Tengo una duda honesta. Con “honesta” me refiero a que no es un recurso retórico, sino una pregunta de la que, sinceramente, no conozco la respuesta.
Aunque espero que alguien la tenga, lo único cierto es que no he conseguido encontrar ni siquiera a alguien que también se la esté haciendo. Y me parece preocupante. ¿Cómo puede ser que nadie (o casi nadie) esté haciendo notar que, en la cuestión de Cuba, con negociaciones o sin ellas, se siga dejando fuera a la sociedad civil cubana, a la emigración, a los opositores y a los ciudadanos cubanos en general?
No me refiero al gobierno norteamericano, mucho o menos al gobierno cubano, del que no espero nada bueno. Me refiero a la ausencia de esta aspiración en los ciudadanos cubanos, los de adentro y los de afuera. En especial, a todas las voces intelectuales y mediáticas que han tratado el tema: ¿cómo puede ser que, entre tantas aristas de análisis, entre tantas ideas inteligentes, nadie esté reclamando que en todo este tema de la transición o de la capitulación (como se quiera enfocar) no se incluya a algún representante de sus intereses?
Llámenme iluso si quieren, pero, ¿no es esta una decisión que va en contra de los propios objetivos que se quieren alcanzar, de la transición a la democracia? ¿No es una razón más para el posible fracaso de las acciones contra la dictadura?
Y es que, en una balanza coste-beneficio, me parece bastante evidente que sería un paso en el que tendríamos mucho que ganar y poco que perder. Tampoco se trata de querer que las cosas sean perfectas. Se trata de sentar los fundamentos mínimos que permitan que una transición pueda “ponerse en pie” y “caminar” por sí sola.
Mi duda no tiene una base moral, ni ideológica. No se trata de pedir unos “derechos” que no se tienen, ni de defender la importancia de hacer lo “correcto”. Estoy de acuerdo en que, en la situación actual de Cuba, estas dos ideas, “legalidad” y “hacer el bien”, no pueden ser más que alucinaciones. Mi duda tiene un fundamento más profano, práctico. Se basa en que hay cuestiones sin las cuales simplemente una transición tiene más posibilidades de fracasar. Unas condiciones que son, más que nada, convenientes.
En primer lugar, tenemos la cuestión del interés propio. Ni al secretario de Estado Marco Rubio, ni mucho menos al presidente Donald Trump, les interesa lo que vaya a ocurrir en Cuba dentro de tres años, cuando haya terminado su mandato. O, como mucho, dentro de diez o quince años, cuando hayan acabado la carrera política del primero y la existencia física del segundo.
Solo a nosotros nos interesa. Entiendo la urgencia y entiendo el presupuesto de base. Estoy de acuerdo con la máxima de que, en el caso de Cuba, cualquier cambio es mejor que ningún cambio. Precisamente por eso, dejar la cuestión exclusivamente en manos de dos gobiernos ajenos me parece, como mínimo, tentar la suerte.
¿De verdad alguien puede estar seguro de que los intereses ciudadanos están alineados con los de dos actores que ahora se encargan del asunto en exclusivo? Y si están de acuerdo conmigo, pero consideran que es un sacrificio, una dejación indispensable para el cambio, entonces, ¿por qué creen que costaría tanto? ¿Cuáles son esos esfuerzos y esos riesgos tan grandes que esta aspiración traería consigo?
Al menos yo no consigo verlos. ¿De verdad hay que creer que exigir la inclusión de los ciudadanos es ponerse en contra del cambio en Cuba? ¿Sería eso, entre todos las inconvenientes que puedan aparecer, lo que produciría el fracaso?
En un inicio, la presencia ciudadana no tendría que ser siquiera en la misma mesa, ni siquiera en el mismo país. Bastaría, por ejemplo, con el gesto de unos encuentros periódicos, para poner al día a la opinión pública, para recoger propuestas. Hacer alguna acción mínima que le diera un viso de legitimidad y de presencia a los cubanos de “la otra Cuba”, como nos llamó con acierto el cineasta exiliado Orlando Jiménez Leal.
