Hace unas semanas, el centro cultural Fábrica de Arte Cubano (FAC) en La Habana se vio envuelto en una agria polémica por un presunto acto de discriminación en su puerta. La controversia estalló cuando Alejandro Bridón Mesa, un joven cubano afrodescendiente, denunció en redes sociales que la seguridad de FAC le negó la entrada a él y a dos amigas bajo el argumento del “derecho de admisión”, sin explicación alguna. Según su testimonio, antes de ellos habían ingresado sin problemas visitantes caucásicos o extranjeros, pero, al llegar su turno, un empleado les impidió el paso apoyándose en esa cláusula de admisión. En su comunicado, Bridón calificó el trato como “humillante y excluyente”, señalando que otra mujer negra solo pudo entrar tras aclarar que no era cubana, lo que, en su opinión, reforzó la percepción de discriminación.
La queja se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, generando un intenso debate sobre el uso del derecho de admisión en espacios culturales cubanos. De inmediato, las opiniones se polarizaron: muchos se solidarizaron y denunciaron el racismo estructural en Cuba, mientras otros defendieron a FAC y a la familia Alfonso (gestores del espacio, liderados por el músico X Alfonso), argumentando que pudo tratarse de un malentendido.
Expresiones de apoyo a FAC. Imagen: muro de Facebook de Joseph Eldelosvideos (2026).
Reacciones oficiales y réplica de la familia Alfonso
El incidente también tuvo eco desde las instituciones culturales del Estado cubano. El Instituto Cubano de la Música, por ejemplo, emitió el 31 de diciembre una nota oficial, luego difundida por medios estatales como Cubadebate y Granma, en la que reconocía un “mal manejo del derecho de admisión” en FAC, exigiendo medidas disciplinarias contra el trabajador implicado, tras asegurar que investigaría el caso.
Sin embargo, el comunicado iba más allá al condenar “la absurda utilización del derecho de admisión” en perjuicio de jóvenes cubanos y al firmar que la “Revolución no permitirá impunidad en hechos como este”, subrayando su “profundo compromiso con la igualdad y la justicia social”. El Instituto insinuó, asimismo, que elementos “contrarrevolucionarios” habrían manipulado el incidente para desacreditar a las instituciones culturales y “sembrar división” en el pueblo. Posteriormente, funcionarios del Centro Nacional de Música Popular visitaron a Bridón en su domicilio para explicarle que no se había tratado de racismo institucional, sino de la decisión arbitraria de un empleado, afirmando que el joven había quedado satisfecho y sin intención de denuncia formal.
Cola de entrada a FAC. Imagen: CubaUnBound (2025).
Por su parte, la reacción de X Alfonso, mánager principal del espacio, no se hizo esperar. El 1 de enero de 2026 publicó una contundente carta abierta dirigida al Ministerio de Cultura y al Instituto Cubano de la Música, que luego sería difundida en redes sociales. En ella, X Alfonso confirmó que había hablado directamente con Bridón, explicado que todo había sido un malentendido al confundirlo con otra persona buscada por robos dentro de FAC y pedido disculpas. Asimismo, defendió la política de FAC aclarando: “[…] el derecho de admisión en FAC se utiliza única y exclusivamente para evitar el acceso a personas con incidencias delictivas en el propio espacio (ladrones, acosadores, gente violenta) o en evidente estado de embriaguez o drogas, que pongan en riesgo la seguridad del resto”.
Según X Alfonso, ese filtro se aplica de forma interina para proteger al público porque las autoridades nunca atendieron las denuncias de FAC sobre personas problemáticas merodeando fuera del local. En este rigor, el músico arremetió contra la narrativa oficial: “La campaña oficial intenta desacreditarnos acusándonos de ‘racistas’. Es surrealista. No voy a entrar en ese juego… Esto no va de racismo, mi hermano”. Con su declaración, Alfonso reveló el trasfondo de tensiones entre FAC y el Ministerio de Cultura al señalar que, en realidad, el caso expuso el racismo estructural que persiste en Cuba y que las autoridades prefieren ignorar: “Somos una espina en el zapato del Ministerio de Cultura desde julio de 2018. Cada semana es lidiar con absurdos, censuras y falta de diálogo… Tienen el poder de cerrar físicamente este local, pero no podrán apagar lo que es este proyecto ni las voces de quienes estamos involucrados”.
Terraza de FAC. Imagen: muro de Facebook de FAC (2025).
