En un reciente artículo para “Независимая газета”, Alexandra Zavenovna Arabadzhyan, investigadora asociada del Centro de Problemas de Desarrollo y Modernización de IMEMO RAN, ofrece un análisis detallado de la actual crisis socioeconómica en Cuba, y de los esfuerzos del país por navegar a través de las múltiples dificultades que atraviesa su gobierno y cuestiona la capacidad del mismo para encontrar una solución adecuada a las numerosas problemáticas.
La crisis, exacerbada por la pandemia mundial, ha dejado a Cuba enfrentada a una grave escasez de productos de primera necesidad, como alimentos, energía y transporte. La respuesta del gobierno cubano a principios de 2024 incluye la aplicación de estrictas medidas económicas, como importantes subidas de los precios del combustible, la introducción de gasolineras que sólo funcionan con divisas y el aumento de las tarifas de electricidad y gas, señala la analista. Estas medidas han elevado drásticamente el coste de la vida para el cubano medio, ya que los precios de los combustibles se han disparado de 20-37,5 pesos a 114-198 pesos por litro y las tarifas de los servicios públicos aumentarán un 25% para quienes consuman más de 500 kWh.
Arabadzhyan señala que la crisis socioeconómica estructural de Cuba se precipitó por una combinación de factores. El descenso de los ingresos del turismo debido al cierre de fronteras, unido al endurecimiento de las sanciones de EE.UU., ha restringido gravemente la capacidad de Cuba para importar bienes esenciales. La situación empeoró tras una reforma monetaria aplicada entre 2020 y 2021, que provocó una inflación galopante que superó con creces las previsiones del Gobierno. La tasa media de inflación en 2023 alcanzó el 30%, y el sector privado y el mercado agrícola registraron tasas aún más elevadas. A pesar de los ajustes salariales, los salarios no han seguido el ritmo de la inflación, dejando a muchos cubanos con dificultades para llegar a fin de mes.
El intento del gobierno cubano de hacer frente a la escasez de divisas permitiendo que ciertos bienes y servicios se paguen en moneda libremente convertible (MLC) no ha aliviado la situación. Al mismo tiempo, el sistema tradicional de bienes subvencionados se está eliminando progresivamente, empujando a más cubanos a depender del mercado libre, donde los precios son prohibitivamente altos y la gama de productos disponibles es limitada.
La liberalización de ciertos sectores económicos ha fomentado inadvertidamente un entorno propicio para la especulación a expensas de la población en general. Las empresas privadas, ahora autorizadas a realizar actividades de importación y exportación, venden productos importados a precios exorbitantes y muestran poco interés en reforzar la producción nacional. Del mismo modo, las empresas estatales han empezado a vender mercancías a cambio de divisas convertibles para maximizar sus beneficios, lo que supone una carga más para el ciudadano medio.
La esperanza de normalizar las relaciones con EE.UU., encendida durante la presidencia de Barack Obama, se ha desvanecido bajo las administraciones posteriores. Las políticas de Donald Trump, que etiquetaron a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, han obstaculizado las relaciones comerciales y las oportunidades de inversión extranjera de Cuba. La administración Biden no ha dado marcha atrás en estas políticas, lo que ensombrece las perspectivas de levantamiento de las sanciones estadounidenses, especialmente en el contexto de las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.
Los intentos de Cuba por estabilizar su economía aún no han dado fruto. Aunque el sector turístico mostró signos de recuperación en 2023, los ingresos no han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. El PIB se contrajo, la producción de bienes de consumo básicos disminuyó y el reto del servicio de la deuda externa se intensificó.
Bajo el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel, Cuba se enfrenta a un enigma. Aunque las reformas económicas del gobierno, iniciadas bajo el mandato de Raúl Castro, pretendían integrar el mercado en la economía planificada, han limitado la capacidad del Estado para aplicar eficazmente medidas de movilización. La liberalización de ciertos mercados, como la venta privada de automóviles, ha dificultado al gobierno la aplicación de medidas de austeridad como el ahorro de combustible.
La pregunta de cuándo superará Cuba su crisis sigue sin respuesta. Las medidas de austeridad del gobierno pueden resultar parcialmente eficaces, pero también erosionan la confianza pública en los dirigentes. La dependencia de Cuba de la ayuda exterior —donaciones, ayuda humanitaria e inversiones— es insuficiente sin un apoyo integral de los principales actores internacionales como China, Rusia y Brasil, que, a pesar de mostrar un interés creciente, aún no se han comprometido a apoyar plenamente el sistema económico cubano.
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