En segundo lugar, tenemos la cuestión de la eficiencia y de las garantías de cambio. La transición, si es que ha empezado, va a durar más que unos meses, más que unos años.
Dentro de poco tiempo, el gobierno de los Estados Unidos cambiará. No sabemos hacia dónde, pero habrá un nuevo presidente y un nuevo secretario de Estado, que pueden o no tener las mismas ideas que sus predecesores, a menos que lleguemos a la improbable situación de una negociación entre dos dictaduras.
¿Qué pasará entonces? ¿No sería mucho mejor si estuviera ahí una representación de la oposición cubana, como observadora al menos, para que ayudase a dar continuidad a los compromisos y empujara a retomar los puntos de avance? De lo contrario, sería recomenzar todo de cero y eso es lo que más desearía el régimen cubano: acomodarse en la inercia, como ha hecho hasta ahora.
En tercer lugar, tenemos una cuestión que podríamos llamar de constitución de los actores del cambio. Toda nuestra generación es absolutamente analfabeta en cuestiones de gestión de la democracia. Vendría bien irnos ejercitando en ella. El que crea que es mejor dejarnos vivir esta situación, como a un niño al que le traen un regalo, no se da cuenta que será después ese mismo actor pasivo, desarticulado, ingenuo, al que le tocará liderar y conservar una democracia de la que nunca fue productor.
En sus más de doscientos años de existencia, la unidad del Estado-Nación moderno no se ha consolidado tanto por la buena gestión de los gobernantes, sino por la sensación de participación de los gobernados. No en el día a día, sino en la gesta mitológica que todas las historias nacionales tienen en su base.
Fidel Castro maniobró muy bien los acontecimientos y su longevidad en el poder se debió en gran parte a su capacidad para hacer que “el pueblo revolucionario” se sintiera héroe de una gesta trascendental, protagonista, “dueño de su historia” y de todas esas leyendas que acostumbraba a reproducir el aparato mediático.
Se pueden decir muchas cosas al respecto, salvo que no funcionaba. Montesquieu, en el otro lado del espectro, decía que lo más importante para una democracia era que el pueblo creyera. Y no hay creencia más importante en política que la creencia de un “pueblo” que se constituye a sí mismo en ciudadanía, liberándose.
En cuarto lugar, tenemos la cuestión de que puede ser lo más productivo. La inclusión de una representación de la sociedad civil en este proceso, por sí misma, en el peor de los casos (que no ocurriera nada más), ya sería un avance político para la oposición cubana. La reactivaría a un nivel que no se ha visto en décadas. Implicaría debates, expectativas, réplicas y contrarréplicas, exigencias, alianzas: en fin, actividad política, entusiasmo.
Quién sabe qué puede ocurrir a partir de ahí. En el escenario más optimista, tributaría a la formación de una hoja de ruta para una transición más o menos definida y a la organización de posicionamientos políticos concretos a su alrededor. En el peor de los casos, al menos ayudaría a la formación de un lenguaje común propio (algo que necesitamos dramáticamente) y a constituir referencias políticas compartidas.
En quinto lugar, queda la cuestión más importante. La integración de una representación cubana no gubernamental sería ya el primer paso real de la transición. Después de la liberación de los presos políticos, la medida más urgente para una transición en Cuba es el reconocimiento explícito de la oposición al gobierno, incluso antes de la promesa de unas elecciones libres o de la libertad de asociación.
La aceptación explícita del régimen cubano de la existencia de actores políticos no gubernamentales es imprescindible y es la primera condición para que ocurra todo lo demás. ¿De qué sirven unas elecciones sin partidos? ¿De qué sirven unos partidos sin derecho a interactuar con la ciudadanía? ¿De qué sirve una conversación entre ciudadanos y activistas, si no se les reconocen a estos una dimensión política (la capacidad real de cambiar las cosas o al menos de abogar por ellas)?