El “Derecho de Admisión” como herramienta de exclusión en Cuba
El candente debate en torno a FAC pone bajo la lupa la figura legal del “derecho de admisión” en Cuba. Este concepto —legítimo en principio para que un espacio privado o estatal limite la entrada a quienes incumplen normas de conducta o seguridad— ha sido empleado en la Isla con un matiz muy diferente y lejos de la simple eventualidad de un código de vestir errado.
La justificación institucional que, en el caso FAC, la propia institución repudia, ha sido manejada como un mecanismo discrecional de exclusión, a menudo con trasfondo político o discriminatorio. Un breve repaso de su aplicación (formal o de facto) expone este patrón de violencia burocrática amplificada en la esfera cultural, donde las instituciones han impuesto vetos y restricciones alineadas con el poder autoritario:
1. Durante años, los paneles mensuales de debate organizados por la revista oficial Temas (“Último Jueves”)ofrecieron un espacio relativamente plural dentro de los límites permitidos. Sin embargo, también allí operó la exclusión silenciosa negando la entrada a ciudadanos ligados al activismo, a la academia o al periodismo independiente por parte de agentes que controlaban quién podía asistir como público, aduciendo incluso excusas como “cierre por capacidad”. Esta exclusión informal como extensión del derecho de admisión donde la burocracia cultural, apuntalada por los agentes de la Seguridad del Estado, vigilaba el debate, fue descrita por intelectuales cubanos como Armando Chaguaceda o Boris González Arenas como un “ágora Potemkin”: una puesta en escena de debate autorizado, pero sin verdadera apertura.
2. Durante la inauguración de la XII Bienal de La Habana (2015), a la artista-activista Tania Bruguera se le impidió entrar al Museo Nacional de Bellas Artes poco después de haber sido arrestada por reeditar el performance El susurro de Tatlin, donde convocó a los cubanos a expresarse en tribuna libre en la Plaza de la Revolución, en el propio marco del festival. En esa ocasión, la policía política negó su acceso al museo, en cuya colección permanente figura incluso una pieza suya.
3. En junio de 2022, la presentación en Cuba del trovador Pablo Milanés derivó en polémica por la distribución restringida de entradas en el Teatro Nacional. Al abrirse la taquilla, la venta al público duró menos de una hora para luego comunicar que la mayor parte de los asientos habían sido reservados para “organismos” oficiales ministeriales. El llenado artificial de público con individuos confiables por encima de los propios aficionados ha sido una estrategia de admisión controlada para eventos “conducidos” en países como Corea del Norte o Rusia. En Cuba, bandas extranjeras o nacionales que pudieran resultar polémicas han sido recibidas en primera fila por miembros de instituciones educativas y organizaciones de masa como un público fabricado para garantizar una especie de “cinturón de seguridad”.
4. En septiembre de 2025, el concierto “masivo” de Silvio Rodríguez fue organizado supuestamente para los estudiantes universitarios que habrían protestado por las políticas extractivistas de la empresa de telecomunicaciones ETECSA. Sin embargo, en medio de una de las crisis energéticas más profundas del país y mientras la mayor parte de la capital permanecía a oscuras, el escenario se dispuso de cara a la escalinata universitaria dando la espalda al resto del espacio público. En paralelo, se desplegó un amplio operativo policial que bloqueó accesos al campus y los asistentes debieron pasar controles de entrada nada habituales para este tipo de presentaciones “públicas”.
Asistentes al concierto de Silvio Rodríguez en el espacio de la escalinata. Imagen: CubaInformación (2025).
5. En múltiples espacios privados, como galerías y sedes de proyectos independientes, el “derecho de admisión” ha sido utilizado por parte de la Seguridad del Estado encargada del ramo cultural incluso en contra de la voluntad de sus dueños y gestores. La casa-galería El Círculo, la sede del Movimiento San Isidro —domicilio del artista Luis Manuel Otero Alcántara—, la sede de INSTAR gestionada por Tania Bruguera, la Peña del Júcaro Martiano —domicilio del escritor Rafael Almanza— han sido constantemente hostigados y canceladas sus actividades bajo asedios, amedrentamientos, bloqueos policiales y mítines de repudio convocados por la contrainteligencia.
