analizarse de forma aislada. El reciente aldabonazo forma parte de una política más amplia de control digital, exclusión económica y desmovilización simbólica. La combinación de precios prohibitivos, mecanismos legales represivos y vigilancia tecnológica configura un ecosistema digital profundamente restrictivo, en el que el acceso a la información, la creación artística y la organización política se ven demasiado comprometidos. Frente a este escenario, el Observatorio de Derechos Culturales rechaza el accionar de ETECSA, no como un simple proveedor de internet, sino como pieza estructural en el andamiaje que obstaculiza la conectividad e inhabilita la libre expresión y el ejercicio de derechos socioeconómicos en Cuba.
El ODC recuerda que, si bien la ciudadanía cubana ha demostrado ingenio y resiliencia sorteando restricciones a través de VPN y otras estrategias, el espacio digital —en un país donde la capacidad de reunión está altamente controlada— sigue siendo selectivo, restringido y cada vez más vulnerable. Por ello, resulta urgente visibilizar y respaldar las prácticas digitales de artistas, activistas y técnicos que, hasta hoy, han sido eficaces en articular redes de apoyo comunitario, tanto desde expresiones culturales como mediante asistencia humanitaria a grupos en situación de vulnerabilidad.
El ODC exige garantías mínimas de acceso, privacidad y libertad digital que permitan descentralizar el control, democratizar las redes y reconocer el acceso a internet como una prerrogativa cultural. El Observatorio respalda el uso libre de internet como un derecho fundamental y demanda reformas profundas que conviertan su acceso en un verdadero servicio público para la población cubana y no en un instrumento contra ella.
Notas:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=AomMB-iVc0c.
[2] https://www.hrw.org/es/news/2021/08/25/cuba-decreto-de-telecomunicaciones-cercena-la-libertad-de-expresion#:~:text=telecomunicaciones%2C%20incluyendo%20el%20internet%20y,cancelen%20sus%20servicios%20cuando%20un.
[3] https://hypermediamagazine.com/sociedad/a-quien-pertenece-la-hegemonia-cultural-en-cuba/.
[4] https://hypermediamagazine.com/sociedad/reapropiaciones-de-lo-politico-en-cuba-iii-el-reciclaje-de-figuras-y-terminos-en-la-narrativa-oficial/.
Cómo me convertí en disidente
Por Andréi Sájarov
Andréi Sájarov relata cómo pasó de ser un científico clave del programa nuclear soviético a convertirse en un firme defensor de los derechos humanos y la libertad de conciencia.