Esto es diferente al caso de Venezuela, donde, aunque fuera reprimida, apartada y anulada, la oposición existía legalmente y era reconocible para la mayoría de los votantes. En Cuba, no.
Nada le teme más el gobierno cubano que a la organización legal de la disidencia, a su presencia en los medios de comunicación y a su reconocimiento internacional. Esa siempre ha sido su raya roja. Sentarse en una mesa, aunque solo sea para que todos los vean haciendo como que escuchan a una Cuba más allá de “su” Cuba, de igual a igual, a la luz pública, en frente de los medios, es el equivalente de una carta de libertad para la oposición.
No incluir a la ciudadanía ni a la sociedad civil fue el principal error del acercamiento que intentó la presidencia de Barack Obama y ya vimos cómo acabó. También fue la razón de que el acercamiento a Cuba de Obama tuviera tantos adversarios entre la emigración.
Las cosas probablemente hubieran sido muy diferentes, si se hubiera incluido a la sociedad civil como un actor más del cambio. Habrían podido introducir propuestas, habrían quedado comprometidos, se habrían generado relaciones. Se habrían establecido unos puntos de avance que hoy, luego de haberse interrumpido, podríamos retomar.
Lo mismo puede suceder ahora. Con la administración Trump, todo este proceso que algunos ven con tanto entusiasmo puede perfectamente quedar en la nada. Los estilos han cambiado claramente y el nivel de las amenazas también, pero el principio de negociar el futuro del país de espaldas a los cubanos es más de lo mismo y conlleva los mismos riesgos.
No se trata de que me esté poniendo a favor o en contra de las acciones de los gobiernos norteamericano y cubano. Ese es un debate, en mi opinión, absolutamente superficial. Al que le parezca que exigir la participación ciudadana perjudica el cambio en Cuba, que es “demasiado pedir”, o que estorbaría en una transición o en una capitulación, es porque no se ha detenido a pensar que, en el escenario en que ahora estamos, ya no es importante mi opinión o la suya, ni mi apoyo o mi rechazo.
En comparación con la dimensión y el peso de los dos actores que ahora participan en exclusivo (dos gobiernos de muy diferente poder y tamaño, pero gobiernos, al fin y al cabo), lo que una persona como yo o como usted pueda decir o pensar es sencillamente irrelevante.
Solo los debates en las redes sociales juegan ese juego de “apoyar” o no las acciones de Trump. Fuera de ahí no tienen sentido. En la práctica, ninguno de nosotros tenemos nada que hacer al respecto.
Esta es precisamente la cuestión. Se trata de buscar la manera de dejar de ser irrelevantes en el gobierno presente y futuro de Cuba. Y para eso tendríamos que buscar la manera de forzar la participación que no tenemos ahora: ¿no se ha tratado siempre de eso?
Por último, el trato que la administración Trump ha dado a la oposición venezolana y al gobierno de Zelensky (por citar los dos casos más mediáticos), hace pensar que la propuesta de incluir a la sociedad civil cubana en las negociaciones presentes o futuras es prácticamente imposible.
No me hago ilusiones. Entiendo que, ni por estilo (directo, bravucón, basado en la fuerza) ni por espíritu (enemigo de sutilezas, poco dado a anteponer la reflexión a largo plazo a los impulsos del presente), la actual administración no parece capacitada para favorecer este tipo de aproximaciones, más respetuosas de las complejidades de la política y que convocan a la participación democrática de múltiples actores, tanto los más débiles como los más fuertes.
En otras palabras, me queda claro que Trump prefiere hablar con las dictaduras en su propio lenguaje y que va a dar pocas alternativas al resto de los participantes. Incluso más, es probable que Trump considere como rivales tanto a las dictaduras como a cualquier modalidad de sociedad civil, incluyendo la cubana.
Incluso así, si no fuera bienvenida, ¿de verdad tenemos que inhibirnos de exigirlo? ¿Debemos malgastar la oportunidad de agruparnos alrededor de una exigencia tan claramente común como esta? ¿A cambio de qué? ¿O es que no tenemos nuestros propios intereses?