En suma, abundan los ejemplos donde el espacio cultural oficial ha cedido protagonismo a agentes de seguridad y de la policía política para administrar el acceso y consumo cultural bajo el supuesto derecho de admisión, echando mano de medidas logísticas (acceso limitado, invitaciones dirigidas) y represivas (cordón de bloqueo policial). Por tanto, en Cuba, esta noción trasciende el mantener el orden en un local para convertirse en un instrumento de control sociopolítico donde la burocracia cultural estatal y los cuerpos de seguridad actúan de la mano para filtrar la participación ciudadana en la vida cultural: artistas críticos son vetados de museos, activistas quedan fuera de debates públicos, el público independiente es marginado de conciertos y las multitudes se tamizan.
La figura del “derecho de admisión” en la gobernanza cultural autoritaria y la hipocresía del Estado cubano
Lo que ocurre en Cuba se inscribe en un fenómeno más amplio de los regímenes autoritarios contemporáneos. Tras el final de la Guerra Fría, muchas autocracias aprendieron a manejar la esfera pública con sutileza: permiten ciertos “espacios de debate” o expresiones culturales bajo condiciones controladas escenográficamente, como válvulas de escape o vitrinas hacia el exterior, pero sin traducir esa apertura en un derecho efectivo para la población general.
En Rusia, China o Medio Oriente, el bloqueo al acceso cultural ha sido más creativo: cancelaciones “por seguridad”, inspecciones, revisiones o sanciones administrativas han sido impuestas por criterios tan elaborados como “protocolo contra incendios” (ej. Gulag History Museum, 2024) en aquellos espacios que han albergado actividades incómodas al statu quo. A ello se añaden cortes de electricidad, entre otras “dificultades técnicas”, confiscación de medios de trabajo y contratos de “audiencia mínima” (ej. Beijing Film Festival, 2013). Otra forma de coactar la admisión de forma aparentemente legal ha sido la acreditación como filtro político, límites de presupuesto oficial y acompañamiento negado en frontera nacional (27.ª “Conferencia de las Partes”, 2022).
En el caso cubano, la figura del derecho de admisión se convierte en un eufemismo que alimenta estas tácticas de segregación. Lo que debiera ser una prerrogativa limitada se expande arbitrariamente a criterios de perfil ideopolítico o simplemente por “conveniencia” del momento. Cabe recordar que instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Artículo 27 de la Declaración Universal o el Artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural de su comunidad. En Cuba, la Constitución proclama la igualdad y condena la discriminación, si bien en la praxis autoritaria ha prevalecido una cultura política de exclusión por conveniencia.
Cabe señalar, además, que el derecho de admisión en democracias funcionales está acotado por la ley —no se puede usar para discriminar por raza, género, ideología, etc.— y suele aplicarse únicamente por razones objetivas (aforo completo, conducta violenta, códigos de vestimenta claramente establecidos, etc.). Sin embargo, en los entornos políticos cerrados, esas fronteras legales son difusas: el Estado, al ostentar el monopolio de la cultura, se atribuye el poder absoluto para decidir quién “merece” participar de la vida cultural. Los vacíos legales y zonas grises donde prospera la arbitrariedad son así recreados en beneficio de estas gobernanzas.
En conclusión, el debate suscitado por lo ocurrido en FAC trasciende ya el incidente mismo, pero sirve para iluminar las carencias y contradicciones de la burocracia cultural cubana. El caso desnuda una evidente doble moral por parte de las autoridades cubanas: el Ministerio de Cultura y sus instituciones se apresuraron a condenarla por un acto puntual de discriminación, pero esa indignación contrasta con su propio historial de prácticas excluyentes sostenidas en el tiempo.
Así, la posición hipócrita de las autoridades culturales cubanas queda expuesta: predican inclusión mientras practican la exclusión; condenan el racismo puntual a la par que niegan el racismo sistémico; claman por justicia social mientras reproducen privilegios y castigos políticos en la cultura. La dicotomía aparentemente casual de este debate ofrece el escenario básico del blanqueo histórico de términos legales y culturales en beneficio de una narrativa e interpretación autocrática dominante. Un mecanismo que ha mantenido en estado de indefensión a numerosos artistas cubanos y a su público.
Desde el ODC condenamos esta manipulación como una práctica sistemática que vulnera la libertad de expresión, la participación en la vida cultural y el derecho a la reunión. El Observatorio continuará haciendo una revisión cercana y denunciando el filtrado político de públicos, así como exigiendo garantías verificables para el ejercicio del arte independiente sin coerción, incluida la no represalia a organizadores y asistentes. Además, recordamos la gran necesidad de mecanismos de rendición de cuentas —nacionales e internacionales— para investigar estas prácticas y reparar a quienes han sido excluidos, hostigados o criminalizados por ejercer derechos culturales básicos en Cuba.
