La temperatura política en Washington se disparó el martes cuando los republicanos de la Cámara de Representantes, en una escalada significativa de su papel de supervisión, convocaron una audiencia de alto riesgo para deliberar sobre la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La medida marca un capítulo aparte en las tensas relaciones entre el gobierno de Biden y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.
En el centro de la polémica se encuentran las acusaciones formuladas por el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, que sugieren que el secretario Mayorkas ha incumplido sistemáticamente las leyes federales de inmigración. Los republicanos, encabezados por el presidente del Comité, el representante Mark Green (republicano de Tennessee), sostienen que las acciones de Mayorkas representan un flagrante desprecio de los mandatos legislativos y una violación de la confianza pública, y afirman que tienen un impacto catastrófico en la seguridad nacional y la seguridad pública.
Sin embargo, el impulso hacia la destitución ha desatado una tormenta de críticas desde las filas demócratas, con acusaciones de que el proceso no es más que un espectáculo politizado destinado a socavar la administración Biden. El representante Bennie Thompson (demócrata de Mississippi), principal demócrata del comité, denunció con vehemencia el proceso como un “simulacro de impeachment” orquestado por lo que describió como “republicanos extremistas MAGA”.
El secretario Mayorkas refutó las acusaciones, haciendo hincapié en su rigurosa adhesión a la aplicación de la ley y su dedicación al servicio público. En una carta dirigida al representante Green, Mayorkas destacó sus importantes contribuciones a la supervisión del Congreso, señalando la gran cantidad de datos y testimonios proporcionados bajo su mandato, con el objetivo de demostrar el cumplimiento y la aplicación de las leyes de inmigración por parte de la administración.
Las acusaciones de los republicanos giran en torno a dos artículos principales de la acusación. El primero acusa al secretario Mayorkas de una negativa deliberada y sistemática a hacer cumplir las leyes federales de inmigración, que supuestamente culminó en la afluencia incontrolada de millones de personas al país. El segundo artículo cuestiona su gestión del Departamento de Seguridad Nacional, acusándole de obstruir a sabiendas la supervisión legal y, por tanto, de violar la confianza pública.
Este proceso de destitución surge en el contexto de una investigación de un año de duración sobre el estado de la frontera sur, en la que los republicanos ponen de relieve lo que consideran un incumplimiento del juramento del cargo por parte del secretario Mayorkas. Personalidades como el representante republicano por Texas Michael McCaul y la representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene han expresado sus quejas y han abogado por un procedimiento de destitución.
Por el contrario, la refutación demócrata, subrayada por un informe publicado por los demócratas del comité, condena la investigación como una farsa partidista, carente de motivos sustanciales para la destitución. Esta opinión es compartida por personalidades como Michael Chertoff, ex secretario de Seguridad Nacional bajo el mandato de George W. Bush, y expertos constitucionalistas que cuestionan la suficiencia de las acusaciones republicanas para alcanzar el elevado listón de la destitución.
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