El gobierno cubano ha anunciado una serie de drásticas medidas económicas en medio de la peor crisis económica del país en varias décadas. Esta medida incluye un asombroso aumento de más del 500% en los precios de la gasolina a partir del 1 de febrero, junto con importantes subidas de hasta el 180% en las tarifas de trenes y autobuses interprovinciales.
Los dirigentes cubanos, en la disyuntiva de elegir entre ampliar las reformas de mercado o mantener su tradicional economía socialista de planificación centralizada, parecen haber optado por lo segundo. Esta decisión es evidente en su último plan de austeridad, que implica recortar los subsidios alimentarios de las cartillas de racionamiento y subir los precios de productos esenciales como el combustible, la electricidad y el gas para cocinar.
Estas medidas van acompañadas de un endurecimiento de las restricciones a las pequeñas y medianas empresas privadas, conocidas como “MiPYMES”. La estrategia del gobierno indica una resistencia a una liberalización económica significativa, a pesar de las crecientes presiones. Las nuevas políticas incluyen un aumento del 25% en las tarifas eléctricas para los mayores consumidores, la eliminación de beneficios fiscales y el aumento de las tasas de importación de bienes finales, que se espera que agraven los ya de por sí altos precios de los alimentos y la inflación de tres dígitos.
El primer ministro Manuel Marrero, en la última sesión de la Asamblea Nacional a finales de diciembre, esbozó estas iniciativas como parte de los esfuerzos para “estabilizar” la economía. Un aspecto notable del planteamiento del gobierno es la aparente intención de limitar el crecimiento de las empresas privadas, aprovechando al mismo tiempo su capital y el acceso a la financiación extranjera para reforzar las empresas estatales.
Marrero mencionó planes para crear más empresas mixtas entre el Estado y las MiPYMES y utilizar los recursos del sector privado para negociar la financiación de negocios en los que participen empresas estatales. Sin embargo, esto viene con la advertencia de controles fiscales más estrictos sobre el sector privado y la eliminación de incentivos fiscales.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en medio de críticas generalizadas, defendió estas medidas en la sesión de la Asamblea Nacional, negando cualquier intención de aplicar un “paquete de políticas neoliberales” o una cruzada contra las MiPYMES. Además, Marrero insinuó cambios para garantizar que más dinero enviado por los cubanos en el extranjero pase por el sistema financiero oficial cubano, lo que podría afectar al sector privado dependiente de las remesas.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, presentó un panorama sombrío para la economía cubana en 2023, con una contracción estimada de hasta el 2%. A pesar de estos retos, el gobierno sigue centrándose en fortalecer las empresas socialistas estatales y regular los precios para preservar los logros sociales de la revolución, en lugar de considerar más privatizaciones.
Estas últimas medidas han suscitado gran inquietud entre economistas y ciudadanos. Los expertos han criticado el enfoque del gobierno, prediciendo que estas políticas exacerbarán la inflación, la dolarización y la devaluación del peso cubano, sin abordar problemas económicos fundamentales como la disminución de la productividad, la inflación galopante y una onerosa deuda externa. Al mismo tiempo, también cuestionan la ausencia de otras medidas correctivas, como la reducción del gasto estatal en infraestructuras turísticas infrautilizadas o el recorte de la burocracia estatal.
En medio de estos retos económicos, los dirigentes cubanos siguen culpando al embargo estadounidense de sus dificultades económicas. Aunque la mayoría de los economistas reconocen el impacto de las sanciones estadounidenses, también hacen hincapié en la necesidad de reformas más amplias para aliviar la grave situación de la isla. Esta postura se complica aún más por los llamamientos de grupos internacionales, incluidos algunos legisladores estadounidenses, para que se aumente la ayuda humanitaria y la cooperación para ayudar a Cuba.
El énfasis de los dirigentes cubanos en la unidad como arma estratégica, tal y como se destaca en los discursos y en los medios de comunicación estatales, apunta a un compromiso continuado con sus ideales socialistas tradicionales y con el papel de las fuerzas militares y de seguridad en la defensa de estos principios. Esta postura, reflejada en la retórica de altos dirigentes como Raúl Castro, subraya la reticencia del gobierno a adoptar reformas significativas impulsadas por el mercado, a pesar de las crecientes presiones económicas y las divisiones internas al respecto.
Desplome del sector privado agrava la crisis económica en Cuba
El mayor impedimento para la recuperación económica de Cuba es la continua resistencia del gobierno a permitir el florecimiento real del sector privado.
